Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.
Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia planteaba nuevos motivos de preocupación relativos al derecho a la libertad de expresión. Continuaban la detención y reclusión arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos. Se persiguió a la población de la isla de Annobón por protestar contra los daños causados a sus tierras presuntamente por actividades mineras. La Audiencia Nacional de España cursó una orden de detención contra el hijo del presidente por cargos de secuestro y tortura. Se intensificaron los planes para aumentar la vigilancia masiva de la ciudadanía.
Información general
En julio, la primera ministra Manuela Roka Botey y su gobierno dimitieron a petición del presidente Teodoro Obiang Nguema, que adujo que el gobierno no había resuelto la crisis económica. En junio, representantes del Fondo Monetario Internacional visitaron el país con el fin de apoyar la aplicación de políticas fundamentales para mejorar las condiciones de vida.
Libertad de expresión
En marzo comenzó en el Parlamento el debate de un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia que introducía nuevas restricciones al uso de las redes sociales; se temía que esas nuevas medidas pudieran poner en peligro el derecho de la gente a expresar opiniones contrarias a las posturas oficiales.
El 10 de julio, el Colegio de Abogados confirmó la inhabilitación por dos años de la abogada de derechos humanos Gemma Jones por presuntas infracciones graves de los estatutos de la institución. La abogada llevaba inhabilitada cautelarmente desde diciembre de 2023, tras la publicación de un vídeo en TikTok en el que reclamaba un poder judicial independiente.
Detención y reclusión arbitrarias
El 26 de enero, el activista de derechos humanos Anacleto Micha Ndong fue detenido por cuatro hombres en su domicilio de Malabo, la capital.1 Más tarde fue acusado de injurias por un agente de policía que, según afirmó el detenido, lo había torturado durante una detención anterior en la prisión de Black Beach de esa ciudad en 2023. Anacleto Micha Ndong estuvo detenido sin cargos durante más de un mes en la gendarmería de Malabo. El 1 de marzo fue enviado a Black Beach y en abril lo trasladaron a la prisión de Oveng Ansem, en Mongomo.
En marzo, en su 99 periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria adoptó una Opinión que pedía la liberación inmediata de dos ciudadanos de Sudáfrica, Peter Shane Huxham y Frederik Johannes Potgieter. El Grupo de Trabajo concluyó que estos dos hombres llevaban detenidos arbitrariamente por cargos de narcotráfico desde febrero de 2023.
El 5 de julio, el exministro de Justicia Rubén Maye Nsue Mangue, detenido arbitrariamente en agosto de 2022 tras criticar al presidente en las redes sociales, recibió un indulto presidencial y quedó en libertad.
El 1 de agosto, el defensor de los derechos humanos Joaquín Elo Ayeto fue detenido en su casa de Malabo,2 acusado de llevar a cabo actividades ilegales a través de la plataforma de la sociedad civil Somos+, que, según las autoridades, no estaba legalmente registrada. En junio de 2020, Joaquín había solicitado al Ministerio del Interior y Corporaciones Locales la inscripción legal de la plataforma y se le había notificado que la solicitud debía ser validada por la Dirección General de Derechos Humanos, aunque la ley no exigía esa validación. El 9 de agosto fue enviado a la prisión de Black Beach y el 13 del mismo mes lo trasladaron a la prisión de Oveng Ansem, donde continuaba recluido.
El abogado de Joaquín Elo Ayeto, Ángel Obama Obiang Eseng, estuvo detenido durante más de 48 horas tras acudir a la comisaría de policía de Malabo para prestar asistencia a su cliente. El 14 de agosto fue suspendido por el Colegio de Abogados por representar a una organización no legalizada. El 24 de diciembre, el propio Colegio de Abogados emitió una resolución por la que revocaba la suspensión.
Libertad de reunión pacífica
En julio, los residentes de Annobón, isla de Guinea Ecuatorial situada a unos 500 kilómetros de la parte continental del país, protestaron por los daños sufridos por sus viviendas y tierras de cultivo y el ecosistema de la isla, debidos presuntamente a las constantes explosiones de dinamita asociadas a actividades mineras. Después de las protestas, más de 30 personas de la isla fueron detenidas y recluidas. Los servicios de telefonía móvil e Internet estuvieron cortados durante varias semanas.
Tortura y otros malos tratos
El 22 de febrero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España cursó órdenes de detención contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, y otros dos altos cargos gubernamentales. Las órdenes guardaban relación con el presunto secuestro, tortura y desaparición forzada en 2019 de cuatro activistas de la oposición que residían legalmente en España, dos de ellos con nacionalidad española. Uno de los activistas, Julio Obama Mefuman, con doble nacionalidad española y ecuatoguineana, había muerto bajo custodia en 2023 tras haber acusado a las autoridades de torturarlo en múltiples ocasiones.
Vigilancia masiva
El vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue siguió adelante con los planes para reforzar los sistemas de vigilancia en el país, aduciendo la necesidad de luchar contra la criminalidad. Los planes, anunciados en mayo, incluían la instalación y mantenimiento de unas 6.500 cámaras con capacidad para el seguimiento en vivo y el reconocimiento facial, conectadas a centros de mando en todo el país. Preocupaba que la vigilancia adicional pudiera usarse para reprimir las voces disidentes.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En mayo, el gobierno adoptó la Declaración de Djibloho, que exponía medidas concretas para abordar las desigualdades de género y promover el empoderamiento de las mujeres y reafirmaba el compromiso de Guinea Ecuatorial con los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres.
En junio, un informe del Instituto Nacional de Estadística que analizaba la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en las instituciones estatales concluyó que, en 2023, las mujeres ocupaban sólo el 29,5% de los puestos de toma de decisiones.
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