Con motivo de la conclusión, el 27 de mayo, de la revisión por el Parlamento noruego de la propuesta de desinvertir el fondo de pensiones gubernamental de empresas que operan ilegalmente en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“El fondo de pensiones del gobierno de Noruega es el mayor fondo soberano de inversión del mundo. El gobierno noruego debe desinvertir su fondo de pensiones de cualquier empresa de la que se concluya que está implicada en mantener la ocupación ilegal de Israel en el TPO. Además, debe llevar a cabo un riguroso examen de todas las inversiones con arreglo a las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos. La desinversión trazaría un nuevo rumbo en materia de derechos humanos”.
“Después de 58 años de brutal ocupación militar, es injusto que el fondo de pensiones noruego se beneficie de inversiones en empresas que se lucran de las graves violaciones de los derechos de la población palestina que comete Israel. Amnistía Internacional documenta desde hace décadas la comisión de crímenes de guerra en el Territorio Palestino Ocupado”.
“Por otra parte, Amnistía Internacional y muchas organizaciones de derechos humanos y organismos de la ONU más han proporcionado abundantes pruebas del genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza ocupada. Toda empresa que opere ilícitamente en el TPO corre el riesgo de reforzar, normalizar y sostener una de las ocupaciones militares más prolongadas y mortales del mundo”.
“Los Estados deben garantizar que sus fondos soberanos de inversión no contribuyen a la ocupación ilegal israelí, al sistema israelí de apartheid ni al genocidio en Gaza, ni se benefician de ellos. Según el derecho internacional, y tal como refleja la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para prevenir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a mantener la ocupación ilegal y los asentamientos ilegales”.
“El genocidio israelí en Gaza es al mismo tiempo insoportable e innegable, como lo son su cruel sistema de apartheid y su ocupación ilegal. Ahora que los gobiernos europeos se ven impelidos por fin a cumplir sus promesas, deben pasar de las palabras a la acción. No hay tiempo que perder, cada retraso cuesta vidas humanas en Gaza y envalentona a Israel para cometer nuevos crímenes atroces en el TPO”.
Información complementaria
El fondo de pensiones Global, del gobierno noruego. es el mayor fondo de inversión de propiedad gubernamental del mundo. Con un valor de 1,8 billones de dólares, este fondo es líder internacional en la inversión medioambiental, social y de gobernanza.
Norges Bank, la institución financiera de propiedad estatal que gestiona el fondo de pensiones del gobierno noruego, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos, tal como se refleja en los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha determinado que las operaciones de inversión, incluidas las de accionistas minoritarios como Norges Bank, están directamente vinculadas a la implicación de las empresas en las que invierten en abusos contra los derechos humanos y que, por tanto, los inversionistas tienen la responsabilidad de tratar de prevenir dicha participación.
Esto exige ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para garantizar que ninguna de las empresas en las que invierte el fondo de pensiones causa o contribuye a causar violaciones del derecho internacional y, si concluye que sí las causa y aun así no puede influir para prevenir esta actividad ilícita, desinvertir responsablemente sus fondos de dichas empresas.
La obligación de prevenir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a mantener la ocupación ilegal y los asentamientos ilegales se deriva del deber de los Estados de garantizar el respeto al derecho internacional humanitario. Esto incluye la obligación de cooperar por medios legítimos para poner fin a infracciones graves del derecho internacional, la obligación de no reconocer como legítima la situación creada por estas infracciones, y la obligación de no proporcionar asistencia ni ayuda humanitaria que contribuya al mantenimiento de esa situación. Además, los Estados tienen la obligación de prevenir el genocidio.
El fondo invierte actualmente en varias empresas que figuran en la base de datos de la ONU de empresas implicadas en la ocupación ilegal de Palestina. Esto expone con toda crudeza las deficiencias del marco ético vigente del fondo, y podría contribuir económicamente a violaciones del derecho internacional, incluida la ocupación ilegal de Palestina. Amnistía Internacional ha documentado también el papel de varias de las empresas objeto de examen.
Este mismo mes, Amnistía Noruega y 49 organizaciones noruegas han exigido que se tomen medidas en una carta conjunta dirigida al Ministerio de Finanzas.
El año pasado, la Corte Internacional de Justicia confirmó que Israel tiene la obligación legal de poner fin a su ocupación ilegal del TPO y a su discriminación sistémica de la población palestina ocupada. Como resultado de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2024 se dio a Israel un plazo de 12 meses para retirarse del TPO y los terceros Estados deben cooperar para que esto ocurra.
