Todas las partes de la crisis que se desarrolla en Burundi deben garantizar la seguridad de la población civil. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, entre los rumores de un intento de golpe de Estado.
“Los autores de delitos de derecho internacional deben comparecer ante la justicia. La historia reciente de Burundi ha estado plagada de una violencia cuyo regreso no se puede permitir. El ejército, la policía y la rama juvenil del partido en el gobierno, los Imbonerakure, tendrán que rendir cuentas de sus actos si cometen delitos de derecho internacional”, ha manifestado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Los últimos acontecimientos han incrementado el riesgo para la población civil en un país que ya se enfrenta a una escalada de violencia. Quienes ocupan el poder en Burundi tienen el deber último de garantizar que no se pierden más vidas a medida que se desarrolla la situación.”
Los de la oposición, los activistas de derechos humanos y los periodistas también corren peligro de sufrir posibles represalias de los Imbonerakure.
Información complementaria:
El general Godefroid Niyombare, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y ex director de los servicios de inteligencia, declaró en una emisora de radio privada que la policía y el ejército han “rechazado” al presidente Pierre Nkurunziza como jefe del Estado de Burundi. Desde entonces, un asistente gubernamental ha hecho caso omiso de la declaración de golpe de Estado y ha declarado que están poniendo la situación de seguridad bajo control.
Las protestas estallaron en Burundi hace tres semanas, cuando Pierre Nkurunziza fue elegido candidato para las elecciones presidenciales que se celebrarán en junio, a pesar de que tanto la Constitución de Burundi como el Acuerdo de Paz de Arusha sólo permiten que un presidente permanezca en su cargo durante dos mandatos.
El 5 de mayo, el Tribunal Constitucional de Burundi votó a favor de permitir a Nkurunziza presentarse para otro mandato, lo que provocó nuevas protestas.
Los medios de comunicación han informado de que, durante los levantamientos, pueden haber muerto hasta 20 personas. Amnistía Internacional ha recibido de testigos presenciales sobre el terreno la confirmación de la muerte de cuatro personas a manos de los servicios de seguridad durante las protestas.
Desde que estalló la violencia, unas 50.000 personas han huido a Ruanda, a la República Democrática del Congo y a Tanzania; muchas de ellas han citado como motivo los abusos de los Imbonerakure o el temor a sufrirlos.
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