El 2 de febrero, en una carta a la ministra checa de Educación, Juventud y Deportes, Miroslava Kopicová, Amnistía Internacional, el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes e Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta expresaron una prudente satisfacción, como primer paso, ante la carta de la ministra a los directores de escuelas de enseñanza primaria de 19 de enero de 2010, en la que les pedía que garantizasen que sólo los alumnos y alumnas con una “discapacidad mental leve real son asignados a las escuelas prácticas de enseñanza primaria”.
Amnistía Internacional, el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes e Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta subrayaron en su comunicación que la carta de la ministra transmite un importante mensaje general a las escuelas checas, al reconocer la segregación ilegítima de los niños y niñas romaníes en escuelas concebidas para alumnado con “discapacidad mental leve”. Sin embargo, las tres organizaciones también pusieron de relieve que la iniciativa de la ministra no basta para frenar la asignación errónea de menores de edad a estas escuelas ni para poner fin a la discriminación y segregación de los romaníes en la educación. Las organizaciones hicieron hincapié en que esto debe ir seguido de una orientación y una implementación concretas y claras para garantizar que los niños y niñas romaníes ocupan su lugar junto con los no romaníes en la educación general.
Las tres organizaciones firmantes señalaron que “el contenido de esta carta se limita a reiterar las disposiciones vigentes de la ley de educación checa”. Como confirma la propia carta de la ministra, actualmente el 26 por ciento de los niños y niñas romaníes asisten a escuelas creadas para alumnado con “discapacidad mental leve”, cifra enormemente desproporcionada teniendo en cuenta el tamaño de su población. La ministra subrayó la escasa probabilidad de que un número tan elevado de menores de edad de origen romaní tuviera discapacidad mental.
En su comunicación, las organizaciones firmantes piden a la ministra que manifieste claramente su apoyo a la no segregación en las escuelas checas con las siguientes medidas:
- iniciando esfuerzos para trasladar a los niños y niñas romaníes de las escuelas prácticas a las escuelas generales de enseñanza primaria en un plazo concreto;
- aprobando leyes que establezcan la obligación de eliminar la segregación en las escuelas checas;
- impidiendo la asignación errónea de menores de edad romaníes y de otros menores de edad en las escuelas prácticas con la suspensión inmediata de la isión de alumnado en estas escuelas para el curso escolar 2010/2011;
- proporcionando apoyo adecuado a los alumnos y alumnas (y a las familias) que lo necesiten, a fin de garantizar su participación efectiva y el desarrollo de todo su potencial dentro de las escuelas generales de enseñanza primaria;
- haciendo públicas las directrices concretas que facilitarán a los directores de escuela; y
- aclarando públicamente la forma en que el Ministerio de Educación vigilará y evaluará la implantación de estos objetivos generales de integración escolar.
Sin embargo, más de dos años después, menores de edad romaníes de todo el país siguen teniendo una representación excesiva en las escuelas y aulas destinados a alumnado con “discapacidad mental leve”, donde reciben una educación basada en un currículo reducido. Un estudio realizado en 2008 por las organizaciones no gubernamentales Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y el Fondo de Educación para Romaníes concluyó que en algunas zonas del país, los niños y niñas romaníes representaban más del 80 por ciento del alumnado de las escuelas prácticas. En comparación con las escuelas generales de enseñanza primaria, el alumnado de las escuelas prácticas recibe una educación inferior, lo que reduce sus futuras oportunidades educativas y de empleo.
Una vez que un niño o una niña es asignado a una escuela práctica o a un aula para alumnado con “discapacidad mental leve”, es muy difícil que vuelva a ingresar en el sistema general de educación. La ley no exige la reevaluación periódica de los alumnos, y ésta sólo puede realizarse a petición de los padres. Para los escasos niños y niñas que vuelven al sistema general de educación, el proceso es sumamente difícil debido al currículo simplificado que han estado siguiendo. A menudo estas escuelas generales no facilitan ninguna asistencia para ayudarles a ponerse al mismo nivel que sus compañeros.
La asignación a las escuelas prácticas y aulas para alumnado con “discapacidad mental leve” se basa en los resultados de unas evaluaciones en las que no se tienen en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas de los menores de edad romaníes y que podrían agravarse debido a los prejuicios del personal que las lleva a cabo.
