Gambia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La Asamblea Nacional (la cámara legislativa gambiana) mantuvo la prohibición de la mutilación genital femenina, pero esta práctica seguía siendo generalizada. La trata de niños y niñas con fines de explotación sexual y de trabajo infantil en las calles seguía siendo motivo de preocupación. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica continuaba sometido a severas restricciones. Más de la cuarta parte de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria. Se lograron avances en la rendición de cuentas por delitos cometidos durante el mandato del expresidente Yahya Jammeh.

Información general

En agosto, el gobierno publicó un proyecto de nueva Constitución entre críticas por falta de transparencia y de consulta. En diciembre, ese borrador fue presentado en la Asamblea Nacional.

Muchas personas migrantes seguían muriendo en el mar. En los primeros cinco meses del año, casi 5.000 personas migrantes —entre las que había nacionales de Gambia— murieron cuando intentaban llegar a las islas Canarias.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La Ley de Delitos Sexuales seguía excluyendo la violación conyugal como delito, pese a los llamamientos de activistas de derechos humanos para que se tipificara como tal.

En marzo se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que pretendía anular la prohibición de la mutilación genital femenina.¹ El 15 de julio, la cámara legislativa rechazó el proyecto de ley tras las iniciativas de activistas y sobrevivientes para poner de relieve las consecuencias negativas para la salud asociadas a esta práctica.² UNICEF informó de que se calculaba que el 73% de las niñas y mujeres gambianas de entre 15 y 49 años habían sido sometidas a mutilación genital.

La mortalidad materna seguía siendo alta, con 289 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, según las estadísticas más actualizadas para 2019-2020 del Programa de Encuestas Demográficas y de Salud. En febrero, la junta directiva del Hospital General de Bansang, en la división de Central River, hizo público que 146 mujeres embarazadas habían muerto entre 2016 y 2020 debido a complicaciones de salud asociadas a sus embarazos.

El Informe Global de Brecha de Género de 2024 del Foro Económico Mundial reveló que se avanzaba con lentitud en la paridad de género en el país. Gambia ascendió al puesto número 110 de 146 países, desde el puesto 119 del año anterior. Sin embargo, la paridad de género en la educación, la participación política y la salud seguían siendo deficientes. En noviembre, el presidente expresó el compromiso de su gobierno para con la igualdad de género al tiempo que presentaba la Política Nacional de Género (2025-2034) de Gambia.

Derechos de la infancia

En enero, la ministra de Género, Infancia y Bienestar Social reiteró el compromiso del gobierno de promover los derechos de la infancia y anunció la segunda fase del Proyecto para Apoyar la Protección de los Niños y Niñas Víctimas de Violaciones de Derechos, que incluía un plan para apoyar a la población infantil con discapacidad y fortalecer los mecanismos regionales de protección de la infancia. Sin embargo, los niños y niñas que trabajaban en las calles seguían expuestos a sufrir abusos y se veían privados de la educación. En septiembre, la directora de la ONG Samaritana Gambia, que trabajaba con víctimas de trata de seres humanos, también advirtió del resurgimiento de la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual en el país.

Libertad de expresión, de información y de reunión pacífica

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, Gambia descendió en 2024 del quinto al décimo puesto en África, y del 46 al 58 en el mundo, respecto al año anterior. Continuaban en vigor leyes draconianas sobre medios de comunicación que restringían el derecho a la libertad de expresión, como la ley sobre la sedición.

En marzo, el Sindicato de Prensa de Gambia expresó su inquietud por el proyecto de Ley de Ciberdelincuencia de 2023 —que al terminar el año estaba pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional—, ya que contenía apartados imprecisos que podían dar lugar a abusos y restricciones de la libertad de expresión en Internet. El gobierno estableció en abril la Comisión de a la Información, cuyos juraron el cargo en septiembre.

También en abril, ocho activistas fueron arrestados, estuvieron detenidos durante siete horas y después fueron acusados de “alteración del orden público”, “reunión ilegal” y “desobediencia de una orden legítima” tras haber planeado una sentada para protestar contra las interrupciones de los servicios de transbordador y la presunta corrupción.

En septiembre, dos periodistas del diario The Voice fueron acusados de publicación y difusión falsas después de que en ese medio de comunicación apareciera un artículo afirmando que el presidente había elegido a su sucesor para las siguientes elecciones presidenciales. En noviembre, el presidente retiró la demanda civil que había presentado contra uno de los periodistas y contra The Voice por difamación. En diciembre se retiró la causa penal.

Al terminar el año, el defensor de los derechos humanos Madi Jobarteh seguía enfrentándose a cargos penales, entre ellos “publicación y difusión de información falsa”, por unos comentarios realizados en Facebook en 2023 en los que criticaba al gobierno.

Derechos económicos, sociales y culturales

La escasez de viviendas asequibles afectaba principalmente a las personas vulnerables. En julio, el ministro de Tierras, Gobierno Regional y Asuntos Religiosos anunció planes para la construcción de 200.000 viviendas asequibles en los 10 años siguientes, 10.000 de ellas antes de diciembre de 2025, para abordar la crisis.

Activistas y de la Asamblea Nacional expresaron su inquietud por las repercusiones cada vez importantes del kush, una droga sintética barata, en la salud de las personas jóvenes, y la necesidad de que interviniera el gobierno.

La seguridad alimentaria seguía siendo motivo de preocupación. Según el Informe de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Alimentaria de 2023, el 29% de la población de Gambia se hallaba en situación de inseguridad alimentaria ese año, un 3% más que en 2022. Además, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada llevada a cabo por buques arrastreros extranjeros afectaba a los medios de sustento de los pescadores locales y causaba escasez de pescado para el consumo local. En marzo, ocho arrastreros industriales fueron aprehendidos por violar las leyes de pesca. En agosto, el gobierno organizó un taller con la FAO y creó un grupo de trabajo técnico con el fin de facilitar la comunicación interinstitucional para abordar el problema.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Se observaron avances en la rendición de cuentas por delitos cometidos durante el mandato del expresidente Yahya Jammeh.

En abril, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley relativo al Mecanismo Especial de Rendición de Cuentas referido a la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Reparación, así como el Proyecto de Ley sobre la Fiscalía Especial, que establecía ese órgano. Ambos textos legislativos sentaban las bases para el enjuiciamiento de causas relacionadas con las violaciones graves de derechos humanos identificadas en el informe de la Comisión. El 15 de diciembre, la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) aprobó el estatuto del denominado “Tribunal Especial para Gambia”, un tribunal híbrido con personal gambiano e internacional y con el mandato de enjuiciar crímenes de lesa humanidad, tortura y otros delitos graves cometidos durante el régimen de Yahya Jammeh. En mayo, el Tribunal Penal Federal de Suiza condenó a Ousman Sonko, exministro del Interior, a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

En agosto, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO dictó una sentencia que ordenaba al gobierno de Ghana la publicación de información fundamental en relación con la tortura y el homicidio de personas de África Occidental en Gambia en 2005.

El Centro para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de Gambia expresó su frustración por la falta de expertos forenses para identificar los cuerpos exhumados en 2019 de las víctimas del golpe de Estado del 11 de noviembre de 1994, entre otras.

En agosto se detuvo a un exgeneral y presunto miembro de los “Junglers”, unidad paramilitar sospechosa de haber cometido homicidios extrajudiciales durante el mandato de Yahya Jammeh.