¿Por qué Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos? ¿Es una forma para que las víctimas obtengan justicia, o previene para que cometan menos delitos? ¿En qué países se producen más ejecuciones? Aquí tienes todas las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la pena capital.
1. ¿Cuáles son los motivos de Amnistía Internacional para oponerse a la pena de muerte?
Es sencillo: la pena de muerte atenta contra el derecho humano más básico, el derecho a la vida, tal y como queda recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la forma más extrema de trato inhumano y cruel a una persona por parte de los estados. Y además, siempre existe la posibilidad de ejecutar a alguien que es inocente del delito del que se le acusa, cometiendo así una injusticia tan dramática como irreversible.
Además, en todo el mundo se tiende a aplicar la pena de muerte de forma discriminatoria, ya que se suelen condenar con mayor frecuencia a personas empobrecidas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas e incluso a personas con alguna discapacidad mental o intelectual. Y algunos gobiernos la usan para silenciar a la oposición y crear un clima de terror en la población y así tratar de acabar con las protestas. Tal y como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en Irán, donde tras el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, en 2023 se registró el mayor número de ejecuciones en los últimos ocho años.
Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte y las ejecuciones que se están llevando a cabo en Irán. © Pierre Crom / Amnesty International
2. ¿No puede servir la pena de muerte para ofrecer justicia a las víctimas?
Las personas que han perdido a sus familiares o seres queridos tienen derecho a que los acusados rindan cuentas ante la justicia y si se declaran culpables reciban una condena, pero sin recurrir a la pena de muerte. No se trata de que ningún delito pueda quedar impune, o que las víctimas dejen de recibir una reparación, pero tal y como han declarado muchas familias de personas asesinadas, la pena de muerte no alivia su sufrimiento, sino que simplemente lo extiende a otra familia.
Además, no se puede ofrecer justicia ante un crimen con otra injusticia: todas las personas, por muy grave que sea el delito que hayan cometido, siguen teniendo los mismos derechos humanos. Por lo que no se puede privar a nadie del derecho a la vida, por mucho dolor que haya provocado. Ejecutar a alguien, o la sola amenaza de hacerlo, supone trato inhumano tanto para la persona condenada como para sus seres queridos, por lo que los países que la aplican cometen la misma violencia que están condenando.
Finalmente, la pena de muerte tiene muy poco que ver con la búsqueda de la justicia. De hecho, tres de los países que la aplican con más frecuencia, (China, Irán y Arabia Saudí) tienen sistemas judiciales claramente injustos y sus resoluciones son muy poco transparentes
3. ¿Puede prevenir la pena de muerte la delincuencia o el terrorismo?
Este es uno de los argumentos más utilizados por los defensores de la pena capital. Pero tampoco es cierto. Según diferentes investigaciones, no existen pruebas de que la aplicación de la pena de muerte sirva más que las penas de prisión para evitar que se comentan los delitos más graves. Por el contrario, en aquellos países en que se ha dejado de aplicar la pena de muerte, las cifras de delincuencia no solo no han aumentado, sino que han disminuido. Así, los estudios apuntan a que para prevenir la delincuencia, en especial los crímenes más violentos, se deben tomar medidas preventivas y estructurales, que aborden factores socioeconómicos como las desigualdades sociales y la discriminación.
Sobre aplicar la pena de muerte a terroristas, muchas veces los Estados que sufren estos ataques recurren a estas condenas para mostrar “mano dura” contra quienes cometen actos que amenazan la seguridad nacional. Pero es muy improbable que la posibilidad de una ejecución detenga a personas dispuestas a morir por sus creencias. De hecho, muchos de ellos son terroristas suicidas.
Además, la ejecución de los condenados por actos de terrorismo sirve a sus organizaciones a presentarlos como “mártires” y que su condena sirva de justificación para nuevas acciones. Por otro lado, a menudo quienes están acusados de delitos de terrorismo son condenados tras confesiones realizadas bajo tortura y, por lo tanto, con escasa credibilidad. En otras ocasiones se juzga a civiles en tribunales militares, algo que está en contra del derecho internacional.
Una activista de Amnistía Internacional sostiene una pancarta en la que se lee "No a la pena de muerte". © Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket vía Getty Images
4. ¿No resulta mejor ejecutar a una persona a que viva siempre en la cárcel?
No. Además de la propia ejecución, la espera en el llamado “corredor de la muerte” supone un ejercicio de crueldad cotidiana al que se enfrentan hombres y mujeres, culpables e inocentes, incluso menores de edad y personas con discapacidad mental o intelectual. La pena de muerte elimina además cualquier posibilidad de rehabilitación o de la absolución, si finalmente se demuestra que la persona es inocente.
Siempre se puede liberar a una persona por un delito que no cometió, pero nunca se puede dar marcha atrás a la pena capital. Desde 1976, solo en Estados Unidos, 150 personas condenadas a muerte han sido absueltas posteriormente, aunque lamentablemente en algunos casos esta rectificación se produjo cuando ya habían sido ejecutados.
En este sentido, cabe recordar el caso del japonés Iwao Hakamada, quien estuvo 45 años en el corredor de la muerte tras la celebración de un juicio en el que denunció confesión bajo tortura y que fue finalmente absuelto de todos los cargos por los que se le acusó, tras una larga campaña internacional pidiendo su absolución.
5. ¿Existen métodos de ejecución considerados humanos e indoloros?
Por su propia esencia, toda forma de ejecución es inhumana, ya que en todo caso genera un sufrimiento mental previo inimaginable tanto a la persona presa como a sus allegados/as. En muchas ocasiones se defiende que la inyección letal es el método más humano, ya que parece ser menos cruel y que inflige menos sufrimiento físico que otros que se han usado tradicionalmente.
Pero ese intento por presentar de forma “humana” el hecho de asesinar a una persona solo busca una suerte de blanqueamiento para que resulte más aceptable para el conjunto de la sociedad el hecho de que, por ley, se le pueda arrebatar a alguien la vida.
Acto de calle de activistas de Amnistía Internacional para pedir el fin de las ejecuciones en Irán. © Amnesty International / Stephane Lelarge
6. ¿Es válida la pena de muerte si la mayoría de la sociedad de un país la respalda?
En muchas ocasiones, el apoyo a la pena capital está basada de ideas falsas como que puede reducir la delincuencia, en particular los asesinatos, las violaciones o el terrorismo. Así, numerosos gobiernos difunden esta idea aunque no haya ninguna prueba o estudio que lo demuestre, como se ha comentado anteriormente.
Además, las personas que apoyan esta medida pocas veces están informadas sobre el riesgo de ejecutar a inocentes, la falta de garantías en muchos procesos, y los riesgos de que se aplique de forma discriminatoria a minorías de todo tipo. Solo cuando los gobiernos ofrezcan de forma rigurosa esta información podrá existir un debate público real sobre esta medida.
En todo caso,los derechos humanos, incluido el derecho más básico –el derecho a la vida– son universales, por lo que no pueden depender del gobierno del país donde vivimos o de lo que opine la sociedad donde nos juzgan.
Varios asistentes sostienen pancartas durante una protesta contra la pena de muerte en Singapur, el 3 de abril de 2022. © Roslan Rahman/AFP vía Getty Images
7. ¿Qué delitos están castigados con la pena de muerte?
En la mayoría de países donde la legislación contempla la pena de muerte ésta se limita a castigar delitos como asesinatos o actos de terrorismo. Pero también existen otros países que aplican la pena capital a otros delitos que se podrían considerar menos graves, o incluso que no tienen ningún rigor jurídico.
Por ejemplo, tanto en Irán como en varios países del sudeste asiático se sigue aplicando la pena capital por tráfico de drogas. Como hemos visto, el régimen iraní también usa la pena de muerte como forma de represión ante los levantamientos populares que exigen más libertades y derechos, en especial para las mujeres. Los delitos por los que se les quita la vida a quienes protestan pueden ser tan abstractos y confusos como “propagar la corrupción en la tierra” o “enemistad con Dios”.
Asimismo, se teme que en Afganistán las mujeres puedan ser ejecutadas por los denominados “delitos de honor” como el adulterio. Y, de acuerdo a los datos de la plataforma ILGA, en una docena de países la homosexualidad esta castigada con la pena capital. El último en incorporarse a esta terrible lista ha sido Uganda, donde en mayo de 2023 se aprobó una ley donde se listaban los “agravantes” del delito de homosexualidad que se debían castigar con pena de muerte. Y, por desgracia, dos personas han sido ya acusadas por este cargo.
8. ¿En qué países se producen más ejecuciones?
En 2024, las ejecuciones a nivel mundial aumentaron drásticamente, impulsadas sobre todo por Irán y Arabia Saudí. Irán ejecutó al menos a 972 personas —el 64% del total global conocido—, usando la pena de muerte como herramienta de represión tras las protestas del movimiento Mujer, Vida y Libertad. Entre las víctimas hubo personas condenadas tras juicios sin garantías, incluyendo a un joven con discapacidad mental.
Arabia Saudí duplicó sus ejecuciones, alcanzando al menos 345. Muchas de ellas fueron utilizadas para silenciar disidencias políticas y castigar a personas de la minoría chií que participaron en protestas pasadas.
Estados Unidos también registró un repunte, con 25 ejecuciones, la segunda cifra más alta desde 2015. Cuatro estados reanudaron su uso y Alabama triplicó su número de ejecuciones.
Otros países con aumentos significativos fueron Irak (63 ejecuciones) y Yemen (38). En cambio, en África Subsahariana se observó una caída, con Somalia como el único país de la región que continuó ejecutando.
A pesar del panorama desolador, hubo algunas buenas noticias: Bangladesh no registró ninguna ejecución por primera vez desde 2018.
Las cifras globales no incluyen los datos de China, Corea del Norte y Vietnam, países donde el secretismo impide conocer el número real, aunque se cree que es muy elevado.
Manifestación para protestar por las condenas a muerte de presos políticos que corren riesgo inminente de ejecución en Irán. © Stefano Montesi - Corbis/Corbis vía Getty Images
9. ¿Se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte?
La respuesta a esta pregunta es contradictoria. Aunque se ha registrado un aumento en el número de ejecuciones, cada vez menos países aplican este castigo. Según Amnistía Internacional, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones en 2024, frente a 20 en 2022 y 16 en 2023, lo que representa la cifra más baja en la historia de la organización.
Al finalizar 2024, 113 países ya habían abolido completamente la pena de muerte, y 145 la habían eliminado en la práctica o por ley. En diciembre, más de dos tercios de los de la ONU apoyaron una resolución a favor de una moratoria sobre su uso, lo que marca un avance significativo desde 1977, cuando solo 16 países habían abolido esta práctica. Hoy en día, más de dos tercios del mundo están comprometidos con su eliminación, ya sea por ley o en la práctica.
10. ¿Cómo afecta la pena de muerte a las mujeres y qué particularidades existen en su condena?
En 2024, de las 1.518 ejecuciones registradas, 44 correspondieron a mujeres, las cuales fueron ejecutadas en países como Arabia Saudí, China, Egipto, Irak, Irán y Yemen.
Desde Amnistía Internacional, hemos documentado que muchas mujeres condenadas a muerte han sufrido violencia y abusos sexuales previos a los delitos por los que fueron sentenciadas. Estos abusos, en muchos casos, fueron factores que contribuyeron a los crímenes cometidos. Condenar a estas mujeres a la pena de muerte no solo perpetúa un castigo inhumano y cruel, sino que también pone de manifiesto la falta de protección y las medidas insuficientes por parte de las autoridades ante la discriminación de género.
