Eritrea

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Persistía el uso del servicio militar obligatorio e indefinido, que en algunos casos constituía trabajo forzoso y esclavitud. Se cometían abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas que retornaban. Se violaba el derecho a la educación. Se reprimía el derecho a la libertad de expresión y seguía sin conocerse la suerte de varias personas críticas con el gobierno que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2001. El gobierno seguía sin aplicar las recomendaciones de la Comisión de Investigación de la ONU relativas a investigar los crímenes de derecho internacional, y denegó el al país al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea.

Trabajo forzoso

Persistía el uso del servicio militar obligatorio e indefinido, implantado hacía decenios para las personas de entre 18 y 40 años, así como el trabajo forzoso y otras violaciones graves de derechos humanos asociadas a esta práctica. Esa política establecía que las personas reclutadas debían cursar el último año de la enseñanza secundaria en el tristemente célebre campamento de instrucción militar de Sawa, donde se había documentado la existencia de trabajo forzoso, que en algunos casos era constitutivo de esclavitud (véase infra, “Derecho a la educación”).

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las personas refugiadas eritreas sufrían abusos contra los derechos humanos en los países a los que huían en busca de seguridad. El gobierno consideraba prueba de traición solicitar asilo en otros países, y toda persona devuelta a Eritrea podía ser detenida. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, las personas retornadas también podían sufrir tortura y, en algunos casos, la muerte. En mayo, el relator especial sobre los derechos humanos en Eritrea afirmó que las autoridades habían “cruza[do] fronteras [...] para controlar a políticos de la diáspora eritrea y silenciar a activistas en favor de la democracia, periodistas, oponentes políticos y defensores de los derechos humanos”. Se detuvo, recluyó y expulsó sumariamente a Eritrea a personas refugiadas eritreas en Etiopía. Las mujeres y las niñas en particular sufrían violaciones de derechos humanos, incluida violencia sexual y servidumbre doméstica, a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido y otros actores en Sudán. En agosto, Turquía devolvió a Eritrea a unas 180 personas de nacionalidad eritrea, violando con ello su derecho legal a recibir protección.¹

Derecho a la educación

Eritrea tenía una relación entre deuda y producto interno bruto (PIB) del 211%, una de las más altas del mundo. En 2022, el país había dedicado el 33,4% del presupuesto nacional al pago del servicio de la deuda. El elevado gasto en este concepto amenazaba la financiación de la educación y otros servicios públicos. El bajo nivel de gasto en educación, según los informes más actualizados, parecía haberse estancado por debajo del 2% desde 2020, inferior al promedio de gasto en África (entre el 3 y el 4% del PIB). Esta situación se agravaba a causa de factores tales como la corrupción y la falta de transparencia financiera.

Según la ONU, el 48% de los niños y niños en edad de cursar enseñanza primaria no estaban escolarizados, mientras que sólo el 4% de los varones y el 3% de las mujeres en edad universitaria estaban inscritos en enseñanza superior. Escaseaba el profesorado debidamente capacitado. Al mismo tiempo, la política de reclutamiento forzoso, que podía obligar al personal docente a cumplir el servicio militar, menoscababa los niveles educativos y aumentaba la ya elevada proporción de estudiantes por docente. Muchas personas jóvenes se veían obligadas a abandonar los estudios para incorporarse al servicio militar o exiliarse. También se tuvo noticia del reclutamiento de niños y niñas, lo que les negaba en la práctica su derecho a la educación.

Según la UNESCO, la elevada tasa de matrimonio precoz e infantil era una de las razones fundamentales de que gran parte del estudiantado no terminara su formación escolar.

Libertad de expresión y desapariciones forzadas

Eritrea seguía siendo uno de los escasos países donde no había registrado ningún tipo de medio de comunicación privado. La prensa libre había quedado desmantelada en 2001, año en que el gobierno había detenido a 15 políticos —conocidos como Grupo de los 15 (G-15)— y a 16 periodistas que los apoyaban, después de que reclamaran al presidente Afwerki la aplicación del proyecto de Constitución y la celebración de elecciones abiertas. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de 11 de los políticos ni de los 16 periodistas acusados de tener vínculos con el G-15.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El gobierno seguía sin aplicar las recomendaciones de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Eritrea, establecida en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos. La Comisión había concluido en 2016 que llevaban cometiéndose crímenes de derecho internacional en el país desde 1991, incluidos crímenes de lesa humanidad y otros actos inhumanos. En julio, el relator especial sobre los derechos humanos en Eritrea reiteró que seguían sin aplicarse la mayoría de las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la Comisión de Investigación. Además, las autoridades seguían sin permitir el del relator a Eritrea. También en julio, Amnistía Internacional instó al Consejo de Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos para evaluar la situación de los derechos humanos en Eritrea, y a reflexionar sobre la manera de recopilar y preservar datos para futuros procedimientos judiciales penales.²