Benín

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica seguía siendo objeto de restricciones sistemáticas. Se detuvo arbitrariamente a dirigentes de la oposición. Las condiciones de reclusión violaban las normas internacionales de derechos humanos relativas al tratamiento de las personas reclusas. Seguían negándose indemnizaciones adecuadas a las víctimas de un desalojo forzoso asociado a proyectos de desarrollo urbanístico con fines turísticos. En las fronteras con Níger y Burkina Faso hubo homicidios cometidos por grupos armados.

Información general

En marzo se promulgó un nuevo código electoral, denunciado por la oposición. El texto restringía la participación en las elecciones presidenciales previstas para 2026. Las tensiones entre Benín y el vecino Níger se intensificaron tras negarse este último a abrir sus fronteras, pese a haberse levantado las sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) a Níger después del golpe de Estado de 2023. Esta situación dio lugar al aumento del costo de la vida en Benín.

Libertad de expresión

Steve Amoussou, ciudadano de Benín, fue detenido el 12 de agosto en Lomé (Togo), donde residía. Fue trasladado a Benín, donde el Tribunal de Represión de los Delitos Económicos y el Terrorismo lo acusó de “incitación directa a la rebelión, iniciación y publicación de noticias falsas y acoso por medios electrónicos”. Su juicio comenzó el 7 de octubre y seguía abierto al final del año. Las autoridades beninesas sostenían que Amoussou era “Frère Hounvi”, seudónimo de un ciberactivista conocido por sus críticas a las autoridades.

La dirección del destacado grupo de prensa privado beninés La Gazette du Golfe anunció en febrero el despido de las 200 personas que trabajaban para él tras congelar las autoridades la cuentas bancarias de la empresa. La medida se adoptó tras la decisión tomada por la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación (HAAC, por sus siglas en francés) el 8 de agosto 2023 de suspender “todos los medios de comunicación de masas” del grupo, en relación con el presunto “enaltecimiento de un golpe de Estado” tras la difusión de comentarios sobre la situación en Níger.

En septiembre, el presidente de la HAAC amenazó con suspender los medios de comunicación que no cumplieran los requisitos establecidos por las autoridades para la información relacionada con el terrorismo.

Libertad de reunión pacífica

El 26 de abril, las fuerzas de seguridad reprimieron con fuerza excesiva una protesta sindical contra el elevado costo de la vida en Cotonú, tras prohibirla el prefecto del departamento de Littoral por no haberse recibido ninguna “solicitud de autorización”. Varios dirigentes sindicales fueron detenidos y quedaron en libertad ese mismo día. El 11 de mayo, el prefecto del departamento de Littoral autorizó una protesta similar también en Cotonú.

El 30 de diciembre, varios sindicatos emitieron una declaración en la que denunciaban la detención, el día anterior, de un líder sindicalista de Cotonú que había convocado una reunión de trabajadores portuarios ese día para hablar del deterioro de sus condiciones laborales. El líder sindical fue puesto en libertad ese mismo día tras comparecer ante la fiscalía, después de que los trabajadores portuarios anunciaran una huelga.

Detención y reclusión arbitrarias

La dirigente opositora Reckya Madougou continuaba detenida, aunque el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había afirmado en 2022 que su reclusión era arbitraria. Había sido declarada culpable en diciembre de 2021 de “complicidad en actos de terrorismo” y condenada a 20 años de prisión.

Uso excesivo de la fuerza

El 27 de noviembre, el fiscal del tribunal de Parakou anunció la apertura de una investigación y la detención de siete agentes de policía, después de que Samba Fayçal Ouorou Gani hubiera sido hallado muerto el 19 de ese mismo mes tras un control policial.

Derechos de las personas detenidas

La población reclusa seguía viviendo en celdas sucias y atestadas, sin suficiente a agua potable ni a atención médica.¹ Según el director general de la istración Penitenciaria, en septiembre había más de 19.000 personas privadas de libertad en los 11 centros de detención de Benín, aproximadamente un 300% más de su capacidad. Debido a la falta de espacio, la mayoría de las personas presas dormían en el suelo de costado, sin poder darse la vuelta. La mayoría de las prisiones no estaban provistas de ventiladores, a pesar del calor excesivo. El aire en el interior de los edificios y las celdas era fétido debido a la falta de instalaciones de saneamiento. Las prisiones carecían de personal médico, y hubo personas recluidas que denunciaron que, con frecuencia, les negaban los medicamentos o éstos estaban agotados o caducados.

En agosto, unos de la Asamblea Nacional presentaron al gobierno varias preguntas por escrito en relación con las deficientes condiciones de reclusión y los periodos excesivos de detención en espera de juicio.

El 9 de octubre, el presidente adoptó un decreto “sobre la organización y el régimen interno de las prisiones” en el que se establecían unos niveles elevados de salud e higiene para la población reclusa.

Desalojos forzosos

Aún no se había indemnizado adecuadamente a las personas que habían sido objeto de desalojo forzoso en el distrito de Fiyégnon, en Cotonú, en septiembre de 2021 en relación con unos proyectos de desarrollo urbanístico con fines turísticos en la costa. No se había avisado de forma adecuada a la población residente del desalojo ni de la fecha prevista para llevarlo a cabo. La mayoría de los habitantes no estaban en su casa cuando llegaron los equipos de demolición, y las demoliciones se habían llevado a cabo bajo la lluvia, de noche y al comienzo del curso escolar, lo que había afectado a la educación de los niños y niñas.

Abusos cometidos por grupos armados

Los días 16 y 17 de abril, un ataque de hombres armados no identificados contra el puesto de aduanas de Monkassa causó la muerte de tres personas, una de ellas miembro de las fuerzas de defensa y seguridad beninesas. La noche del 24 de julio, siete soldados y cinco guardabosques de Parques Africanos perdieron la vida en el Parque Nacional W, en la frontera con Níger. En los años anteriores habían aumentado los ataques de grupos armados en las zonas fronterizas, acciones que las autoridades atribuían a combatientes del Estado Islámico y de Al Qaeda de países vecinos.