Kenia debe retirar la petición de que se obligue a centenares de miles de personas refugiadas a volver a Somalia, donde el actual conflicto armado pondría en peligro sus vidas y su seguridad, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
La organización ha hecho esta declaración después de que Ndung'u Gethenji, parlamentario y jefe de la Comisión de Defensa del Parlamento keniano, pidiera que los refugiados somalíes salgan de los campos del norte de Kenia que –según afirmó– son utilizados como “campo de entrenamiento” por grupos armados tales como Al Shabab.
“Devolver a los refugiados a Somalia, donde todas las partes en el conflicto, incluido Al Shabab, siguen atacando a la población civil, no haría más que empeorar las cosas y además, constituiría una violación del derecho internacional. Las autoridades de Kenia deben proteger a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad en los campos de refugiados", ha dicho Sarah Jackson, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
La petición se produce después del ataque del mes pasado contra un centro comercial de Nairobi, capital de Kenia, reivindicado por el grupo armado somalí Al Shabab.
“Culpar de los problemas de seguridad de Kenia y del execrable ataque de Nairobi a cientos de miles de refugiados supone discriminar a uno de los colectivos más vulnerables del país”, ha dicho Jackson.
“Kenia tiene la obligación de proteger a quienes piden asilo en su territorio. Este principio es la piedra angular del sistema internacional de protección y no puede incumplirse.”
Kenia acoge a casi 500.000 refugiados y solicitantes de asilo –la inmensa mayoría procedentes de Somalia– que viven hacinados en medio de la inmundicia en campos de refugiados como el de Dadaab.
Dadaab, en el nordeste de Kenia, es el mayor campo de refugiados del mundo y supone un inmenso desafío para las autoridades kenianas, que asumen desproporcionadamente la responsabilidad de la gran afluencia de personas refugiadas procedentes de Somalia.
En Somalia continúan desplazadas 1,1 millones de personas, el 80 por ciento de ellas en zonas de conflicto del sur y el centro del país.
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo han sufrido abusos por parte de las autoridades de Kenia.
En diciembre de 2012, el gobierno keniano publicó una directiva indicando que todos los refugiados y solicitantes de asilo de Kenia debían trasladarse a campos de refugiados del norte del país, y que las organizaciones de ayuda debían dejar de prestar servicio a los refugiados en las zonas urbanas.
El 26 de julio, el Tribunal Superior de Kenia anuló esta directiva por considerar que es arbitraria y discriminatoria, además de atentar contra el derecho a la libertad de circulación de los refugiados. El gobierno keniano ha recurrido el fallo y continúa en conversaciones para devolver a su país a más de medio millón de somalíes.
