Una orientación sexual o identidad de género diferente de la considerada normal puede tener consecuencias fatales en muchos lugares del planeta.
Más allá de los 12 países que condenan la conducta homosexual con la pena de muerte, las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente de la considerada “normal” o “natural” pagan un alto precio por ser ellas mismas en demasiados lugares del planeta. Incluso aunque se guarden mucho de manifestar sus preferencias sexuales en público, la mera sospecha de que son diferentes puede costarles multas, años de cárcel... o la vida.
Crímenes de odio contra la diversidad sexual: asesinatos de personas LGBTIQ+
Según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), 64 Estados de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (63 por disposiciones legales explícitas y 1 de facto). Más allá de amenazas legales, la vida de las personas LGTBIQ+ corre peligro en multitud de países, debido a su exposición a crímenes de odio.
Las personas transgénero son víctimas preferenciales de dichos crímenes. Desde 2008 hasta septiembre de 2024, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TGEU) ha documentado 5.040 asesinatos de personas trans y de género diverso en todo el mundo.
Entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, se reportaron 350 asesinatos a nivel global, el cuarto número más alto desde que se lleva el registro.
Casi tres cuartas partes (73%) de todos los asesinatos reportados se cometieron en América Latina y el Caribe. Por decimocuarto año consecutivo, Brasil encabeza la lista de países, con el 30% del total de casos.
El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas trans femeninas y la gran mayoría, racializadas. A nivel mundial, casi la mitad (46%) de las personas trans asesinadas (cuya ocupación se conocía) eran trabajadoras sexuales.
Una persona transgénero envuelta con una bandera trans. © Getty Images
En medio de esta sinrazón hay también buenas noticias:
El 21 de junio de 2024, el Tribunal Superior de Namibia declaró inconstitucional la ley que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, considerando que era incompatible con los derechos constitucionales del país.
El 22 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Dominica tomó una decisión trascendental al derogar su Ley de Delitos Sexuales, la cual imponía penas de prisión al colectivo LGTBIQ+ por mantener relaciones con personas del mismo sexo. Esta histórica sentencia marcó un hito en el Caribe, convirtiendo a Dominica en el cuarto país de la región en despenalizar la homosexualidad.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 12 de diciembre de 2023 reformas a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, permitiendo que las personas mayores de edad puedan modificar en su documento de identidad tanto el sexo como el género, además de los nombres y apellidos, una sola vez y sin requisitos médicos o psicológicos adicionales. El reglamento que regula su aplicación fue emitido por el presidente Daniel Noboa en junio de 2024.
En junio de 2023, el Parlamento de Islandia aprobó una reforma del Código Penal que prohíbe las "terapias de conversión" dirigidas a cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, castigando estas prácticas con hasta tres años de prisión.
En Finlandia, desde marzo de 2023, está en vigor una ley que permite a las personas trans adultas (mayores de 18 años) cambiar su género legal mediante autodeclaración, sin necesidad de diagnóstico médico, certificado psiquiátrico ni cirugía. El proceso requiere una solicitud escrita y un periodo de reflexión de 30 días.
La comunidad LGBTIQ+, su situación en Europa
En los últimos años, España ha dado pasos importantes para defender los derechos de las personas LGTBIQ+. Desde marzo de 2023, la Ley 4/2023 garantiza la igualdad real para las personas trans, permitiendo que puedan decidir su género sin necesidad de informes médicos. Además, prohíbe las terapias de conversión y asegura que todas las personas tengan igualitario a la salud, educación y empleo. En 2024, se dio un paso más al exigir protocolos contra el acoso y ambientes laborales más inclusivos a las empresas con más de 50 personas trabajadoras que tengan un Plan LGTBIQ+.
En marzo de 2024, Ucrania presentó un anteproyecto de ley para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo, aunque no abordaba el tema de la adopción por parte de estas parejas.
El 24 de julio de 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó una ley que prohibió a las personas trans acceder a tratamientos de afirmación de género y el reconocimiento legal de su identidad. Además, invalidó los matrimonios trans y prohibió la adopción por parte de personas transgénero.
Pero eso no fue todo. Solo unos meses después, el 30 de noviembre, el Tribunal Supremo de Rusia declaró el “movimiento público internacional LGBTIQ+” como una “organización extremista”, prohibiendo sus actividades. Esto obligó a numerosas organizaciones y activistas a abandonar sus esfuerzos o a escapar del país.
La represión se intensificó con la policía irrumpiendo en clubes LGBTIQ+, donde agredió y humilló a los asistentes, obligándolos a permanecer horas en el suelo y deteniendo a varias personas. Además, el gobierno impuso multas a plataformas de streaming por mostrar “propaganda LGBTIQ+” y censuró miles de programas y películas para eliminar cualquier referencia a relaciones entre personas del mismo sexo.
En Asia Central, Kirguistán propuso reformas que prohibían la información que desafiara los “valores familiares” tradicionales y promoviera “relaciones sexuales no tradicionales”. Mientras tanto, en Turkmenistán y Uzbekistán, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo continuaron siendo delito.
Imagen generada por inteligencia artificial
Crímenes LGBTIQ+ y homofobia en África
Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en 32 de los 54 países de África, y pueden ser castigadas incluso con la muerte o con largas penas de prisión.
Uno de los casos más preocupantes ocurrió en Uganda, donde se aprobó una de las leyes más duras del mundo contra las personas LGTBIQ+. Esta Ley contra la Homosexualidad impone castigos muy severos incluida la pena de muerte en los casos de “homosexualidad con agravantes” (cuando hay relaciones con personas menores de 18 años o mayores de 75 que no pueden dar su consentimiento). También se castigan con cadena perpetua o hasta 10 años de cárcel las relaciones homosexuales consentidas o el intento de tenerlas. Además, se considera delito cualquier acto que se vea como “promoción” de la homosexualidad.
Desde que se aprobó esta ley, aumentaron los ataques y la violencia contra las personas LGTBIQ+. Solo entre junio y diciembre de 2024, una ONG local registró 379 casos de violencia, entre ellos amenazas y agresiones físicas. Aunque la Fiscalía ordenó que los casos se revisaran antes por un comité jurídico, ya se estaban llevando a juicio cinco casos de “homosexualidad con agravantes” y había 59 personas acusadas formalmente.
En Ghana, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo y la defensa de los derechos del colectivo. Por esta ley, activistas, periodistas y organizaciones que apoyan la igualdad podrían ser sancionados en un intento de silenciar cualquier voz que no encaje con el modelo tradicional de familia.
En Kenia, un parlamentario presentó un nuevo proyecto de ley para endurecer aún más la normativa existente, que ya penaliza las relaciones homosexuales con hasta 14 años de prisión.
En Burundi, 24 personas fueron detenidas en febrero por participar en un taller sobre inclusión económica. Siete fueron condenadas por “homosexualidad” e “incitación a actos licenciosos”. Una persona que había sido absuelta murió estando aún bajo custodia, lo que generó preocupación por las condiciones en las cárceles. En marzo, el presidente del país hizo comentarios homófobos durante un acto público, llamando a la homosexualidad una “maldición”. Pero lo más grave fue en diciembre, cuando llegó a decir que las personas LGBTIQ+ “deberían ser lapidadas”.
En Nigeria, las autoridades arrestaron a 69 hombres por celebrar una boda entre personas del mismo sexo, y en otro caso, 76 personas fueron detenidas por participar en una fiesta de cumpleaños que se interpretó como una “reunión LGTBIQ+”.
En Tanzania, la situación para las personas LGTBIQ+ empeoró gravemente. El Ministerio de Educación ordenó retirar de las escuelas todos los libros que incluyeran contenidos relacionados con la diversidad sexual o de género, eliminando así cualquier referencia inclusiva en el currículo escolar.
En marzo, la presidenta de la organización de mujeres del partido opositor Chadema pidió al gobierno que aprobara leyes que castigaran con la castración a quienes mantuvieran relaciones homosexuales consentidas. Poco después, un miembro del Parlamento advirtió que Tanzania “corría el riesgo de que personas gays llegaran a ocupar puestos de poder”, y otro parlamentario propuso incluso la pena de muerte para quienes tuvieran relaciones homosexuales.
Marcha del Orgullo celebrada en México. © Itzel Plasencia López/ AI México
Homofobia y crímenes LGBTIQ+: un desafío en América
En 2024, las personas LGBTIQ+ en América continuaron sufriendo violencia generalizada, hostigamiento y discriminación, además de encontrar obstáculos legales para obtener el reconocimiento de sus derechos. La impunidad prevaleció en la mayoría de los casos, con agresiones y asesinatos de personas LGBTIQ+ sin que los responsables fueran llevados ante la justicia.
Brasil volvió a ser, por decimocuarto año consecutivo, el país con más homicidios de personas transgénero en el mundo. Además, en octubre, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos registró casi 4.000 violaciones de derechos contra personas trans, muchas relacionadas con violencia física, discriminación y racismo.
En los Estados Unidos, la legislación anti-LGBTIQ+ se expandió rápidamente y, a finales de año, solo un poco más de la mitad (el 54%) de las personas adultas LGBTIQ+ vivían en estados donde existen leyes que reconocen y castigan los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Es decir, casi la mitad vive sin esa protección legal básica.
En Argentina, el caso de Sofía Inés Fernández, una mujer trans de 40 años encontrada muerta en una celda policial en Derqui, generó gran preocupación. Aunque los policías denunciaron un suicidio, la autopsia reveló que la causa de la muerte fue asfixia.
Dos hombres ondean la bandera arcoíris. © Shams
La lucha contra los crímenes de odio y la homofobia en Oriente Medio
En toda la región, la persecución contra las personas LGBTIQ+ se intensificó, con detenciones y severas condenas para quienes mantuvieron relaciones homosexuales consentidas.
En Líbano, los derechos del colectivo fueron atacados desde varios frentes. En julio, algunos diputados intentaron eliminar una ley que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero poco después, un parlamentario y el ministro de Cultura presentaron nuevos proyectos de ley que penalizaban explícitamente las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y la “promoción de la homosexualidad”. Además, el 23 de agosto, un grupo cristiano extremista llamado Soldados de Dios interrumpió con violencia un espectáculo drag en un bar de Beirut y amenazó con hacer más ataques.
En Libia, las cosas también fueron muy graves. La policía y varias milicias detuvieron a personas solo por ser LGBTIQ+, y forzaron “confesiones” mediante tortura. En septiembre, en Bengasi, las autoridades incluso confiscaron juguetes, ropa y otros objetos con los colores del arcoíris, argumentando que promovían la homosexualidad.
Las autoridades iraquíes incrementaron la represión contra este colectivo. El 9 de agosto, la Comisión Iraquí de Comunicaciones ordenó a los medios de comunicación evitar el uso de la palabra "género" y sustituir "homosexualidad" por "desviación sexual". Además, el 15 de agosto, el Parlamento presentó un proyecto de ley que proponía la pena de muerte para quienes mantuvieran relaciones homosexuales y sanciones para las personas trans que buscaran tratamientos de afirmación de género. Aunque el proyecto fue retirado en septiembre tras las protestas nacionales e internacionales, la represión continuó.
En Túnez, las personas LGBTIQ+ se enfrentaban a penas de hasta dos años de prisión por mantener relaciones consentidas.
Bandera trans durante la Marcha anual del Orgullo LGBTI+ en Oporto. © SOPA Images/SIPA
Crímenes LGBTIQ+ y homofobia en Asia: una realidad preocupante
Los derechos LGBTIQ+ vivieron avances y retrocesos a lo largo del año en el continente asiático.
En Taiwán, se reconoció el derecho de las parejas transnacionales del mismo sexo a casarse, y en Tailandia, el Parlamento comenzó el proceso para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2024 Corea del Sur vivió momentos clave en la lucha por los derechos del colectivo, aunque no sin controversia. En febrero, el Tribunal Superior de Seúl rompió barreras al ordenar al Servicio Nacional de Salud que cubriera a Kim Yong-min como dependiente de su pareja del mismo sexo, marcando un hito en la historia del país. Era la primera vez que una sentencia reconocía legalmente a una pareja homosexual, destacando la discriminación del sistema de seguro de salud. Aunque la victoria fue importante, el gobierno apeló dejando la batalla abierta.
En mayo, la lucha por la igualdad dio otro paso simbólico: un grupo de legisladores presentó un proyecto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. A la par, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se revisaran urgentemente las leyes de reconocimiento de género para que se adecuaran a los estándares internacionales. Sin embargo, al finalizar el año, la situación seguía estancada.
Lamentablemente no todo fue progreso. El 26 de octubre, el Tribunal Constitucional ratificó la penalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo en el ejército, consolidando uno de los mayores obstáculos a la igualdad en el país.
En China, en febrero de 2024, dos estudiantes demandaron al Ministerio de Educación, pidiendo la anulación de las sanciones disciplinarias que se les impusieron por “violar las normas universitarias” tras repartir banderas arcoíris en el campus de la Universidad de Tsinghua en 2022. La noticia sobre esta demanda fue rápidamente censurada en las redes sociales.
Pero las presiones no terminaron ahí. En mayo, el Centro LGBT de Pekín, uno de los grupos de apoyo más grandes y antiguos de China, sorprendió al anunciar su cierre "por causas fuera de su control", lo que refleja la creciente presión a los defensores y defensoras de los derechos LGBTIQ+ en el país. Y en agosto, justo en el día de San Valentín chino, WeChat, la plataforma de mensajería más popular, cerró sin previo aviso las cuentas de varias organizaciones LGBTIQ+, como Hermandad Trans China y el Centro Lésbico de Pekín, entre otras.
En Pakistán, aumentaron los casos de violencia y acoso contra las personas transgénero (khawajasara) y de género diverso. Grupos políticos e islamistas impulsaron una campaña contra la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero de 2018, que otorgaba a las personas trans el derecho a autoidentificarse y las protegía contra la discriminación. En abril, el Senado respaldó un proyecto de ley que proponía reemplazarla, eliminando la autoidentificación sin examen médico, cambiando “transgénero” por “intersexual” y penalizando la asistencia sanitaria para la afirmación de género. Además, el Tribunal Federal de la Ley Islámica anuló partes clave de la ley, como el derecho a la identidad autopercibida y al derecho de herencia, argumentando que eran “contrarias al islam”. Este fallo está siendo apelado ante el Tribunal Supremo.
Activistas de Amnistía Internacional marchan el día del Orgullo. © Jasmine Baert/Amnesty International
Amnistía Internacional y los derechos LGBTIQ+
Estas situaciones nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos y la igualdad en todas partes. Es fundamental unirnos y trabajar para crear un mundo donde todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libres y sin temor a la discriminación y la opresión.
Amnistía Internacional es una organización mundial que lucha por los derechos humanos en todas sus formas. En particular es una voz incansable en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La organización brinda apoyo investigando, denunciando casos de violencia y discriminación y presionando a los gobiernos para que deroguen leyes discriminatorias y promocionen políticas inclusivas que reconozcan y protejan los derechos de estas comunidades. A través de sus campañas de concienciación, investigación y defensa, la organización busca cambiar mentalidades y políticas para crear un mundo más justo e inclusivo para todas las personas. ¿Te unes?
