Madagascar

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las autoridades seguían sin abordar la causa fundamental del hacinamiento en las prisiones, lo que creaba condiciones de reclusión inhumanas. Se introdujo la castración quirúrgica como castigo para la violación de menores. Hubo una fuerte restricción del espacio de la sociedad civil, especialmente durante las elecciones legislativas, con medidas enérgicas contra el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades utilizaron el software espía Predator para vigilar a de la oposición política. Los fenómenos meteorológicos extremos y la sequía provocaron desplazamientos internos generalizados, que afectaron de forma desproporcionada a las mujeres. Persistían índices elevados de violencia sexual contra las niñas, y el apoyo que se ofrecía a las sobrevivientes era limitado. Las personas con albinismo sufrían secuestros y asesinatos.

Información general

En marzo, el ciclón Gamane produjo inundaciones y lluvias torrenciales, sobre todo en la región septentrional de Sava, incluida la ciudad de Vohemar. El ciclón causó 18 muertes, provocó el desplazamiento de 20.737 personas y dañó infraestructuras vitales, entre ellas las carreteras y puentes que conectaban la zona con otras regiones del país. La financiación proporcionada por la comunidad internacional, tras las peticiones de ayuda internacional realizadas por el gobierno, seguía siendo insuficiente.

Se celebraron elecciones legislativas y municipales en mayo y diciembre, respectivamente.

Derechos de las personas detenidas

Las personas detenidas seguían sufriendo hacinamiento en celdas que, con frecuencia, superaban el doble de la capacidad prevista; por ejemplo, en la Prisión Central de Antanimora, una unidad construida para 30 personas albergaba al menos a 60.

El gobierno no reformó la práctica de aplicar severas penas privativas de libertad, que afectaba de forma desproporcionada a los más vulnerables de la sociedad, incluidas personas acusadas de robar artículos de primera necesidad como alimentos o cepillos de dientes, lo que agravó la crisis del hacinamiento en los centros penitenciarios. Entre el 1 de enero y el 29 de noviembre, el Tribunal de Mahajanga —uno de los 22 tribunales principales— declaró a 639 personas culpables de hurto, delito que podía castigarse con una pena máxima de cinco años de prisión. En julio, el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia justificó esta práctica como medida para “proteger” de la violencia colectiva a las personas acusadas.

Tortura y otros malos tratos

En febrero, el gobierno reformó el Código Penal para permitir la castración quirúrgica como castigo para la violación de menores; esa práctica es contraria a la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Libertad de reunión y de asociación

Los derechos a la libertad de asociación y reunión pacífica continuaron sumamente restringidos. En el distrito de Mananjary, durante la campaña de las elecciones legislativas de abril, el jefe de gabinete del Ministerio de Educación Nacional amenazó con trasladar a un funcionario público a otro destino por apoyar a un partido de la oposición.

Las autoridades siguieron utilizando la Orden 60-082 de 13 de agosto de 1960 —que violaba normas regionales e internacionales de derechos humanos al limitar indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación—, especialmente contra manifestantes. Por ejemplo, el 3 de septiembre, cuatro hombres fueron condenados a una pena condicional de seis meses de prisión cada uno por haber participado en manifestaciones no autorizadas, tras tomar parte en unas protestas para exigir la liberación de Sylvestre Mahavitara, representante parlamentario del distrito de Vangaindrano.

El 27 de agosto, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia una protesta pacífica de las comunidades locales, que se oponían al proyecto minero Base Toliara, en el distrito de Toliara II.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión seguía severamente restringido, en particular para periodistas y para y simpatizantes de los partidos de oposición. Las autoridades utilizaron el software espía Predator para vigilar los teléfonos de de la oposición política.

El 31 de mayo, la parlamentaria Marie Jeanne d'Arc Masy Goulamaly fue sometida a detención arbitraria durante varios días por poner en duda la imparcialidad de las elecciones legislativas en su distrito.

Las autoridades continuaron aplicando el Código de Comunicación de 2016 contra periodistas. Por ejemplo, Mickaelys Kamy Ndiamahazo fue encarcelado tras haber sido condenado en septiembre por denunciar la influencia del gobierno local sobre los resultados de las elecciones legislativas en Toamasina y publicar en Facebook un llamamiento a la acción de la sociedad civil.

El 17 de septiembre, el periodista y bloguero Patrick Raharimanana fue condenado, en virtud del Código de Comunicación, a cinco años de prisión y al pago de una multa por “interceptación de datos informáticos” y “publicación de documentos que compromet[ía]n la seguridad nacional”, tras haber publicado en redes sociales el itinerario del presidente durante las elecciones legislativas.

Derechos de las personas internamente desplazadas

El gobierno no garantizó los derechos de cientos de personas del sur de Madagascar que se habían visto obligadas a desplazarse internamente debido a la grave sequía. Pese al empeoramiento de las condiciones de vida, el gobierno no brindó protección ni apoyo a las personas desplazadas, muchas de las cuales siguieron sufriendo violaciones del derecho a la libertad de circulación y de residencia y del derecho a una vivienda adecuada. En su lugar, las autoridades desalojaron por la fuerza a las personas desplazadas que se habían asentado en zonas protegidas del Parque Nacional de Ankarafantsika, en la región de Boeny (norte del país), sin proporcionarles un alojamiento alternativo adecuado. No se llevó a cabo ninguna consulta genuina para identificar alternativas viables y tampoco se indemnizó por pérdidas y daños a la población afectada. El gobierno no detalló cómo iba a abordar las necesidades e intereses de las personas internamente desplazadas por la sequía ni evaluó las pérdidas y daños que habían sufrido antes, durante y después del desplazamiento.

En julio, el gobernador de Boeny comunicó que cada semana llegaba cerca de un centenar de personas a la región, a menudo tras un arduo recorrido de unos 1.500 km. Algunas de esas personas viajaban a pie o en autobús, sin apoyo del gobierno ni de la comunidad internacional.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El Parlamento siguió rechazando un proyecto de ley elaborado en 2021 para despenalizar el aborto —que seguía siendo ilegal en todas las circunstancias—, pese al número alarmante de violaciones de niñas, incluidos casos de incesto. El gobierno no adoptó un enfoque centrado en las sobrevivientes de violencia sexual ni aplicó medidas para que éstas denunciaran las violaciones en condiciones seguras, sin temor a estigmatización ni represalias; tampoco garantizó que los responsables rindieran cuentas ni proporcionó a las sobrevivientes rápido a la justicia ni la reparación.

La discriminación por motivos de género seguía siendo generalizada y afectaba de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a las desplazadas por la sequía, que no disponían de protecciones cruciales. Las ideas preconcebidas arraigadas en las normas sociales y culturales provocaban desigualdades que reducían la capacidad que tenían las mujeres que vivían en regiones como Androy, en el sur, para procurarse mejores condiciones de vida. Por ejemplo, en comparación con los hombres, ellas tenían mucha menos libertad para vender sus recursos, como el ganado y las tierras, a fin de poder trasladarse a zonas no afectadas por la acuciante sequía. Como consecuencia, las mujeres y las niñas eran cada vez más vulnerables ante las condiciones de vida adversas.

Discriminación

Hubo 23 casos de secuestro de personas con albinismo. Nueve de las personas secuestradas fueron halladas muertas posteriormente. Los secuestros y asesinatos de las personas con albinismo estaban provocados por ideas erróneas, supersticiosas y peligrosas, sobre esta afección.