Irlanda

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El gobierno se comprometió a prohibir el comercio con los asentamientos ilegales del Territorio Palestino Ocupado. Suscitó preocupación que se propusiera usar tecnología de reconocimiento facial en la actuación policial, dado el riesgo de vigilancia masiva y discriminatoria que conllevaba. Una comisión designada por el gobierno recomendó adoptar medidas radicales para abordar el agudizamiento de la crisis de la vivienda.

Rendición de cuentas de las empresas

En octubre, el gobierno se comprometió a promulgar legislación para prohibir el comercio de bienes y servicios con los asentamientos ilegales del Territorio Palestino Ocupado. La decisión tenía su origen en una opinión consultiva emitida en julio por la Corte Internacional de Justicia sobre la naturaleza ilícita de la ocupación israelí.

También en octubre, un comité del Oireachtas (Parlamento) publicó un informe sobre los daños para la salud mental y otros efectos perjudiciales de las redes sociales en los niños y niñas. Pedía en él que se exigiera por ley desactivar por defecto los sistemas de recomendación de contenidos de las plataformas de Internet para menores de 16 años y que las autoridades irlandesas fueran más estrictas en esta materia.

Derecho a un medioambiente saludable

En noviembre, la Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda (SEAI) informó de que, pese a los avances realizados en el despliegue de energías renovables, seguía habiendo importantes carencias en los esfuerzos del país por cumplir sus presupuestos de carbono, compromisos de eficiencia energética y objetivos de energía renovable, todos ellos vinculantes jurídicamente.

En julio, en su evaluación de la estrategia de Irlanda sobre financiación climática, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció la importancia concedida por el país a la adaptación —a diferencia de la mayoría de las iniciativas climáticas, centradas en la mitigación— y a la canalización de fondos a países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Especialistas en derechos humanos expresaron preocupación por la propuesta de utilizar tecnología de reconocimiento facial en la actuación policial, debido a su efecto disuasorio en el derecho a la libertad de reunión. Temían que esa tecnología permitiera la vigilancia masiva así como la vigilancia selectiva discriminatoria, lo que suponía un riesgo desproporcionado para las personas racializadas.

En un contexto en el que se había denunciado uso ilícito de la fuerza contra participantes en manifestaciones pacíficas, también preocupaba la falta de políticas y directrices disponibles públicamente sobre la actuación policial en protestas.

Otro motivo de preocupación eran los efectos que seguía teniendo la Ley Electoral en el trabajo de incidencia de una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil, al restringir el a financiación.

Derechos sexuales y reproductivos

En octubre entró en vigor la Ley de Salud (Interrupción del Embarazo) (Zonas de Seguro) de 2024, legislación que tenía por objeto proteger la integridad y los derechos de las personas que accedían a servicios de aborto y prohibía las conductas que constituyeran tentativa de “influencia o intimidación” contra ellas cuando acudían a las clínicas que los prestaban.

El gobierno no abordó las deficiencias identificadas en su revisión de 2023 de la Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018. A consecuencia de ello, persistía el riesgo de retrasos o negación de atención a personas que necesitaban servicios de aborto.

Derechos laborales

El gobierno siguió sin publicar, a pesar del requisito legal de hacerlo, ninguna revisión de la legislación de 2017 que penalizaba la compra de servicios sexuales, la cual, al mantener también el delito de “explotación de prostíbulos”, criminalizaba a quienes ejercieran el trabajo sexual en un mismo lugar, aunque lo hicieran por su seguridad. Junto con organizaciones de la sociedad civil, personas que se dedicaban al trabajo sexual expresaron preocupación por que esa legislación siguiera en vigor pese a estar demostrado que aumentaba el riesgo que corrían de sufrir violencia y otros abusos.

Derecho a la vivienda

Continuó la crisis de disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, y un número sin precedentes de personas, incluidos niños y niñas, sufrían sinhogarismo. En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU criticó la constante falta de viviendas culturalmente apropiadas para las comunidades nómadas y romaníes.

En mayo, un examen de la política de vivienda realizado por la Comisión de la Vivienda, designada por el gobierno, concluyó que había “toma de decisiones ineficaz” y gasto público elevado en comparación con otros Estados europeos. Recomendó un “reajuste estratégico radical de la política de vivienda”. También propuso el texto para un referéndum constitucional sobre vivienda prometido por el gobierno, que al final del año no se había celebrado.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El gobierno no revisó su plan de eliminación gradual del inadecuado sistema de “provisión directa” de alojamiento para solicitantes de asilo. Debido a la falta de disponibilidad y por ser un grupo de baja prioridad, miles de hombres solteros solicitantes de asilo se quedaban sin alojamiento y muchos se veían obligados a dormir al raso. En agosto, el Tribunal Superior resolvió que el Estado no cumplía con su obligación de cubrir las necesidades básicas de estas personas.

Derecho a la salud

En septiembre, la organización de la sociedad civil Red de Igualdad Transgénero de Irlanda publicó una investigación sobre experiencias de personas transgénero y no binarias en los servicios de salud generales y de afirmación de género. Concluyó que el servicio nacional especializado en género tenía largas listas de espera y consecuencias negativas para la salud mental. También determinó que entre el personal sanitario general era frecuente la patologización y la falta de conocimientos.

Discriminación

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresaron preocupación por la discriminación y el racismo persistentes contra las comunidades nómadas y romaníes.

La Ley de Justicia Penal (Delitos de Odio), que entró en vigor en diciembre, aumentó las penas para determinados delitos si quedaba probado que su motivación era el odio.