Madrid.- El próximo 29 de abril se cumplen seis meses desde que una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) provocó lluvias torrenciales de gran intensidad en varias Comunidades Autónomas, causando 235 muertes, 227 de ellas en la provincia de Valencia.
Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe de investigación, "Tengo pesadillas en las que suena esa alarma", cómo la Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia, vulneró el derecho humano a la vida y a la integridad física de miles de personas, al no proporcionar información adecuada, oportuna y accesible que pudiera haber evitado o mitigado el impacto de la catástrofe. Como consecuencia, miles de personas, que recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro, quedaron desprotegidas, y cientos de ellas sufrieron las terribles consecuencias de una tragedia en parte evitable.
Esta gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal. Todo ello en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información. Esta actuación también ha infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil, que reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar para hacerles frente.
"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la DANA. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas, y que permita incorporar aprendizajes en un sistema de protección civil que debe ser revisado en profundidad", afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe.
"La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Por momentos no sabía si iba aguantar, pensé que me había llegado la hora”: José Manuel, de Alfafar, que estuvo seis horas subido a un semáforo hasta que bajó el nivel del agua, perdió a su hermano por la DANA, mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba dentro de un coche.
Meri, también vecina de Catarroja, perdió a su padre Felipe. Los vecinos lo vieron subido a una valla, esperando un rescate que nunca llegó. Fueron los voluntarios quienes ayudaron a Meri a encontrar el cuerpo de su padre, diez días después. “Yo he sentido la soledad más absoluta en el peor momento. Es muy doloroso la pérdida de un padre, pero también es muy duro darte cuenta del sistema en el que vives”.
Marta (nombre ficticio), de Picanya, también decidió ir a buscar a su padre ella misma con apoyo de su familia y de voluntarias, en vista de que no recibían otra ayuda y los teléfonos para denunciar desaparecidos tampoco funcionaban. Encontraron el cuerpo gracias a que, a través de las redes sociales, alguien localizó su coche. “Por la no toma de decisiones mi padre hoy está muerto”, lamenta.
Distintos niveles de responsabilidad
Tal y como también señala la jueza instructora de Catarroja que actualmente está investigando la gestión de la DANA, Amnistía Internacional recalca que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana. Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección.
Por otra parte, el Gobierno central no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia. El Ministerio de Interior ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia. Amnistía Internacional considera que la ley otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la DANA.
Finalmente el Presidente de la Generalitat no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado.
Amnistía Internacional recuerda que la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial, y debe responder a la catástrofe de forma coordinada, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Finalmente, la emergencia ha evidenciado la necesidad de que los Ayuntamientos implementen de forma efectiva el servicio de protección civil, con personal técnico y especializado. La organización se ha reunido con personal de algunos de los municipios más afectados por las inundaciones: Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa, que coinciden en afirmar que no dispusieron de información suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los Ayuntamientos por parte de las autoridades competentes en la dirección de la emergencia.
Los días posteriores
Amnistía Internacional considera que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la istración los primeros días posteriores al desastre, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado local o de la autoorganización ciudadana, contribuyó a una sensación de abandono que numerosas personas han trasladado a la organización. Algunos responsables de Ayuntamientos con los que ha hablado la organización así lo denuncian. Por ejemplo, Alfafar ha lamentado cómo, tras la emergencia, estuvieron tres días aislados y ha calificado la situación como una omisión del deber de socorro. Benetússer ha descrito la situación de caos, sintiendo abandono y descoordinación por parte de la istración estatal y, especialmente, por parte de la autonómica. Paiporta se ha quejado de los procesos burocráticos complicados para pedir ayuda a la Generalitat y de que desde el Puesto de Mando Avanzado (que gestiona y coordina la respuesta a la crisis, desde recursos humanos, materiales, vehículos, hasta incidencias) no hubiesen acudido al pueblo. También Catarroja ha manifestado su preocupación por la ausencia de indicaciones y directrices, y tanto Massanassa como Picanya han denunciado la falta de coordinación entre istraciones.
"La fase inicial de recuperación, además, no ha contado con un enfoque basado en derechos humanos, que habría garantizado que las personas afectadas pudieran participar de manera significativa en decisiones que impactan en sus vidas", señala Canales. Algunos testimonios así lo demuestran:
Meri asegura que la falta de información también la sufrieron los días posteriores de la DANA: "No había nada de información. De hecho, nosotros buscábamos a mi padre con bolsas de basura en los pies. A partir del sexto día ya llegaron mensajes de `pónganse mascarillas y guantes´, cuando llevábamos ahí varios días todo el mundo arrastrado, con barro hasta arriba y sin agua... Una higiene nula y nadie decía nada".
El padre de Katrin, Carlos, residía en una de las viviendas de protección oficial para personas con movilidad reducida en Picanya, localizadas a unos 30 metros del barranco, pero la DANA destrozó su vivienda. A duras penas consiguió sobrevivir, poniéndose a salvo con la ayuda de un vecino. La mayoría de sus vecinos fallecieron. Tras ser rescatado, Carlos fue trasladado junto con otros supervivientes a una residencia, en la que se alojaron como “no residentes” (por lo tanto, sin los servicios médico-sociales de la misma) durante tres meses, hasta que fueron instalados en una vivienda. Katrin explica que obtener información sobre la situación de la vivienda de su padre fue una tarea difícil, así como la gestión con el seguro. "Nadie sabía nada de lo que iba a pasar con nosotros, nos han llevado de aquí para allá...", explica Carlos. "Era como si no fueran dueños de sus vidas", añade su hija.
Colectivos vulnerables
Como en el caso de Carlos, el impacto de la DANA fue especialmente devastador para colectivos vulnerables: casi la mitad de las víctimas mortales tenían más de 71 años, y muchas de ellas vivían solas y/o en viviendas bajas. La falta de información a tiempo y precisa sobre la emergencia afectó de manera especialmente grave a las personas mayores, con discapacidad y/o con movilidad reducida.
Teresa, vecina de Paiporta, relataba así la situación que vivió con sus padres, de 84 y 87 años: “Mis padres son mayores y vivían en una planta baja. Mi madre pudo subir a la planta de arriba, pero mi padre no, porque tenía la cadera rota, y me quedé con él durante horas, metidos en el agua. Estaba convencida de que no íbamos a salir ninguno de los tres de ahí. Recuerdo a mi padre pidiendo una manta porque tenía frío, tumbado en una mesa en el salón, ¡y menos mal que la mesa flotó!”.
Impacto directo y negativo de los bulos
El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas.
“El día 30, sobre las 11 de la mañana, vi un coche de la Guardia Civil, con un agente gritando por la ventanilla que todo el mundo se subiera a las primeras plantas porque se había roto la presa de Forata. Me asusté muchísimo y me dije a mí misma ‘otra vez no, por favor’. Entonces empecé a correr y a alertar a las personas que me encontraba por la calle, y al poco el pueblo quedó vacío. Sólo más tarde supimos que esto no era cierto”. Así narraba Soraya, vecina de Picanya, cómo vivió el bulo de la presa de Forata.
Amnistía Internacional considera que la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa que genere una mayor confianza del público en general, a la que todas las comunidades afectadas y la sociedad en general tengan . "Es fundamental que en situaciones así las autoridades redoblen sus esfuerzos en difundir información fiable, accesible, basada en pruebas y fidedigna, también sobre las medidas que se están adoptando para proteger a la población y hacer frente a la emergencia, lo que es crucial para contrarrestar la información falsa y engañosa", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En su informe, la organización señala catorce recomendaciones para las autoridades de la Comunidad Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y los municipios, que garanticen que “nunca más” una gestión negligente de una catástrofe ambiental viola el derecho a la vida y a la integridad física.
Entre las recomendaciones, además de que se impulsen investigaciones penales exhaustivas, independientes y transparentes, la organización recalca tres de ellas:
- Revisar los sistemas de comunicación y de avisos y alerta en emergencias dentro del Sistema de Protección Civil, tanto técnicos como decisorios, para incorporar las lecciones aprendidas y los más actualizados estándares internacionales, garantizando la implantación efectiva de Planes de Protección Civil con personal técnico especializado. Además, se debe protocolizar el uso del sistema ES-Alert en los planes de emergencias de las comunidades para asegurar que los organismos competentes pueden, deben y saben cómo hacer uso de esta herramienta.
- Adoptar un enfoque participativo en los procesos de toma de decisión, planificación y seguimiento de los esfuerzos de recuperación, incorporando plenamente a las personas y comunidades afectadas, y asegurando que son informadas de manera continua y garantizando que los derechos humanos están en el centro de la respuesta a la catástrofe de la DANA.
- Desarrollar planes de sensibilización y formación a la ciudadanía sobre actuaciones en contexto de emergencias y toma de conciencia del riesgo aparejado a determinados niveles de alerta, a través de ejercicios, simulacros y formación escolar temprana, incluida en el currículo, sobre autoprotección, prevención y actuación en caso de emergencia.
