Italia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Hubo nuevos informes de tortura a manos de personal penitenciario. La violencia contra las mujeres continuó estando en unos niveles alarmantemente elevados. Las personas LGBTI y las racializadas continuaron sufriendo racismo y discriminación, incluso por parte de autoridades del Estado. Italia trató de enviar a Albania a solicitantes de asilo a quienes se había rescatado en el mar, para que sus solicitudes se examinaran fuera del país. La policía empleó en múltiples ocasiones fuerza excesiva e innecesaria contra manifestantes y limitó el derecho a la libertad de reunión pacífica. En torno al 10% de la población vivía en situación de pobreza absoluta. Persistían los obstáculos al aborto. El cambio climático provocado por la actividad humana causó una ola de calor extremo en julio.

Tortura y otros malos tratos

Miles de personas detenidas sufrían condiciones de reclusión precarias en celdas atestadas y ruinosas. Se temía que tal situación guardara relación con el creciente número de ellas que se suicidaban —83 en 2024, a fecha de 20 de diciembre—.

Tampoco cumplían las normas internacionales las condiciones de vida en los centros de repatriación de migrantes, a quienes se recluía en jaulas con mobiliario de hormigón, instalaciones higiénicas inadecuadas y falta de actividades significativas.

En abril, varias fiscales revelaron que se había detenido a 13 funcionarios penitenciarios y suspendido a otros ocho a raíz de acusaciones de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra niños en el centro de internamiento de menores de Milán. También se estaba investigando a dos exdirectoras del centro por no impedir ni denunciar los abusos, que se habían prolongado durante años.

Violencia contra mujeres y niñas

Hubo 95 homicidios de mujeres en episodios de violencia de género en el ámbito familiar, de los que 59 fueron obra de la pareja o expareja de la víctima.

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la “elevada prevalencia de la violencia de género contra las mujeres” y por que no se contabilizaran todos los casos. También señaló que la definición de la violación no se basaba en el consentimiento.

Discriminación

El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, de la ONU, y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) publicaron informes en septiembre y octubre, respectivamente, en los que describían el modo en que las personas romaníes, africanas y de ascendencia africana, migrantes y LGBTI seguían siendo objeto de racismo y discriminación, incluso por parte de autoridades estatales.

Ambos organismos lamentaron el uso sistemático de criterios raciales por agentes encargados de hacer cumplir la ley, y el mecanismo de la ONU señaló además que la aplicación de la ley se veía empañada por la presunción de criminalidad aplicada de manera generalizada a las personas africanas o de ascendencia africana. A la ECRI le preocupaba el discurso xenófobo, homófobo y tránsfobo con que se expresaban incluso figuras políticas y cargos públicos.

En mayo, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia había vulnerado la Carta Social Europea en lo concerniente al derecho a la vivienda de la población romaní, que seguía sufriendo discriminación en el a una vivienda adecuada, era objeto de desalojos forzosos y vivía en condiciones precarias y de segregación.¹

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Alrededor de 1.700 personas murieron en el mar en la ruta del Mediterráneo central tratando de llegar a Europa. La mayoría de ellas habían salido de Libia y Túnez.

En julio, la fiscalía formuló cargos contra seis agentes de la policía de aduanas y de la guardia costera por no impedir un naufragio cerca de Steccato di Cutro, en Calabria, en febrero de 2023, en el que al menos 94 personas, incluidos 34 niños y niñas, se habían ahogado en aguas territoriales italianas. La investigación señalaba que la decisión adoptada por el Ministerio del Interior en 2019 de desplegar con menos celeridad efectivos de salvamento para las embarcaciones de personas refugiadas y migrantes que se dirigían a las costas italianas pudo haber contribuido a esa pérdida evitable de vidas.

En abril, Amnistía Internacional visitó los centros de repatriación de Ponte Galeria, en la capital, Roma, y Pian del Lago, en Caltanissetta, y concluyó que algunas personas refugiadas y migrantes eran objeto de detención istrativa ilícita, lo que hacía temer que en otros centros se estuvieran cometiendo violaciones similares de derechos humanos.²

Los procedimientos acelerados en la frontera introducidos en 2023 para examinar las solicitudes de asilo de personas procedentes de países considerados “seguros” por Italia continuaban impugnados ante los tribunales.

Cooperación con Albania, Libia y Túnez

En octubre, Italia comenzó a aplicar el protocolo de 2023 con Albania, cuyo propósito era la tramitación en centros de detención extraterritoriales ubicados allí de las solicitudes de asilo de las personas provenientes de países considerados “seguros”. Se trasladó a 24 hombres rescatados en el mar por la Armada italiana a Albania, donde en menos de 48 horas se rechazaron sus solicitudes de asilo. No obstante, un tribunal de Roma se negó a aprobar sus órdenes de detención, alegando que sus países de origen no podían considerarse “seguros”, y ordenó que se permitiera su entrada en territorio italiano y se los liberara. Al finalizar el año seguía pendiente una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto. El gobierno intentó desacreditar al tribunal que no había aprobado las órdenes de detención, lo que socavaba su independencia.³

Italia continuó prestando ayuda a Libia para que contuviera a las personas refugiadas y migrantes, a pesar de las pruebas de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra ellas allí. Preocupaba que la ayuda de Italia a Túnez para establecer su región de búsqueda y salvamento diera lugar a un aumento de las interceptaciones y desembarcos en Túnez de personas en peligro de sufrir persecución allí.

En junio, el Tribunal Civil de Roma ordenó a Italia pagar una indemnización de 15.000 euros y conceder el derecho a entrar en Italia a cada sobreviviente de una devolución ilícita a Libia en barco llevada a cabo en 2018.

Criminalización de la solidaridad

En abril, el Tribunal de Trapani absolvió a todas las personas acusadas y sobreseyó la causa abierta contra las tripulaciones del Iuventa y otras embarcaciones de salvamento de ONG por facilitar la migración irregular. Recalcó que la tripulación del Iuventa había actuado para salvar vidas siguiendo instrucciones de las autoridades italianas.

En mayo, tres procedimientos especiales de la ONU expresaron preocupación por las restricciones impuestas por Italia a las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos dedicados a rescatar a personas en el mar. No obstante, Italia continuó obstruyendo esa labor salvadora de vidas. En septiembre, las autoridades ordenaron al barco de salvamento de Médicos Sin Fronteras Geo Barents hacer el desembarco en Génova en lugar de en el puerto seguro más cercano. También detuvieron sus operaciones durante 60 días por, según ellas, no cooperar con las autoridades libias y por presuntas infracciones técnicas.

Libertad de reunión pacífica

En enero, el Parlamento aprobó legislación que penalizaba destrozar o dañar edificios y bienes históricos durante manifestaciones. Preocupaba que esta medida diera lugar a restricciones excesivas del derecho a la protesta pacífica.

Se sometió a debate parlamentario un proyecto de ley sobre seguridad que contenía draconianas disposiciones restrictivas del derecho de reunión pacífica. En diciembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió al Parlamento que reformara sustancialmente el proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos.

La policía empleó en numerosas ocasiones fuerza excesiva e innecesaria contra manifestantes. En febrero, hizo uso ilícito de porras contra estudiantes que se manifestaban en Pisa en solidaridad con el pueblo palestino e hirió a 15 personas, 11 de ellas menores de edad. Se abrió una investigación sobre la actuación de 10 agentes de policía.

Las autoridades prohibieron una protesta convocada para el 5 de octubre en Roma en solidaridad con el pueblo palestino. Levantaron parcialmente la prohibición ese mismo día, pero aplicaron otras restricciones de la libertad de circulación.⁴

En febrero, el Tribunal de Milán absolvió a ocho activistas contra el cambio climático a quienes se acusaba de obstruir el tráfico y destruir bienes públicos durante una protesta celebrada en 2021; en su decisión puso de relieve los motivos de la protesta, que eran garantizar que los gobiernos adoptaran medidas contra el cambio climático.

Derechos económicos, sociales y culturales

En octubre, el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) reveló que en 2023 casi el 10% de la población (2,2 millones de familias o 5,7 millones de personas) vivía en condiciones de pobreza absoluta. Las familias entre cuyos había al menos una persona extranjera, que representaban más del 30% de las sumidas en la pobreza absoluta, se veían afectadas de manera desproporcionada.

La inversión insuficiente en el servicio nacional de salud daba lugar a una creciente desigualdad en el disfrute del derecho a la salud. Según datos publicados en abril por el ISTAT, en 2023 los motivos económicos y las largas listas de espera, entre otros obstáculos, habían causado que 4,5 millones de personas renunciaran a citas médicas, lo que socavaba la accesibilidad y la asequibilidad de la atención de la salud. En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por las disparidades y desigualdades regionales existentes en el a servicios de salud básicos debido a la situación social y económica, el género y la ubicación geográfica.

Derechos sexuales y reproductivos

Persistían los obstáculos para acceder a los servicios de aborto, entre ellos la gran cantidad de personal médico y demás profesionales de la salud que se negaban a prestarlos.

En abril, mediante la modificación de una ley no relacionada con este ámbito, el Parlamento permitió a los grupos antiabortistas desarrollar actividades dentro de los centros de atención de la salud familiar que prestaban servicios de aborto.

Derecho a un medioambiente saludable

En julio, Italia revisó de manera regresiva su Plan Nacional de Energía y Clima, al aplazar la eliminación gradual del carbón de 2025 a 2030.

Ese mismo mes, el país sufrió una ola de calor extremo, que la comunidad científica atribuyó al cambio climático inducido por la actividad humana. Las condiciones de sequía extrema en Cerdeña y Sicilia, que duraron meses y culminaron en mayo, también se vieron significativamente agravadas por el cambio climático. Según un estudio de World Weather Attribution, el catastrófico impacto económico de la sequía afectó gravemente a los medios de vida de la población de Sicilia.