Corea del Sur

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Los objetivos fijados en materia de emisiones de gases de efecto invernadero incumplían el deber del gobierno de proteger a las generaciones futuras. Las autoridades seguían restringiendo las protestas de activistas en favor de las personas con discapacidad. Se utilizaba la legislación de seguridad nacional para enjuiciar a quienes expresaban su apoyo a Corea del Norte. Se reconoció legalmente el derecho de las parejas del mismo sexo a las prestaciones del seguro médico. No se tomaron medidas suficientes para abordar la violencia de género facilitada por la tecnología. Se seguía sometiendo a los trabajadores y trabajadoras migrantes a explotación en el ámbito laboral y a condiciones de trabajo inseguras.

Información general

En diciembre, el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial y suspendió derechos fundamentales, incluido el de reunión, aunque la Asamblea Nacional anuló la decisión a las pocas horas. Luego, tanto Yoon Suk-yeol como su sucesor, Han Duck-soo, fueron destituidos en espera de la decisión definitiva del Tribunal Constitucional. Al acabar el año, la crisis política aún no se había resuelto y ejercía la presidencia el viceprimer ministro, Choi Sang-mok.

A principios del año, varios grupos de desertores norcoreanos reanudaron el envío a Corea del Norte de globos con folletos contrarios a Pyongyang, después de que en 2023 una sentencia del Tribunal Supremo declarara inconstitucional la ley que lo prohibía. En respuesta, las autoridades norcoreanas lanzaron a Corea del Sur, a través de la zona desmilitarizada, más de 5.000 globos llenos de excrementos. Algunos de estos globos estaban equipados con temporizadores y detonadores, lo que provocó varios incendios y alteró el tráfico aéreo.

Derecho a un medioambiente saludable

En agosto, el Tribunal Constitucional resolvió que la Ley de Neutralidad en Carbono de 2021 no protegía los derechos básicos consagrados en la Constitución, incluido el derecho a un medioambiente saludable, y que los objetivos para las emisiones de gases de efecto invernadero contenidos en la ley eran insuficientes para garantizar la protección de las generaciones futuras. El Tribunal ordenó al poder legislativo que revisara la ley antes de marzo de 2026 e incluyera en ella objetivos de reducción progresiva de las emisiones durante los años previos a la consecución del cero neto en 2050. La decisión se tomó tras sendas vistas de cuatro causas, celebradas en abril y mayo, en las que unas 200 personas —entre ellas más de 60 niños y niñas— alegaron que el gobierno no las protegía adecuadamente de los daños asociados al cambio climático.¹

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades siguieron imponiendo restricciones ilícitas y excesivas a las protestas pacíficas en favor de la mejora del de las personas con discapacidad a la red de metro de Seúl y contrarias a la supresión del programa de empleo para las personas con discapacidades graves. Solidaridad contra la Discriminación por Discapacidad, grupo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, denunció que la policía había hecho uso excesivo de la fuerza para disolver una protesta el 6 de febrero. El 20 de abril se detuvo en otra protesta a cuatro activistas en favor de las personas con discapacidad. Posteriormente quedaron en libertad, aunque al finalizar el año seguían pendientes los cargos contra tres.

Aumentó el número de procesamientos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de personas acusadas de entrar en o con las autoridades norcoreanas o de expresar su apoyo hacia ellas. En marzo, un hombre fue declarado culpable y condenado a una pena no privativa de libertad de un año por haber publicado en Internet comentarios en los que expresaba su solidaridad con Corea del Norte. El tribunal resolvió que las publicaciones ponían en peligro la existencia de la República de Corea (Corea del Sur) y el orden democrático liberal.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En marzo, la Comisión Militar Central decidió que podía darse sepultura en el cementerio nacional a una soldado que se había suicidado en 2021, al considerar que había fallecido “en acto de servicio”. La muerte de la soldado había tenido lugar tras su expulsión de las fuerzas armadas con posterioridad a una operación quirúrgica de afirmación de género. El reconocimiento de la Comisión anuló una decisión previa según la cual la reasignación de género de la sargento Byun Hui-su era una “discapacidad” y, por tanto, su expulsión de las fuerzas armadas era legítima y no estaba relacionada con su muerte.

En julio, el Tribunal Supremo resolvió que las parejas homosexuales tenían derecho a las mismas prestaciones de seguro médico que las heterosexuales. La sentencia desestimó un recurso interpuesto por el Servicio Nacional de Salud contra una decisión judicial anterior que lo obligaba a dar cobertura sanitaria a Kim Yong-min al ser éste dependiente de su pareja, del mismo sexo.² Pese a este reconocimiento istrativo limitado de las prestaciones, la sentencia no reconoció legalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Seguía la amenaza de suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Tras dimitir en febrero, la ministra no había sido sustituida al finalizar el año.

Violencia por motivos de género

En agosto, el presidente instó al gobierno a tomar medidas para erradicar de las redes sociales las imágenes y vídeos hiperrealistas falsos (deepfakes) con contenido sexual explícito generados mediante inteligencia artificial. Según activistas de los derechos de las mujeres, la creación de este tipo de contenido y su difusión en chats habían alcanzado un nivel de “emergencia nacional” y formaban parte del sexismo y la misoginia profundamente arraigados en el país.

Las empresas de redes sociales no tomaron medidas efectivas para establecer un sistema de denuncia que activara la retirada inmediata de los contenidos abusivos, como demandaban las sobrevivientes de violencia de género facilitada por la tecnología.

Derechos de las personas migrantes

Ante el descenso de la población en edad laboral, la dependencia con respecto a las personas migrantes aumentó, lo que incrementó la preocupación por las condiciones de trabajo del personal extranjero. En julio, 23 personas, en su mayoría trabajadores y trabajadoras migrantes, murieron en un incendio de una fábrica de baterías de litio en la ciudad de Hwaseong. Se recriminó a los propietarios de la fábrica la inadecuación de las normas de seguridad.

Las organizaciones sindicales y de defensa de los derechos de las mujeres expresaron su preocupación por el trato que recibían las trabajadoras domésticas filipinas que habían llegado a lo largo del año en el marco de un programa piloto establecido por el gobierno metropolitano de Seúl para contratar personal extranjero. El programa había fijado inicialmente su remuneración por debajo del salario mínimo. También hubo quejas de las trabajadoras por los retrasos en los pagos, la falta de instalaciones de descanso y el toque de queda nocturno que les imponían las autoridades.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En junio, en sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de la República de Corea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno aún no hubiera aplicado la decisión de 2023 del Tribunal Superior de Seúl que llamaba a indemnizar a las “mujeres de solaz”, sometidas a esclavitud sexual por las fuerzas armadas japonesas antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El Comité recomendó al gobierno que proporcionara a las sobrevivientes reparación y resarcimiento, incluido a atención médica, psicológica y social especializada en relación con los daños derivados del trauma.

Un informe publicado por la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación en septiembre documentó pruebas de la adopción internacional de decenas de miles de niños y niñas entre 1961 y 1987 sin el consentimiento de sus progenitores. Según las ONG, fueron adoptados en el extranjero al menos 200.000 menores surcoreanos, muchos de ellos nacidos de mujeres recluidas en centros de asistencia social gestionados por el gobierno, en virtud de la llamada política de “purificación social”. La Comisión recomendó a las autoridades emitir una disculpa oficial e indemnizar a las víctimas.

Pena de muerte

En noviembre, 65 legisladores y legisladoras de la oposición presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para abolir la pena de muerte. Aunque no se esperaba que fuera aprobado, el proyecto de ley representó un paso simbólico importante para aumentar la presión sobre el gobierno a fin de que aboliera este castigo.