La noticia de que un juez chileno va a imputar a 10 ex militares por el asesinato del cantante y activista político Víctor Jara en 1973 y de que se ha detenido a otros 7 por quemar en 1986 al joven de 19 años Rodrigo Rojas, que resultó muerto, y a la joven de 18 Carmen Gloria Quintana, que sufrió graves heridas, trae un rayo de esperanza a las decenas de miles de víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la brutal dictadura de Augusto Pinochet, ha manifestado Amnistía Internacional. “Estas situaciones muestran que, cuando hay voluntad política, se puede hacer justicia. Las autoridades deben detener ahora la larga espera por justicia de miles de víctimas de desapariciones forzadas y tortura", ha señalado Ana Piquer Romo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. "Quienes sean sospechosos de ser perpetradores de la época de Pinochet deben ser investigados y juzgados sin más demora." “Estos movimientos históricos abren un nuevo capítulo para la justicia en Chile y las autoridades deben asegurar que no se deje piedra sin levantar hasta que todas las víctimas y sus familias reciban la justicia y reparación a la que tienen derecho.” El activista político y cantautor Víctor Jara fue detenido por el ejército chileno y llevado al Estadio Nacional de la capital junto con centenares de personas más poco después de que Augusto Pinochet tomara el poder por la fuerza el 11 de septiembre de1973. Allí, lo torturaron y lo mataron a tiros. El miércoles, el juez Miguel Vázquez imputó a 10 ex militares por el secuestro y asesinato del cantante y del ex jefe de la policía militar Littré Quiroga Carvajal. Por otro lado, el martes por la noche, el juez Mario Carroza ordenó la detención de siete ex militares por un suceso de 1986 en el que se quemó a dos personas que participaban en las manifestaciones contra Pinochet. Se trata de Rodrigo Rojas, de 19 años, y Carmen Gloria Quintana, de 18, a quienes los soldados rociaron con gasolina y prendieron fuego durante las manifestaciones. Rodrigo murió cuatro días más tarde, y Carmen, que sobrevivió, no ha dejado de luchar para que se haga justicia desde entonces. Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas o sometidas a desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. Hasta la fecha, al menos 262 personas han sido condenadas por violaciones de derechos humanos y hay abiertos más de 1.100 procedimientos judiciales que se remontan al gobierno de Pinochet.
