Eslovaquia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Los estrictos criterios de elegibilidad para acceder a las escasas viviendas públicas dejaron a miles de personas sin adecuado a una vivienda asequible. El gobierno introdujo enmiendas a leyes vigentes que restringieron desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación y exclusión social. La legislación seguía sin proteger los derechos de la población LGBTI. Representantes del Estado seguían perpetuando de manera generalizada el estigma y los estereotipos que sufrían las minorías. Se mantuvo clasificada la información relativa a la transferencia de armas a Israel. Las acciones del gobierno socavaron su compromiso con la transición para abandonar el uso de los combustibles fósiles.

Derecho a la vivienda

El hecho de que las autoridades no reconocieran la vivienda como derecho humano provocó una crisis de la vivienda pública de alquiler que afectaba a los grupos marginados y a familias que tenían dificultades para pagar su excesivo coste.¹

El parque de viviendas municipales era escaso, lo que dejaba a miles de familias de ingresos bajos sin adecuado a opciones de alquiler de vivienda pública. Los estrictos criterios de elegibilidad para acceder a vivienda pública, que incluían unos requisitos de ingresos mínimos, limitaban aún más el a ella y daban lugar a que se considerara a muchas personas no aptas para solicitarla. Las familias romaníes sufrían discriminación y segregación sistémicas en la distribución de vivienda municipal.

Las opciones de alojamiento de emergencia, previstas como soluciones a corto plazo, a menudo se convertían en una medida de largo plazo debido a la falta de viviendas asequibles.

Libertad de reunión pacífica

La nueva legislación sobre el derecho de reunión pacífica, adoptada en junio, violaba la Constitución y las obligaciones internacionales contraídas por Eslovaquia en materia de derechos humanos.² Imponía varias restricciones nuevas al derecho de manifestación y otorgaba a los municipios amplios poderes para prohibir reuniones pacíficas.

Libertad de asociación

Algunas ONG, en particular las que se centraban en los derechos humanos y en la transparencia, eran objeto de críticas y ataques por parte de autoridades gubernamentales. Esa demonización dio lugar a la primera votación parlamentaria sobre un proyecto de ley que contravenía la legislación de la Unión Europea.³ Al concluir el año, el Parlamento estaba debatiendo una versión modificada del proyecto de ley que podía restringir el derecho a la libertad de asociación. También se aplicaron con éxito varias medidas para reducir la financiación de las ONG.

Libertad de expresión

En junio, el Parlamento aprobó una nueva ley nacional de radio y televisión que aumentaba la influencia política en los medios de comunicación públicos.⁴

Uso excesivo de la fuerza

El gobierno no aplicó medidas efectivas para cumplir plenamente las decisiones judiciales sobre el uso excesivo de la fuerza contra la población romaní por parte de la policía. Tampoco mejoró las investigaciones sobre la violencia policial, abordó los posibles motivos raciales ni reforzó la independencia del organismo de investigación.

Discriminación

Romaníes

La persistente y sistémica segregación de los niños y las niñas romaníes tanto en la educación general como en la especial había llevado a la Comisión Europea a interponer una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2023 por vulneración de la Directiva sobre igualdad. El Ministerio de Educación reforzó aún más la segregación ampliando las escuelas ya segregadas.⁵

Se anunció un memorándum para el establecimiento de la primera escuela nacional para romaníes. La adopción de la reforma de la Ley Escolar relajó los criterios para establecer escuelas nacionales romaníes. La comunidad romaní no respaldaba dicha reforma.

Personas LGBTI

En mayo, el Parlamento rechazó en votación un intento de imposibilitar de facto el reconocimiento legal de la identidad de género.⁶ No obstante, las personas transgénero seguían enfrentando obstáculos para acceder al reconocimiento legal de su identidad de género y a atención médica de afirmación de género.

No hubo avances a la hora de conceder a las parejas del mismo sexo el derecho legal a la unión civil y a la parentalidad.

Algunos del Parlamento continuaban expresando opiniones homófobas y tránsfobas mientras la población LGBTI seguía sufriendo discriminación y hostilidad por parte del Estado y en la sociedad.

Violencia por motivos de género

Seguía sin haber una definición jurídica de la violación basada en el consentimiento. El Parlamento trató de acortar de 20 a 10 años el periodo de prescripción de los delitos de violencia sexual, pero el intento fracasó debido a la fuerte oposición de la población y de especialistas en la materia.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres sometidas a esterilización forzada entre 1966 y 2004 seguían sin disponer de un mecanismo efectivo de indemnización.

Transferencias irresponsables de armas

La información relativa a la transferencia de armas a Israel se mantenía clasificada, lo que entraba en conflicto con los principios internacionales de transparencia y presentación informes del Tratado sobre el Comercio de Armas.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno respaldó el compromiso de realizar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles adquirido en 2023 en la COP28. Sin embargo, continuó invirtiendo en una terminal de gas licuado, denominado “natural”, en la capital, Bratislava.

El Plan Nacional de Energía y Clima integrado no tenía un calendario claro para la reducción del uso de combustibles fósiles y distaba mucho de ajustarse a los objetivos de la Unión Europea para 2030 sobre el uso de fuentes de energía renovables.