“El nuevo gobierno de Siria debe tomar pasos inmediatos y concretos hacia la justicia, la verdad y la reparación que aborden el devastador legado de abusos del país, y emprender con urgencia una reforma basada en los derechos humanos para prevenir nuevas violaciones”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Entre 2011 y 2024, Amnistía Internacional documentó crímenes de derecho internacional generalizados, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como violaciones graves de derechos humanos, cometidos por el gobierno del presidente Bachar al Asad. La organización también documentó crímenes graves cometidos por aliados del gobierno, incluida Rusia, así como por grupos armados contrarios al gobierno y su aliado, Turquía, y por las autoridades kurdas de facto y sus aliados.
El nuevo gobierno de transición, encabezado por el presidente Ahmad al Shaara y formado el 29 de marzo de 2025, tiene una oportunidad crucial para romper con el pasado y garantizar que no se repitan estas atrocidades.
Amnistía Internacional ha esbozado hoy los pasos prioritarios que deberían dar las autoridades para alcanzar este objetivo y cumplir las obligaciones contraídas por Siria en virtud del derecho internacional. El 14 de abril de 2025, Amnistía Internacional envió las recomendaciones a las autoridades sirias, solicitando respuesta a una serie de preguntas y actualizaciones de los planes de las autoridades, pero no ha recibido respuesta alguna hasta ahora.
“Para garantizar la ruptura con el pasado, el gobierno sirio debe defender los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las personas en Siria. Las autoridades se han comprometido públicamente a tomarse en serio las peticiones de justicia y, para cumplir esta promesa, será clave garantizar una participación significativa de sobrevivientes, víctimas y organizaciones de la sociedad civil siria a lo largo de todo el proceso, así como la máxima transparencia”, afirmó Kristine Beckerle, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional.
“Las dificultades que tiene Siria ante sí son enormes, pero garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por todas las partes enfrentadas; proporcionar una reparación a las víctimas y a sus familias, muchas de las cuales siguen sufriendo el dolor de tener desaparecidos y en paradero desconocido; implementar reformas basadas en los derechos humanos de los sectores de la justicia penal y de la seguridad, y garantizar que las familias de las personas desaparecidas conocen la verdad de lo sucedido a sus seres queridos es básico para construir una Siria nueva y más justa”.
“Es crucial que las autoridades reconstruyan la confianza entre el pueblo de Siria y el Estado. Retrasar la justicia sólo acrecentará el riesgo de nuevos derramamientos de sangre como el reciente homicidio masivo de civiles alauíes en las zonas costeras de Siria. Es esencial que las autoridades garanticen, sin demora, que todos los presuntos responsables penales de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desaparición forzada responden ante la justicia en juicios con las debidas garantías ante tribunales civiles ordinarios, con arreglo al derecho internacional”.
Durante decenios, el gobierno anterior arrestó e hizo desaparecer sistemáticamente a activistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos, oprimió a organizaciones locales de derechos humanos y negó a las organizaciones internacionales de derechos humanos el al país. Las nuevas autoridades se han comprometido a adoptar un nuevo planteamiento; es crucial que permitan que las organizaciones sirias e internacionales trabajen sin injerencias, que consulten con la sociedad civil siria y que concedan sin trabas a organizaciones locales e internacionales.
Las autoridades se enfrentan a importantes retos económicos derivados de un decenio de conflicto y agravados por las sanciones internacionales y la destrucción generalizada de infraestructuras.
La comunidad internacional debe apoyar a la población siria en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, y en la construcción de un futuro más justo tras años de sufrimiento.
Aunque muchos países siguen respaldando esfuerzos de justicia fundamentales para Siria, otros han agravado sus dificultades. A principios de 2025, Estados Unidos recortó aleatoriamente la financiación extranjera a quienes proporcionan una ayuda humanitaria crucial y hacen una labor fundamental de derechos humanos en Siria. Desde la caída del anterior gobierno, Turquía e Israel también han llevado a cabo ataques aéreos que han causado la muerte y heridas a civiles y dañado infraestructura civil.
Justicia, verdad y reparación
Una de las cuestiones más urgentes en Siria hoy es hacer justicia a las víctimas de desapariciones forzadas masivas. Tras la caída del gobierno de Asad el 8 de diciembre de 2024, decenas de miles de familias confiaron en que sus seres queridos en paradero desconocido serían liberados. Por el contrario, no ha reaparecido casi nadie y muchos parecen haberse esfumado.
Aunque el gobierno anunció el 17 de febrero de 2025 una Alta Comisión Nacional para Personas Desaparecidas, representantes de asociaciones de familias de personas desaparecidas y en paradero desconocido dijeron a Amnistía Internacional que no se las había consultado sobre la creación de este organismo y su funcionamiento, y que no han visto avances tangibles en los cinco meses transcurridos desde la caída del gobierno de Asad. El nuevo gobierno debe rectificar inmediatamente esto garantizando la inclusión plena y significativa de las víctimas y sus representantes en la configuración del mandato de la Comisión, su marco operativo y mecanismos de supervisión.
El artículo 49 de la Declaración Constitucional adoptada el 13 de marzo de 2025 establece una Comisión de Justicia Transicional encargada de adoptar “mecanismos centrados en las víctimas [...] para determinar mecanismos de rendición de cuentas, el derecho a conocer la verdad, y la justicia para las víctimas y sobrevivientes, además de honrar a los mártires”. Para que los procesos de verdad, justicia y reparación sean efectivos, deben basarse en consultas nacionales con la ciudadanía, y especialmente con sobrevivientes y víctimas.
El gobierno debe establecer asimismo programas de reparación basados en aportaciones de sobrevivientes y familias de víctimas que proporcionen remedios integrales que reconozcan el sufrimiento de las víctimas y contribuyan a reconstruir vidas. El gobierno sirio debe asimismo pedir reparaciones a Estados como Rusia, Turquía y Estados Unidos, así como a otros actores, también empresas, responsables de violaciones de derechos humanos.
Emprender reformas basadas en los derechos humanos
Durante más de un decenio antes de la caída del gobierno anterior, Amnistía Internacional documentó violaciones sistémicas de derechos, como detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, cometidas por exfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley y servicios de inteligencia, y dentro del sistema penitenciario. Además, la organización ha documentado secuestros, torturas y homicidios sumarios a manos de grupos armados no estatales, algunos de los cuales están integrados actualmente en el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Como prioridad inmediata, y para prevenir que se repitan las violaciones de derechos y los ciclos de violencia, las autoridades sirias deben garantizar una rigurosa verificación de los antecedentes de todos los funcionarios del gobierno, dirigentes militares y otras figuras nombradas que podrían ser responsables penales, incluso de crímenes cometidos después de la caída de Asad como las matanzas de civiles alauíes en la costa. Amnistía Internacional ha documentado homicidios ilícitos cometidos en la costa de Siria en marzo de 2025, como los homicidios deliberados de civiles de la minoría alauí, que deben investigarse como crímenes de guerra. Las nuevas autoridades de Siria han dado un importante primer paso hacia la investigación de los homicidios con el establecimiento de un comité de investigación específico. La forma en que actúe será una señal importante y sentará un precedente clave.
La reforma debe conllevar también la revocación de las leyes contrarias al derecho internacional y la promulgación de legislación que salvaguarde los derechos humanos de todas las personas, incluidos los relativos a un juicio con las debidas garantías; a la verdad, la justicia y la reparación; a no sufrir tortura ni desaparición; a la igualdad y la no discriminación, y también en el contexto de los derechos a la vivienda y a la propiedad. Todo comité de reforma deberá ser accesible, inclusivo y participativo.
