Una manifestante tailandesa a favor de la democracia hace un gesto a la policía antidisturbios en Bangkok, cerca de donde los migrantes de Myanmar se manifestaban después de que el ejército de Myanmar detuviera a la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, y al presidente del país en un golpe de estado. (Foto de Lillian Suwanrumpha/AFP a través de Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en Asia y Oceanía y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2024.
La agitación política, la represión y los conflictos armados contribuyeron a configurar en la región un preocupante panorama en materia de derechos humanos. Sin embargo, pese a los enormes riesgos a los que se enfrentaban, quienes defendían los derechos humanos y hacían activismo continuaron reclamando sus derechos y denunciando la opresión.
Se adoptó legislación que restringió aún más los derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Con frecuencia, se respondió a las protestas haciendo un uso ilícito de la fuerza, lo cual provocó víctimas en numerosas ocasiones. Figuras políticas de oposición, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas, fueron sometidas a vigilancia, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y víctimas de homicidios ilícitos. La impunidad facilitó tanto éstas como otras violaciones de derechos humanos, si bien una decisión judicial y las recomendaciones formuladas por una comisión de la verdad ofrecieron esperanzas de reparación para las víctimas en Japón y en Corea del Sur.
Las condiciones climáticas extremas, el aumento del nivel del mar y otros fenómenos de aparición lenta provocaron más devastación, pese a lo cual los gobiernos siguieron sin tomar las medidas urgentes necesarias para abordar el cambio climático y adaptarse a los daños asociados a él.
En Myanmar, el considerable recrudecimiento del conflicto armado dio lugar a nuevas violaciones graves del derecho internacional. En Afganistán, los derechos se restringieron aún más bajo el gobierno talibán, sobre todo los de las mujeres y las niñas, mientras que en China y Corea del Norte se siguió reprimiendo con dureza la disidencia.
En algunos países avanzó el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+. Sin embargo, la discriminación y la violencia sistemáticas por motivos de género contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ siguieron siendo prácticas generalizadas. En los proyectos extractivos y de infraestructuras, habitualmente se hizo caso omiso de los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas y basadas en la ascendencia. Siguieron cometiéndose numerosas violaciones de los derechos económicos y sociales, entre ellos los relativos a la vivienda y a la educación. Las expulsiones y la detención arbitraria por tiempo indefinido a menudo pusieron en peligro a las personas que huían de los conflictos y de la represión.
En la región continuó disminuyendo el espacio para la libertad de expresión. En países como Indonesia, Nepal y Papúa Nueva Guinea, personas que trabajaban para medios de comunicación sufrieron violencia e intimidación. En Afganistán se prohibieron más medios de comunicación, entre ellos dos canales de televisión privados cuyas emisiones quedaron suspendidas por criticar a los talibanes. En Myanmar se condenó a periodistas a largas penas de prisión. En Pakistán, al menos siete periodistas perdieron la vida en ataques selectivos, y decenas más fueron detenidos y acusados en aplicación de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos.
En Bangladesh, Malasia, Pakistán y Vietnam entraron en vigor nuevas leyes que restringían el derecho a la libertad de expresión. En Sri Lanka se temía que la nueva Ley de Seguridad en Línea, que era imprecisa en la definición de los delitos y otorgaba amplias facultades a las autoridades, pudiera utilizarse para restringir más la libertad de expresión. En India, las nuevas leyes que sustituyeron a las de la época colonial también eran restrictivas, y conservaban el delito de sedición, utilizado para reprimir las voces críticas con el gobierno. El gobierno chino aprobó nuevas medidas para impedir que las personas usuarias de Internet en China continental emplearan jerga y otras “expresiones oscuras” para eludir la censura. En Hong Kong, con la aprobación por las autoridades de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional se introdujeron las definiciones imprecisas de “seguridad nacional” y “secretos de Estado” que ya se aplicaban en China continental, se reforzaron las competencias en materia de imposición de la ley y se endurecieron las penas.
En numerosos países se procesó a las personas que criticaban al gobierno. En Tailandia se siguió enjuiciando y encarcelando a activistas en favor de la democracia en aplicación de la legislación relativa al delito de lesa majestad y otras leyes restrictivas. En Camboya se detuvo y acusó de incitación a un periodista de renombre internacional por sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos que se cometían en los recintos de ciberestafas. En Singapur se obligó a las voces críticas con el gobierno —incluidas las que se oponían a la pena de muerte— a publicar “correcciones” por haber difundido “falsedades en Internet”. En Laos, dos artistas fueron detenidos por publicaciones satíricas en las redes sociales en las que criticaban el mal estado de las vías públicas, mientras que en China se detuvo a un célebre artista por sus obras, en las que, desde hacía decenios, criticaba a la cúpula del Partido Comunista.
En algunos países, el estrecho control de las comunicaciones tanto dentro como fuera de Internet restringió aún más el a la información y limitó en exceso la libertad de expresión. En Corea del Norte, el gobierno siguió prohibiendo el o con el mundo exterior, mientras que en Pakistán se impusieron restricciones arbitrarias a Internet. En Bangladesh e India, las autoridades impusieron cierres temporales de Internet, teóricamente para mantener el orden público, aunque en la práctica se utilizaron para reprimir la disidencia. En Malasia, el director y el productor de una película que había sido prohibida fueron acusados de “ofender los sentimientos religiosos”.
Siguió preocupando el empleo de las tecnologías de vigilancia. En Indonesia, Amnistía Internacional documentó la amplia importación y utilización de programas espía altamente intrusivos por parte de organismos del Estado y empresas privadas. En Tailandia, un tribunal desestimó una demanda interpuesta por un activista en favor de la democracia contra la empresa de cibervigilancia NSO Group por haber facilitado el empleo de su programa espía Pegasus para piratear su teléfono móvil.
Los intentos de silenciar a personas críticas que residían en el extranjero se volvieron más generalizados. Se siguió vigilando a estudiantes de China continental y de Hong Kong que cursaban estudios en otros países. Las autoridades de Hong Kong emitieron nuevas órdenes de arresto y cancelaron los pasaportes de activistas en favor de la democracia que vivían en el extranjero, y también ofrecieron recompensas económicas a cambio de información que pudiera facilitar detenciones. Se recluyó en espera de juicio a un abogado de derechos humanos que se ocupaba de casos de índole política y había sido devuelto a China desde Laos en 2023.
Los gobiernos deben revocar o reformar las leyes que violen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como tomar medidas para proteger la expresión de opiniones políticas y de otra índole con el fin, entre otros, de salvaguardar la libertad de prensa.
Los gobiernos de la región reprimieron las protestas. En Bangladesh se respondió con uso ilícito de la fuerza a las protestas estudiantiles desencadenadas por el restablecimiento de una ley que reservaba un porcentaje de los empleos públicos a descendientes de veteranos de la guerra de independencia. Ante el estallido de protestas antigubernamentales en todo el país, se desplegó al ejército y se ordenó “disparar sin previo aviso”, con lo que cerca de mil personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas. En Indonesia, la policía empleó fuerza excesiva e innecesaria contra las protestas multitudinarias por la reforma de la ley electoral. Aunque posteriormente se retiró la reforma propuesta, muchas de las personas que se manifestaron resultaron heridas y cientos fueron detenidas de manera arbitraria.
En Nepal, las protestas fueron disueltas por la fuerza y se detuvo a manifestantes que no habían utilizado la violencia. En la capital, Katmandú, la policía utilizó en varias ocasiones gas lacrimógeno y cañones de agua para disolver manifestaciones. En India, el empleo de fuerza excesiva por parte de la policía contra protestas agrícolas provocó, al menos, una muerte. En Hong Kong, las autoridades desplegaron a la policía para impedir que se conmemorara la represión de Tiananmen en 1989. Como en años anteriores, se detuvo a varias personas por su participación en actos de ese tipo. En Papúa Nueva Guinea, la policía detuvo y acusó a varios hombres que protestaban contra su desalojo de un asentamiento informal de la capital, Port Moresby. En Corea del Sur quedaron suspendidos los derechos fundamentales, incluido el derecho de reunión, tras la declaración de la ley marcial por su presidente, decisión que la Asamblea Nacional anuló rápidamente. Más tarde, el presidente fue suspendido de su cargo y, a finales de diciembre, se emitió una orden de arresto contra él.
Se hostigó y detuvo a quienes pedían el fin de la guerra de Gaza y defendían los derechos de la población palestina. En Fiyi, la policía prohibió llevar banderas israelíes y palestinas a quienes se manifestaban, e intimidó a personas que protestaban pacíficamente. En Singapur, las autoridades investigaron a varias personas por protestar contra la venta de armas a Israel y presentó cargos contra tres mujeres que intentaban entregar una petición contra la guerra en el palacio presidencial. En Maldivas, dos mujeres fueron detenidas en manifestaciones donde se pedía el boicot de los productos israelíes. En Malasia, la policía detuvo a personas que se manifestaban a favor de Palestina ante la embajada de Estados Unidos en la capital del país, Kuala Lumpur.
También se intensificaron los ataques contra el derecho a la libertad de asociación. En Tailandia, un tribunal ordenó la disolución del opositor Partido Avanzar, el que más escaños había obtenido en las elecciones parlamentarias de 2023, e inhabilitó para el ejercicio de cargos políticos a 11 de sus dirigentes. En Filipinas, el gobierno continuó actuando contra organizaciones y personas activistas “etiquetadas como rojas” —a las que se les atribuían vínculos con grupos comunistas proscritos—, acusándolas de delitos de terrorismo. En Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka se impidió a los trabajadores y trabajadoras de la confección ejercer su derecho a la libertad de asociación para luchar contra los bajos salarios y la extrema informalidad laboral. En Bangladesh murió al menos una persona que trabajaba en la confección y decenas más resultaron heridas cuando la policía disparó contra un acto de protesta en el que se pedían mejoras salariales.
Los gobiernos deben garantizar la protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Deben impedir el uso ilícito de la fuerza contra manifestantes, y revisar y reformar la legislación, las políticas y las prácticas que violan los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Las condiciones climáticas extremas, los fenómenos de aparición lenta y la contaminación atmosférica —agravados por el cambio climático— tuvieron consecuencias devastadoras en toda la región y afectaron de forma desproporcionada a los sectores de población más pobres y marginados. En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29), varios países de renta alta y con elevadas emisiones de carbono de la región se aliaron con otros países de altos ingresos para bloquear el acuerdo sobre los niveles adecuados de financiación climática exigido por los países de bajos ingresos.
El sur de Asia se vio de nuevo golpeado por olas de calor extremo y graves inundaciones, que afectaron a millones de personas. En el estado indio de Assam, las inundaciones provocaron la muerte de al menos 113 personas. En Bangladesh quedaron desplazadas medio millón de personas. En Afganistán, Nepal y Pakistán, las inundaciones y los corrimientos de tierra también provocaron cientos de muertes, así como el desplazamiento de miles de personas. En la capital india, Delhi, y en varias ciudades de Pakistán, la contaminación atmosférica alcanzó niveles sin precedentes, lo que provocó muertes en ambos países, sobre todo entre las comunidades marginadas.
Se apreciaron ciertos avances en la reducción de las emisiones de carbono y en la mejora de las salvaguardas ambientales, pero en general la respuesta de la región al cambio climático y a la degradación ambiental fue insuficiente. En China, la capacidad de generar energía a partir de combustibles no fósiles superó por primera vez la de obtenerla a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, siguió preocupando el ritmo al que el país construía centrales eléctricas de carbón en el extranjero. En Papúa Nueva Guinea se designó como zona protegida el 30% del territorio, pero el país siguió siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. En Corea del Sur, una sentencia judicial histórica exigió al gobierno que revisara sus objetivos con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero a fin de proteger a las generaciones futuras. Las naciones insulares de Oceanía apoyaron el comienzo de las audiencias judiciales de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones y responsabilidades de los Estados en relación con el cambio climático.
Fueron muchos los gobiernos que incumplieron los objetivos que se habían fijado, especialmente en materia de reducción de combustibles fósiles, pese a haberse comprometido a cumplirlos. La inversión de Japón en proyectos de gas natural licuado en el extranjero siguió socavando los esfuerzos mundiales para reducir el empleo de combustibles fósiles. Australia perjudicó los avances en ese terreno con sus planes de incrementar la producción de carbón y gas para 2030, en lugar de reducirla. En Nueva Zelanda, una nueva ley socavó las protecciones ambientales, y en Indonesia sendos proyectos de ley y de normativa sobre la energía recibieron críticas por no facilitar la transición a las cero emisiones netas de carbono. Pese a haber sufrido graves daños provocados por el cambio climático, los objetivos de India en esta materia siguieron siendo calificados de “muy insuficientes”.
Los defensores y defensoras del medioambiente continuaron sufriendo persecución a causa de su trabajo. Entre ellos figuraba una destacada personalidad del movimiento contra el cambio climático en Vietnam, que se declaró por tercera vez en huelga de hambre en protesta por sus nefastas condiciones de reclusión. En Camboya se condenó por “conspiración” e “injurias al rey” a diez activistas ambientales del movimiento Mother Nature.
Los gobiernos deben aumentar su inversión en medidas de preparación y adaptación ante situaciones de catástrofe y dar prioridad a la protección de la población y los grupos marginados a los que la crisis climática afecta de manera desproporcionada, pidiendo incluso ayuda internacional y financiación climática, en caso de necesidad. Los países de renta alta y otros países con fuertes emisiones de carbono deben tomar la iniciativa en la mitigación del cambio climático, con medidas como detener la expansión de la producción de combustibles fósiles, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y garantizar que sus políticas climáticas son coherentes con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC.
En numerosos países de la región se sometió a detención arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas del ámbito político, entre otras personas. Con frecuencia, las personas detenidas sufrían tortura y otros malos tratos.
Según informes, en Afganistán había más de 20.000 personas encarceladas —1.500 de ellas, mujeres—, entre las que había personas a las que se consideraba parte de la oposición política y otras a las que se acusaba de violar el código moral talibán. Las personas detenidas corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, y también hubo informes de ejecuciones extrajudiciales. En Corea del Norte, las autoridades siguieron manteniendo recluidas a miles de personas en campos de presos y presas políticos, donde se enfrentaban a condiciones infrahumanas y sufrían tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual.
En China se condenó a prisión, entre otras personas, a activistas de los derechos laborales y periodistas ciudadanos por su defensa de los derechos humanos. En Hong Kong se impusieron penas de hasta 10 años de prisión a 45 activistas en favor de la democracia a quienes se había declarado culpables de “conspiración para cometer subversión” por haber organizado unas elecciones primarias no oficiales. En Vietnam, pese al deterioro de su salud, se negaba la atención médica a personas presas que cumplían largas penas de prisión por oponerse al gobierno. En Pakistán se recluyó bajo custodia militar a más de un centenar de civiles por su participación en actos de protesta contra la detención del ex primer ministro Imran Khan en 2023; de estas personas, 85 fueron condenadas a prisión por tribunales militares. Asimismo, había dirigentes de la oposición bajo custodia en espera de juicio. Continuó la campaña antidrogas del gobierno srilankés, muy criticada y violenta, que condujo a la detención arbitraria de decenas de miles de personas pertenecientes, sobre todo, a sectores socioeconómicos marginados.
Las autoridades deben abstenerse de utilizar indebidamente el sistema de justicia para atacar a personas en la oposición política y a otras que ejercen sus derechos legítimos a la libertad de expresión y de protesta pacífica, entre otros derechos humanos. Los Estados deben dejar en libertad e indemnizar a las personas que hayan sido recluidas de manera arbitraria, y prohibir y tipificar como delito la tortura y otros malos tratos.
Aunque en varios países de la región hubo algunos avances en lo que se refiere a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, la norma siguió siendo la impunidad, que dio lugar a más violaciones.
En Pakistán y Filipinas, donde la rendición de cuentas por la arraigada constante de las desapariciones forzadas era nula o escasa, a lo largo del año sufrieron desaparición forzada, entre otras personas, activistas de los derechos laborales y de tierras, oponentes del ámbito político y periodistas. En Afganistán, la falta de a la justicia facilitó aún más la cultura de la impunidad y las constantes violaciones de derechos humanos. El gobierno chino no tomó ninguna medida para exigir rendición de cuentas por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra uigures y otros grupos predominantemente musulmanes en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. El gobierno indio no sólo no intervino para detener la violencia étnica en el estado de Manipur, sino que tampoco procesó a ningún miembro de los grupos parapoliciales armados responsables de abusos contra los derechos humanos durante esos sucesos. En la región indonesia de Papúa, continuaron impunemente los homicidios ilegítimos de civiles en el contexto de la lucha armada independentista.
También hubo signos de esperanza. En Japón, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a indemnizar a las víctimas de una antigua ley “eugenésica” por la que fueron sometidas a esterilización forzada más de 16.000 personas con discapacidad o enfermedades crónicas. En Corea del Sur, un informe de una comisión de la verdad sobre la entrega forzosa en adopción de miles de bebés entre 1961 y 1987 recomendó ofrecer reparaciones a las víctimas. En Bangladesh, el nuevo gobierno provisional estableció una comisión de investigación sobre la desaparición forzada de activistas, figuras de la oposición política y otras personas entre 2009 y 2024.
Sin embargo, en otros lugares la justicia avanzó con pasos titubeantes. En Nepal, la nueva ley aprobada para avanzar hacia la justicia por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado no se ajustaba plenamente a las normas internacionales y podía impedir el encausamiento de algunas de las personas responsables. En Sri Lanka, la sociedad civil rechazó un anteproyecto de ley propuesto sobre la creación de una nueva comisión de la verdad y la reconciliación porque, entre otras razones, no se había sometido el texto a consulta significativa con las víctimas y el gobierno no había aplicado las recomendaciones formuladas por anteriores órganos de investigación.
Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos por luchar contra la impunidad y, a tal fin, emprender sin demora investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre los crímenes de derecho internacional y otros abusos graves contra los derechos humanos, hacer comparecer ante la justicia a las personas presuntamente responsables y garantizar el de las víctimas a un recurso efectivo.
En Myanmar se acusó tanto al ejército como a grupos armados de oposición de perpetrar crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, en un contexto de escalada del conflicto armado. La campaña de ataques indiscriminados y directos perpetrados por el ejército contra la población y las infraestructuras civiles se intensificó, con lo que el número total de víctimas mortales desde el golpe de Estado de 2021 ascendió a más de 6.000. Las fuerzas armadas continuaron recibiendo envíos de combustible de aviación, pese a las medidas internacionales para detener su suministro. El grupo armado de oposición Ejército de Arakán fue acusado de matar a civiles rohinyás e incendiar sus viviendas, lo que obligó a muchas de estas personas a huir de su tierra natal, en el estado de Rajine.
En Afganistán, los ataques de grupos armados —como el Estado Islámico del Gran Jorasán—, dirigidos sobre todo contra comunidades hazaras chiíes, se cobraron víctimas civiles. Según informes, también murió población civil en los ataques aéreos del ejército de Pakistán contra posiciones fronterizas talibanas.
Todas las partes implicadas en conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario, especialmente poniendo fin a los ataques directos contra la población y las infraestructuras civiles y a los ataques indiscriminados.
En Afganistán se agravó la crisis humanitaria. Según la ONU, más de la mitad de la población necesitaba ayuda humanitaria y el 85% vivía con menos de un dólar estadounidense al día. El a atención médica suponía un problema para toda la población, pero sobre todo para las mujeres y las niñas, y la UE advirtió de que sólo el 10% tenía a servicios sanitarios básicos. En Corea del Norte, según informes, el 40% de la población sufría desnutrición. Las políticas y las acciones de los gobiernos talibán y norcoreano contribuyeron de manera significativa a estas nefastas situaciones humanitarias.
En varios países, las autoridades continuaron llevando a cabo desalojos forzosos y demoliendo casas, lo que vulneraba el derecho a la vivienda. En India, un fallo del Tribunal Supremo declaró ilegal la demolición forzosa de inmuebles, pero sólo después de que el gobierno hubiera destruido miles de viviendas en años anteriores en una campaña continua de “castigo” a la población musulmana por actos de violencia entre comunidades. En Mongolia, casi 2.000 familias fueron desalojadas por la fuerza de terrenos situados en la capital, Ulán Bator. En Nepal se desalojó por la fuerza a familias residentes en asentamientos informales, que con frecuencia pertenecían a las comunidades marginadas dalit y tharu. En Camboya, las miles de personas que en años anteriores habían sido desalojadas de la ciudad de Angkor, Patrimonio de la Humanidad, no tuvieron derecho a interponer recursos. Muchas otras continuaron viviendo bajo amenaza de desalojo.
Se siguió negando el derecho a la educación a decenas de millones de niños y niñas de la región. Los talibanes siguieron prohibiendo que las niñas continuaran con sus estudios después de la escuela primaria. En Myanmar había millones de niños y niñas sin escolarizar a causa del conflicto armado y de los ataques deliberados del ejército contra centros de enseñanza. La cultura y la lengua tibetanas se vieron amenazadas por nuevos cierres de escuelas por el gobierno chino. En Laos, la disminución del gasto en el sector de la educación fue una de las preocupaciones expresadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con la disminución de la inversión pública en servicios sociales.
Siguieron recibiéndose informes sobre trabajo forzoso y condiciones laborales deficientes. La ONU calificó de generalizado e institucionalizado el trabajo forzoso en Corea del Norte, y afirmó que la práctica sistemática del trabajo forzoso en las prisiones podía equivaler al crimen de lesa humanidad de esclavitud. Personas de la comunidad tamil malaiyaha que trabajaban en plantaciones de té acusaron al gobierno de Sri Lanka de no proteger a los trabajadores y trabajadoras frente al trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y otros abusos contra los derechos humanos.
Los gobiernos deben actuar para garantizar que toda la población, sin discriminación, disfruta de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos a la alimentación, a la atención médica, a la vivienda y a la educación, y poner fin a la práctica del trabajo forzoso.
La discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres y las niñas fueron generalizadas en toda la región. En Afganistán, donde las mujeres y las niñas ya eran víctimas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género, los talibanes impusieron aún más restricciones, limitando en la práctica todos los aspectos de su vida. Muchas fueron detenidas por incumplir códigos indumentarios, y se recibieron informes sobre violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas. Aumentaron notablemente los niveles de violencia por motivos de género, y grupos dedicados a los derechos de las mujeres comunicaron que más de 300 mujeres y niñas habían sido víctimas de homicidio a lo largo del año.
Tampoco en otros lugares los gobiernos tomaron medidas adecuadas para combatir los elevados índices de violación, abuso y acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En Corea del Sur, grupos de defensa de los derechos de las mujeres calificaron de “emergencia nacional” la propagación por Internet de imágenes y vídeos hiperrealistas falsos (deepfake) no consentidos. En Maldivas, el gobierno no tomo medidas para aplicar la recomendación formulada por uno de los órganos de tratados de la ONU de tipificar como delitos la mutilación genital femenina y la violencia de género en el ámbito familiar.
En India, la violación y el asesinato de una doctora en prácticas en su lugar de trabajo desencadenaron protestas por todo el país. También en India, la discriminación por razón de casta siguió agravando la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres dalits. En el estado de Madya Pradesh, una mujer fue quemada viva tras haber presentado una denuncia por acoso sexual. En Nepal también persistía la impunidad para la violencia contra mujeres y niñas dalits.
Los gobiernos deben aplicar medidas integrales para combatir la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas, entre ellas abordar las causas que originan la discriminación interseccional por motivos de género, garantizar a las sobrevivientes a la justicia, protección y otras ayudas, y poner fin a la impunidad de los perpetradores.
Tailandia fue el primer país del sudeste asiático donde se instauró el matrimonio igualitario entre personas LGBTIQ+, y en varios países más los tribunales dictaron sentencias que también promovieron los derechos LGBTIQ+. En Corea del Sur, el Tribunal Supremo resolvió que las parejas homosexuales tenían derecho a la misma atención médica que las heterosexuales. En China, en el caso de una pareja homosexual, un tribunal reconoció a una mujer el derecho a visitar a su hija. En Japón, dos sentencias judiciales de tribunales superiores declararon inconstitucional la prohibición del matrimonio homosexual. En Nepal, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho de una mujer transgénero a que su identidad de género quedara reflejada en los documentos oficiales.
Sin embargo, las personas LGBTIQ+ seguían sometidas a violencia y discriminación, y en algunos países continuaban estando criminalizadas. En Afganistán se siguieron castigando con pena de muerte las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. En China, las personas que se dedicaban al activismo LGBTIQ+ se exponían a ser detenidas arbitrariamente. Las personas transgénero seguían corriendo especial peligro de sufrir violencia. En Fiyi, la pasividad de las autoridades a la hora de investigar de manera efectiva la muerte de una trabajadora sexual transgénero tras ser secuestrada y agredida provocó la indignación de los grupos de derechos humanos.
Los gobiernos deben reforzar la protección de las personas LGBTIQ+ con medidas como despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, adoptar leyes integrales contra la discriminación y garantizar el al reconocimiento legal de la identidad de género. Todas las denuncias de violencia y otros abusos contra personas LGBTIQ+ deben ser investigadas de manera efectiva, y sus responsables deben comparecer ante la justicia.
Los derechos de los pueblos indígenas sufrieron retrocesos en varios países, y la marginación y la discriminación siguieron afectando de manera desproporcionada a esos pueblos y a las minorías basadas en la etnia y en la ascendencia en toda la región.
Como avance positivo, las personas indígenas de Taiwán lograron el derecho a utilizar sus nombres indígenas —y no su versión en chino mandarín— en los documentos oficiales. Por el contrario, en Nueva Zelanda el gobierno promulgó nuevas leyes y propuso otras que socavaban los derechos de la población maorí, desencadenando con ello protestas en todo el país. En otros países, como Indonesia y Malasia, siguieron adelante proyectos de infraestructuras en terrenos reclamados por pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. En Mongolia, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas expresó preocupación por el impacto negativo de las actividades mineras sobre la vida y los medios de sustento de las comunidades dedicadas al pastoreo.
En Australia y Nueva Zelanda, la presencia de indígenas en el sistema de justicia penal era desproporcionada. El primero de estos países presentaba elevadas tasas de encarcelamiento de niños y niñas aborígenes y naturales del estrecho de Torres, y en el estado de Australia Occidental se informó de la muerte de tres niños aborígenes detenidos. En Vietnam, los pueblos indígenas montagnards siguieron discriminados, y más de un centenar de personas montagnards fueron declaradas culpables de terrorismo en juicios injustos por los ataques perpetrados contra comisarías de policía en 2023.
El gobierno chino siguió reprimiendo a los grupos étnicos distintos del han, con la detención de personalidades culturales y religiosas, entre otras medidas. En India se denunciaron cientos de delitos de odio contra la población musulmana y otras minorías religiosas, y más de un centenar de personas fueron declaradas culpables de la quema de viviendas de dalits que había tenido lugar en 2014.
Las autoridades deben tomar medidas concretas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas y basadas en la ascendencia, entre otras revocar o reformar las leyes y políticas que los discriminan, conceder prioridad a las políticas y los programas encaminados a erradicar la discriminación estructural en el sistema de justicia penal y en otros ámbitos, y garantizar que se los consulta de forma significativa sobre los proyectos de infraestructuras y de otra índole así como sobre las decisiones que les afectan, y que se pide su consentimiento libre, previo e informado.
Entre otros países, Australia, Japón, Malasia y Tailandia continuaban permitiendo la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes por tiempo indefinido. En Malasia se expresó preocupación por la detención continuada de niños y niñas, y hubo informes constantes sobre condiciones nefastas y abusos en centros de detención de inmigrantes. En Tailandia, la ONU concluyó que las atroces condiciones de reclusión de un grupo de más de 40 solicitantes de asilo uigures durante más de 10 años podían ser constitutivas de tortura u otros malos tratos.
Las personas que huían de conflictos armados y de la represión corrían peligro de devolución. En Bangladesh, la guardia de fronteras devolvió de manera ilícita a rohinyás que huían del conflicto armado del estado birmano de Rajine, y la población rohinyá refugiada que residía en campos siguió soportando condiciones atroces. En Tailandia se sospechaba que las autoridades habían colaborado con el gobierno de Vietnam en la detención de varias personas montagnards refugiadas, incluido un defensor de los derechos humanos que se enfrentaba a una posible deportación a Vietnam, donde corría peligro de sufrir violaciones de derechos humanos. En Pakistán las autoridades aplicaron una política de deportación y devolvieron a Afganistán a centenares de miles de personas refugiadas, pese a los llamamientos a que ofrecieran protección internacional a la población afgana que huía de la discriminación y la opresión sistemáticas en su país.
En varios países, los trabajadores y trabajadoras migrantes vivían y trabajaban en condiciones poco seguras. Asimismo, la trata de seres humanos en la región siguió siendo un motivo de preocupación. En Corea del Sur murieron 23 personas —en su mayoría, trabajadores y trabajadoras migrantes— en el incendio de una fábrica. En Taiwán se descubrió que varios trabajadores indonesios llevaban más de un año trabajando en un buque pesquero sin remuneración ni o con el mundo exterior, hasta que las autoridades intervinieron. La trata de personas y el trabajo forzoso en los recintos de estafas en Camboya continuaron siendo motivos de preocupación, en tanto que en Laos uno de los órganos de tratados de la ONU expresó preocupación por la trata de personas para el comercio sexual.
Los gobiernos deben dejar de detener a solicitantes de asilo sólo por su condición migratoria y permitirles pedir protección internacional. Es preciso detener de inmediato las expulsiones ilegales y respetar el principio de no devolución (non-refoulement). Se deben reforzar las salvaguardias contra la trata de seres humanos y el trabajo forzoso, y debe brindarse apoyo jurídico y de otro tipo a las personas sobrevivientes de trata.
En Japón se intensificó la presión a favor de la abolición de la pena de muerte tras la anulación de la condena a muerte de un hombre de 88 años, que había pasado más de 45 en espera de ejecución, al concluir un juez que en su juicio inicial se habían falsificado pruebas. En Afganistán continuaron las ejecuciones públicas y, según informes, era posible que los talibanes reanudaran la lapidación de mujeres hasta la muerte por “adulterio”.
En varios países, como China y Singapur, se siguió ejecutando a personas condenadas por delitos de drogas. Se desconocía hasta qué punto se utilizaba la pena de muerte en China, Corea del Norte y Vietnam, pero se creía que su aplicación era considerable. En China, una nueva ley impuso más restricciones a la revelación de información sobre esta práctica, y se emitieron nuevas directrices judiciales en las que se animaba a condenar a muerte a quienes apoyaran la independencia de Taiwán.
Los gobiernos que aún mantienen la pena de muerte deben tomar urgentemente medidas para abolirla y, hasta entonces, establecer una moratoria oficial de las ejecuciones.
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