Brasil

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La pobreza disminuyó, pero seguía afectando a más de la cuarta parte de la población. Se redujo el índice de mortalidad infantil. Las muertes maternas afectaban de forma desproporcionada a las mujeres negras. Aumentaron las muertes por dengue y tuberculosis. Descendió el desempleo, pero seguían preocupando los desalojos forzosos y el sinhogarismo. Se recortó el presupuesto para educación. La policía continuaba ejerciendo violencia en un grado alarmante en nombre de la “guerra contra las drogas”. Los niños, niñas y adolescentes, especialmente las personas jóvenes negras, seguían corriendo peligro de morir de forma violenta. Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado. Brasil seguía siendo uno de los países más peligrosos para quienes defendían los derechos sobre las tierras, especialmente las personas indígenas y quilombolas. Estaban en curso los juicios por los homicidios de varios defensores y defensoras de los derechos humanos. La deforestación y los incendios forestales seguían sin freno ante la respuesta insuficiente del gobierno. Las inundaciones de Río Grande del Sur afectaron de forma especial a los grupos vulnerables. Se seguían produciendo ataques frecuentes contra las comunidades indígenas y quilombolas, debido sobre todo a la ineficacia de las políticas de demarcación de tierras. Aumentó la violencia de género —sobre todo contra las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)—, incluidos los feminicidios y la violencia política por motivos de género. Había propuestas legislativas que ponían en peligro el al aborto.

Información general

En junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) despenalizó la posesión de marihuana para consumo propio hasta una cantidad limitada. Se trataba de un paso importante —aunque limitado— hacia la despenalización de las drogas y la mitigación de los efectos desproporcionados que su comercio tenía para los grupos vulnerables.

El informe del Atlas de la Violencia de 2024 documentó 46.328 muertes violentas en 2023, en su mayoría por armas de fuego. Entre 2012 y 2023, cada 12 minutos había muerto de forma violenta una persona negra.

Según un informe de 2024 del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el número de grupos neonazis había aumentado de forma espectacular —un 270%— entre 2019 y 2021.

Se restablecieron parcialmente las políticas relacionadas con la memoria y la verdad, como la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que habían sido desmanteladas por el gobierno anterior.

El presupuesto nacional de 2024 mostraba una inversión escasa en determinadas políticas sociales, especialmente las del Ministerio de Igualdad Racial, orientadas a abordar las desigualdades raciales.

Derechos económicos, sociales y culturales

La Fundación Getulio Vargas publicó datos en junio que mostraban que la pobreza había disminuido, pero el 28% de la población había seguido experimentándola en 2023. Los datos más actualizados del Observatorio Nacional de las Desigualdades pusieron de manifiesto que, en 2022, los ingresos de las personas negras, especialmente las mujeres, habían sido sustancialmente inferiores a los de las personas blancas.

Derecho a la salud

Los datos oficiales publicados en 2024 mostraban que, en 2023, un total de 3.280 mujeres habían muerto por causas obstétricas relacionadas con la maternidad y, de ellas, el 66% eran negras. Ese año, el índice de mortalidad infantil había alcanzado su nivel más bajo en 28 años; se habían registrado 32.006 fallecimientos, en su mayoría de niños y niñas negros.

Según el Ministerio de Salud, los casos de dengue aumentaron a 6,6 millones y provocaron 6.041 fallecimientos en 2024; en 2023 se habían contabilizado 1,6 millones de casos y 1.179 fallecimientos. El Ministerio informó también de que, en 2023, el índice de mortalidad por tuberculosis había aumentado por segundo año consecutivo.

Según los estudios más actualizados, el número de suicidios había aumentado un 43% entre 2011 y 2022, pese a que este tipo de muertes se habían reducido un 36% a nivel mundial. Los pueblos indígenas presentaban la tasa de suicidio más elevada: aproximadamente 16,6 por 100.000 habitantes.

Derecho a la vivienda y al trabajo

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informó de que el número de personas en situación de desempleo había descendido en el tercer trimestre a 7 millones de desempleados y 3,1 millones de “trabajadores desalentados” (personas sin empleo que habían perdido la esperanza de encontrarlo). El Instituto de Investigación Económica Aplicada indicó que las cifras de empleo incluían 48,3 millones de personas dedicadas a actividades laborales de carácter informal.

La coalición de la sociedad civil Desalojo Cero afirmó que se habían llevado a cabo 1,5 millones de desalojos forzosos entre octubre de 2022 y junio de 2024. No se disponía de datos públicos al respecto.

La información más actualizada de la base de datos del registro unificado del gobierno federal cifró en 309.023 el número de personas que dormían en la calle en 2024. El Ministerio de Derechos Humanos y de Ciudadanía sólo disponía de datos desglosados de 2023 respecto a la raza —el 68% de las personas sin hogar eran negras— y la violencia ejercida contra este sector de la población, sobre el que constaban 6.268 incidentes, sobre todo en relación con violencia física.

Derecho a la educación

El país se enfrentaba a dificultades considerables en materia educativa. En septiembre, el presupuesto del Ministerio de Educación se redujo en 1.300 millones de reales brasileños (aproximadamente 230 millones de dólares estadounidenses) para lo que quedaba del año.

Las operaciones policiales afectaron de forma importante a la educación. La organización Redes de Maré, con sede en una favela de Río de Janeiro, informó de que hasta agosto habían tenido lugar 38 operaciones policiales en el Complejo de Maré, que habían interrumpido 34 de las 200 jornadas escolares anuales en esa área.

Tras el repunte de la violencia escolar que reflejaban los 16 incidentes que se habían producido en 2023 y los siete ataques registrados hasta octubre de 2024, el gobierno anunció nuevas medidas de seguridad, y en abril puso en marcha el Sistema Nacional de Seguimiento y Prevención de la Violencia Escolar.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Según los datos publicados en 2024 por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, en 2023 se habían registrado 330 ataques contra periodistas, incluidos actos de estigmatización, agresiones físicas y demandas penales y civiles. La mayoría de quienes los habían cometido eran agentes del Estado, responsables del 55,7% de los casos.

Uso excesivo de la fuerza

La violencia policial persistía en un grado alarmante en nombre de la “guerra contra las drogas”. Según la información publicada durante el año por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, los homicidios cometidos por la policía habían aumentado un 188,9% entre 2013 y 2023, año en el que se habían registrado 6.393 muertes. La mayoría de las víctimas eran personas negras y jóvenes, que representaban el 82,7% y 71,7% de los casos, respectivamente. El racismo también estaba presente en la violencia contra la policía: el 69,7% de los agentes policiales muertos en actos de violencia letal eran personas negras.

Este nivel de violencia afectaba a la salud mental de los agentes de policía. El Foro Brasileño de Seguridad Pública informó de que el índice de suicidio entre el personal policial había aumentado un 26,2% entre 2022 y 2023, año en el que se había registrado un total de 118 casos.

Continuó el despliegue del ejército en el estado de Río de Janeiro, donde tenía presencia desde 2010. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó varios programas para reforzar el control y la supervisión externos de la policía.

Derechos de la infancia

El Congreso Nacional debatió propuestas sobre la reducción de la edad mínima para la responsabilidad penal y la ampliación de los periodos de internación de las personas menores de edad.

Los datos actualizados de UNICEF pusieron de manifiesto que, entre 2021 y 2023, al menos 15.101 niños, niñas y adolescentes habían sido víctimas de muerte violenta; de ellos, el 82,9% eran negros. En ese mismo periodo, el riesgo de mortalidad de los jóvenes negros había sido 4,4 veces superior al de los jóvenes blancos. En 2023, 900 niños, niñas y adolescentes habían perdido la vida a manos de la policía.

En el estado de Río de Janeiro, la libertad de circulación de las personas jóvenes negras se vio aún más restringida por la Operación Verano, que comenzó en septiembre y estaba previsto que continuara hasta marzo de 2025, pese a haber sido suspendida por sentencia judicial. Ese dispositivo permitía a la policía efectuar registros a niños, niñas y adolescentes en determinadas zonas, sin criterios claramente definidos, y remitirlos a los servicios sociales.

En abril se adoptó una medida importante que aumentaba la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una resolución publicada por el Consejo Federal de los Derechos del Niño y el Adolescente prohibió el confinamiento de este grupo de población en las “comunidades terapéuticas” (organizaciones que acogían a personas con dependencia de sustancias psicoactivas), de las que se sabía que habían cometido numerosas violaciones de derechos humanos.

Impunidad

La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado seguía siendo deficiente. Un decenio después de la muerte por disparos del joven de 19 años Johnatha de Oliveira durante una operación policial en la favela de Manguinhos de Río de Janeiro, el policía sospechoso de ser penalmente responsable del homicidio fue juzgado por un jurado. Éste resolvió que el agente no había tenido intención de matar a Johnatha, y se remitió el caso a la justicia militar para ser revisado.¹ El jurado fue anulado en apelación. Se acordó la celebración de un nuevo juicio.

Un tribunal absolvió a tres policías acusados del asesinato del niño de 11 años João Pedro Matos, que había muerto en el interior de su vivienda durante una operación policial efectuada en la favela Complexo do Salgueiro de Río de Janeiro en mayo de 2020.²

En el caso de Davi Fiuza, que en 2014 había sido sometido a desaparición forzada en el barrio de São Cristóvão, en la ciudad de Salvador (estado de Bahía), se presentaron cargos de secuestro y privación ilegítima de libertad contra cinco policías militares, de los 17 que habían sido inculpados. En octubre, el Superior Tribunal de Justicia mantuvo la jurisdicción del jurado, pese a que los acusados habían solicitado ser juzgados por un tribunal militar. El juicio seguía pendiente.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Global Witness señaló que en 2023 Brasil había sido el segundo país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y el territorio, especialmente los pueblos indígenas. Aún no se contaba con un plan nacional en relación con las personas defensoras de los derechos humanos, pese a que existía un mandato legal al respecto desde 2007.

Desde 2020 hasta mayo de 2024, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos había recibido un total de 2.332 quejas sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores y defensoras. El Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos funcionaba en menos de la mitad de los estados del país, en concreto en 10. Durante el año se realizó el seguimiento de 1.134 casos, de los cuales más de la mitad afectaban a personas indígenas o quilombolas (integrantes de las comunidades tradicionales descendientes de la población africana que había escapado de la esclavitud). La mayoría de las amenazas provenían de terratenientes, empresas y agentes de la seguridad pública.

En octubre, dos hombres fueron declarados culpables del asesinato de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco y de su chófer, Anderson Gomes, cometido en marzo de 2018. El STF aceptó la acusación de los inculpados de ordenar el crimen, entre ellos un diputado y el exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, que fueron detenidos. El Comité de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara de los Diputados se pronunció a favor de revocar el mandato del diputado acusado. Según los medios de comunicación, el STF abrió en junio una investigación, por obstrucción a la justicia, al exdirector de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, a un exjefe del Departamento de Homicidios de la policía y a un comisario de policía a cargo de las investigaciones sobre el crimen.

Estaba pendiente de apelación la acusación contra los presuntos autores del asesinato en 2022 de los activistas ambientales Bruno Pereira y Dom Phillips, y había una investigación en curso contra quienes lo habían ordenado.

Hubo avances en la impartición de justicia por los homicidios de los líderes quilombolas Flávio Gabriel Pacífico dos Santo (“Binho del Quilombo”) en 2017 y Maria Bernardete Pacífico (“Madre Bernardete”), su madre, en 2023. Se detuvo a los presuntos autores del homicidio de Binho, y se presentó ante los tribunales una acusación por el homicidio de Madre Bernardete.

Derecho a un medioambiente saludable

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, en 2024 Brasil concentró el 54,5% de los incendios forestales de América del Sur, y la deforestación de las zonas del Cerrado y la Amazonia alcanzó 8.237,9 km², principalmente en terrenos rurales. La actividad minera afectó 66,2 km² e invadió zonas protegidas y tierras indígenas. El Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático no pudo facilitar a Amnistía Internacional un listado de las empresas mineras responsables de daños ambientales.

El gobierno se demoró en responder a los incendios forestales y la deforestación que se produjeron durante el año; no se emprendieron iniciativas de envergadura hasta junio, y se intensificaron en septiembre.

Durante el año, el 58% del país se vio afectado por la peor sequía registrada en 75 años, en la que un tercio de la población se enfrentó a condiciones muy duras.

Las inundaciones que tuvieron lugar en el estado de Río Grande del Sur afectaron a 2,3 millones de personas y obligaron a desplazarse a 600.000, lo que provocó que se declarase el estado de emergencia en 27 ciudades. Según los datos oficiales, las inundaciones dejaron 806 personas heridas, 183 fallecidas y 28 en paradero desconocido. Afectaron especialmente a los grupos vulnerables, incluidas 16.691 personas indígenas. Hasta agosto, la Secretaría de Salud del estado había notificado 788 casos confirmados de leptospirosis y 2.844 en fase de investigación, que habían provocado la muerte a 26 personas, junto con 10 brotes de enfermedades diarreicas agudas.

Derechos de los pueblos indígenas

Según los datos publicados en julio por el Consejo Indigenista Misionero, en 2023 habían sido asesinadas al menos 208 personas indígenas. Además, habían muerto por causas en gran parte prevenibles 1.040 niños y niñas indígenas de hasta cuatro años, y se habían registrado 180 suicidios.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas informó de que, en el segundo semestre de 2024, se estaban examinando 652 casos de conflicto de tierras. En agosto aumentaron los ataques violentos contra las comunidades Guaraní Kaiowá y Ava Guaraní en los estados de Mato Grosso del Sur y Paraná, respectivamente. En septiembre, el joven indígena de 23 años Neri Guaraní Kaiowá murió a manos de la policía durante una operación efectuada en la tierra indígena Nhanderu Marangatu de la hacienda Barra, situada en la ciudad de Antonio João (estado de Mato Grosso del Sur).

Estos conflictos se debían en gran medida a la falta de demarcación de tierras, proceso que se había completado para 601 tierras indígenas y seguía pendiente para otras 731. La Ley 14701, aprobada a finales de 2023, declaraba que sólo las tierras que estaban ocupadas en el momento de promulgarse la Constitución federal de 1988 se sometían al proceso de demarcación, lo que menoscababa los derechos de los pueblos indígenas. Pese a las sentencias judiciales que ya habían considerado inconstitucional esta disposición, el STF estableció un mecanismo de conciliación entre quienes poseían haciendas, los organismos del Estado y los grupos indígenas. Los pueblos indígenas abandonaron esas reuniones afirmando que no se les permitía participar de forma significativa.

Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la inseguridad alimentaria afectaba a 537.941 personas indígenas; esta situación era uno de los efectos adversos de la explotación de los recursos naturales por la población no indígena.

Comunidades quilombolas

La población quilombola seguía sufriendo violencia y no gozaba de la protección del Estado. Según un informe actualizado de la Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas y la ONG Tierra de Derechos, entre 2018 y 2022 al menos 32 personas quilombolas habían muerto de forma violenta en 11 estados, principalmente a causa de los conflictos de tierras y la violencia de género. El Ministerio de Igualdad Racial informó de que, en enero y febrero, 126 comunidades quilombolas habían sufrido conflictos. La Fundación Cultural Palmares informó de que se había certificado la tierra de 3.051 comunidades quilombolas y que en 2024 continuaba en trámite la certificación de la tierra de otras 262. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, sólo el 12,6% del total de la población quilombola vivía en territorios demarcados oficialmente (etapa de reconocimiento previa a la concesión del título de propiedad) y el 4,3% vivía en territorios con título.

El racismo era generalizado, según evidenciaba la información facilitada por el Ministerio de Derechos Humanos y de Ciudadanía, en la que se afirmaba que las violaciones de derechos humanos contra las comunidades religiosas afrobrasileñas habían aumentado un 80%. En el primer semestre de 2024, el Ministerio de Igualdad Racial documentó 342 violaciones de derechos humanos de ese tipo.

Violencia sexual y de género

Los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública señalaban un aumento de la violencia contra las mujeres. Según un informe publicado en julio, Brasil había registrado 1.467 feminicidios en 2023 —lo que suponía un incremento del 0,8% respecto al año anterior—, de los cuales el 63% habían afectado a mujeres negras y el 64% se habían cometido en el ámbito doméstico. También se habían denunciado 258.941 casos de agresión física —cifra que representaba un incremento del 9,8%— y 894.511 casos de violencia psicológica, amenazas y acoso, tres prácticas que habían aumentado. En total se habían otorgado 540.255 medidas de protección urgentes, un 26,7% más que el año anterior. La violencia sexual también había aumentado, y de las 83.988 violaciones registradas —un 6,5% más—, el 88% habían afectado a mujeres y niñas, el 52% a personas negras y el 76% a niñas y niños menores de 13 años. Aun con estas cifras, del Mapa Nacional de Violencia de Género se desprendía que el 61% de los incidentes no se denunciaban.

Las personas LGBTI se enfrentaban a amenazas serias; durante el año se denunciaron 7.673 violaciones de derechos humanos a través de la línea telefónica de emergencia habilitada al efecto. En un informe publicado en 2024, la organización de derechos humanos Grupo Gay de Bahía contabilizó 257 muertes violentas de personas LGBTI en 2023, en su mayoría de personas transgénero negras. Entre 2000 y 2003 habían muerto de forma violenta al menos 5.537 personas LGBTI. Europa Transgénero confirmó en un informe publicado en 2024 que Brasil había presentado entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 la cifra nacional más alta de asesinatos de personas transgénero.

En un año en el que se celebraron elecciones a las alcaldías y concejalías de todo el país, la violencia política por motivos de género seguía suscitando preocupación, pues los datos oficiales mostraban que se habían denunciado 455 abusos de ese tipo. El Ministerio Público Federal realizaba de forma activa el seguimiento de 91 casos de violencia política por motivos de género registrados en 2023 y 2024.

Derechos sexuales y reproductivos

El Proyecto de Ley 1904/24 ponía en peligro los derechos de quienes accedían al aborto, al plantear que los casos posteriores a la semana 22 de embarazo se considerarían asesinatos y al incrementar las penas a 20 años de prisión para cualquier persona involucrada, incluso cuando el embarazo fuera consecuencia de violación. Este proyecto y otras propuestas similares seguían debatiéndose en el Parlamento. El Ministerio de las Mujeres informó de que la prohibición del aborto afectaba de forma desproporcionada a las mujeres que vivían en situación de pobreza.