El ataque lanzado por las fuerzas gubernamentales contra la ciudad de Alepo es la culminación de meses de brutal represión contra las voces disidentes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El nuevo informe, All-Out Repression, se basa en las investigaciones de primera mano llevadas a cabo por Amnistía Internacional en la ciudad de Alepo a finales de mayo.
En él se documenta de qué manera las fuerzas de seguridad y la tristemente famosa milicia shabiha, respaldada por el gobierno, utilizan de forma habitual munición real contra manifestaciones pacíficas –con la que hieren y matan a manifestantes y transeúntes, incluidos menores–, y de qué manera persiguen a los heridos, a los médicos que los tratan y a los activistas de oposición.
“La actual ofensiva contra la ciudad de Alepo –que pone a la población civil en un peligro aún más grave– es una evolución predecible que sigue al inquietante patrón de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en todo el país”, ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a las Crisis, que recientemente ha pasado varias semanas investigando abusos en el norte de Siria, incluido Alepo.
El nuevo informe proporciona pruebas de que se ha presionado a las familias de manifestantes y transeúntes muertos por disparos de las fuerzas de seguridad para que firmen declaraciones en las que dicen que sus seres queridos murieron a manos de “bandas terroristas armadas”.
Las manifestaciones en Alepo, la ciudad más grande de Siria y su principal centro económico, empezaron más tarde y fueron menos numerosas que en otras grandes ciudades.
A medida que, en los últimos meses, el tamaño y la frecuencia de estas protestas antigubernamentales en Alepo han ido en aumento, el aparato de seguridad del Estado ha reaccionado con la temeridad y el uso brutal de la fuerza que lo caracterizan y que, inevitablemente, se han saldado con muertes y heridas de manifestantes pacíficos.
Los detenidos han sido torturados, amenazados e intimidados sistemáticamente mientras estaban bajo custodia.
El informe detalla una amplia variedad de abusos sistemáticos y ordenados por el gobierno, como los ataques deliberados contra manifestantes pacíficos y activistas, la persecución de manifestantes heridos, el uso habitual de la tortura, los ataques contra personal médico que proporciona tratamiento vital de emergencia a los heridos, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
“Las manifestaciones pacíficas que presencié en distintas partes de la ciudad terminaron invariablemente con disparos de munición real de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos. Estos disparos temerarios e indiscriminados mataban y herían a menudo a transeúntes, además de a manifestantes”, ha declarado Donatella Rovera.
En el informe, Amnistía Internacional pide una vez más al Consejo de Seguridad que garantice la presencia de una misión de observación de los derechos humanos en el país, ya sea fortaleciendo, ampliando y aumentando la paralizada Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria (UNSMIS), cuyo mandato concluye en agosto, o estableciendo otro mecanismo.
La organización reitera el llamamiento que viene haciendo desde hace mucho tiempo de que el Consejo de Seguridad remita la situación de Siria a la fiscal de la Corte Penal Internacional (I) e imponga un embargo de armas al país para detener el flujo de armas que llega a manos del gobierno sirio.
Amnistía Internacional quiere que el Consejo de Seguridad congele los bienes del presidente Bachar el Asad y de otras personas que puedan estar implicadas en ordenar o cometer delitos de derecho internacional.
Mientras la crisis de Siria se convierte en un conflicto armado interno, y con los informes cada vez más abundantes de abusos cometidos por la oposición armada, Amnistía Internacional vuelve a pedir una vez más a todos los gobiernos que puedan estar considerando suministrar armas al Ejército Sirio Libre o a otros grupos armados de oposición, que lleven antes a cabo una rigurosa evaluación de riesgos basada en información objetiva, con el fin de garantizar que no existe un riesgo sustancial de que esas armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos, incluidos delitos de derecho internacional.
Amnistía Internacional ha podido realizar una investigación independiente y sobre el terreno de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en Siria, incluidos Alepo y sus alrededores, y ha llegado a la conclusión de que el gobierno sirio es responsable de violaciones colectivas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Es manifiestamente patente que el gobierno sirio no tiene intención de poner fin a estos crímenes, no digamos ya investigarlos. De hecho, ha intentado impedir que estos graves abusos cometidos en Alepo y otras partes del país sean objeto de una investigación independiente”, ha manifestado Donatella Rovera.
“Corresponde a la comunidad internacional ofrecer justicia a la población siria y garantizar que los responsables de esos graves delitos y abusos rinden cuentas de sus actos”.
“Sin embargo, hace tan sólo unos días, el Consejo de Seguridad volvió a fallar en el intento de acordar una resolución sobre Siria. No es de extrañar que la parálisis de la comunidad internacional durante los últimos 18 meses haya hecho creer al gobierno sirio que puede seguir cometiendo abusos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, impunemente. La situación en Siria debe remitirse a la Corte Penal Internacional sin más demora.
