Los derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África

Resumen de la situación de los derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2024.

La región de Oriente Medio y Norte de África se vio asolada por crisis, conflictos y agitación en 2024. Las acciones de Israel en Gaza tuvieron un coste catastrófico para la población civil y constituyeron genocidio. Israel también intensificó su conflicto armado con Hezbolá en Líbano. El repentino derrocamiento del presidente sirio, Bachar al Asad, en diciembre puso de manifiesto las consecuencias de decenios de impunidad de las violaciones de derechos humanos en una región asolada por la represión constante y por el aumento de las prácticas autoritarias en varios países.

La implacable ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza ocupada intensificó la prolongada crisis humanitaria causada por el bloqueo ilícito que Israel mantenía sobre el territorio desde hacía 18 años. Como consecuencia de ello, la mayor parte de la población gazatí se vio desplazada, sin hogar, hambrienta, expuesta a enfermedades potencialmente mortales e incapaz de acceder a asistencia médica, electricidad y agua apta para el consumo.

Irak, Irán, Líbano, Siria y Yemen se vieron arrastrados al conflicto. Por primera vez, Irán e Israel lanzaron abiertamente ataques directos recíprocos contra sus territorios. En septiembre, las hostilidades transfronterizas entre Israel y el grupo armado Hezbolá escalaron hasta convertirse en intensos enfrentamientos militares. Israel atacó zonas de todo Líbano, con efectos devastadores para la población civil.

Aunque millones de personas protestaron en todo el mundo contra la actuación de Israel en Gaza, a lo largo de 2024 los gobiernos del mundo —tanto a nivel individual como multilateral— se abstuvieron repetidamente de emprender acciones significativas para poner fin a las atrocidades y tardaron incluso en pedir un alto el fuego. Mientras tanto, el sistema de apartheid de Israel se fue haciendo cada vez más violento en la Cisjordania ocupada, y se caracterizó por un fuerte aumento de los homicidios ilícitos y los ataques perpetrados por colonos israelíes contra la población civil palestina con el respaldo del Estado.

Los efectos de otros conflictos de larga duración en Irak, Libia, Siria y Yemen siguieron arruinando la vida de millones de personas, sobre todo de las pertenecientes a comunidades marginadas, a muchas de las cuales se les negó el derecho a alimentos, agua, una vivienda adecuada, asistencia médica y seguridad.

Los mecanismos internacionales de justicia tomaron medidas importantes para garantizar la rendición de cuentas en Israel y el Territorio Palestino Ocupado y en Libia. Pero los países aliados de Israel y otros actores poderosos las atacaron o desestimaron, con lo cual protegieron a los perpetradores frente a la acción de la justicia y dejaron aún más al descubierto el doble rasero aplicado y el fracaso del orden mundial basado en normas.

En toda la región, gobiernos y agentes armados no estatales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades detenían, torturaban y procesaban injustamente a las voces disidentes y críticas, castigándolas con duras condenas, incluida la pena de muerte. Entre las personas perseguidas había periodistas, comentaristas de Internet, activistas de la esfera política o sindical, gente que expresaba solidaridad con la población palestina y defensores y defensoras de los derechos humanos. En algunos países, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilícita e incluso letal, junto con desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias masivas, para reprimir las protestas. Prácticamente todos los responsables de estos delitos gozaban de impunidad.

En toda la región seguía estando muy extendida la discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, situación jurídica, etnia, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión y clase.

Los principales Estados productores de combustibles fósiles no tomaron medidas para hacer frente al cambio climático, a pesar de que la región seguía sufriendo las consecuencias perjudiciales, a menudo mortales, de la crisis climática, como fenómenos meteorológicos extremos y catástrofes de aparición más lenta, como la creciente escasez hídrica.

Conflictos armados

Ofensiva de Israel en Gaza

Al final de 2024, 14 meses después de los ataques mortales perpetrados por Hamás y otros grupos armados palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, la incesante ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza había causado la muerte de al menos 45.500 personas y dejado heridas a otras 108.300 como mínimo. Muchas personas palestinas seguían sin encontrar los restos mortales de sus seres queridos entre los escombros.

A lo largo del año, Amnistía Internacional documentó múltiples crímenes de guerra cometidos por Israel, como ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y ataques indiscriminados y desproporcionados, que a menudo mataban a familias enteras formadas por varias generaciones.

A fin de crear una zona de separación a lo largo del perímetro oriental de Gaza, las fuerzas israelíes, utilizando excavadoras y explosivos colocados manualmente, destruyeron de forma sistemática tierras agrícolas y edificios civiles, arrasando barrios enteros, incluidas viviendas, escuelas y mezquitas.

Las acciones de Israel obligaron a desplazarse a 1,9 millones de gazatíes, el 90% de la población del territorio, y provocaron deliberadamente una catástrofe humanitaria sin precedentes.

La investigación de Amnistía Internacional concluyó que Israel había cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza, lo que constituía genocidio. Entre ellos figuraban matanza de de la población, lesión grave a la integridad física o mental de civiles y sometimiento intencional a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física.

Israel negó, obstruyó y no permitió ni facilitó en repetidas ocasiones la entrada significativa de ayuda humanitaria en Gaza y sus alrededores. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una invasión a gran escala de la ciudad meridional de Rafá en mayo. El gobierno hizo caso omiso de las advertencias de la comunidad internacional, incluidos los propios aliados de Israel, así como de las órdenes jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, de no atacar Rafá por el efecto devastador que tendría sobre la población civil.

Israel emitió varias tandas de órdenes de “evacuación”, que obligaron a la población de Gaza a agolparse en pequeñas zonas densamente pobladas y que carecían de infraestructuras vitales, asistencia sanitaria y alimentos, por lo que la mayor parte de ella quedó expuesta a una situación extrema de hambre y rápida propagación de enfermedades. Los ataques aéreos israelíes alcanzaron con frecuencia a civiles que seguían órdenes de “evacuación”, incluso después de llegar a zonas que Israel había prometido que serían seguras.

Además, Israel continuó deteniendo arbitrariamente y, en algunos casos, sometiendo a desaparición forzada a personas palestinas de Gaza, que eran trasladadas sistemáticamente a Israel y recluidas allí en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, y sometidas a tortura y otros malos tratos.

La presencia de grupos armados palestinos en zonas civiles de Gaza o en sus inmediaciones, incluidos campos para población internamente desplazada, puso en peligro la vida de civiles y probablemente incumpliera la obligación que les imponía el derecho internacional de evitar, en la medida de lo posible, situar combatientes en zonas densamente pobladas. Siguieron manteniendo como rehenes a civiles, israelíes y de otras nacionalidades, cometiendo así una violación del derecho internacional humanitario que constituía un crimen de guerra.

Siguió vigente el sistema de apartheid que Israel aplicaba desde hacía decenios a la población palestina. En la Cisjordania ocupada, los ataques de colonos israelíes contra personas civiles palestinas y sus propiedades aumentaron vertiginosamente. Estos ataques, que contaban con el respaldo del Estado israelí, junto con el aumento de la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el uso ilícito de la fuerza, constituían los crímenes de lesa humanidad de traslado forzoso y apartheid.

La comunidad internacional no actuó de manera significativa para poner fin a las atrocidades cometidas por Israel en Gaza. Naciones poderosas, entre ellas Estados Unidos y muchos Estados de Europa Occidental, respaldaron públicamente las acciones de Israel, socavando así el valor universal del derecho internacional. Durante meses, el Consejo de Seguridad de la ONU no adoptó ninguna medida efectiva, y no pidió un alto el fuego hasta marzo.

El 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia dictó sus primeras medidas provisionales en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Sucedieron a estas medidas otras dos órdenes el 28 de marzo y el 24 de mayo. Israel desafió las decisiones de la Corte. Además, algunos Estados continuaron suministrando a Israel armas que se utilizaban para violar el derecho internacional, a pesar de que se les había advertido de que con ello incumplían su obligación de prevenir el genocidio y corrían el riesgo de ser cómplices de genocidio y crímenes de guerra.

El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, y, en Palestina, el jefe de las Brigadas Al Qassam, Mohammed Deif, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

A lo largo del año, millones de personas participaron en todo el mundo en protestas y manifestaciones constantes contra las acciones de Israel en Gaza, enfrentándose en muchos países a severas restricciones de la libertad de expresión y de reunión.

Otros conflictos armados

La ofensiva de Israel contra Gaza dio lugar a hostilidades y ataques armados en Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen, en algunos casos con la participación de fuerzas estadounidenses y británicas.

Después de casi un año de ataques transfronterizos esporádicos, el 23 de septiembre Israel lanzó una nueva ofensiva militar en Líbano. Según cálculos, entre el 8 de octubre de 2023 y el final de 2024 murieron 4.047 personas, más de 16.600 resultaron heridas y 1,2 millones fueron desplazadas en Líbano. Las fuerzas israelíes atacaron viviendas, tierras de cultivo, escuelas, iglesias, mezquitas y hospitales, incluso en la capital libanesa, Beirut. También arrasaron más de una veintena de pueblos, donde utilizaron explosivos, buldóceres y excavadoras para destruir edificios civiles mucho después de hacerse con el control de la zona. El grupo armado Hezbolá disparó cientos de cohetes desde Líbano contra el norte de Israel durante el año, lo que causó la muerte de más de 100 personas.

Las fuerzas armadas huzíes de Yemen mataron a navegantes civiles en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico, donde atacaron decenas de barcos por considerar que estaban vinculados a Israel, Estados Unidos y Reino Unido. En respuesta a ello, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo ataques navales y aéreos contra objetivos huzíes, en algunos casos conjuntamente con fuerzas británicas. Los huzíes realizaron ataques con misiles y drones contra Israel en al menos 48 ocasiones, y mataron a un civil. En represalia, el 20 de julio Israel bombardeó el puerto de Al Hudaida, lugar fundamental para el suministro de ayuda humanitaria a Yemen, y la central eléctrica de Ras Kathnib, y mató al menos a seis civiles. El 29 de septiembre, Israel bombardeó los puertos de Al Hudaida y Ras Issa, así como las centrales eléctricas de Al Hali y Ras Kathnib, en la gobernación de Al Hudaida, y, según informes, causó víctimas civiles, cinco de ellas mortales.

En abril, Irán lanzó más de 300 proyectiles contra Israel en represalia por un ataque contra el consulado iraní en Siria en el que habían muerto siete de la Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica. En octubre, Irán lanzó casi 200 misiles balísticos contra Israel en respuesta al homicidio del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Ese mismo mes, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra 20 objetivos en territorio iraní, en los que murieron un civil y cuatro militares.

Israel aumentó sus operaciones militares en Siria en el contexto de los conflictos de Gaza y Líbano. En diciembre, tras el derrocamiento del presidente sirio, Bachar Al Asad, las fuerzas israelíes trasladaron tropas a la zona de separación desmilitarizada definida por la ONU en los Altos del Golán ocupados, anunciaron una expansión de los asentamientos ilegales israelíes allí y llevaron a cabo cientos de ataques aéreos en Siria.

La Resistencia Islámica en Irak, coalición de facciones armadas integradas en las Fuerzas de Movilización Popular, intensificó sus operaciones contra Israel en respuesta a los ataques israelíes en Gaza y Líbano y llevó a cabo ataques que, según afirmó, tenían como objetivo instalaciones militares e infraestructuras ubicadas en Israel y los Altos del Golán.

En el resto de la región, los conflictos armados de larga duración y sus secuelas siguieron destrozando la vida de millones de personas, y las partes beligerantes —algunas respaldadas por gobiernos extranjeros— cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.

En Siria, las partes en el prolongado conflicto armado y sus aliados siguieron perpetrando ataques ilícitos, que mataron e hirieron a gran número de civiles y destruyeron infraestructuras vitales. Durante la primera mitad del año, el gobierno del presidente Al Asad, respaldado por Rusia, intensificó los ataques en el noroeste de Siria controlado por grupos armados de oposición. Turquía lanzó repetidos ataques militares contra ciudades y pueblos del noreste de Siria, en su guerra continua contra los grupos kurdos asentados allí, causando víctimas civiles y daños en infraestructuras civiles vitales.

El 8 de diciembre, las fuerzas de la oposición derrocaron en Siria al presidente Al Asad, poniendo fin a cinco decenios de gobierno brutal y represivo de su familia, caracterizado por violaciones generalizadas de derechos humanos que constituían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En Trípoli, capital de Libia, y en otras zonas del oeste y el sur del país, se produjeron enfrentamientos armados esporádicos entre milicias y grupos armados que se disputaban el control de recursos o la influencia política, lo que causó víctimas civiles y daños a bienes de carácter civil.

Todas las partes en un conflicto armado deben respetar el derecho internacional humanitario y, en particular, poner fin a los ataques directos contra civiles e infraestructuras civiles, así como a los ataques indiscriminados. Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Represión de la disidencia

Las autoridades de toda la región continuaron violando el derecho a expresar en Internet o por otros medios opiniones críticas o discrepantes sobre su historial en materia de derechos humanos y sus políticas económicas o en respuesta al conflicto de Gaza o a problemas sociales. Algunos gobiernos utilizaban cargos infundados de terrorismo o de difusión de “noticias falsas” para acallar la oposición e infligir duros castigos a quienes que los criticaban.

En Irán, las autoridades sometieron a manifestantes, mujeres que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo, periodistas, artistas, escritores y escritoras, figuras del mundo académico, estudiantes de universidad, personas LGBTI, de minorías étnicas y religiosas y defensores y defensoras de los derechos humanos a diversas violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, citaciones para interrogatorios coercitivos y enjuiciamientos injustos donde les imponían condenas a muerte, penas de prisión, multas o castigos de flagelación por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.

En Jordania se presentaron cargos contra cientos de personas en virtud de la represiva Ley de Delitos Informáticos por criticar a las autoridades, expresar solidaridad con la población palestina o convocar protestas pacíficas y huelgas públicas. Las autoridades jordanas violaban sistemáticamente el derecho a un juicio justo de las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Arabia Saudí continuó sometiendo a personas a detención arbitraria por sus opiniones reales o supuestas sin darles ninguna oportunidad de impugnar la legalidad de su detención. Muchas de ellas acabaron siendo condenadas a largas penas de prisión o a muerte por cargos imprecisos y genéricos en virtud de los cuales se tipificaba como “terrorismo” la expresión de oposición pacífica, en violación del derecho a un juicio justo.

En todo el norte de África continuó o se intensificó la represión de la disidencia. Las autoridades tunecinas intensificaron la represión de la libertad de expresión y de todas las formas de disidencia, utilizando leyes represivas y cargos infundados para detener arbitrariamente a destacadas figuras de la oposición política, periodistas, personas usuarias de redes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y voces críticas. En Egipto prosiguieron los ataques contra periodistas, participantes en manifestaciones pacíficas, disidentes, figuras políticas de la oposición y personas críticas con el gobierno. En Marruecos y el Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes persiguieron a periodistas, activistas y voces críticas con el gobierno, a pesar de un indulto real concedido a miles de personas presas. Argelia reprimió la libertad de expresión y de prensa, de reunión pacífica y de asociación, recurriendo con frecuencia a cargos falsos relacionados con el terrorismo para poner fin a la disidencia pacífica. En Libia, milicias y grupos armados detuvieron y recluyeron arbitrariamente a cientos de activistas, manifestantes, periodistas y personas dedicadas a la creación de contenido en línea por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Los gobiernos deben respetar el derecho a la libertad de expresión y de asociación, lo que incluye garantizar que periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas puedan disfrutar de él sin sufrir hostigamiento, violencia ni enjuiciamiento, y deben poner en libertad a las personas detenidas por ejercerlo.

Libertad de reunión pacífica

En casi todos los países de la región, los gobiernos utilizaron diversas tácticas para impedir o dispersar por la fuerza las protestas pacíficas.

Las autoridades egipcias llevaron a cabo detenciones masivas antes de protestas programadas y dispersaron violentamente las pocas y pequeñas manifestaciones que tuvieron lugar. El 23 de abril, por ejemplo, disolvieron violentamente una pequeña protesta de defensoras de los derechos humanos y otras personas que mostraban su solidaridad con las mujeres de Palestina y Sudán. En Irak, las autoridades hicieron uso frecuente de la fuerza, incluso disparando munición real, para dispersar protestas motivadas por la frustración generalizada ante la corrupción del gobierno, las dificultades económicas y los deficientes servicios públicos.

Las autoridades tunecinas utilizaron reiteradamente cargos infundados e imprecisos de “obstrucción” para detener, procesar y condenar arbitrariamente a personas por el mero hecho de unirse a protestas pacíficas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, las autoridades jordanas detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes en relación con las multitudinarias protestas convocadas en apoyo de la población palestina de Gaza, y muchas de las personas detenidas seguían privadas de libertad al final de 2024. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos siguieron reprimiendo la libertad de reunión pacífica y llevaron a cabo juicios colectivos de participantes en manifestaciones pacíficas y de otras voces disidentes.

Los gobiernos deben respetar el derecho de reunión pacífica y poner fin a la represión de quienes se manifiesten pacíficamente.

Derechos económicos y sociales

En toda la región, la población afrontó crisis múltiples de forma continuada, como conflictos devastadores, graves problemas económicos y de deuda y el coste creciente de la emergencia climática. El aumento de la inflación, los incumplimientos de los gobiernos y otros factores locales, regionales e internacionales ejercieron una intensa presión sobre el costo de la vida, incluso en algunos de los países más pobres y poblados de la región. Esta situación dejó a millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria y con dificultades para sobrevivir, y menoscabó su derecho a la salud, al agua y a un nivel de vida adecuado.

En Líbano continuó la prolongada crisis económica y financiera, que el gobierno había contribuido a causar y mantener al no acometer en absoluto las reformas necesarias para proteger los derechos económicos y sociales de la población, incluido su derecho a la seguridad social. La crisis tuvo un efecto devastador en los grupos marginados —por ejemplo, al reducir aún más el de muchas personas mayores, con discapacidad, trabajadoras del sector informal y refugiadas a asistencia sanitaria adecuada— y se vio agravada por la destrucción causada por Israel en su guerra contra Hezbolá.

La crisis económica también afectó gravemente los derechos sociales y económicos de la población en Egipto, ya que el gobierno no cumplió sus obligaciones presupuestarias en materia de gasto en salud y educación. Una nueva ley que privatizaba la sanidad puso en peligro el a los servicios de salud, especialmente para quienes vivían en la pobreza. Las autoridades recurrieron a amenazas y detenciones para reprimir a los trabajadores y trabajadoras que exigían el salario mínimo y a quienes protestaban contra los desalojos forzosos.

En muchos países, el gobierno no protegía a las personas trabajadoras con salarios bajos frente a los abusos laborales y les negaba el derecho a formar sindicatos independientes y afiliarse a ellos, así como a declararse en huelga sin temor a sufrir castigos. En los Estados del Golfo, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, la población trabajadora migrante, con salarios bajos, seguía sufriendo explotación extrema, discriminación, alojamiento claramente inadecuado, abusos físicos y mentales, robo del salario por las entidades empleadoras, limitado a la atención sanitaria y despidos sumarios. Quienes se veían más afectadas eran las personas que trabajaban en el sector doméstico, en su mayoría mujeres.

Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para defender los derechos económicos y sociales, lo que incluye establecer sistemas universales de protección social que permitan a todas las personas, incluidos los grupos marginados, acceder a un nivel de vida adecuado, con garantías como a alimentos, agua y atención sanitaria. Los países donantes y las instituciones financieras internacionales deben trabajar urgentemente para apoyar a los gobiernos en la consecución de este objetivo. Los gobiernos también deben proteger el derecho de las personas trabajadoras a formar sindicatos independientes y afiliarse a ellos, así como a declararse en huelga, al tiempo que amplían la protección de la legislación laboral a todos los trabajadores y trabajadoras migrantes, incluido el personal doméstico.

Discriminación

Mujeres y niñas

En toda la región, las mujeres y las niñas seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, incluso en relación con derechos como la libertad de circulación y de expresión, la autonomía corporal, la herencia, el divorcio, el a cargos políticos y las oportunidades de empleo. La violencia por motivos de género, tanto en Internet como fuera de la red, seguía siendo habitual y se cometía con impunidad. En algunos países, este tipo de violencia aumentó al tiempo que se debilitaba la protección de las mujeres.

En Argelia e Irak, la ley permitía a los violadores eludir su procesamiento casándose con la víctima.

En Yemen, las autoridades de facto huzíes y los grupos armados siguieron restringiendo la libertad de circulación de las mujeres y prohibiéndoles viajar sin la compañía o la aprobación por escrito de un tutor varón.

A pesar de algunas medidas positivas, en la Región del Kurdistán de Irak las autoridades siguieron sin hacer rendir cuentas a los autores de violencia de género en el ámbito familiar e impusieron restricciones arbitrarias a las libertades de las sobrevivientes que buscaban protección en el sistema de refugios, lamentablemente infrafinanciado. Al mismo tiempo, el poder legislativo intentó aprobar reformas de la ley del estatuto personal que socavaban significativamente la protección de las mujeres y las niñas.

En Irán, las autoridades intensificaron la represión contra las mujeres y niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, incluso mediante vigilancia digital, como tecnología de reconocimiento facial. Las patrullas de seguridad, cada vez más numerosas, hostigaban y agredían a mujeres y niñas en espacios públicos.

En Libia, las milicias y los grupos armados atacaron a mujeres influencers y creadoras de contenido por su forma de expresarse y de vestir. En noviembre, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, anunció planes para introducir el uso obligatorio del velo para las mujeres y hacerlo cumplir por medio de la “policía de la moral”.

Personas LGBTIQ+

En toda la región se detenía y procesaba a personas por su orientación sexual o identidad de género. A muchas les imponían duras condenas si eran declaradas culpables de mantener relaciones homosexuales consentidas. Los ataques contra los derechos de las personas LGBTIQ+ se intensificaron en Libia, Túnez e Irak.

En Libia, la milicia Agencia de Seguridad Interna, en Trípoli, y otras milicias y grupos armados detuvieron y procesaron arbitrariamente a personas por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas y difundieron sus “confesiones”, obtenidas mediante tortura. En Túnez, grupos LGBTIQ+ denunciaron un aumento de los procesamientos por “cargos de homosexualidad”.

En abril, Irak tipificó por primera las relaciones homosexuales como delito, punible con hasta 15 años de prisión. La nueva legislación también penalizaba acciones como “promover” las relaciones entre personas del mismo sexo o la expresión transgénero e incorporaba cargos tan poco precisos como “actuar de forma afeminada”.

Minorías étnicas y religiosas

En toda la región, las comunidades y minorías nacionales, étnicas y religiosas se enfrentaban a una discriminación arraigada en la ley y en la práctica, incluso en relación con su derecho al culto y a no sufrir persecución ni otros abusos graves contra los derechos humanos.

Israel afianzó aún más su sistema de apartheid mediante la opresión y la dominación de la población palestina de la Cisjordania ocupada. Cometió sistemáticamente una amplia variedad de violaciones de derechos humanos, como traslados forzosos, detenciones istrativas, tortura, homicidios ilícitos, negación de derechos y libertades básicos y persecución.

En Irán, las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían discriminación, lo que restringía su a la educación, el empleo, una vivienda adecuada y los cargos políticos. La minoría religiosa bahaí era objeto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos.

Los gobiernos deben poner fin a la discriminación por motivos de raza, origen nacional, etnia, religión, género, orientación sexual, e identidad y expresión de género. Deben aplicar reformas de las leyes y políticas, que garanticen la igualdad de derechos para todas las personas sin discriminación y que protejan, promuevan y aseguren el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias.

Derechos de las personas internamente desplazadas, migrantes y refugiadas

Como consecuencia de los prolongados conflictos, en Irak, Israel, Libia, Palestina, Siria y Yemen había un número enorme de personas internamente desplazadas que luchaban por sobrevivir. La mayoría sufrían discriminación por parte de las autoridades, obstáculos para acceder a servicios y bloqueos de su derecho a regresar a sus hogares o represalias si intentaban hacerlo sin autorización, así como restricciones y reducciones de ayuda humanitaria vital.

En Irak, aproximadamente 1,1 millones de personas seguían desplazadas internamente, muchas de ellas con dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y asistencia médica. Las fuerzas de seguridad iraquíes sometieron a algunas personas a detención arbitraria, desaparición forzada y torturas como descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento por su presunta afiliación al grupo armado Estado Islámico.

En Siria, el número de personas internamente desplazadas ascendía a 7,2 millones, según ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados. Tras el derrocamiento del presidente Al Asad en diciembre, la situación humanitaria y de seguridad seguía siendo sombría e incierta. No obstante, muchos países europeos anunciaron que iban a estudiar o a decretar la suspensión de las solicitudes sirias de asilo pendientes.

En toda la región se violaron los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y a los fallos de los gobiernos se sumó la incapacidad de la comunidad internacional, es decir, de los países ricos, de compartir la responsabilidad proporcionando plazas de reasentamiento y ayuda humanitaria suficientes. Alrededor del 90% de los 1,5 millones de personas refugiadas sirias que se calculaba que había en Líbano vivían en condiciones de extrema pobreza y no tenían a alimentos, vivienda, educación y atención sanitaria adecuados. El ambiente hostil ya existente se vio intensificado por un preocupante aumento de la retórica contra las personas refugiadas, fomentada en algunos casos por figuras políticas y autoridades locales. Mientras tanto, en la vecina Jordania, que acogía a 2 millones de personas refugiadas palestinas y a unas 750.000 de otras nacionalidades, entre ellas sirias, gran número de personas refugiadas y solicitantes de asilo se enfrentaban a la pobreza y al deterioro de sus condiciones de existencia.

Túnez continuó violando el principio de no devolución (non-refoulement) con expulsiones rutinarias y colectivas a Argelia y Libia de personas migrantes y refugiadas, a las que se dejaba abandonadas en zonas fronterizas desiertas o remotas, sin alimentos ni agua. A partir de mayo, las autoridades reprimieron a las organizaciones que defendían los derechos de las personas refugiadas y migrantes, reduciendo con ello su a servicios esenciales.

En Libia, las personas refugiadas y migrantes, incluidas las interceptadas en el mar por grupos armados y guardacostas respaldados por la UE y devueltas a territorio libio, eran sometidas a detención arbitraria indefinida, tortura y otros malos tratos, extorsión, trabajo forzoso y expulsiones ilícitas.

Las autoridades egipcias detuvieron arbitrariamente y devolvieron a miles de personas de nacionalidad sudanesa a pesar del virulento conflicto armado que asolaba Sudán, lo que constituía una violación flagrante del derecho internacional.

Los gobiernos deben poner fin a la detención arbitraria de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes por razón de su condición migratoria, y protegerlas de la tortura y otros malos tratos durante su detención, de la devolución y de las expulsiones masivas o colectivas. Los gobiernos deben tomar medidas concretas para garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas internamente desplazadas a sus zonas de origen.

Pena de muerte

La mayoría de los Estados de la región mantuvieron la pena de muerte y la impusieron en 2024, incluso por delitos que no implicaban homicidio intencional, por actos protegidos por el derecho internacional —como las relaciones homosexuales consentidas y la apostasía— y por cargos falsos o excesivamente generales, que se formulaban con objeto de silenciar la disidencia. Varios países ejecutaron condenas a muerte. En Irak se llevaron a cabo ejecuciones masivas sin que se informara previamente a la representación letrada y la familia de las víctimas. En Irán continuó la oleada de ejecuciones y las autoridades utilizaron la pena de muerte como instrumento de represión política.

Los gobiernos deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Derecho a un medioambiente saludable

La región seguía sufriendo las nefastas consecuencias, a menudo mortales, del cambio climático, entre ellas fenómenos meteorológicos extremos, catástrofes de aparición más lenta, como la creciente y extrema escasez de agua, y otros problemas derivados de la mala gestión medioambiental. Los gobiernos no tomaron medidas adecuadas para frenar el cambio climático, mitigar sus efectos o proporcionar el apoyo adecuado a las personas más afectadas.

Irak sufrió una grave escasez hídrica y una creciente contaminación del aire y el agua. La gestión ineficaz de los residuos y la deforestación intensificaron las tormentas de polvo y las enfermedades transmitidas por el agua, lo que afectó de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables, especialmente a las personas desplazadas. Jordania también sufrió escasez de agua, por lo que el suministro sólo cubría aproximadamente dos tercios de la demanda.

A finales de mayo, el calor extremo asoló Kuwait, con récords de entre 4 y 5 °C por encima de la media de registros anteriores. A pesar de ello, en marzo, el director general de la empresa estatal Kuwait Petroleum Corporation anunció que, para 2035, el país habría aumentado considerablemente la producción de petróleo, y en julio, cuando se descubrieron nuevas reservas, anunció aún más aumentos.

Otros países no hicieron avances en la eliminación progresiva necesaria de los combustibles fósiles. En febrero, Bahréin solicitó un préstamo para ampliar la extracción de combustibles fósiles mediante la creación de 400 nuevos pozos de petróleo y 30 de gas. En junio, un informe de Global Witness confirmó que el equipo organizador de la COP28 en Emiratos Árabes Unidos en 2023 había promovido acuerdos sobre combustibles fósiles para la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company durante la celebración de la conferencia. Asimismo, en junio, el ministro de Energía de Arabia Saudí anunció planes para aumentar la producción de petróleo entre 2025 y 2027.

Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para mitigar la crisis climática, entre ellas frenar las emisiones de carbono y poner fin a la extracción y uso de combustibles fósiles. Todos los Estados que dispongan de los recursos necesarios deben aumentar significativamente la financiación a los países que necesiten ayuda para adoptar medidas de mitigación y adaptación compatibles con los derechos humanos.

Impunidad

En toda la región, los Estados siguieron facilitando la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos, lo que puso de manifiesto las enormes deficiencias de los sistemas judiciales nacionales.

Prevaleció la impunidad de los recurrentes crímenes de guerra y las atroces violaciones de derechos humanos cometidos por Israel contra la población palestina durante decenios en el contexto del apartheid y la ocupación ilícita.

Las autoridades marroquíes no proporcionaron a las familias de las víctimas verdad, justicia y reparación tras la mortal represión ejercida por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas contra migrantes de África subsahariana que habían intentado cruzar la frontera de Marruecos para entrar en el enclave español de Melilla en 2022.

En Irán prevaleció la impunidad de los homicidios ilícitos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual— y otros crímenes de derecho internacional o violaciones graves de derechos humanos cometidos durante 2024 o en años anteriores.

En octubre, la Corte Penal Internacional anunció órdenes de detención contra seis líderes, altos cargos y afiliados del grupo armado Al Kaniat por los crímenes de guerra de homicidio, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos cometidos en Tarhuna (Libia), que había estado bajo el control del grupo hasta junio de 2020.

En aplicación del principio de jurisdicción universal, algunos países europeos siguieron investigando y procesando en sus tribunales nacionales a presuntos responsables de crímenes de derecho internacional cometidos en Siria.

Los gobiernos deben combatir la impunidad llevando a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional y sometiendo a los presuntos responsables a la acción de la justicia en juicios justos ante tribunales civiles.