Madrid/Barcelona- Amnistía Internacional ha hecho público el informe “¡Hay que actuar a tiempo! Detección de la violencia de género y atención a las víctimas en el ámbito sanitario español, en el que expresa su preocupación porque la violencia de género no se encuentra entre las prioridades del Ministerio de Sanidad. En los casi dos años desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género, desde este Ministerio no se están impulsando ninguna medida de envergadura para superar la desigualdad territorial existente entre las diferentes Comunidades Autónomas en la respuesta a la violencia de género. No se han tomado medidas efectivas para la puesta en marcha de un Plan de Formación que alcance al conjunto de los y las profesionales sanitarios. “Los tres cursos anuales para un total de 75 personas, proporcionados por el Ministerio, no pueden considerarse una medida suficiente y adecuada para lograr la formación del conjunto de profesionales sanitarios”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Y tampoco se ha promovido que la formación de estos profesionales mejore a largo plazo, ya que en los nuevos currículos de las licenciaturas y diplomaturas de profesiones sociosanitarias, no se contempla la inclusión de contenidos específicos sobre violencia de género”. Se calcula que sólo el 5% de las mujeres víctimas de violencia denuncia a su agresor ante la policía o el juzgado. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar acuden en algún momento al médico, por lo que los centros de salud son imprescindibles para identificar este tipo de víctimas, proporcionarles ayuda, y derivarlas a los recursos pertinentes. Amnistía Internacional valora como un avance positivo que la atención a la violencia de género se haya incluido en los servicios de atención primaria y de urgencias del Sistema Nacional de Salud, pero lamenta que haya quedado fuera de los servicios de Salud Mental, teniendo en cuenta que las víctimas de violencia de género tienen entre tres y cuatro veces más posibilidades de necesitar tratamiento psiquiátrico.
Desigual atención en las Comunidades Autónomas En su nuevo informe, que se publica cuando el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en 2006 ha igualado ya la cifra de todo 2005, Amnistía Internacional reconoce que la mayor parte de las Comunidades Autónomas han adoptado un compromiso político o legislativo para abordar la violencia de género. Sin embargo, este compromiso no se traduce en la gran mayoría de los casos en acciones concretas y la preparación del ámbito sanitario muestra una gran desigualdad. Todas las Comunidades Autónomas, excepto Andalucía, Cataluña y Madrid cuentan con protocolos de actuación para el personal sanitario ante este tipo de casos. “Pero estos protocolos en sí mismos no garantizan la preparación y sensibilización del personal, y hemos detectado grandes diferencias en cuanto a su aplicación debido a los diferente niveles de recursos que cada Comunidad Autónoma destina a su puesta en marcha”, señala Esteban Beltrán. En cuanto a la formación, sólo un tercio de las Comunidades Autónomas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra) están desarrollando Planes de Formación específica sobre violencia de género para llegar al conjunto de los y las profesionales sanitarios de atención primaria. Menos de la mitad de las Comunidades lo hacen para profesionales de urgencias. Y solamente Asturias tiene planes de formación para especialistas en salud mental. “Tratándose de un grave abuso de derechos humanos, como es el caso de la violencia de género, la protección efectiva de las mujeres no puede depender del territorio en el que residan las víctimas, y el Gobierno español debe establecer estándares mínimos que garanticen esa protección”, afirmó Esteban Beltrán. “Más aún en un ámbito como el sanitario en que las competencias están completamente transferidas a las Comunidades Autónomas”. Amnistía Internacional tampoco tiene constancia de que desde el Ministerio de Salud se hayan impulsado en todo el Estado unos estándares mínimos con mecanismos de coordinación entre las distintas instancias profesionales (servicios sanitarios y juzgados), imprescindibles para la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Peticiones de Amnistía Internacional Al Gobierno español que elabore y ponga en marcha una Estrategia Sanitaria Estatal contra la Violencia de Género, que garantice, desde un enfoque de derechos humanos, el cumplimiento de los compromisos previstos en la Ley Integral, estableciendo: · Estándares mínimos sobre los medios materiales y humanos necesarios, para prevenir y combatir de manera integral la violencia contra las mujeres, asegurando la equidad territorial en el conjunto del Estado. · Un programa de formación obligatoria que alcance al conjunto de profesionales, con especial incidencia en ámbitos clave como la atención primaria, los servicios de urgencia, los servicios de salud mental, o la especialidad de ginecología. Así como, implantando una asignatura sobre la atención a la violencia de género en los currículos formativos de las carreras universitarias del ámbito sociosanitario. · La inclusión de la atención a la violencia de género en los planes de salud de las comunidades autónomas. A las Comunidades Autónomas que impulsen la adopción de esa Estrategia Estatal y que en el marco de sus competencias: · Incluyan la violencia de género como un grave problema de salud pública en sus planes de salud. · Incluyan en las carteras de servicios de atención primaria, urgencias y salud mental la atención a la violencia de género. · Elaboren y pongan en marcha, con todos los medios materiales y humanos necesarios, planes de formación que alcancen al conjunto de profesionales. Consultar el informe aquí.
