Kenia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Sesenta personas murieron y cientos más resultaron heridas al utilizar la policía fuerza excesiva e innecesaria contra manifestantes que protestaban contra una propuesta de proyecto de ley de presupuestos. Un proyecto de ley amenazaba con imponer restricciones adicionales al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Más de 600 personas participantes en manifestaciones fueron detenidas y recluidas arbitrariamente, y decenas más fueron sometidas a desaparición forzada. Continuaron los informes de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno llevó a cabo el desalojo forzoso de miles de personas de los asentamientos de Mathare y Mukuru Kwa Njenga, en un periodo de intensas lluvias e inundaciones. Al menos 97 mujeres fueron asesinadas entre agosto y octubre, la mayoría a causa de la violencia de género, según estadísticas oficiales. Los problemas de implementación del nuevo Fondo Social de Salud afectaron al de algunas personas a la atención médica. El proyecto gubernamental de identificación digital amenazaba con menoscabar el derecho a la privacidad.

Información general

Miles de manifestantes protestaron contra el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2024, la corrupción y las deficiencias en materia de gobernanza. Se consideraba que el proyecto de ley impondría subidas de impuestos inasequibles —especialmente sobre el pan y otros productos básicos— sin prever medidas suficientes de protección social, y que agravaría la crisis de la deuda. Las personas jóvenes, conocidas como “generación Z”, encabezaron las protestas y utilizaron las redes sociales para demandar justicia política y social. El 25 de junio, el presidente William Ruto afirmó que en las protestas se habían “infiltrado personas a las que se ha[bía] pagado para provocar el caos y [...] el conflicto civil”, y respaldó la decisión del gabinete de desplegar el ejército para “auxiliar” a controlar las protestas, aunque las disposiciones constitucionales sólo permitían este tipo de intervención en casos de emergencia y desastre o para restablecer la paz en zonas afectadas por disturbios o inestabilidad, previa aprobación parlamentaria. El 26 de junio, al día siguiente de la aprobación de ese proyecto de ley por el Parlamento, el presidente se negó a refrendarlo.

El 8 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó por abrumadora mayoría destituir al vicepresidente, Rigathi Gachagua, por presunta conducta indebida grave, tribalismo y corrupción. El 18 de octubre, el Senado lo destituyó por cinco de los 11 cargos presentados en su contra, entre ellos el de incitar divisiones étnicas.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, 60 personas murieron y cientos resultaron heridas entre junio y julio cuando la policía usó fuerza excesiva e innecesaria durante las protestas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos. La víctima más joven fue Kennedy Onyango, de 12 años, que murió a causa de las heridas de bala que sufrió el 27 de junio en el condado de Kajiado. La Autoridad Independiente de Control de la Policía abrió investigaciones sobre algunos incidentes, pero no se hizo pública información alguna acerca de los avances de sus investigaciones.

Miles de personas se manifestaron en todo el país el 25 de junio cuando el Parlamento se disponía a aprobar el proyecto de ley. En la capital, Nairobi, cientos de manifestantes pacíficos entraron en algunas zonas del Parlamento y sus alrededores. La policía, en muchos casos con pasamontañas y mascarillas, los dispersó utilizando munición real y gas lacrimógeno —prohibidos por varias órdenes judiciales— y los golpeó con porras. Al menos seis manifestantes murieron, al parecer por disparos. Cientos de personas sufrieron heridas de bala, así como lesiones de tejidos blandos causadas por porras y botes de gas lacrimógeno, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. Un manifestante perdió tres dedos de una mano por el impacto de un bote de gas, entre otros casos.

Hacia las nueve de la noche de ese mismo día, el ministro de Defensa ordenó a las fuerzas armadas proteger las “infraestructuras críticas”, tras lo cual éstas fueron desplegadas para que apoyaran al Servicio de Policía Nacional en el control de las protestas. El 27 de junio, el Tribunal Superior de Kenia aprobó el despliegue, pero ordenó al gobierno que definiera e hiciera público el calendario del conjunto de la operación; sin embargo, la orden no se cumplió.

La Sociedad Jurídica de Kenia calificó el despliegue de táctica intimidatoria. El 28 de junio, el Tribunal Superior de Malindi dictó órdenes temporales que impedían el uso de munición letal y menos letal (incluidos cañones de agua, gas lacrimógeno y balas de goma) por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El gobierno apoyó anteproyectos de ley para combatir la disidencia que, en caso de ser aprobados, pondrían en peligro el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Entre ellos figuraba al Proyecto de Ley sobre Reunión y Manifestación, de 2024, propuesto por el parlamentario por la circunscripción de Mbeere Norte. Su aprobación supondría la ampliación de las competencias policiales para restringir, dispersar y limitar las protestas; además, modificaría las disposiciones relativas a la notificación previstas en la Ley de Orden Público, de forma que se exigiría el permiso de la policía para organizar protestas. El proyecto de ley prescribía penas de un año de prisión para quienes organizaran protestas “ilícitas” sin definir qué constituía reunión ilícita.

Durante la represión violenta de las protestas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos (véase supra), los observadores de los derechos humanos documentaron la dispersión ilícita de concentraciones pacíficas efectuada por la policía, así como detenciones arbitrarias y malos tratos de manifestantes. Se golpeó, se detuvo y se confiscaron las cámaras a periodistas que informaban sobre las protestas; también se detuvo a personas por fotografiar o filmar los eventos o se impidió que lo hicieran.

Según el grupo de medios de comunicación Nation Media Group, las autoridades llevaban a una cabo una vigilancia digital exhaustiva de diversos activistas online, e interrumpieron el a Internet.

Detención y reclusión arbitrarias

Entre junio y agosto se detuvo a más de 600 manifestantes por participar en protestas pacíficas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia. Algunas de estas personas estuvieron recluidas más allá del límite legal de 24 horas, y otras comparecieron ante un tribunal acusadas de cargos falsos. Las fuerzas de seguridad detuvieron a personal médico que atendió a manifestantes heridos. A los abogados de las personas detenidas se les negaba con frecuencia el a sus clientes, y en algunos casos se los sometía a detención o intimidación para presionarlos con el fin de que desistieran de ocuparse de los casos.

Desapariciones forzadas

Según la Sociedad Jurídica de Kenia, al menos 72 personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, fueron víctimas de desaparición forzada en relación con su participación en las protestas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos. Al terminar el año seguía sin conocerse la suerte y el paradero de algunas de ellas. El 30 de agosto, el presidente Ruto negó públicamente tener conocimiento de las desapariciones.

Ejecuciones extrajudiciales

Se tuvo constancia de al menos 104 casos de ejecución extrajudicial durante el año. La coalición Voces Desaparecidas, que agrupaba a organizaciones de derechos humanos de todo el país, y otros grupos pidieron al gobierno que tomara medidas para poner fin a estos homicidios.

Denzel Omondi, estudiante de la Universidad de Agricultura y Tecnología Jomo Kenyatta, fue hallado sin vida el 6 de julio en un humedal de Juja, condado de Kiambu, después de haber participado en protestas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos. Al terminar el año seguía en curso la investigación de la Autoridad Independiente de Control de la Policía sobre las circunstancias que habían rodeado su muerte.

La causa incoada contra el ex agente de policía Ahmed Rashid, acusado de al menos dos ejecuciones extrajudiciales, continuaba en los Tribunales de Justicia de Kibera. Algunos de los testigos presentados por la acusación eran familiares inmediatos de las presuntas víctimas de Ahmed Rashid.

Desalojos forzosos

Entre marzo y abril, el gobierno desalojó forzosamente al menos a 6.000 familias y demolió sus viviendas en los asentamientos de Mathare y Mukuru Kwa Njenga, en Nairobi. Los desalojos se llevaron a cabo en un periodo de intensas lluvias e inundaciones. El gobierno afirmó que las personas residentes habían construido sus viviendas en terrenos ribereños y, por tanto, inundables. Sin embargo, no se obtuvo su consentimiento previo para el desalojo, y las autoridades tampoco contaron con ellas para establecer un periodo de aviso suficiente ni presentaron un plan de reubicación claro y adecuado. Las personas residentes se quedaron sin hogar, en una situación de necesidad acuciante de alimentos y otros productos esenciales y expuestas a contraer enfermedades. En noviembre, el Tribunal Superior de Nairobi ordenó que representantes del gobierno y de la población afectada debían determinar conjuntamente, antes de abril de 2025, la cuantía de las pérdidas sufridas, tras lo cual el gobierno debía indemnizar a quienes habían sido objeto de los desalojos.

Violencia por motivos de género

Según la Dirección General de Investigaciones Criminales, al menos 97 mujeres fueron asesinadas entre agosto y octubre, la mayoría debido a la violencia por motivos de género. El gobierno no adoptó medidas para proteger a las mujeres y las niñas de la extendida violencia de género cometida por parejas, familiares y otras personas, especialmente hombres conocidos de sus víctimas. La muerte de Rita Waeni y Starlet Wahu dio origen a marchas en todo el país durante las cuales cientos de mujeres reclamaron al gobierno que reforzase las salvaguardias contra la violencia de género, acelerase las investigaciones y enjuiciase a los presuntos autores.

Derecho a la salud

El 1 de octubre, el gobierno sustituyó el Fondo Nacional del Seguro de Salud por el Fondo Social del Seguro de Salud. El nuevo sistema exigía a la ciudadanía la aportación del 2,75% de sus ingresos mensuales brutos, lo que suponía un aumento de la contribución de la mayoría de quienes tenían empleo. También se esperaba que las personas que no tenían empleo aportaran 300 chelines kenianos (aproximadamente 2,32 dólares estadounidenses) al mes para acceder a la atención de la salud. Aunque al presentarse el sistema se dijo que su objetivo era proporcionar cobertura sanitaria a toda la población del país, las demoras en su implementación impidieron que la mayoría de los hospitales recibieran ingresos del gobierno suficientes para tratar a las personas incluidas en el programa del Fondo Social del Seguro de Salud. Por este motivo, algunos pacientes, especialmente las personas aquejadas de problemas de salud de larga duración, tuvieron más dificultades para acceder a la atención médica.

Derecho a la privacidad

Algunos grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación y descontento con el proyecto gubernamental de identificación digital, que pretendía integrar los datos personales de la población en todas las plataformas digitales para facilitar el a los servicios públicos. Los grupos sostenían que el intento del gobierno de realizar una consulta pública sobre el proyecto no era significativo porque la mayoría de la población keniana no comprendía los efectos que esto tendría en la seguridad de sus datos.