Chipre

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La sede de una ONG antirracista fue atacada con un artefacto explosivo. Según informes, continuaron las devoluciones ilícitas a Líbano. Se suspendió la tramitación de solicitudes de asilo presentadas por nacionales de Siria. Una investigación sobre la muerte del recluta Athanasios Nicolaou determinó que había sido estrangulado.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En enero, un artefacto explosivo causó graves daños en las oficinas de la ONG antirracista KISA; previamente se habían denunciado amenazas y actos de hostigamiento de grupos nacionalistas y antinmigrantes contra la organización y sus asociados. Se expresó preocupación ante las actuaciones penales iniciadas contra el exdirector ejecutivo de KISA Doros Polykarpou, que parecían motivadas por su trabajo de derechos humanos.

En abril, las autoridades suspendieron la tramitación de solicitudes de protección internacional presentadas por nacionales de Siria, a la “espera de los acontecimientos” con respecto a la evaluación de la situación en Siria, que las autoridades solicitaban realizar en el ámbito de la UE.

En junio, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expresó su preocupación por la devolución sumaria de solicitantes de asilo a la Línea Verde, la zona de seguridad establecida por la ONU. En noviembre, a raíz de una solicitud de medidas cautelares presentada por dos ONG ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trasladó al centro Limnes de estancia previa a la partida (en Kofinou) a personas solicitantes de asilo que llevaban meses abandonadas en la Línea Verde y se les concedió a los procedimientos de asilo. En el contexto del creciente número de solicitantes de asilo que llegaban por mar, durante el año aparecieron informes de devoluciones por mar sumarias —y, por tanto, ilícitas— a Líbano, desde donde, en 2023, en algunos casos se había devuelto a su país a personas sirias. En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Chipre por haber devuelto sumariamente a un grupo de personas sirias a Líbano en 2020, incumpliendo la prohibición de las expulsiones colectivas, y por no haber evaluado los riesgos que corrían a su regreso.

Uso excesivo de la fuerza

En abril hubo informes sobre personas sometidas a uso excesivo de la fuerza durante su arresto y a malos tratos bajo custodia por protestar por la muerte de un bangladeshí que había saltado por la ventana de su dormitorio durante una redada policial en Limasol.

Libertad de reunión

En junio, la sociedad civil expresó su preocupación en torno a un proyecto de ley de regulación de las protestas que penalizaba a quienes organizaran una reunión prohibida o participaran en ella, así como a quienes se manifestaran con el rostro cubierto.

Impunidad

En mayo, en una nueva investigación sobre la muerte del recluta Athanasios Nicolaou en 2005 se determinó que lo habían estrangulado. El Consejo de Ministros designó a dos investigadores penales independientes para reabrir el caso.

Derecho a un medioambiente saludable

Chipre bajó siete puestos en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático, en el que se señaló que la puntuación del país en la categoría de energías renovables era baja y que se estaba promocionando como combustible de transición el llamado “gas natural”.

Desapariciones forzadas

De 2006 a diciembre de 2024, el Comité sobre Personas Desaparecidas en Chipre había identificado los restos mortales de 1.051 personas desaparecidas (756 grecochipriotas y 295 turcochipriotas).