Filipinas

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se desestimó el último cargo falso interpuesto contra la defensora de los derechos humanos Leila de Lima. El aumento de las desapariciones forzadas de activistas suscitó una preocupación creciente. Persistía la práctica de “etiquetar en rojo” a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes había jóvenes activistas, y el gobierno seguía utilizando medidas antiterroristas contra el personal de ayuda humanitaria. Continuaron los homicidios en el contexto de la “guerra contra las drogas”. En los programas de tratamiento de la drogodependencia se cometían numerosas violaciones de derechos humanos, incluido el derecho a la salud.

Represión de la disidencia

Continuó el “etiquetado en rojo”, práctica consistente en denostar públicamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros grupos y particulares calificándolos de presuntos y captadores clandestinos del grupo comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés), pese a que el Tribunal Supremo había determinado en mayo que suponía una amenaza para la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Mecanismos expertos de la ONU, incluida la relatora especial para la libertad de expresión, hicieron repetidos llamamientos al gobierno para que denunciara y penalizara esas actuaciones.

Las autoridades, principalmente la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista, crearon un clima de miedo entre los jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos sirviéndose de las redes sociales, la difusión de información errónea y una ley antiterrorista deficiente.¹

El gobierno siguió utilizando medidas antiterroristas contra las organizaciones “etiquetadas en rojo”, incluidos los grupos humanitarios. En mayo, el Consejo contra el Blanqueo de Dinero congeló las cuentas bancarias del Leyte Center for Development por presunta financiación de organizaciones “terroristas”, entre ellas el NPA. Ese mismo mes, 27 cooperantes vinculados al consorcio de organizaciones humanitarias Red de Recursos para el Empoderamiento de Comunidades a quienes el Departamento de Justicia había acusado de financiación del terrorismo pagaron una fianza de 200.000 pesos filipinos (3.477 dólares estadounidenses) cada uno. En mayo, más de 30 activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a cargos relacionados con el terrorismo después de que las fuerzas armadas los acusaran de haber participado en un enfrentamiento armado en 2023. En septiembre se desestimaron los cargos contra al menos cuatro de estas personas.

En mayo, un tribunal regional condenó a un hombre por homicidio después de que supuestamente confesara haber acabado con la vida de Percival Mabasa, alias “Percy Lapid”, locutor de radio crítico con el gobierno, en 2022. El juicio de otro sospechoso seguía en curso al finalizar el año, pero el presunto autor intelectual del delito, Gerald Bantag, exdirector de la Dirección de Servicios Penitenciarios, permanecía en libertad.

El 24 de junio, otro tribunal desestimó el último cargo de conspiración para cometer narcotráfico que pesaba contra la defensora de los derechos humanos y exsenadora Leila de Lima.² Los cargos falsos interpuestos contra ella guardaban relación con su investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la “guerra contra las drogas” bajo el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, de 2016 a 2022.

En julio, el Tribunal de Apelaciones anuló una orden de cierre dictada en 2018 por la Comisión de Valores y Bolsa contra el sitio web de noticias Rappler. Seguía pendiente una acusación de ciberdifamación, delito que conllevaba pena de prisión, contra Maria Ressa —fundadora de Rappler y premio nobel— y un antiguo miembro de su equipo.

Desapariciones forzadas

Había cada vez más activistas sometidos a desaparición forzada. En abril, según informes, fue secuestrado en la provincia de Bukidnon el sindicalista William Lariosa, a quien las fuerzas armadas negaron tener bajo custodia y que seguía desaparecido al finalizar el año.

En septiembre, el Tribunal Supremo concedió una orden de protección temporal en el caso de la desaparición de los activistas Gene Roz Jamil de Jesus y Dexter Capuyan. La orden prohibía a ciertas personas, entre las que figuraban autoridades policiales y militares, acercarse en un radio de menos de un kilómetro a sus familiares directos. De Jesus y Capuyan permanecían desaparecidos desde la denuncia de su secuestro en 2023. Al terminar el año, el Tribunal de Apelaciones continuaba examinando la petición formulada por los familiares de que se obligara al gobierno a presentarlos ante un juez —si estaban bajo custodia— o a permitir el a información sobre ellos.

La activista ambiental Rowena Dasig desapareció tras quedar en libertad en la provincia de Quezón el 22 de agosto, y fue encontrada sana y salva más de dos meses después. Según informes, también en agosto personas no identificadas secuestraron en fechas diferentes a James Jazmines y a Felix Salaveria Jr., amigos y activistas, en la localidad de Tabaco (provincia de Albay). Ambos seguían desaparecidos al finalizar el año.

Según informes, el 28 de septiembre unos soldados se llevaron por la fuerza a la defensora campesina Fhobie Matias a un campamento militar en la provincia de Laguna. Semanas después, el ejército filipino afirmó que la activista se había rendido voluntariamente y había itido pertenecer al NPA.

Impunidad

Continuaron los homicidios ilícitos en el contexto de la “guerra contra las drogas”. El seguimiento realizado por el grupo universitario Dahas mostró que a lo largo del año habían muerto al menos 871 personas en operaciones policiales antidroga.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado celebraron sesiones para investigar las ejecuciones extrajudiciales de la “guerra contra las drogas”. Royina Garma, alto mando de la policía retirada, denunció que el expresidente Duterte y el senador Bong Go habían ordenado y coordinado, respectivamente, un sistema de recompensas en metálico para quienes mataran a personas sospechosas de consumir o vender drogas. Ronald Dela Rosa, exjefe de policía y senador, fue acusado de incriminar falsamente a Leila de Lima, defensora de los derechos humanos, en el tráfico de drogas. Tanto Go como Dela Rosa negaron las acusaciones. En el Senado, Duterte itió en octubre haber mantenido un “escuadrón de la muerte” para acabar con presuntos delincuentes en sus años como alcalde de Dávao. Previamente, Garma había revelado que Duterte le había pedido que reprodujera el “modelo de Dávao” —en referencia directa a los escuadrones de la muerte y los homicidios ilícitos— al llegar a la presidencia del país. En noviembre, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para investigar la “guerra contra las drogas” llevada a cabo bajo el gobierno de Duterte, con la posibilidad de acusarlo de violar el derecho internacional humanitario.³

La rendición de cuentas por homicidios ilícitos siguió siendo casi inexistente; sin embargo, al menos en dos causas se condenó a policías. El 27 de febrero, un tribunal declaró a un agente de policía culpable del homicidio de Jemboy Baltazar, de 17 años, en agosto de 2023; condenó a otros cuatro por uso ilegal de armas de fuego, y absolvió a un sexto agente. Otro tribunal condenó a cuatro policías por el homicidio de Luis y Gabriel Bonifacio, padre e hijo, en el transcurso de una operación policial antidroga en 2016.

En julio llegó a su fin un programa de tres años sobre derechos humanos desarrollado conjuntamente entre la ONU y el gobierno filipino. Los grupos de la sociedad civil pidieron una evaluación objetiva del programa y señalaron que no se habían logrado avances en cuanto a la rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con las drogas.⁴ Tras la conclusión del programa, el presidente Ferdinand Marcos Jr. creó un Comité Especial de Coordinación en Derechos Humanos que diversos grupos tildaron de deficiente y superfluo.⁵

Continuó la investigación de la Corte Penal Internacional (I) sobre las ejecuciones extrajudiciales. En julio, el gobierno confirmó que la Fiscalía de la I había solicitado entrevistarse con varias autoridades filipinas consideradas “bajo sospecha”. Sin embargo, el gobierno reiteró su negativa a cooperar con la investigación de la Corte.

Derecho a la salud

En julio, la ONU y el gobierno celebraron una cumbre conjunta sobre políticas de drogas con la intención de reformar la legislación antidroga del país e identificar formas de abordar la política de drogas basadas en la salud.

Una investigación de Amnistía Internacional reveló que los programas gubernamentales de tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes estaban plagados de violaciones de los derechos a la salud, a la libertad, a la intimidad y al consentimiento informado, así como a no sufrir tortura ni otros malos tratos. La investigación también detalló que se obligaba a las personas acusadas de consumir drogas a someterse por mandato judicial a un programa sin base empírica que equivalía a detención arbitraria.⁶

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En mayo, el Proyecto de Ley para la Igualdad en materia de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género y Características Sexuales llegó a los debates plenarios de la Cámara de Representantes, casi un año después de haber sido aprobado en comisión. Sin embargo, quedó excluido de la lista de proyectos de ley prioritarios del gobierno.

Derecho a un medioambiente saludable

En agosto, una comisión de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que obligaba a las empresas a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con los planes de descarbonización del gobierno. Al finalizar el año, el proyecto no había sido aprobado por ambas cámaras del Congreso ni por el presidente, por lo que seguía sin convertirse en ley.