Corea del Norte

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El gobierno seguía ejerciendo un control total sobre todos los aspectos de la vida y restringía gravemente los derechos a la libertad de expresión y circulación y el derecho de a la información. Miles de personas, incluidas las acusadas de disidencia o de intentar huir del país, fueron recluidas en campos penitenciarios. Se sometió a presos y presas a tortura y otros malos tratos. Hubo informes de ejecuciones públicas. Se utilizaba sistemáticamente el trabajo forzoso como forma de control y para mantener la economía operativa. Empeoró la escasez de alimentos, pero el gobierno siguió rechazando la ayuda internacional.

Información general

Las graves inundaciones de julio destruyeron miles de viviendas y, según informes, provocaron hasta 1.500 muertes o desapariciones. Las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur eran cada vez más tensas.

Libertad de expresión

Se intensificaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión. El gobierno controló estrictamente todas las formas de comunicación, con medidas como vigilar las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y la actividad en Internet, y prohibir el o con el mundo exterior.¹ El a la información de fuentes externas también siguió estando prohibido. Estaban vetados los medios de comunicación extranjeros, en particular las noticias, los programas de televisión y la música de Corea del Sur; el gobierno imponía penas severas, incluidos años de “reforma por el trabajo”, a quienes accedían a dichos contenidos o los distribuían.² Personas que desertaron de Corea del Norte informaron de que la más mínima crítica al gobierno en conversaciones privadas podía acarrear la detención y el ingreso en prisión, lo que contribuía a crear un ambiente de miedo generalizado.

Detención y reclusión arbitrarias

La detención y reclusión arbitrarias seguían siendo prácticas generalizadas. Según informes, había miles de personas, a veces familias enteras, detenidas en campos penitenciarios para presos y presas políticos (kwanliso) por haber intentado huir del país, practicar su religión u adoptar una “ideología y cultura reaccionarias”, entre otros delitos. Las personas repatriadas a la fuerza desde China se enfrentaban a graves violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, trabajos forzados y, en algunos casos, tortura u otros malos tratos o muerte.

La tortura y otros malos tratos a las personas detenidas estaban muy extendidos, pero eran especialmente sistemáticos en los kwanliso. Quienes habían logrado huir del país durante el año refirieron palizas y otros tipos de violencia física y psicológica contra las personas presas. Estas medidas se utilizaban tanto como forma de castigo como para extraer confesiones. Las mujeres presas eran especialmente vulnerables a la violencia sexual, y la población penitenciaria en general se enfrentaba también a graves daños físicos y mentales como consecuencia de las condiciones inhumanas de los campos, en especial la falta de alimentos y la negación de tratamiento médico. El gobierno seguía negando la existencia de estos centros.

Trabajo forzoso

En un informe publicado en julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) afirmó que el trabajo forzoso era generalizado y estaba institucionalizado, y que su extenso sistema de múltiples niveles se utilizaba para controlar y explotar a la población. La OACNUDH identificó seis tipos de trabajo forzoso en distintos contextos, entre ellos el empleo asignado por el Estado, el reclutamiento militar, los “viajes de trabajo” para escolares y el despliegue de “brigadas de choque”. El informe sugería que el uso generalizado del trabajo forzoso en las prisiones, donde se obligaba sistemáticamente a trabajar a las personas privadas de libertad bajo amenazas de violencia física, podría equivaler al crimen de lesa humanidad de esclavitud. El trabajo forzoso, que se daba con frecuencia en la construcción, la agricultura, la explotación forestal y la minería, implicaba condiciones arduas y peligrosas, largas jornadas laborales y una remuneración insuficiente.

Pena de muerte

Según informes, se impuso la pena de muerte por una amplia gama de delitos, como el intento de deserción, el a medios de comunicación extranjeros y las críticas al gobierno. Se desconocía el alcance de su aplicación, pero los informes de quienes habían huido del país y de organizaciones de derechos humanos con sede en Corea del Sur sugerían que las ejecuciones eran habituales. Informes no confirmados elevaban hasta 30 la cifra de funcionarios estatales ejecutados por corrupción y omisión del deber en relación con las extensas inundaciones de julio. En agosto, según informes, dos mujeres fueron ejecutadas públicamente en la ciudad nororiental de Chongjin tras ser declaradas culpables de intentar ayudar a otras personas a huir del país.

Derecho a la alimentación

La escasez de alimentos empeoró debido a la prolongada sequía y a las inundaciones generalizadas, que dañaron los cultivos y la infraestructura agrícola en las comarcas de Sinuiju y Uiju, en la provincia de Pyongan del Norte. Según informaciones de los medios de comunicación, la crisis alimentaria se agravó aún más porque el gobierno seguía sin reformar el sistema de distribución de alimentos centralizado y priorizaba el suministro de alimentos a las fuerzas armadas y las élites políticas en detrimento de la población civil ordinaria, así como por las sanciones internacionales. Según la ONU, había unos 10,7 millones de personas desnutridas, es decir, más del 40% de la población, en especial niños, niñas y personas mayores, sobre todo en zonas rurales. El gobierno restó importancia a la magnitud de la escasez de alimentos y rechazó las ofertas de ayuda alimentaria y de otro tipo que le propusieron otros gobiernos y organismos humanitarios internacionales.