Los derechos humanos en África

Resumen de la situación de los derechos humanos en África y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2024.

Aunque los conflictos armados en África causaban a la población civil sufrimientos sin tregua —entre otras cosas, niveles cada vez mayores de violencia sexual y de género y muertes en gran escala—, las respuestas internacionales y regionales seguían siendo sumamente insuficientes y la población civil se sentía abandonada.

La crisis del costo de la vida se agudizó con los aumentos de los precios de alimentos, combustibles y otros artículos de primera necesidad. Los altos niveles impositivos, la insostenibilidad de la deuda pública, la corrupción generalizada y descontrolada, la intensificación de los conflictos y los fenómenos meteorológicos extremos agravaron la crisis.

Protestar significaba poner en peligro la vida. Con demasiada frecuencia, las manifestaciones eran dispersadas de forma brutal y con resultados letales, y los ataques al derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación seguían siendo endémicos. Los gobiernos utilizaron como tácticas represivas, entre otras la desaparición forzada y la detención y reclusión arbitrarias de oponentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y voces críticas.

Las conmociones provocadas por los conflictos y por el cambio climático continuaban siendo las causas principales del desplazamiento forzado, y Sudán seguía sufriendo la mayor crisis de desplazamiento de población del mundo. Siguió aumentando el número de personas refugiadas procedentes de zonas de conflicto, que en muchos casos vivían en condiciones miserables o con miedo a ser devueltas a su lugar de origen.

La discriminación y la violencia por motivos de género —alimentadas por las normas sociales— seguían siendo una realidad cotidiana para las mujeres y las niñas.

Los países de ingresos altos que eran los principales causantes del cambio climático no asignaron financiación suficiente para cubrir las pérdidas y daños ni para aplicar medidas de adaptación. En consecuencia, las comunidades seguían soportando los efectos más graves de las sequías prolongadas, las inundaciones recurrentes y las tormentas y el calor extremos que probablemente se veían agravados por el cambio climático.

La cultura de la impunidad continuaba envalentonando a quienes perpetraban crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves o manifiestas de derechos humanos.

Homicidios y ataques ilícitos

Se tuvo noticia de homicidios y ataques ilícitos de fuerzas gubernamentales y grupos armados en toda la región, en países como Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

En muchos casos, las operaciones de las fuerzas gubernamentales dejaron una estela de muerte entre la población civil. En Burkina Faso, según informes, los militares mataron en febrero a un mínimo de 223 civiles, de ellos al menos 56 niños y niñas, en las localidades de Soro y Nodin; en mayo, también según informes, el ejército y sus fuerzas asociadas mataron a cientos de civiles durante una operación de abastecimiento a ciudades asediadas en el este del país. En Etiopía, tras los enfrentamientos armados de enero entre fuerzas gubernamentales y milicias en la ciudad de Merawi, región de Amhara, las fuerzas gubernamentales detuvieron a decenas de hombres civiles en sus casas, en comercios y en las calles, y los ejecutaron.

En varios conflictos, los ataques aéreos o con drones de fuerzas gubernamentales causaron víctimas civiles. En Malí, los ataques del ejército con drones mataron en marzo al menos a 27 civiles, 18 de ellos niñas y niñas, y en octubre a ocho civiles, seis de ellos niños y niñas. En Níger, según informes, un ataque con drones del ejército mató en enero a unos 50 civiles en la localidad de Tiawa, región de Tillabéri. En Nigeria, los ataques aéreos del ejército en el estado de Kaduna causaron en una pequeña localidad la muerte de 23 personas, entre ellas fieles de una mezquita y personas que hacían sus compras en un mercado. En Somalia, en marzo, dos ataques con drones de fabricación turca que apoyaban operaciones militares somalíes mataron a 23 civiles, 14 de ellos niños y niñas, en la región de Baja Shabelle.

Los grupos armados fueron responsables de algunos de los ataques más mortíferos contra la población civil. En Burkina Faso, según informes, en agosto el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) mató en Barsalogho a unas 200 personas, entre las que había civiles. En República Democrática del Congo, la mayoría de los homicidios de civiles se cometieron cuando grupos armados, como el Movimiento 23 de Marzo, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo y las Fuerzas Democráticas Aliadas, libraron combates con fuerzas gubernamentales en el este y el oeste del país; en junio, las Fuerzas Democráticas Aliadas mataron a más de 200 civiles en dos ataques distintos. En Somalia, la Misión de Asistencia de la ONU informó de que Al Shabaab había sido responsable del 65% de las 854 víctimas civiles registradas en el país entre enero y septiembre. En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido continuaron sus ataques contra la población civil, en algunos casos por motivos étnicos; en octubre, este grupo lanzó ataques de represalia contra ciudades y pueblos en el este del estado de Gezira, tras desertar uno de sus jefes y pasarse a las Fuerzas Armadas de Sudán, y mató al menos a 124 civiles en siete días, según la ONU.

Fueron frecuentes los ataques de grupos armados a lugares de culto, escuelas, hospitales y otros objetivos de carácter civil. En Burkina Faso, un grupo armado mató a 15 fieles en una iglesia católica de Essakane, región del Sahel, el 25 de febrero; ese mismo día, otro grupo armado, afiliado al GSIM, mató al menos a 14 personas en una mezquita de Natiaboani, región Este; en agosto, el GSIM mató a 26 civiles en una iglesia de Kounla, región de Boucle du Mouhoun. En Mozambique, en febrero, grupos armados quemaron tres iglesias y dos escuelas e incendiaron un hospital en el distrito de Chiúre.

Las partes en los conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario, entre otras cosas protegiendo a la población civil y las instituciones religiosas y educativas y otros bienes de carácter cultural, y poniendo fin a los ataques selectivos e indiscriminados contra personas e infraestructuras civiles.

Violencia sexual y de género relacionada con los conflictos

Los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos aumentaron de modo alarmante. En República Centroafricana se tuvo noticia de más de 11.000 casos de violencia de género en el primer semestre del año. En República Democrática del Congo, el número de denuncias se duplicó en el primer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. En Sudán, la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, de la ONU, constató que de las Fuerzas de Apoyo Rápido habían perpetrado violencia sexual generalizada en el marco de ataques contra ciudades de la región de Darfur y en el Gran Jartum; en muchos casos, violaron, individualmente o en grupo, a mujeres y niñas en presencia de sus familiares, sobre todo en la región de Darfur y el estado de Gezira. La violencia sexual relacionada con los conflictos también fue generalizada en Somalia y Sudán del Sur. En un incidente en Somalia, dos integrantes del Ejército Nacional Somalí violaron presuntamente a dos hermanas de 15 y 16 años.

Las partes en los conflictos armados deben dictar a sus integrantes o fuerzas órdenes claras que prohíban los actos de violencia sexual y de género.

Derechos económicos y sociales

Derecho a la alimentación

Una gran parte de la población de la región seguía pasando hambre. Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Namibia, Zambia y Zimbabue, en la región de África Austral, se vieron afectados por la peor sequía provocada por El Niño en un siglo, y algunos de estos países respondieron declarando el estado de emergencia. La sequía destruyó cultivos y mató ganado, y puso en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas. En agosto, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral anunció que el 17% de la población de la región (68 millones de personas) necesitaba ayuda.

Otras zonas de África, como República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur, también padecían inseguridad alimentaria severa. En República Centroafricana se veían afectadas más de 2,5 millones de personas, y más del 50% de la población de Mbomou, Haute-Kotto y otras regiones vivía en una situación de inseguridad alimentaria de emergencia o crisis. En Somalia, al menos cuatro millones de personas se enfrentaban a una inseguridad alimentaria en niveles de crisis o de emergencia, y se estimaba que 1,6 millones de niños y niñas de entre seis y 59 meses sufrían malnutrición aguda. En Sudán del Sur se preveía que aproximadamente 7,1 millones de personas (el 56,3% de la población) estarían expuestas a inseguridad alimentaria en fase de crisis o superior durante el año, y más de 2,5 millones de niños, niñas y mujeres sufrían malnutrición aguda.

Derecho a la educación

Aunque la Unión Africana se comprometió a construir sistemas educativos resilientes, los conflictos y la inseguridad mantenían sin escolarizar a millones de niños y niñas. Cientos de escuelas en zonas de conflicto quedaron destruidas en ataques o se convirtieron en refugios para personas desplazadas, contraviniendo la Declaración sobre Escuelas Seguras, un acuerdo intergubernamental para la protección de la educación en situaciones de conflicto armado. En Sudán, más de 17 millones de niños y niñas seguían sin escolarizar, y Save the Children informó en mayo de que los ataques contra escuelas se habían cuadruplicado desde el comienzo del conflicto en abril de 2023. En África Occidental y Central, según la información proporcionada por UNICEF, en septiembre había más de 14.000 escuelas cerradas a causa de conflictos, situación que afectaba a 2,8 millones de niños y niñas. En Burkina Faso, hasta marzo, el conflicto armado había obligado al cierre de 5.319 escuelas, lo que afectaba a casi un millón de niños y niñas.

Derecho a la salud

Los gobiernos seguían incumpliendo los compromisos contraídos más de dos decenios atrás en la Declaración de Abuya de asignar el 15% de su presupuesto nacional a atención de la salud. El gasto público destinado a sanidad representaba sólo el 7,4%, por término medio, de los presupuestos nacionales, y los sistemas de salud pública tenían dificultades para prestar servicios de calidad. Al mismo tiempo, los costos de la atención de la salud seguían siendo elevados, y la OMS advirtió en diciembre de que el hecho de que los gobiernos se apoyaran en gran parte en que las personas afectadas pagaran su propia asistencia médica empujaba a más de 150 millones de personas a la pobreza en la región. En Kenia, un nuevo sistema nacional de seguro de salud creaba dificultades para el a atención de la salud de muchos pacientes. En el lado positivo, Ghana amplió su campaña de vacunación contra la malaria, y el gobierno de Níger anunció una reducción del 50% de los honorarios que debían pagar los pacientes por los tratamientos médicos, las pruebas de laboratorio, el diagnóstico por imagen y las intervenciones médicas y quirúrgicas, y suprimió los honorarios por parto y por diálisis en los hospitales públicos.

Un brote de viruela símica que afectó a países como Burundi, Camerún, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Sudáfrica causó alarma en toda la región. Hasta el 30 de julio se habían comunicado 14.250 casos y 456 muertes en 10 países, cifras que representaban un aumento del 160 y el 19%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2023. Más del 96% del total de casos y muertes de los que se tuvo noticia correspondían a República Democrática del Congo. En agosto, la OMS declaró “emergencia de salud pública de importancia internacional” el brote de viruela símica en la región.

Desalojos forzosos

Miles de personas se quedaron sin hogar y en la indigencia por efecto de desalojos forzosos ejecutados por los gobiernos de varios países, como Costa de Marfil, Kenia y República del Congo. En República del Congo se reubicó por la fuerza a residentes en Mpili, departamento de Kouilou, para dejar espacio para la extracción de potasa por parte de una empresa china. En Kenia, el gobierno demolió las viviendas de al menos 6.000 familias en los asentamientos de Mathare y Mukuru Kwa Njenga, en Nairobi, en un periodo de intensas lluvias e inundaciones.

Los gobiernos deben actuar con carácter inmediato para abordar las dificultades socioeconómicas, entre otras cosas tomando medidas con rapidez para prevenir el hambre y abordando las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria; respaldando y aplicando la Declaración sobre Escuelas Seguras y garantizando el a la educación de los niños y niñas en zonas de conflicto; dando prioridad al gasto público en atención de la salud, de conformidad con la Declaración de Abuya, y poniendo fin a los desalojos forzosos y suspendiendo los desalojos masivos hasta que se establezcan salvaguardias jurídicas y procesales adecuadas para las personas amenazadas de desalojo.

Represión de la disidencia

Libertad de reunión

El uso de fuerza excesiva por los organismos de seguridad era práctica habitual. Se documentaron homicidios cometidos por la policía y detenciones masivas de manifestantes en países como Guinea, Kenia, Mozambique, Nigeria y Senegal. En Guinea, un manifestante de 17 años murió por disparos en febrero durante una huelga convocada por el movimiento sindical; en marzo, dos niños de ocho y 14 años murieron por disparos en protestas desencadenadas por un corte de electricidad en la ciudad de Kindia. En Senegal, en febrero, las fuerzas de seguridad mataron a cuatro personas, entre ellas un joven de 16 años, durante protestas motivadas por la demora de las elecciones presidenciales. En Kenia, la institución nacional de derechos humanos documentó 60 muertes en junio y julio durante protestas celebradas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos; más de 600 manifestantes fueron detenidos entre junio y agosto. En Mozambique, tras la celebración en octubre de unas elecciones controvertidas, las fuerzas de seguridad desataron la represión de protestas más intensa en años; murieron al menos 277 personas, entre las que había menores y transeúntes. En Nigeria, al menos 24 personas murieron durante las protestas convocadas al amparo de la etiqueta #EndBadGovernance en agosto, y más de 1.000 fueron detenidas.

También se informó de represión brutal de protestas por las fuerzas de seguridad en Angola, Benín, Botsuana, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Uganda. En otros países, como Chad, Tanzania, Togo y Zambia, las autoridades prohibieron protestas. En Tanzania se detuvo en agosto a más de 500 personas afiliadas al opositor Partido por la Democracia y el Progreso (Chadema) por presuntamente violar la prohibición de una conferencia de jóvenes; en septiembre, la policía anunció la prohibición de todas las protestas de Chadema. En Togo se prohibieron de forma sistemática las manifestaciones y reuniones previstas por los partidos de la oposición política y la sociedad civil para debatir sobre la reforma constitucional propuesta.

Libertad de expresión

Los gobiernos actuaron contra las voces críticas, sometiéndolas a intimidación, detenciones y acoso judicial. En Camerún, el ministro de istración Territorial prohibió en octubre “todo debate en los medios de comunicación sobre el estado del presidente” tras unos rumores sobre la salud del presidente Biya. En Esuatini, las autoridades continuaron usando una ley antiterrorista de 2008 para atacar a quienes criticaban al gobierno. En Madagascar, las autoridades utilizaron el software espía Predator para vigilar a de la oposición política. En Senegal, el político Ahmed Suzanne Camara fue detenido y acusado en julio de “ofensa al jefe del Estado” tras llamar mentirosos al presidente y al primer ministro; otro político, Cheikhna Keita, fue detenido en septiembre después de hablar en televisión sobre tensiones entre el presidente y el primer ministro.

En Uganda, efectivos militares detuvieron en abril a ocho músicos a quienes se había oído quejarse, durante un acto público, de un discurso del presidente Museveni; también en abril, un tribunal prohibió al activista en redes sociales Ibrahim Musana mencionar en las redes los nombres de varios cargos gubernamentales, incluido el presidente Museveni, hasta que se resolviera la causa incoada contra el activista por cargos de promoción del discurso de odio, entre otros; en julio, un tribunal condenó a Edward Awebwa a seis años de prisión por compartir vídeos en los que se burlaba del presidente. En Zambia, las autoridades presentaron cargos endebles contra varias personas críticas con el gobierno que habían dado a conocer denuncias de corrupción o criticar a autoridades gubernamentales; así, Raphael Nakacinda, secretario general del partido opositor Frente Patriótico, fue condenado a 18 meses de prisión por “difamar al presidente”, en aplicación de una ley derogada en 2021.

Varios gobiernos intentaron introducir nuevas restricciones del derecho a la libertad de expresión. En Guinea Ecuatorial, el Parlamento comenzó a debatir en marzo un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia que imponía nuevas limitaciones al uso de las redes sociales. En Gambia y Lesoto se temía que, de ser aprobados sin modificaciones, los proyectos de ley sobre ciberdelincuencia presentados ante los respectivos Parlamentos dieran lugar a abusos y restricciones del derecho a la libertad de expresión. En Níger, las autoridades recuperaron las penas de prisión por difamación y delitos conexos, revirtiendo de ese modo avances previos en relación con el derecho a la libertad de expresión.

Los gobiernos hicieron caso omiso de la petición formulada en marzo por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de abstenerse de interrumpir los servicios de telecomunicaciones y de Internet o de bloquear el a las plataformas digitales. Se tuvo noticia de este tipo de prácticas en países como Comoras, Etiopía, Guinea, Kenia, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Senegal y Sudán. En Sudán, un apagón casi total de las telecomunicaciones en febrero planteó riesgos graves para la coordinación de la asistencia de emergencia y los servicios humanitarios dirigidos a millones de personas atrapadas en el conflicto.

Libertad de los medios de comunicación

La represión contra periodistas fomentó un clima de miedo que propició la autocensura. Se amenazó, se agredió físicamente o se detuvo arbitrariamente a periodistas en Angola, Chad, Guinea, Kenia, Lesoto, Nigeria, Tanzania, Togo, Zimbabue y otros países. Hasta el 10 de diciembre, ocho periodistas habían muerto en África, cinco de ellos en Sudán, según la Federación Internacional de Periodistas. El periodista chadiano Idriss Yaya fue asesinado en marzo, junto con su esposa y su hijo de cuatro años, tras recibir amenazas probablemente relacionadas con sus informaciones sobre la intensificación de los conflictos comunales en la región de Mongo.

Transcurridos más de dos decenios desde el desmantelamiento de la prensa libre, en Eritrea seguía sin haber registrado ningún tipo de medio de comunicación privado. En Benín, Burkina Faso, Guinea, Tanzania, Togo y otros países, las autoridades suspendieron o amenazaron con suspender las actividades de medios de comunicación y periódicos. En Burkina Faso, las autoridades suspendieron durante dos semanas las emisiones de TV5 Monde, BBC y Voz de América, así como el a los sitios web de nueve organizaciones de medios de comunicación burkinesas, como represalia por sus informaciones sobre las masacres de Nodin y Soro. En Guinea, el gobierno ordenó la revocación de las licencias de actividad de varias emisoras de radio y televisión por presuntamente “incumplir las especificaciones sobre contenidos”. En Tanzania, las autoridades reguladoras suspendieron durante 30 días las plataformas digitales del periódico The Citizen, con el argumento de que habían publicado material que ponía en peligro la “unidad nacional y la paz social” en relación con un vídeo sobre personas asesinadas o en paradero desconocido. En Togo, las autoridades suspendieron las acreditaciones de toda la prensa extranjera para la cobertura de las elecciones de abril.

Libertad de asociación

Se restringió la capacidad de las entidades de la sociedad civil de organizarse y desarrollar libremente sus actividades. En Costa de Marfil, el gobierno aprobó una ordenanza para regular las actividades de este tipo de entidades, lo que despertó en ellas el temor de que la ley se utilizara para interferir en sus finanzas y controlar su trabajo. Las autoridades etíopes suspendieron arbitrariamente las licencias de cinco organizaciones nacionales de derechos humanos, y al terminar el año cuatro de las suspensiones continuaban en vigor. En Guinea, el gobierno suspendió por cuatro meses la renovación de las licencias de funcionamiento de las ONG mientras se llevaba a cabo una evaluación de sus actividades. En Ruanda, una nueva ley impuso restricciones a las decisiones de las ONG nacionales en materia de presupuestos y gestión.

En Uganda, una enmienda de la ley sobre las ONG preparó el terreno para la disolución de la Oficina de ONG, de carácter semiautónomo, y su conversión en departamento del Ministerio del Interior, lo que sentaba las bases para la toma de decisiones centralizada, el control y el aumento de la supervisión gubernamental respecto a los asuntos relacionados con las ONG. En Zimbabue, el Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (Enmienda), de 2024, que al terminar el año estaba pendiente de tramitación en el Senado, contenía disposiciones que podían usarse para restringir el espacio cívico y poner en peligro la existencia, la independencia y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Los gobiernos deben garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se atienen al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al uso de la fuerza; han de poner fin a toda forma de hostigamiento contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y crear un entorno seguro y propicio para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Detención y reclusión arbitrarias y desapariciones forzadas

Se observó la práctica de detención y reclusión arbitrarias de activistas de la oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos en muchos países, como Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, Guinea Ecuatorial, Malí, Mozambique, Níger, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Zambia y Zimbabue. En Angola, la salud de los activistas detenidos Adolfo Campos y Gildo das Ruas se deterioró drásticamente al negárseles la atención médica. En Chad, tras el homicidio del líder opositor Yaya Dillo en febrero, en una irrupción de las fuerzas de seguridad en la sede de su partido, 25 de sus familiares fueron detenidos y la mayoría quedaron recluidos en una prisión de alta seguridad sin a asistencia letrada ni atención médica; en julio, 14 fueron condenados a 10 años de prisión, otros 10 fueron absueltos y uno permaneció detenido sin cargos, y todos fueron puestos en libertad en noviembre y diciembre sin explicaciones. En Malí, la gendarmería detuvo a 11 políticos en junio por celebrar una reunión en la capital, Bamako; acusados de “alteración del orden público y conspiración contra el Estado”, los políticos quedaron en libertad en diciembre.

En otros países de la región, las autoridades empleaban cada vez con mayor frecuencia las detenciones masivas, con redadas que afectaban a cientos de personas. En República del Congo se detuvo a 580 personas en mayo y junio tras poner en marcha las autoridades de Brazzaville la Operación Coup de Poing (“Relámpago”, en francés) para luchar contra la delincuencia. En Etiopía se detuvo a cientos de personas en todo el país con el pretexto de hacer cumplir el estado de emergencia; en la región de Amhara, el ejército federal y las fuerzas de seguridad emprendieron una nueva campaña de detenciones masivas en septiembre y detuvieron a miles de personas en cuatro días. En Mozambique se arrestó a cientos de personas en el periodo previo a las elecciones generales de octubre por su apoyo o pertenencia al opositor Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique, y se practicaron miles de detenciones más en el periodo posterior a las elecciones. En Zimbabue, las autoridades intensificaron la represión de la disidencia pacífica y detuvieron a más de 160 personas, entre las que había de la oposición, dirigentes sindicales, estudiantes y periodistas, en el periodo previo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral celebrada el 17 de agosto en la capital, Harare; anteriormente, en junio, la policía había detenido a 78 personas tras irrumpir en una reunión privada en el domicilio de Jameson Timba, líder del partido opositor Coalición de Ciudadanos por el Cambio.

Las desapariciones forzadas seguían siendo generalizadas en países como Angola, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Kenia, Malí, Sierra Leona y Tanzania. En Kenia, la Sociedad Jurídica informó de la desaparición forzada de al menos 72 personas en relación con las protestas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos. En Guinea, al terminar el año continuaban en situación de desaparición forzada Omar Sylla y Mamadou Billo Bah, del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución detenidos en julio, y el periodista Habib Marouane Camara, detenido a principios de diciembre.

Los gobiernos deben poner fin al uso de la detención y reclusión arbitrarias y la desaparición forzada de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas, oponentes y personas críticas con el gobierno; también deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y revelar la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada.

Derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes

Sudán sufría la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con más de 11 millones de personas internamente desplazadas, de las cuales 8,6 millones lo estaban desde abril de 2023. Otros países con cifras impactantes de personas internamente desplazadas eran República Democrática del Congo (7,3 millones), Burkina Faso (2 millones), Sudán del Sur (2 millones), Somalia (552.000), República Centroafricana (455.533) y Malí (331.000). Las condiciones de vida en los campos para población internamente desplazada seguían siendo deplorables, y los ataques continuos de grupos armados agravaban la situación. En agosto, la ONU declaró condiciones de hambruna en el campo de Zamzam para personas internamente desplazadas en la región sudanesa de Darfur Septentrional.

Siguió aumentando el número de personas refugiadas procedentes de zonas de conflicto. La población refugiada sudanesa en países vecinos superaba los 3,2 millones de personas. Sus condiciones de vida eran pésimas, y en Egipto cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente en espera de su devolución a Sudán. Entre enero y marzo, las autoridades egipcias devolvieron a unas 800 personas de nacionalidad sudanesa.

Entre enero y agosto, Argelia expulsó a la ciudad de Assamaka, región de Agadez (Níger), a más de 20.000 personas migrantes procedentes de diversos países. En mayo, varias personas murieron, al parecer por agotamiento, cuando viajaban hacia Assamaka o al llegar a esa ciudad.

Los gobiernos deben dejar de detener arbitrariamente por su condición migratoria a las personas refugiadas y migrantes, y deben proteger a estas personas frente a devoluciones y expulsiones masivas.

Discriminación y marginación

La violación y asesinato en Etiopía de Heaven Awot, de siete años, y la muerte de tres niñas en Sierra Leona después de haberlas sometido a mutilación genital femenina se convirtieron en casos emblemáticos de la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en la región. No obstante, se tuvo constancia de novedades positivas en varios países. En Costa de Marfil, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal para permitir el aborto en casos de incesto. El gobierno de Guinea Ecuatorial adoptó una declaración que exponía medidas para abordar las desigualdades de género y promover el empoderamiento de las mujeres. El Parlamento de Gambia rechazó un proyecto de ley que pretendía anular la prohibición de la mutilación genital femenina. Sierra Leona promulgó una ley que prohibía el matrimonio precoz e infantil. En Sudáfrica, el Tribunal Superior de Pretoria declaró inconstitucionales los artículos de una ley relativa a los delitos sexuales porque establecían una prueba subjetiva de la intención delictiva según la cual la violencia sexual no se tipificaba como delito si el agresor creía de forma errónea e irrazonable que la denunciante había dado su consentimiento.

Mientras grupos de activistas conmemoraban el décimo aniversario de la Resolución 275 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativa a la protección de las personas LGBTI frente a la violencia, las autoridades seguían utilizando los sistemas jurídicos para atacarlas y discriminarlas. En Malí se adoptó un nuevo Código Penal en virtud del cual las relaciones homosexuales consentidas podían castigarse con prisión y multa. En Burkina Faso, un proyecto de Código de la Persona y la Familia amenazaba con tipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El Parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que criminalizaba aún más a las personas LGBTI. En Malawi y Uganda, los tribunales confirmaron la prohibición de las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas. En Esuatini, el gobierno siguió negándose a inscribir en registro a una organización de derechos de las personas LGBTI. En cambio, entre las novedades positivas en otros países figuraba la introducción en Botsuana de un proyecto de enmienda constitucional que podía proteger a las personas intersexuales frente a la discriminación. El Tribunal Superior de Namibia anuló la legislación que prohibía las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Los gobiernos deben combatir todas las formas de discriminación y violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas, así como abordar las causas fundamentales y redoblar los esfuerzos para eliminar las prácticas nocivas. Los gobiernos deben derogar las leyes anti-LGBTI y abstenerse de intentar criminalizar las relaciones homosexuales consentidas.

Derecho a un medioambiente saludable

Los países de ingresos altos que eran los principales causantes del cambio climático no asignaron fondos suficientes para pérdidas y daños ni para la aplicación de medidas de adaptación. En consecuencia, millones de personas soportaban sequías y miles se veían afectadas por lluvias torrenciales e inundaciones. Se tuvo noticia de muertes por inundaciones en países como Camerún, Costa de Marfil, Madagascar, Malí y Níger. En Níger y Malí murieron en inundaciones al menos 339 y 177 personas, respectivamente. En Madagascar, el ciclón Gamane causó 18 muertes, provocó el desplazamiento de 20.737 personas y dañó infraestructuras esenciales tales como carreteras y puentes.

La asignación por varios gobiernos de fondos para abordar la crisis del cambio climático se hizo a costa de aumentar las cargas de la deuda. Costa de Marfil asignó 1.300 millones de dólares estadounidenses para mejorar su resiliencia climática y la transición a energías renovables. Namibia asignó 10.000 millones de dólares para desarrollar el denominado “hidrógeno verde”. A su vez, el gobierno de Sudáfrica anunció el establecimiento de un fondo de respuesta al cambio climático para responder a los efectos de este fenómeno y generar resiliencia. En Madagascar, el gobierno se comprometió a reducir un 28% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Otras novedades fueron la suspensión por el gobierno de República del Congo de las operaciones de la empresa de reciclaje Metssa Congo en Vindoulou, departamento de Pointe-Noire, debido a los posibles riesgos para la salud de las poblaciones circundantes y para el medioambiente. Las autoridades de Senegal suspendieron hasta mediados de 2027 todas las actividades de minería a orillas del río Falémé por motivos de salud y ambientales relacionados con el uso de sustancias químicas en las operaciones mineras.

Los gobiernos deben tomar de inmediato medidas para proteger a la población de los efectos del cambio climático y para reforzar su preparación frente a fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cosas solicitando ayuda internacional y financiación climática de los países de ingresos altos, especialmente los que tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La impunidad continuaba arraigada en muchos países. En Esuatini, el gobierno no investigó los homicidios extrajudiciales cometidos entre 2021 y 2024, entre ellos la muerte del abogado de derechos humanos Thulani Maseko en 2023. En Etiopía, el gobierno continuó haciendo caso omiso de crímenes documentados por organismos de derechos humanos, mientras su iniciativa de “justicia transicional”, limitada a la reconciliación, seguía siendo en gran medida un mero ejercicio teórico. En Senegal, una ley de amnistía aprobada en marzo puso fin a los procesamientos por la muerte de 65 manifestantes y transeúntes entre marzo de 2021 y febrero de 2024.

No obstante, se tuvo constancia de la adopción de medidas para promover la justicia y la rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional en varios países. En República Centroafricana, el Tribunal Penal Especial, respaldado por la ONU, detuvo a dos presuntos perpetradores y dictó una orden de arresto internacional contra el expresidente François Bozizé por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con acciones llevadas a cabo por su guardia presidencial entre 2009 y 2013. En abril, la Asamblea Nacional de Gambia aprobó leyes que establecían el Mecanismo Especial de Rendición de Cuentas y la Fiscalía Especial. En diciembre, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) acordó establecer el Tribunal Especial para Gambia, decisión que evidenciaba avances en la rendición de cuentas por delitos cometidos durante el mandato del expresidente Yahya Jammeh. En Sudán del Sur se promulgaron leyes para establecer comisiones de la verdad y reparación, pero el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur continuaba estancado.

En algunos casos, el enjuiciamiento de presuntos autores concluyó con sentencias condenatorias. En Guinea, el Tribunal Penal de Dixinn declaró a ocho personas, entre ellas el expresidente Moussa Dadis Camara, culpables de crímenes de lesa humanidad en relación con la masacre del estadio de Conakry, cometida en septiembre de 2009. La Corte Penal Internacional condenó a Al Hassan Ag Abdoul Aziz a 10 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Malí entre mayo de 2012 y enero de 2023.

Los gobiernos deben reforzar las medidas para prevenir y combatir la impunidad abriendo de inmediato investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos, poniendo a disposición de la justicia a las personas presuntamente responsables y garantizando el de las víctimas a un recurso efectivo.