Honduras

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Continuó la militarización de la seguridad pública. Seguían preocupando las condiciones de vida en las prisiones. Se siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos durante el estado de excepción y los defensores y defensoras de esos derechos carecían de protección. Las consecuencias del cambio climático agravaron la precariedad que afectaba a miles de personas. El aborto siguió estando prohibido, al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Información general

Seguía pendiente la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

El gobierno dio pasos para reconocer la responsabilidad del Estado en la persecución y represión de los movimientos y protestas sociales que habían tenido lugar en la década de 1980 y entre 2009 y 2021, pero persistían los obstáculos para la obtención de justicia.

Pese a los motivos de preocupación expresados por las organizaciones de derechos humanos, el gobierno prorrogó el estado de excepción para combatir la inseguridad y la delincuencia común organizada y anunció nuevas medidas antiterroristas de carácter desproporcionado. Desde la declaración del estado de excepción en diciembre de 2022 hasta octubre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) había recibido más de 700 quejas contra las fuerzas policiales y de seguridad.

Derechos de las personas detenidas

El hacinamiento y la militarización de las prisiones continuaron. Mecanismos expertos de la ONU denunciaron que las condiciones de vida en muchas prisiones constituían trato cruel, inhumano y degradante. El gobierno anunció la construcción de una “megacárcel”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según Global Witness, Honduras era el país más letal del mundo para los defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente, a quienes se estigmatizaba, intimidaba, sometía a detención arbitraria y criminalizaba, en la mayoría de los casos con impunidad. Los ataques se producían fundamentalmente en el contexto de disputas relacionadas con proyectos mineros, inseguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, especialmente los defensores y defensoras garífunas de los derechos humanos.

Las organizaciones locales expresaron su preocupación por la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En septiembre, Juan López —integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa— fue asesinado por disparos.¹

En noviembre, la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias en las causas contra ocho hombres responsables del asesinato en 2016 de la defensora de los derechos humanos indígena Berta Cáceres.

Al terminar el año, el gobierno no había firmado el Acuerdo de Escazú.

Derechos de los pueblos indígenas

En octubre comenzó la restitución de tierras a favor de la comunidad garífuna de Punta Piedra, en aplicación de la sentencia dictada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Derecho a un medioambiente saludable

Las comunidades del golfo de Fonseca denunciaron los efectos negativos que el aumento del nivel del mar, la erosión del litoral y la contaminación ambiental tenían sobre sus medios de vida. En la parte occidental de Honduras, la prolongada sequía que tenía lugar en el Corredor Seco Centroamericano afectó al al agua y a la seguridad alimentaria. Las consecuencias del cambio climático, agravadas por los elevados índices de desigualdad, contribuyeron a la migración forzada desde Honduras.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto continuó estando prohibido en todas las circunstancias y el a la píldora anticonceptiva de emergencia se vio dificultado por su escasa disponibilidad en los centros de salud públicos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recibió una denuncia contra Honduras en relación con una defensora de los derechos humanos indígena a quien se le había negado un aborto tras haber sufrido una violación.

Violencia por motivos de género

El Congreso aprobó la Ley de Casas Refugio para mujeres víctimas de violencia de género, pero la propuesta de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres seguía pendiente al terminar el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El matrimonio entre personas del mismo sexo continuó estando prohibido. No se avanzó en la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, ordenado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.