Para Amnistía Internacional, el secuestro de Anoud al Senussi –hija del jefe de la inteligencia militar en tiempos de Gadafi, Abdallah al Senussi– cuando salía de prisión en Trípoli hace temer seriamente por la seguridad de ésta y plantea graves dudas sobre la capacidad de las autoridades libias de proteger a las personas que permanecen recluidas en prisión desde el conflicto armado de 2011.
Anoud al Senussi fue secuestrada por agresores no identificados el día 2 de septiembre, a las 17.00 horas, cuando salía, escoltada por la policía judicial, de la prisión de Al Baraka (antes conocida como prisión Al Ruwaimi) en dirección al aeropuerto internacional de Trípoli. Tras su liberación, que las autoridades venían aplazando desde el día 8 de agosto para proteger su integridad personal, Anoud al Senussi tenía previsto reunirse con familiares y posteriormente viajar en avión a la ciudad de Sabha, en el sur de Libia.
"Su secuestro pone en tela de juicio la capacidad de las autoridades libias para garantizar la seguridad de numerosas personas detenidas en relación con el conflicto armado de 2011. Es hora de que éstas den muestras de voluntad política a la hora de atajar los abusos de las milicias, y de que implanten el Estado de derecho, pues de lo contrario el sistema judicial seguirá siendo inoperante", afirmó Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África.
“¿Cómo pueden afirmar las autoridades libias que se respetan las debidas garantías en los juicios y que se respeta la ley en los casos políticos más destacados y delicados cuando es evidente que no pueden garantizar la seguridad básica de las personas detenidas?”
El lunes por la mañana, cuando Anoud al Senussi salió de la prisión de Al Baraka, un grupo de hombres enmascarados y fuertemente armados tendieron una emboscada al convoy de la policía judicial que la transportaba, compuesto por tres vehículos. Al parecer, efectuaron disparos al aire y posteriormente la secuestraron en un automóvil, cuyo paradero se desconoce.
Según el Ministerio de Justicia, no hubo heridos en el ataque. De momento, no se saben los motivos del secuestro ni la identidad de sus autores.
Por su parte, el ministro libio de Justicia, Salah al Marghani, comunicó ayer, en conferencia de prensa, que se habían emprendido investigaciones y que pedía a toda la población libia, incluidos los "revolucionarios", que colaborasen en la búsqueda de Anoud al Senussi.
“Para la autoridades libias, debe ser absolutamente prioritario garantizar la liberación inmediata de Anoud al Senussi en perfectas condiciones de salud. Además, deben llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre su secuestro y enjuiciar a los responsables", manifestó Hassiba Hadj Sahraoui.
“Este nuevo secuestro y el desgobierno imperante en el país, no hacen sino poner en evidencia la incapacidad de las autoridades libias para juzgar con las debidas garantías casos políticos delicados, como los de Abdallah al Senussi y Saif al Islam al Gadafi, y demuestran hasta qué punto es necesario remitir esos casos a la Corte Penal Internacional”.
Información complementaria
Dada la naturaleza polémica de su caso, las autoridades llevaban varias semanas preparando la liberación de Anoud al Senussi, hasta que la operación se puso finalmente en marcha en la tarde de ayer. Previamente, se había elegido el 26 de agosto como fecha para su liberación, pero ese plan se anuló más tarde debido a los disturbios que estallaron en la prisión de Al Baraka, que alberga a cientos de personas detenidas por cargos relacionados con el conflicto de 2011. Los detenidos protestaban por los retrasos que experimentaban sus procesos judiciales y por la no aplicación de órdenes de liberación por parte de las autoridades judiciales.
Anoud Abdallah al Senussi, de 21 años, fue detenida en octubre de 2012 a su llegada a Trípoli, procedente de Argelia, y condenada a 10 meses de prisión por empleo de pasaporte falso y uso de documentación falsa para entrar en Libia. Tenía previsto visitar a su padre, Abdallah al Senussi, detenido en Trípoli desde el 5 de septiembre de 2012, pese a la orden de detención dictada contra éste por la Corte Penal Internacional (Î). Recientemente, la Fiscalía General ha anunciado que los procesos judiciales contra Abdallah al Senussi y Saif al Islam al Gadafi comenzarán ante tribunales nacionales el 19 de septiembre, desafiando así a la I y dando luz verde a las autoridades para celebrar juicios sin las debidas garantías en los que se puede imponer la pena de muerte..
El conflicto armado de 2011 afectó de forma considerable al cuerpo de la policía judicial: cientos de agentes abandonaron sus puestos de trabajo, y el Ministerio de Justicia se vio obligado a integrar en el cuerpo a unos 10.000 ex de brigadas armadas que luchaban contra Gadafi, y que carecían de la formación y la experiencia necesarias para tratar con detenidos. Es preciso que se destinen más recursos a la seguridad de las personas detenidas.
Según cálculos,
son unas 8.000 las personas recluidas en Libia por motivos relacionados con el conflicto. Desde entonces, las milicias armadas han secuestrado a decenas de personas detenidas, a las que, en algunos casos, han torturado y ejecutado sumariamente. Normalmente, los secuestros se perpetran durante los traslados de detenidos al tribunal o cuando éstos salen de prisión, bien como venganza por delitos comunes o por actos presuntamente cometidos en nombre del anterior régimen, o bien para cobrar rescates. En algunos casos, los secuestros se han llevado a cabo directamente en prisión.
Por ejemplo, el 18 de abril, un grupo de hombres armados abrió fuego contra un convoy de la policía judicial que transportaba a 14 detenidos desde el lugar de su procesamiento, en el barrio de Bab Ben Ghashir de Trípoli, a la prisión de Al Tadamon. En el tiroteo, perdió la vida Anas Mliqta y varias personas más resultaron heridas. Amnistía Internacional entrevistó a una de las personas heridas, que afirmó que la policía judicial había facilitado un único vehículo para proteger a los detenidos, y que ésta fue incapaz de intervenir durante el ataque.
El 21 de marzo, Jamal Hamadi salió de la prisión de Al Hoda, en Misrata, en virtud de un auto de procesamiento. Durante la operación, fue secuestrado, junto con su hermano y su abogado, a las puertas de la prisión.
Esta oleada de secuestros es sólo una manifestación del problema de las milicias armadas, que se comportan como si estuvieran por encima de la ley, hasta el punto de que durante los últimos meses han llegado a atacar el Parlamento libio y a realizar actos de intimidación contra ministerios de Trípoli.
Las autoridades libias han reconocido ante Amnistía Internacional que
las autoridades responsables de efectuar las detenciones no ejecutan con frecuencia órdenes de liberación por las amenazas y la presión que reciben de quienes se oponen a las decisiones de los tribunales, entre ellos las milicias constituidas durante el conflicto y familias de víctimas que buscan no sólo justicia, sino también venganza.
