Hungría

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Un nuevo organismo público atacó a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y activistas. Miles de personas que habían huido de Ucrania perdieron la vivienda que les había facilitado el Estado en Hungría. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una cuantiosa multa a Hungría por negarse a aplicar la política común de la Unión sobre migración y negar a protección a quienes solicitaban asilo. Seguía en vigor legislación represiva que tenía un efecto intimidatorio y consecuencias de gran alcance para las personas LGBTI.

Información general

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Hungría no había incumplido el Convenio Europeo de Derechos Humanos al prohibir el suicidio asistido o la eutanasia, incluso cuando la asistencia se prestaba en otro Estado. En enero, tras años de conflicto con la istración central de los tribunales húngaros, 128 jueces y juezas delegados eligieron a 14 nuevos del Consejo Nacional del Poder Judicial, encargado de supervisar la actuación conforme a derecho de la istración central de los tribunales y del Tribunal Supremo.

Libertad de expresión

En febrero, un nuevo organismo público denominado Oficina para la Protección de la Soberanía comenzó a investigar a organizaciones y personas a las que se consideraba una amenaza para la soberanía nacional. Sus competencias le conferían amplias facultades discrecionales para estigmatizar e intimidar a quienes criticaban a las autoridades. La Oficina abrió investigaciones contra ONG, incluida Transparencia Internacional Hungría, y contra un medio de comunicación de investigación. Según unos informes que publicó, Transparencia Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil servían a intereses extranjeros y perjudicaban los intereses políticos, económicos y sociales de Hungría.

Debido a la inquietud que generaban las actividades de la Oficina para la Protección de la Soberanía, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Hungría y en octubre remitió el país al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a diversas peticiones formuladas por la sociedad civil, la Comisión no solicitó medidas cautelares al Tribunal. El caso estaba pendiente al terminar el año.

Condiciones de reclusión inhumanas

En noviembre, el Parlamento anuló una norma vigente desde 2017 que prohibía el o físico entre la población reclusa y sus visitantes. Aunque en algunas circunstancias seguiría habiendo pantallas de separación de plexiglás, la nueva normativa permitiría a alrededor de 5.000 personas presas tener un o más íntimo y personal con sus seres queridos a partir de marzo de 2025.

Estos cambios se llevaron cabo a raíz de una sentencia dictada en 2023 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la prohibición del o físico.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

En relación con una muerte bajo custodia policial ocurrida en 2018, el Tribunal Supremo anuló en abril la sentencia absolutoria de un agente de policía y ordenó una nueva investigación para evaluar si la policía había empleado fuerza ilícita.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El Índice de Igualdad de Género de 2024, publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, clasificó a Hungría en el puesto 26 de los 27 Estados de la Unión Europea (UE) en cuanto a su desempeño general, y en el último puesto en el ámbito de la igualdad de género en los cargos políticos y económicos.

Una encuesta de la UE publicada en noviembre concluyó que el 55% de las mujeres húngaras habían sufrido violencia de género en algún momento y que, en 2024, el 8% vivían en una relación abusiva.

Vigilancia selectiva ilícita

En marzo, el Tribunal Metropolitano de Budapest resolvió que la Autoridad Nacional para la Protección de Datos y la Libertad de Información había vulnerado los derechos humanos de cuatro ciudadanos y ciudadanas contra quienes se había empleado el programa espía Pegasus, al no investigar de manera efectiva sus denuncias.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se prorrogó hasta el 4 de marzo de 2025 la protección temporal a personas que huían de Ucrania. Sin embargo, el gobierno decidió que, después del 21 de agosto, sólo podrían tener a viviendas facilitadas por el Estado las mujeres embarazadas, los niños y las niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores de 65 años que huían de “zonas de combate activas” de Ucrania. Aproximadamente 3.000 personas perdieron la vivienda a consecuencia de dichos cambios, en su mayoría mujeres con hijos e hijas de corta edad, muchas de ellas, romaníes.

En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso a Hungría una multa de 200 millones de euros (unos 80.000 millones de forintos) por “evita[r] deliberadamente aplicar la política común de la Unión” en materia de migración al no permitir solicitar asilo en la frontera. Además, el país se enfrentaba a una multa de un millón de euros (aproximadamente 400 millones de forintos) al día, que se aplicaría hasta que reformara la legislación que permitía las devoluciones sumarias y, a menudo, violentas de solicitantes de asilo en las fronteras.

Derecho a un juicio justo

Hungría no hizo ningún intento de aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho para abordar las deficiencias sistemáticas en materia de independencia judicial, libertad de prensa y marco nacional contra la corrupción.

En diciembre, el presidente del Consejo Nacional del Poder Judicial dimitió después de que aproximadamente 2.000 jueces y juezas y del personal judicial protestaran contra un acuerdo que condicionaba el aumento de su salario a que manifestaran su conformidad con una propuesta de reforma judicial redactada en términos imprecisos. Jueces y juezas y organizaciones judiciales calificaron el acuerdo de “chantaje” y criticaron la propuesta del gobierno, pues temían que pusiera en peligro su independencia. Con todo, el Parlamento aprobó algunos elementos de la reforma en diciembre.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Reforzando su campaña anti-LGBTI, el gobierno aplicó aún más limitaciones a las publicaciones y productos en los casos en que se considerara que su “elemento definitorio” describía o promovía temas o sexualidad LGBTI. Los cambios aumentaron la incertidumbre que afectaba ya a las empresas, generando un efecto intimidatorio y una mayor probabilidad de autocensura.

En noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebró una vista en el marco de un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra Hungría por su “Ley de Propaganda” de 2021, que seguía teniendo consecuencias de gran alcance para las personas y grupos LGBTI, pues reforzaba estereotipos negativos y actitudes discriminatorias y restringía el derecho a la libertad de expresión. En la vista intervinieron representantes del gobierno y representantes del Parlamento Europeo de 16 Estados .

Derecho a un medioambiente saludable

Hungría ocupaba el puesto 45 en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático de 2024, lo que situaba al país entre los de bajo desempeño, especialmente en cuanto al uso de energías renovables. Aunque las políticas de Hungría en materia de cambio climático se ajustaban a los objetivos de la UE, eran imprecisas y no planteaban medidas prácticas. Pese a un aumento de las instalaciones de placas solares y al levantamiento de la prohibición de aerogeneradores, Hungría tenía previsto incrementar la producción nacional de gas fósil y ampliar hasta 2030 el funcionamiento de una central eléctrica de carbón responsable del 14% de las emisiones de CO₂ del país.