Los derechos humanos en América

Resumen de la situación de los derechos humanos en América y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2024.

En la región de las Américas se seguía estigmatizando, hostigando y agrediendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos con prácticas como la detención arbitraria, las campañas de difamación, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la vigilancia ilegal, el homicidio, las amenazas, la tortura y los juicios sin las debidas garantías.

La libertad de expresión corría peligro por los ataques y el hostigamiento practicados contra la prensa, incluido el homicidio de periodistas y la vigilancia ilícita de la población. Las normas restrictivas y la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad obstaculizaban el ejercicio del derecho a la protesta.

Los Estados no investigaban las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, ni ofrecían reparación a quienes los sufrían. Se registraron algunos avances de carácter limitado en materia de rendición de cuentas por la represión política y los crímenes cometidos en el pasado. El sistema interamericano de derechos humanos siguió desempeñando un papel fundamental en la labor llevada a cabo en la región para obtener verdad, justicia y reparación.

Los juicios sin las debidas garantías y las detenciones arbitrarias y masivas se seguían dando cotidianamente como forma de represión o como parte de las estrategias de seguridad pública. En algunos países se celebraban juicios injustos ante tribunales y otros órganos jurisdiccionales carentes de independencia.

El racismo contra las personas negras y la discriminación contra los pueblos indígenas seguían estando muy extendidos en la región. Se registraron casos de discriminación contra personas LGBTIQ+ en toda la región. La violencia afectó gravemente a las personas transgénero.

Los Estados no adoptaron las medidas necesarias para reducir al mínimo las repercusiones que la crisis climática tenía en los derechos humanos. Los incendios forestales, la subida del nivel mar, la erosión del litoral y las inundaciones afectaron a comunidades de varios países.

Tampoco cumplieron los Estados con su deber de garantizar los derechos económicos y sociales, lo que afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación. La pobreza y la desigualdad estaban muy extendidas en la región. Los servicios de salud eran inadecuados y carecían de fondos suficientes, y la inseguridad alimentaria afectaba a millones de personas.

La violencia de género, incluidos el femicidio/feminicidio y la violencia sexual, persistía y quedaba impune en toda la región. Se obstaculizaba el al aborto, en la legislación y en la práctica, principalmente a quienes sufrían formas múltiples de discriminación. Varios países implantaron políticas, por ley o práctica, que reducían el a los servicios de salud reproductiva.

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo violencia, discriminación y marginación, y varios Estados les negaban su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Los abusos contra los derechos humanos cometidos por actores estatales y no estatales estaban a menudo vinculados con la tenencia de tierras, con cuestiones relativas a la concesión de títulos de propiedad y con las industrias extractivas.

Miles de personas seguían abandonando sus países y circulaban por toda la región solicitando protección internacional, debido a la persecución, las violaciones de derechos humanos, la inseguridad, y los efectos negativos del cambio climático. Muchas personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sufrían violencia, xenofobia y racismo, y se enfrentaban a obstáculos burocráticos y jurídicos para ejercer sus derechos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

América seguía siendo una región peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, que eran objeto de detención arbitraria, campañas de difamación, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vigilancia ilegal, homicidio, amenazas, tortura, y juicios injustos, entre otros abusos. En toda la región, las mujeres y las personas afrodescendientes, indígenas y LGBTIQ+ constituían los grupos de población más vulnerables de entre quienes defendían los derechos humanos. Las mujeres que buscaban a personas desaparecidas estaban expuestas a un nivel elevado de riesgo.

En países como Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro de ser objeto de ataques y hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales y los actores no estatales. En Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufrieron amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente —tres de los cuales eran líderes indígenas— perdieron la vida de forma violenta.

Los gobiernos no garantizaban mecanismos adecuados de protección a las personas defensoras de los derechos humanos. En Brasil, el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos funcionaba en menos de la mitad de los estados del país. En Honduras, las organizaciones locales expresaron su preocupación por la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección. En Perú, el Ministerio del Interior seguía careciendo de un protocolo para coordinar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos con la policía. Pese a esta tendencia, se registraron algunos avances de carácter limitado en Guatemala, donde el gobierno reactivó el organismo encargado de analizar los riesgos que afectaban a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Los Estados deben garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. Las ONG y otras asociaciones y movimientos de derechos humanos deben ser respetadas y poder desarrollar su labor.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El espacio cívico como intersección de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión se veía amenazado por los gobiernos de la región en lo que constituía una tendencia creciente y preocupante.

La libertad de expresión corría peligro debido a los ataques y el hostigamiento contra la prensa que tenían lugar en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Colombia y México, varios de esos ataques desembocaron en muertes violentas. En Argentina y El Salvador, las periodistas sufrían violencia digital, que incluía acoso sexual.

Las autoridades de varios países criminalizaban y estigmatizaban a quienes ejercían el periodismo. En Cuba, las autoridades citaron entre septiembre y octubre al menos a 20 periodistas, a quienes amenazaron con el enjuiciamiento penal y obligaron a grabar vídeos en los que se autoinculpaban. También les confiscaron los celulares y los ordenadores personales. En Nicaragua se confiscaron activos de medios de comunicación, y en Venezuela se siguieron cerrando emisoras de radio y el gobierno dificultaba el a plataformas de redes sociales. En México, al menos cuatro periodistas fueron asesinados, y se filtraron y publicaron en un sitio web los datos personales de más de 324 periodistas, facilitados a la presidencia con fines de acreditación.

Algunos gobiernos no cejaron en su empeño de controlar, restringir o cerrar las ONG. Paraguay y Venezuela aprobaron proyectos de ley que aumentaban el control sobre las organizaciones de la sociedad civil y daban lugar a restricciones arbitrarias, como el cierre y el procesamiento penal de sus . En Perú se presentó un proyecto de ley similar que seguía pendiente de aprobación al concluir el año.

Continuaban ejerciéndose la vigilancia ilícita y otras prácticas que vulneraban la privacidad. En Argentina y Chile se tuvo noticia de prácticas de vigilancia masiva mediante el reconocimiento facial y otras tecnologías. En Estados Unidos, planteaba motivos de preocupación similares una aplicación para teléfonos celulares con funcionalidades de reconocimiento facial y localización por GPS, que era obligatoria para los trámites relacionados con la inmigración y el refugio. En Colombia hubo controversia en torno a la presunta compra en 2021 y uso de Pegasus, un software espía muy invasivo que permitía el pleno y sin restricciones a los dispositivos.

La represión y los obstáculos al ejercicio de la protesta seguían siendo motivo de preocupación en la región. Las fuerzas del orden reprimieron protestas en Argentina, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, entre otros países. En Canadá y Estados Unidos, los agentes encargados de hacer cumplir la ley respondieron con violencia a las manifestaciones universitarias pacíficas celebradas contra el genocidio que Israel cometía en Gaza. Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y el 30 de julio se celebraron en Venezuela 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas de forma violenta por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales. En Argentina, Nicaragua y Perú se aprobaron o propusieron nuevas normativas restrictivas sobre el derecho a la protesta, lo que puso de manifiesto el deterioro del espacio de la sociedad civil.

Los Estados deben derogar las leyes y abolir las prácticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y prohibir la vigilancia ilícita ejercida por agentes estatales y no estatales.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Los Estados no investigaban las desapariciones forzadas que tenían lugar en la región ni ofrecían reparación a quienes las sufrían. En Argentina, el ejecutivo ordenó el cierre de la Unidad Especial de Investigación dedicada a la localización de niños y niñas arrebatados a sus familias y sometidos a desaparición forzada durante el régimen militar de 1976-1983. En Perú entró en vigor una ley que establecía la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de 2002. En Colombia, Cuba, Ecuador, México y Venezuela hubo nuevos casos de desaparición forzada.

Los homicidios ilícitos quedaban impunes, y algunos casos podían constituir ejecución extrajudicial. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado señaló un repunte de las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales en el primer semestre del año. En varios estados de México hubo de las fuerzas armadas que atacaron y mataron a personas, entre ellas migrantes y menores de edad. En Venezuela, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental de las protestas que suscitaron unas elecciones presidenciales que fueron impugnadas. La población reclusa de Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela sufría tortura y otros malos tratos.

En Haití seguían sin disminuir los abusos contra los derechos humanos cometidos por las bandas delictivas, que fueron responsables de innumerables casos de homicidio y mutilación, violación y otras formas de violencia sexual, ataques contra centros educativos y hospitales, secuestros y la negación de a la ayuda humanitaria.

En Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela continuó la falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos durante las protestas y otras formas de represión política ejercida en años anteriores. No obstante, durante el año hubo algunas noticias positivas, como el inicio de procedimientos penales en varios casos de represión que habían sucedido poco tiempo atrás en Chile y Perú. En Brasil, cinco policías militares estaban acusados de secuestro y privación ilegítima de libertad en el caso de Davi Fiuza, que había sido sometido a desaparición forzada en 2014; y, en octubre, dos hombres fueron declarados culpables del asesinato de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco y de su chófer, Anderson Gomes, cometido en 2018. En Paraguay, un policía retirado fue condenado a 30 años de prisión por actos de tortura cometidos en 1976, durante el régimen militar.

Los mecanismos de verdad y reparación eran fructíferos, pero seguían siendo insuficientes. En Brasil se reanudaron parcialmente las políticas relacionadas con la memoria y la verdad, como la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos. En México, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico presentó dos informes que abordaban las violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. En Perú, una resolución judicial inició el proceso de reparación integral de las víctimas de esterilización forzada durante la década de 1990. La Corte Penal Internacional autorizó que se reanudara la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El sistema interamericano de derechos humanos siguió desempeñando un papel fundamental en la labor llevada a cabo en la región para obtener verdad, justicia y reparación. Entre otras cuestiones, sus órganos expresaron preocupación por el envenenamiento por mercurio de los pueblos indígenas de Canadá, promovieron la restitución de tierras a favor de la comunidad garífuna de Honduras y dictaron órdenes de protección en favor de personas detenidas de forma arbitraria en Nicaragua. También declararon a Colombia responsable de llevar a cabo una campaña de persecución contra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y, a Argentina, de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque ocurrido en 1994 en la sede del centro Asociación Mutual Israelita Argentina.

Los Estados deben garantizar verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, y llevar ante la justicia a todas las personas sospechosas de tener responsabilidad penal, garantizándoles juicios justos ante tribunales civiles ordinarios.

Detención arbitraria y juicios injustos

Los juicios sin las debidas garantías y las detenciones arbitrarias se seguían dando cotidianamente como forma de represión o en el marco de las estrategias de seguridad pública. En Cuba, 14 personas fueron condenadas por haber participado en unas protestas pacíficas celebradas en 2022 en el municipio de Nuevitas. En Guatemala, la exfiscal Virginia Laparra fue declarada culpable en un procedimiento penal infundado, poco después de quedar en libertad en otro procedimiento arbitrario, por lo que se vio obligada a exiliarse. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua documentó que al menos 151 personas habían sido detenidas en el país por motivos políticos. En Estados Unidos, el activista indígena Leonard Peltier seguía cumpliendo dos condenas a cadena perpetua, pese a que había motivos serios de preocupación sobre su declaración de culpabilidad y condena. En Venezuela, los defensores y defensoras de los derechos humanos y quienes ejercían el periodismo seguían siendo objeto de criminalización y detención arbitraria, un riesgo que corrían personas de toda condición y, tras las elecciones, se registraron al menos 2.000 detenciones arbitrarias, entre ellas las de 200 menores de edad.

Seguían suscitando preocupación las detenciones masivas, así como las que se practicaban sin garantías procesales, en el marco de estrategias de seguridad. En Ecuador, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo miles de posibles detenciones arbitrarias, al parecer sin siquiera pretender justificarlas. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba que el estado de excepción vigente en El Salvador había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó preocupación por el uso sistemático de la detención arbitraria en México, especialmente el empleo de la figura del arraigo (prisión cautelar sin cargos) y la prisión preventiva oficiosa (automática); pese a ello, el Congreso de México amplió el listado de delitos en los que se aplicaba la prisión preventiva oficiosa. En Estados Unidos, las autoridades ampliaron de forma masiva y arbitraria el sistema de detención de las personas migrantes.

En algunos países, como Venezuela, las detenciones arbitrarias iban acompañadas de desapariciones forzadas de corta duración y solían ir seguidas de juicios sin las debidas garantías ante tribunales carentes de independencia. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados expresó su preocupación por la situación del derecho a la independencia e imparcialidad de los jueces en Bolivia ante el retraso de las elecciones judiciales, que superaba el año. Durante una visita a Guatemala, la CIDH señaló que la criminalización infundada constataba una falta de independencia judicial en el país. México reformó su Constitución para incluir la elección de los cargos judiciales a todos los niveles, lo que iba en menoscabo de la independencia judicial.

Las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la detención arbitraria y para garantizar el derecho a un juicio justo.

Discriminación

El racismo contra las personas negras y la discriminación contra los pueblos indígenas estaban muy extendidos en la región. En agosto, la CIDH reconoció que el racismo estructural y la discriminación racial representaban obstáculos para el disfrute pleno de los derechos de las personas y comunidades tribales afrodescendientes, y pidió a los Estados que aplicaran una justicia reparadora integral.

En Brasil, Ecuador y Estados Unidos, las medidas de cumplimiento de la ley se dirigían selectivamente contra la población afrodescendiente o afectaban a ésta de forma desproporcionada. En Canadá, el Tribunal Federal examinó una solicitud de autorización de una demanda colectiva interpuesta contra el gobierno por empleados y exempleados de los servicios públicos federales por el racismo practicado contra las personas negras al contratar personal. En República Dominicana, la discriminación racial seguía siendo generalizada y estructural, especialmente en relación con la población dominicana de ascendencia haitiana y la haitiana solicitante de asilo que buscaba protección.

En Brasil, el Ministerio de los Pueblos Indígenas informó de que la inseguridad alimentaria afectaba a 537.941 personas indígenas. En Canadá, la policía mató a nueve personas indígenas en distintos incidentes sucedidos en un mes. En Colombia, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes seguían sufriendo de forma desproporcionada las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, así como desplazamiento forzado en gran escala.

Se registraron casos de discriminación contra personas LGBTIQ+ en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. La violencia afectaba gravemente a las personas transgénero. En Brasil, la organización de derechos humanos Grupo Gay de Bahía señaló en un informe publicado en 2024 que el año anterior se habían registrado 257 muertes violentas, en su mayoría de personas jóvenes transgénero negras. En Colombia, la ONG Caribe Afirmativo informó de que habían sido asesinadas al menos 21 mujeres transgénero. En México, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil informaron de que se habían cometido al menos 59 transfeminicidios.

Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para poner fin al racismo, la discriminación y demás formas de intolerancia, y garantizar que se proporciona reparación a las víctimas.

Derecho a un medioambiente saludable

Los Estados no adoptaron las medidas necesarias para reducir al mínimo las repercusiones que la crisis climática tenía en los derechos humanos. Los gobiernos no abordaron adecuadamente sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abandonar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Países como Brasil, Ecuador y Venezuela aumentaron la extracción de petróleo y la quema de gas. Canadá y Estados Unidos —ambos de ingresos altos y con volúmenes elevados de emisiones— no abordaron el uso de combustibles fósiles en la producción de energía y seguían siendo de los países que más gases de efecto invernadero emitían. Además, bloquearon el acuerdo sobre un nuevo objetivo de financiación climática adecuado en la COP29.

Los incendios que tenían lugar en la región, especialmente en la cuenca amazónica, causaban la pérdida masiva de ecosistemas frágiles y afectaban la capacidad de los sumideros de carbono para mitigar el calentamiento global. Hubo incendios forestales extensos en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú. La respuesta de los gobiernos a los efectos de los incendios sobre los ecosistemas y los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas y la comunidades rurales, fue insuficiente.

El agravamiento de los efectos del cambio climático —como la subida del nivel mar, la erosión del litoral y las inundaciones— afectó a comunidades de toda la región de las Américas. En Brasil, las inundaciones que tuvieron lugar en el estado de Río Grande del Sur dejaron a 2,3 millones de personas damnificadas y obligaron a desplazarse a 600.000. En Honduras, las comunidades del golfo de Fonseca denunciaron los efectos negativos que el aumento del nivel del mar tenía sobre sus medios de vida. En México, las familias de la comunidad El Bosque, que había sido evacuada en 2023 por el ascenso del nivel del mar atribuido al cambio climático, fueron reubicadas y recibieron nuevas viviendas tras las actuaciones judiciales emprendidas por de la comunidad.

Los gobiernos deben abordar con urgencia los efectos de la crisis climática en los derechos humanos, adoptando medidas locales, nacionales y regionales que incluyan el abandono gradual del uso de combustibles fósiles, y solicitando ayuda internacional y financiación climática cuando sea necesario. Los países de ingresos altos y con volúmenes elevados de emisiones deben dotar de financiación suficiente a la acción climática.

Derechos económicos y sociales

Los Estados no cumplieron con su deber de garantizar los derechos económicos y sociales, lo que afectó especialmente a los grupos que sufrían discriminación. La pobreza y la desigualdad seguían siendo cuestiones problemáticas en la región. En Argentina, la aplicación de medidas de austeridad afectó de forma desproporcionada a los niños y niñas y a las personas de edad avanzada.

Los servicios de salud eran inadecuados y carecían de fondos suficientes, lo que dificultaba el a los servicios y los medicamentos en Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En Brasil, los casos de dengue aumentaron y provocaron 6.041 fallecimientos, en comparación con los 1.179 registrados en 2023. En Haití, el sistema de salud se enfrentó a dificultades graves que lo llevaron al borde de colapso. En Puerto Rico, la insuficiencia del suministro eléctrico hacía peligrar la salud y la vida de las personas que dependían de aparatos eléctricos. En Uruguay, el a los servicios de salud mental era insuficiente ante una demanda cada vez mayor. Pese a la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de destinar un 6% del producto interno bruto al gasto en salud, México y Paraguay —por nombrar dos ejemplos— asignaron sólo el 2,9% y el 4%, respectivamente.

La inseguridad alimentaria afectaba a millones de personas, incluidos niños y niñas, en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Haití y Venezuela. En Argentina, la pensión mínima no cubría el costo de la vida. En Cuba, el gobierno redujo considerablemente el suministro de “canastas básicas” subsidiadas y la población tenía que hacer largas filas para acceder a los comestibles. En Haití, los niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición eran alarmantes y casi la mitad de la población necesitaba ayuda humanitaria. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación visitó Venezuela e informó de que casi el 53% de la población sufría pobreza extrema, al carecer de ingresos suficientes para adquirir una “canasta básica”.

Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para abordar la pobreza y la desigualdad y para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, específicamente los económicos, sociales y culturales.

Violencia sexual y de género

La violencia de género, incluido el femicidio/feminicidio, persistía y quedaba impune en toda la región. Diversas fuentes denunciaron cifras alarmantes de este tipo de delitos en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Ni Cuba ni República Dominicana contaban con legislación que tipificara específicamente el femicidio/feminicidio como delito penal.

En Argentina se registró un femicidio cada 33 horas, pese a lo cual el gobierno aplicó recortes presupuestarios a las políticas que abordaban la violencia de género. En Guatemala hubo ciertos avances al reconocer el gobierno la responsabilidad del Estado por los feminicidios de María Isabel Véliz Franco y Claudina Velásquez, cometidos a principios de la década de 2000, tal como había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 y 2015, respectivamente.

Las mujeres y las niñas de la región también se veían afectadas por otras formas de violencia. En Brasil, el Ministerio Público Federal realizaba de forma activa el seguimiento de varios casos de violencia política por motivos de género. En Canadá, varias organizaciones pidieron al gobierno y las alcaldías del estado de Ontario que elevaran la violencia de género en la pareja a la categoría de epidemia. En República Dominicana, los medios de comunicación informaron del recurso a la violencia sexual y de género durante las operaciones relacionadas con la inmigración. En Haití, la violencia sexual y de género, incluida la violación, aumentó en el primer semestre del año. En Perú, el gobierno registró 12.924 casos de violación de mujeres y niñas. En Estados Unidos, los datos del gobierno indicaban que las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país tenían una probabilidad 2,2 veces mayor de sufrir violencia sexual que las no indígenas.

Las autoridades deben poner fin a la impunidad de los delitos violentos cometidos contra las mujeres y las niñas e intensificar los esfuerzos para prevenirlos.

Derechos sexuales y reproductivos

Se seguía obstaculizando el al aborto, en la legislación y en la práctica, y las personas que sufrían formas entrecruzadas de discriminación se veían afectadas de forma desproporcionada. El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana continuaban prohibiendo el aborto en todas las circunstancias. La penalización parcial del aborto continuaba siendo causa de preocupación. En Brasil, el Ministerio de las Mujeres informó de que la prohibición del aborto afectaba de forma desproporcionada a las mujeres que vivían en situación de pobreza. En Perú, el aborto terapéutico era el único legal y el a él se demostraba insuficiente. En Venezuela no se registraron avances en la mejora de los derechos sexuales y reproductivos, y el aborto continuó penalizado.

Varios países implantaron políticas, por ley o práctica, que reducían el a los servicios de salud reproductiva. En Argentina, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva anunció que había escasez de suministros básicos necesarios para los servicios de aborto. En Chile había instituciones y profesionales de atención sanitaria que se negaban a prestar servicios de aborto por sus creencias religiosas o morales, en menoscabo del derecho de las personas embarazadas a acceder a esos servicios. En Puerto Rico se aprobó el Proyecto del Senado 495, que imponía restricciones al aborto para menores de edad y exigía la autorización de un progenitor o tutor legal para llevar a cabo ese procedimiento. En Estados Unidos, las prohibiciones y restricciones relativas al aborto ponían en peligro la vida y la salud de las personas y agravaban las barreras a esta práctica que soportaban las personas negras y de otros grupos racializados, indígenas, inmigrantes en situación irregular, transgénero, residentes de zonas rurales o que vivían en situación de pobreza. Cada vez más personal médico abandonaba los estados en los que la prohibición del aborto era rigurosa, lo que hacía aumentar la desigualdad regional en el a los servicios de salud reproductiva, especialmente en las zonas rurales y de ingresos bajos.

No obstante, hubo algunos avances, como la publicación de una normativa de salud en Colombia que otorgaba a servicios de aborto legal hasta la semana 24 de embarazo, en cumplimiento de una sentencia de 2022 de la Corte Constitucional. En México, siete estados adoptaron legislación que despenalizaba el aborto, aunque otro redujo de 12 a seis el límite de las semanas de gestación en las que el aborto era legal.

Las autoridades deben garantizar el al aborto sin riesgos y los demás derechos sexuales y reproductivos.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y marginación, y los Estados no respetaban sus derechos. El derecho al consentimiento libre, previo e informado se negaba en varios países. El gobierno boliviano no implementó procesos significativos que garantizaran el consentimiento en relación con los proyectos extractivos que afectaban a los territorios indígenas. Canadá negoció un acuerdo de libre comercio con Ecuador sin consultar a los pueblos indígenas.

Los abusos contra los derechos humanos cometidos por actores estatales y no estatales estaban a menudo vinculados con la tenencia de tierras y con cuestiones relativas a la concesión de títulos de propiedad. En Brasil, centenares de conflictos que afectaban a los pueblos indígenas se debían en gran medida a la falta de demarcación de tierras, un proceso que avanzaba con lentitud. En Guatemala, decenas de comunidades indígenas y campesinas corrían peligro de sufrir desalojo forzoso. En Paraguay, la comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense seguía esperando que se le restituyera su territorio ancestral, del que la empresa de energía hidroeléctrica Itaipú Binacional se había apropiado. La CIDH expresó su preocupación por las repercusiones continuadas que la minería ilegal tenía en la vida, la salud y la supervivencia del pueblo Yanomami de Venezuela.

Los pueblos indígenas siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento y violencia en toda la región, incluida la falta de protección del Estado frente la violencia en Brasil, el hostigamiento practicado por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Chile y el desplazamiento forzado interno en México y Nicaragua. En Colombia, la Defensoría del Pueblo denunció que el 50% de los niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos armados eran indígenas. En Canadá, el informe de la interlocutora especial independiente sobre Menores Desaparecidos y Tumbas y Lugares de Enterramiento sin Identificar reconocía que los internados indígenas eran “instituciones coloniales de genocidio”. En Estados Unidos, el Departamento del Interior publicó su informe final relativo a la iniciativa sobre los internados indígenas federales, en el que se determinaban al menos 74 lugares de enterramiento identificados y sin identificar en el terreno de 65 centros educativos y se confirmaban no menos de 973 muertes.

Los Estados deben respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluida la propiedad y control de sus tierras y recursos, y adoptar medidas para eliminar la discriminación y la violencia ejercidas contra ellos.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Millares de personas seguían abandonando sus países y circulaban por toda la región debido a la persecución, las violaciones de derechos humanos, la inseguridad y los efectos negativos del cambio climático. En la región de las Américas, la población migrante, refugiada y solicitante de asilo sufría xenofobia y racismo. Al terminar el año, más de 7,89 millones de personas venezolanas habían huido de su país desde 2015; y también se huía de Cuba, El Salvador, Haití y Honduras a causa de la violencia y las violaciones de derechos humanos. En junio, la CIDH señaló con preocupación que la respuesta de muchos Estados a la migración contemplaba la externalización y militarización de las fronteras y la deportación sin garantías procesales.

Las personas refugiadas y migrantes se enfrentaban a obstáculos burocráticos y jurídicos para ejercer sus derechos. En Canadá, el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales seguía vinculando a las personas trabajadoras migrantes con una única entidad empleadora que controlaba su situación migratoria y sus condiciones laborales y de vida, con lo que quedaban más expuestas a sufrir explotación laboral. En República Dominicana, el gobierno no informaba a quienes llegaban por primera vez al país sobre el procedimiento para solicitar asilo, obstaculizaba indebidamente la solicitud de visados y permisos de residencia, expulsaba de forma colectiva y sumaria a las personas haitianas y aplicaba políticas migratorias racistas. En México, el Instituto Nacional de Migración no aceleraba la expedición de visados por razones humanitarias a las personas solicitantes de asilo, lo que les impedía acceder a su derecho a la salud, la educación y el trabajo. En Perú, las autoridades siguieron expulsando a personas migrantes y refugiadas sin tener la garantía de que otro país las recibiera. Estados Unidos suspendió la entrada de solicitantes de asilo en la frontera con México, con lo que violaba el derecho de estas personas a buscar un lugar seguro y las forzaba a esperar en ese país, donde corrían peligro de extorsión, eran secuestradas y sufrían discriminación y violencia sexual y de género.

La población refugiada y migrante siguió siendo objeto de amenazas, violencia y hostigamiento. En República Dominicana, las ONG locales denunciaron que la violencia y el uso excesivo de la fuerza eran prácticas corrientes en las redadas. En Chile, el Congreso Nacional siguió debatiendo varios proyectos de ley que planteaban la criminalización de las personas refugiadas y migrantes.

Las autoridades deben suspender las expulsiones ilegales y respetar el principio de no devolución (non-refoulement). Los Estados deben combatir el racismo y la xenofobia y garantizar todos los derechos internacionalmente reconocidos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

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