Francia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Persistían el racismo y la discriminación racial sistémicos contra colectivos como las mujeres y niñas musulmanas. Continuó el uso de perfiles raciales con impunidad. Continuaron imponiéndose restricciones desmesuradas a protestas pacíficas y la policía siguió empleando fuerza excesiva. Francia siguió suministrando armas a Israel. Las salvaguardias que regulaban el uso de videovigilancia por los organismos encargados de hacer cumplir la ley eran insuficientes. Persistían restricciones discriminatorias en materia de inmigración, nacionalidad y asilo. Francia pasó a ser el primer país del mundo que incluía expresamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución. Las sobrevivientes de violencia sexual pertenecientes a grupos marginados, especialmente las mujeres migrantes, las mujeres transgénero y las trabajadoras sexuales, encontraban barreras sistémicas para presentar denuncias.

Discriminación

En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024 se prohibió a atletas sas llevar el hiyab deportivo. Parecidas prohibiciones discriminatorias seguían aplicándose al deporte en general, en las categorías tanto profesionales como amateur, lo que en la práctica excluía de la participación en el deporte a las mujeres y niñas musulmanas que llevaran la cabeza cubierta.

En septiembre, el Consejo de Estado confirmó la prohibición de llevar abaya o qamís impuesta en los centros educativos en aplicación de una discriminatoria ley de 2004 que restringía los “símbolos o prendas indicativos de filiación religiosa en centros públicos de enseñanza primaria y secundaria”.

En diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó que Francia no hubiera reconsiderado sus restricciones sobre el uso de prendas y símbolos religiosos en lugares públicos y que, de hecho, las hubiera extendido al ámbito del deporte, y señaló los probables efectos discriminatorios de tales medidas, sobre todo para las mujeres y niñas musulmanas.

En febrero, durante una visita a la isla de Mayotte, el entonces ministro del Interior anunció planes de reforma de la Constitución con objeto de retirar el derecho a obtener la nacionalidad sa por nacimiento a las personas nacidas de padre y madre extranjeros en los territorios de ultramar. Se suspendió un anteproyecto de ley que introducía la reforma, pero al final del año no había sido rechazado.

Suscitó gran preocupación que, según informes, se hubiera producido un aumento de los crímenes de odio antisemitas, islamófobos y racistas. La negativa del gobierno a abordar el racismo sistémico, sumada a la falta de instrumentos para recopilar datos fiables, seguía socavando sus iniciativas de lucha antirracista. El Comité de Derechos Humanos de la ONU volvió a pedir al gobierno francés que elaborara sus políticas contra la discriminación racial a partir de estadísticas confeccionadas con instrumentos más eficaces de recopilación de datos y respetando los principios de autoidentificación y anonimato.

Uso de perfiles raciales

Pese a las dudas y motivos de preocupación planteados por mecanismos expertos de la ONU a lo largo del año, las autoridades siguieron negando la existencia de racismo sistémico en la actuación policial. Mientras, persistía la práctica generalizada de controles de identidad discriminatorios. En abril, cinco ONG sas e internacionales denunciaron ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial que, a pesar de haber reconocido el uso de perfiles raciales en 2023, el Consejo de Estado no había obligado al gobierno a aplicar reformas.

En noviembre, la defensora de los Derechos afirmó en una entrevista que estaba consternada ante la falta de medidas del gobierno para avanzar hacia la eliminación de los controles de identidad discriminatorios.

Libertad de expresión y de reunión

Quienes expresaban solidaridad con el pueblo palestino eran objeto de restricciones excesivas y desproporcionadas. En respuesta a manifestaciones espontáneas contra el ataque de Israel sobre Rafá de junio, las autoridades de París, Lyon, Alenzón y otras ciudades de toda Francia impusieron una prohibición preventiva de las protestas. Además, se multó a participantes en manifestaciones pacíficas y a simples transeúntes por “participación en una protesta no declarada o prohibida”.

Decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, representantes sindicales, figuras políticas, periodistas, intelectuales y profesionales de la medicina que expresaron su solidaridad con el pueblo palestino fueron objeto de investigación por “apología del terrorismo”, delito de amplia e imprecisa definición que amenazaba la libertad de expresión.

El 11 de agosto, ocho mujeres de Les Hijabeuses, colectivo que hacía campaña contra la prohibición discriminatoria del hiyab en el deporte, fueron objeto de un control de identidad arbitrario y de arresto cuando fueron a ver correr a una amiga en la maratón de los Juegos Olímpicos de París. La policía las acusó de participar en una protesta ilegal porque exhibían pancartas que aludían a las mujeres que llevaban hiyab. Las interrogaron y las tuvieron toda la noche detenidas, obligadas arbitrariamente a quitarse el hiyab mientras permanecían bajo custodia, antes de dejarlas en libertad sin cargos.

También se impusieron restricciones excesivas a otros grupos. En julio, las autoridades locales de los departamentos de Vienne y Deux-Sèvres prohibieron las manifestaciones por el cambio climático. Tras una visita a la región de Tarn en febrero, el relator especial de la ONU sobre defensores y defensoras ambientales en virtud del Convenio de Aarhus expresó su preocupación por los métodos policiales que había visto aplicar contra activistas ambientales que participaban en actos de desobediencia civil para protestar por la construcción de la autopista A69.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Se denunció que los organismos encargados de hacer cumplir la ley habían empleado fuerza excesiva y medios letales durante disturbios que estallaron en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia tras aprobar el Parlamento, en mayo, un proyecto de ley que modificaba las reglas de votación allí.¹ En agosto, mecanismos expertos de la ONU expresaron preocupación por estas denuncias y por informes según los cuales se habían producido detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas generalizadas.

En diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación ante los informes de uso excesivo de la fuerza en controles de tráfico, arrestos, evacuaciones forzosas y manifestaciones, y señaló que tales casos afectaban de manera desproporcionada a de determinados grupos minoritarios, en particular personas afrodescendientes o de origen árabe, pueblos indígenas y migrantes.

El Comité también señaló la ausencia de sanciones y la aparente impunidad de la policía, ya que todavía no se había declarado culpable a nadie del homicidio del joven afrodescendiente Adama Traoré, ocurrido durante una operación policial de identificación y registro en 2016. En mayo, un tribunal superior confirmó la decisión judicial de 2023 de desestimar las acusaciones contra los tres gendarmes implicados, lo que llevó a la familia de la víctima a presentar un segundo recurso.

En noviembre, el gobierno publicó una licitación por valor de 27 millones de euros para granadas de conmoción con bolas, arma de uso militar intrínsecamente peligrosa utilizada por la policía y que se sabía que había causado graves lesiones a manifestantes.

Transferencias irresponsables de armas

Persistía la falta de transparencia sobre las transferencias de armas, ya que el gobierno incumplió el requisito legal de presentar un informe sobre las transferencias del año anterior antes del 1 de junio.

Francia siguió autorizando exportaciones de armas a Israel pese a los llamamientos de mecanismos expertos de la ONU en favor del cese inmediato de tales transferencias, que probablemente violaban el derecho internacional humanitario, y a pesar de que el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió en octubre un embargo de armas para impedir su uso en Gaza.

En Sudán seguían utilizándose en los combates sistemas de armamento de fabricación sa suministrados a Emiratos Árabes Unidos, probablemente en incumplimiento de los embargos de armas impuestos por la UE y la ONU en Darfur.²

Impunidad

En junio, el Tribunal de Apelación de París confirmó la validez de una orden de detención dictada en 2023 contra el entonces presidente de Siria Bachar al Asad por ataques con armas químicas a la población civil de la Guta Oriental y Duma. Sin embargo, la Fiscalía impugnó esta decisión ante el Tribunal de Casación en julio.

Ante la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, así como contra el dirigente de Hamás Mohammed Diab Ibrahim al Masri, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, Francia manifestó en un primer momento que cumpliría su obligación de detenerlos si visitaban el país. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró posteriormente que los ministros israelíes tenían inmunidad, ya que Israel no era Estado Parte en el Estatuto de la Corte.

Vigilancia masiva

En junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que no se habían adoptado suficientes salvaguardias para garantizar que la videovigilancia ejercida por los organismos encargados de hacer cumplir la ley fuera necesaria y proporcionada.

En julio, el Tribunal istrativo de Orleans declaró que instalar en la ciudad un sistema de audiovigilancia asistida por inteligencia artificial que conectaba micrófonos a cámaras de vigilancia constituía una intromisión desproporcionada en el derecho a la privacidad y era ilegal, ya que carecía de base jurídica.

En diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló con preocupación que el uso de tecnología de videovigilancia masiva asistida por inteligencia artificial durante los Juegos Olímpicos era una intromisión desproporcionada en el derecho a la privacidad.

En octubre, una coalición de grupos de derechos humanos presentó una demanda ante el Consejo de Estado para pedir que el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares de la Agencia de Seguridad Social dejara de aplicar un algoritmo discriminatorio de puntuación de riesgos para detectar posibles cobros fraudulentos de prestaciones. El algoritmo discriminaba a las familias de ingresos bajos, a las personas que residían en barrios desfavorecidos, a quienes gastaban una parte considerable de sus ingresos en el pago del alquiler y a las personas trabajadoras que percibían una prestación por discapacidad.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En enero, el Consejo Constitucional suprimió numerosas medidas de la discriminatoria y xenófoba Ley de Control de la Inmigración y Mejora de la Integración, de noviembre de 2023. Sin embargo, la versión final conservó disposiciones como la ampliación de las facultades istrativas para detener y expulsar a personas extranjeras consideradas “una amenaza para el orden público”, con independencia de su vinculación con Francia.³ En diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó con preocupación que la Ley debilitaba las garantías procesales para las personas solicitantes de asilo, entre ellas las que las protegían de la expulsión mientras aguardaban el resultado de sus solicitudes.

En julio se dictaron 10 decretos vinculados a la Ley de Control de la Inmigración y Mejora de la Integración. Uno de ellos condicionaba la expedición de documentos de residencia a personas extranjeras al “respeto de los valores republicanos”, condición excesivamente amplia que podía ser interpretada de forma arbitraria y discriminatoria.

Muchas figuras políticas continuaron alentando una retórica demonizadora y xenófoba que empañó el debate sobre esta legislación. En septiembre, el ministro del Interior prometió ampliar los poderes de las autoridades locales y regionales para expulsar a migrantes irregulares y evitar que regularizaran su situación, y reiteró los llamamientos a restringir aún más su a los servicios públicos de salud.

Las autoridades sas y británicas continuaron desatendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, ya que 2024 fue el año más mortífero registrado hasta entonces para las personas migrantes que trataban de cruzar en barco el canal de la Mancha de manera irregular. Más de 70 personas murieron intentando llegar a Reino Unido desde Francia. En octubre, el ministro del Interior francés señaló que las muertes en la travesía del canal eran “consecuencias negativas” de la “eficacia” de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Francia siguió dictando órdenes de expulsión contra personas de países como Siria, Irán, Sudán, Afganistán y Haití, adonde el retorno forzado constituía devolución (refoulement), y sometiéndolas a detención. En julio, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo reconoció a las mujeres afganas como grupo social con derecho a recibir protección como personas refugiadas en razón de su género. Aun así, Francia no tomó medidas para garantizarles el a un visado en Afganistán, Pakistán o Irán, por lo que seguían sin tener prácticamente ninguna vía ordinaria y segura para buscar refugio en Francia.

Derechos sexuales y reproductivos

En marzo, Francia pasó a ser el primer país del mundo que incluía expresamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución. Aunque sentaba un precedente, este avance legislativo no garantizaba el derecho al aborto de todas las posibles personas gestantes, como las no binarias y los hombres transgénero.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra de seis trabajadoras sexuales que solicitaban reparación por violaciones de sus derechos derivadas de la criminalización de su trabajo. En la causa MA and others v. , el Tribunal había examinado las consecuencias para los derechos humanos del llamado “modelo nórdico”, marco jurídico adoptado por Francia en 2016, que ilegalizaba la compra de servicios sexuales y penalizaba aspectos organizativos del trabajo sexual.⁴

Violencia por motivos de género

Las mujeres migrantes, las trabajadoras sexuales y las mujeres transgénero encontraban barreras sistémicas cuando intentaban presentar una denuncia por violencia sexual, entre ellas negación de su derecho a presentar denuncia, amenazas de expulsión y actitudes prejuiciosas y suposiciones basadas en estereotipos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.⁵

Derecho a un medioambiente saludable

Según los datos registrados de enero a septiembre, Francia aminoró su ritmo de reducción de las emisiones de combustibles fósiles con respecto a 2023. La expansión del sector de las energías renovables seguía siendo insuficiente para cumplir los objetivos a largo plazo, y había lagunas tanto en las políticas como en su aplicación. Se restó prioridad al clima y el medioambiente, con retrasos en la adopción de políticas energéticas y de adaptación.

En junio, el Tribunal de Apelación de París declaró isibles dos demandas presentadas contra empresas energéticas en virtud de la Ley sobre el Deber de Vigilancia, que obligaba a las empresas a determinar cómo iban a prevenir los abusos contra los derechos humanos y los daños ecológicos derivados de sus actividades.