El gobierno de Sri Lanka debe poner fin a las medidas de represión a la disidencia que aplica en todo el país y colaborar con los investigadores de la ONU, ha declarado Amnistía Internacional tras saber que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha abierto una investigación sobre las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el país.
“La investigación de la ONU trae nuevas esperanzas a las miles de víctimas de abusos de Sri Lanka”, afirmó David Griffiths, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“El gobierno de Sri Lanka ha hecho caso omiso en dos ocasiones de los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que realice una investigación independiente y creíble sobre las denuncias de violaciones cometidas durante el terrible conflicto civil del país. Ahora tiene una nueva oportunidad de recuperar cierta credibilidad internacional colaborando con la investigación”.
El jueves por la mañana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de encargar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investigue las denuncias de abusos y crímenes cometidos por todas las partes del brutal conflicto que causó la muerte y lesiones de decenas de miles de personas.
La resolución y la investigación son pasos importantes para romper el ciclo de impunidad que alimenta las graves violaciones de derechos humanos que siguen perpetrándose en Sri Lanka actualmente.
“Es importante que se dote a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos del apoyo material y político necesario para que realice su investigación del modo más enérgico y extenso posible, con el fin de garantizar que se determina por fin la verdad y se aborda la impunidad”, prosiguió David Griffiths.
Esta es la tercera resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encaminada a garantizar la rendición de cuentas por violaciones cometidas por ambas partes durante el conflicto de Sri Lanka.
Pese a sendas resoluciones anteriores del Consejo de 2012 y 2013, Sri Lanka no ha adoptado medidas efectivas para hacer justicia a las víctimas de su guerra civil, que finalizó en 2009. Por el contrario, ha lanzado una agresiva campaña contra quienes defienden que se rindan cuentas y se acabe con la impunidad por las violaciones de derechos humanos en todo el país.
Se ha denunciado que durante la fase final del conflicto armado, las fuerzas del gobierno bombardearon intencionadamente a la población civil, impidieron la llegada de alimentos y medicamentos a las comunidades y ejecutaron a presos. Por su parte, los testigos afirman que la oposición armada, conocida como Tigres de Liberación de Eelam Tamil, reclutó a niños soldados, utilizó a civiles como escudos humanos y mató a quienes trataban de huir.
Desde que finalizó el conflicto, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y de la sociedad civil que critican al gobierno sufren periódicamente amenazas y hostigamiento. “Las autoridades de Sri Lanka no sólo no han garantizado que se hace justicia por los crímenes de guerra y los posibles crímenes de lesa humanidad, sino que además persiguen activamente a quienes reclaman justicia”, concluyó David Griffiths.
“Esta resolución es importante para los defensores y defensoras de los derechos humanos que han arriesgado su vida y su libertad para buscar la verdad y acabar con el ciclo de violaciones de derechos humanos que continúa en Sri Lanka. También es importante para las víctimas y sus familias, que llevan muchos años esperando que se haga justicia”.
