Agresión de Rusia en Ucrania

Con la invasión a gran escala de Rusia hace tres años -un acto de agresión que constituye un delito según el derecho internacional-, la población ucraniana se ha convertido en la clara víctima de una catástrofe de derechos humanos que se ha extendido por todo el país.

La invasión ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos e infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil, además de desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas civiles. Los crímenes de guerra cometidos por Rusia en la región de Kiev (Borodyanka, Avdivka, Zdvyzhivka o Vorzel) durante los primeros días de la invasión a gran escala son un claro ejemplo del patrón de tortura y homicidios ilegítimos de civiles, la mayoría de los cuales parecen ser ejecuciones extrajudiciales. Rusia también ha empleado bombas no guiadas, como las que mataron en marzo de 2022 a casi 50 personas que hacían cola para conseguir alimentos en Chernígov, al norte del país, y armas prohibidas, como municiones de racimo, utilizadas al menos contra un jardín de infancia donde se refugiaban civiles, en la ciudad de Ojtirka, al nordeste.

Pese a que gran parte del mundo fue consciente de la situación en Ucrania hace tres años, Rusia lleva ocupando ilegalmente varias zonas de este país desde febrero de 2014, cuando envió sus tropas a ocupar Crimea, si bien nunca itió que sus fuerzas armadas también habían entrado en el este de Ucrania ese mismo año.

La población ucraniana sufrió los efectos de la guerra y las violaciones de derechos humanos sobre todo en las regiones de Donetsk y Luhansk. Entre 2014 y 2021, más de 10.000 civiles ucranianos murieron o resultaron heridos. Además, cientos de miles de personas se vieron desplazadas del este de Ucrania después de que grupos armados respaldados por Rusia proclamaran como "Repúblicas Populares" a Donetsk y Luhansk.

Desde la ocupación en 2014 de la península de Crimea, Amnistía Internacional ha documentado numerosas atrocidades, incluidos el ataque deliberado contra población civil e infraestructuras civiles fundamentales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegítima de la libertad, traslado forzoso de civiles y abusos contra prisioneros de guerra.

Después de tres años de invasión a gran escala, las mujeres de Ucrania se enfrentan a graves riesgos y soportan una carga adicional de responsabilidades de cuidado, así como inmensas penalidades y estrés en las zonas de guerra. Corren mayor peligro de sufrir violencia sexual y de género y problemas graves de salud, y aun así están obligadas a tomar decisiones de vida o muerte por sus familias.

Aunque muchas ucranianas se han unido a la resistencia frente a la agresión rusa, muy a menudo la responsabilidad del cuidado de los hijos y otros de la familia recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. Gestionar estas responsabilidades de cuidado es especialmente difícil en las peligrosas condiciones del conflicto. Además, suelen ser excluidas de los procesos de toma de decisiones, y siguen sin satisfacerse sus necesidades y protegerse sus derechos.

Ante esta situación, la comunidad internacional debe apoyar y mostrar solidaridad con las mujeres que están sufriendo violaciones de derechos humanos en medio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Los ataques ilegítimos, especialmente los que causan daños a menores, tienen la finalidad de sembrar el terror y el pánico entre la población civil. Tres años después, los niños y niñas de Ucrania siguen muriendo o sufriendo lesiones por ataques aéreos rusos, incluidos casos que constituyen crímenes de guerra. Solo en 2024, Amnistía Internacional documentó hasta 17 ataques que causaron víctimas infantiles, y la investigación sobre el terreno reveló que las fuerzas rusas han atacado deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles.

El número creciente de menores de edad muertos y heridos en territorios ucranianos, tanto controlados por el gobierno ucraniano como ocupados por Rusia, y en territorios rusos es consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que constituye un crimen previsto por el derecho internacional.

Por otra parte, quienes viven bajo la ocupación de Rusia se arriesgan a represalias por tratar de continuar con la enseñanza ucraniana. Algunos progenitores han optado por ocultar a sus hijos e hijas para evitar que los lleven a instituciones de “reeducación”, los den en adopción en Rusia o los obliguen a matricularse escuelas que funcionan con el plan de estudios ruso.