

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.
La legislación que regulaba las protestas pacíficas seguía siendo contraria al derecho internacional. La escasez de profesionales médicos generalistas dejó a 140.000 personas sin aceptable a asistencia médica primaria. Las personas “borradas” que no habían podido recuperar la condición de residentes seguían sin tener a derechos fundamentales. La población romaní y las personas LGBTI sufrían discriminación. El gobierno impuso sanciones más estrictas a algunas emisiones nocivas, pero abandonó su compromiso de dejar de subvencionar los combustibles fósiles.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
La Ley de Reuniones Públicas seguía siendo incompatible con el derecho internacional.1 En concreto, no definía con suficiente precisión la conducta policial permisible, lo que permitía ejercer de manera muy considerable la facultad de dispersión. Asimismo, la legislación hacía recaer obligaciones desproporcionadas sobre quienes organizaban protestas, entre ellas la de responsabilizarse por daños y perjuicios de las muertes o lesiones físicas derivadas de circunstancias extraordinarias, tales como movimientos de muchedumbres y desorden generalizado.
Derecho a la salud
Persistía en todo el país la escasez significativa de profesionales médicos generalistas, y aproximadamente 140.000 personas no disponían de satisfactorio a asistencia médica primaria.
Más de 230.000 mujeres y niñas mayores de 13 años no podían acceder a atención de la salud sexual y reproductiva debido a la escasez de personal sanitario en ese ámbito. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron de que esa cifra podía duplicarse en los cinco años siguientes a causa de la jubilación de especialistas en ginecología.
El Instituto Nacional de Salud Pública señaló en abril que el a los servicios de atención de la salud se había reducido considerablemente en los 10 años anteriores.
En septiembre, el gobierno adoptó una nueva estrategia de atención primaria de salud que contemplaba la aplicación de un enfoque coordinado para garantizar un sistema sanitario público más accesible, justo y sostenible.
El gobierno también propuso reformas a la Ley de Servicios de Salud dirigidas a reforzar la red de salud pública y a regular las condiciones del personal sanitario público en el sector privado. Algunos grupos de la sociedad civil advirtieron de que la propuesta fomentaba una mayor privatización de la atención de la salud. Alegaban que, en vez de ello, la atención debía centrarse en el sistema público de salud a fin de garantizar su adecuada financiación y su accesibilidad para todas las personas, sin discriminación.
Discriminación
Personas “borradas”
Las personas consideradas todavía “borradas” —exciudadanas de las antiguas repúblicas yugoslavas a quienes no se había incluido aún en el registro oficial de residentes permanentes tras haber sido eliminadas inconstitucionalmente de él en 1992— continuaban llevando una existencia precaria.
En febrero, el gobierno rechazó un anteproyecto de ley que les habría restituido su condición de residentes permanentes y que había sido elaborado por grupos de la sociedad civil con el apoyo de la Presidencia del Gobierno. Por consiguiente, a las personas “borradas” se les siguió negando el derecho a acceder a seguros de salud, al trabajo y a la vivienda, garantizado por la condición de residente.2
Romaníes
Las personas romaníes, especialmente las que habitaban en asentamientos informales aislados y segregados en el sureste de Eslovenia, seguían sufriendo exclusión y discriminación. Muchas de ellas se alojaban en viviendas mal construidas, carecían de seguridad de la tenencia y no tenían a agua apta para el consumo, saneamiento ni electricidad.
Personas LGBTI
A las personas que aspiraban a que se les reconociera legalmente el género en los documentos de identidad oficiales se les seguía exigiendo presentar un diagnóstico de trastorno de salud certificado por una institución de salud o por alguien que ejerciera la medicina.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En junio, alegando incipientes amenazas para la seguridad relacionadas con la migración, Eslovenia restableció controles fronterizos temporales con Croacia y Hungría por un periodo de seis meses.
Derecho a un medioambiente saludable
En marzo, una reforma de la Ley de Protección Ambiental impuso límites más estrictos a las emisiones nocivas de las plantas de coincineración.
El gobierno estaba elaborando una ley climática que contenía algunas propuestas contrarias a los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de París. El Consejo del Clima, comité consultivo independiente, criticó al gobierno por incumplir su promesa de eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles.
Como respuesta a las inundaciones sin precedentes ocurridas en 2023, las autoridades adoptaron importantes medidas de adaptación a tales sucesos para mejorar la resiliencia del país ante las lluvias intensas.