Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.
Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes seguían exponiéndose a la criminalización, el uso excesivo de la fuerza, la violencia y la muerte. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, con persistente impunidad. Las desapariciones eran motivo de honda preocupación, pero se temía que el gobierno minimizara la magnitud de la cuestión. Quienes buscaban a personas desaparecidas corrían grave peligro. La práctica de la detención arbitraria seguía sin remitir, y la independencia judicial se veía amenazada por las reformas constitucionales. Los índices de violencia de género, feminicidio y transfeminicidio eran altos. Mejoró el al aborto, pero algunos estados aún no lo habían despenalizado. Las personas solicitantes de asilo sufrían demoras en la tramitación de sus solicitudes y se veían privadas de sus derechos básicos. Las condiciones en la frontera eran cada vez más peligrosas para las personas que migraban a Estados Unidos y esperaban las citas de inmigración. Se reconoció en la Constitución a los pueblos indígenas y afrodescendientes. El gobierno siguió fomentando la producción y el uso de combustibles fósiles. La vía férrea Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum siguieron funcionando, pese a la preocupación que suscitaba su impacto ambiental.
Información general
En junio, Claudia Sheinbaum Pardo fue elegida presidenta de México; era la primera mujer que accedía al cargo. Las elecciones fueron las más violentas de las que se tenía registro en el país, habiendo sido asesinadas al menos 41 personas candidatas a ejercer un cargo público, según el grupo de estudios Laboratorio Electoral.
Durante los 17 años transcurridos desde que comenzara la intensa participación de los militares en las operaciones de seguridad pública, el número de desapariciones forzadas y asesinatos no había dejado de aumentar. En septiembre, el Congreso aprobó una reforma constitucional para colocar a la Guardia Nacional bajo el control de las fuerzas armadas (la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA), con lo que la seguridad pública quedó militarizada.1
En junio se promulgaron unas reformas polémicas de las leyes sobre la amnistía y el amparo (protección judicial de los derechos constitucionales). Permitían a la presidencia conceder la amnistía, sin restricciones, a toda persona que proporcionara información para investigaciones y prohibían determinadas suspensiones provisionales, aun cuando pudieran servir para evitar violaciones de derechos humanos.
En septiembre se promulgó una reforma constitucional que permitía la elección popular de los cargos judiciales a todos los niveles y posibilitaba la creación de los denominados “jueces sin rostro” (jueces y juezas anónimos) para los casos de delincuencia organizada, en menoscabo de la independencia judicial y del derecho a la justicia y a un juicio con las debidas garantías. En noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó un proyecto para invalidar en parte la reforma judicial: siete de los 11 jueces (conocidos como ministros y ministras) votaron limitar el alcance de la norma, pero se requería una mayoría calificada de ocho votos.
El 31 de octubre se aprobó una reforma constitucional que impedía, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnar modificaciones constitucionales futuras.
En noviembre fue reelegida la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a las críticas que su istración recibía de la sociedad civil.
En noviembre se aprobó también una reforma constitucional para abolir diversos organismos autónomos por mandato constitucional, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, a la Información y Protección de Datos Personales.
Libertad de expresión
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos nueve defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en 2024. Un informe publicado por la ONG Global Witness en 2024 señalaba que en 2023 habían sido asesinadas 15 personas defensoras de la tierra y activistas ambientales, lo que hacía de México uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defendían el territorio, la tierra y el medioambiente. Se seguía criminalizando a las personas defensoras de los derechos humanos; el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a activistas y organizaciones de la sociedad civil. No hubo avances en las investigaciones sobre la vigilancia ilícita de la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la perita médica Mercedes Doretti, que colaboraban en las indagaciones sobre la masacre de migrantes que había tenido lugar en 2010 y 2011 en la ciudad de San Fernando (estado de Tamaulipas). El 3 de julio, la Fiscalía General de la República concluyó el no ejercicio de la acción penal contra ellas.
El gremio periodístico seguía expuesto a riesgos importantes.2 Según la organización ARTICLE 19, al menos cuatro periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo. En enero se filtró y se publicó en un sitio web información personal de más de 324 periodistas. En una de sus conferencias matutinas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los datos personales de Natalie Kitroeff, periodista del diario The New York Times, y afirmó que su autoridad era más valiosa que la privacidad de los periodistas.
Continuaron las amenazas contra el periodista Alberto Amaro y, el 4 de junio, unos policías del estado de Tlaxcala lo siguieron y lo apuntaron con un arma. El gobierno del estado de Oaxaca ofreció una disculpa pública a la familia del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio de 2021.
Libertad de reunión pacífica
Las autoridades continuaron utilizando el sistema judicial para criminalizar a los estudiantes y a los defensores y defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente que participaban en protestas.
El 7 de febrero, un juez de la zona de Salina Cruz declaró al defensor del territorio, la tierra y el medioambiente David Hernández Salazar culpable de ataques contra las vías de comunicación y daños por incendio en el municipio de San Blas Atempa (estado de Oaxaca); el 14 de mayo, la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su condena. En julio, tras la presión de la opinión pública, la Fiscalía de Distrito Altos, del municipio de San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas), resolvió no procesar a seis personas defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente de la Colonia Maya, y el caso se cerró.
El 2 de agosto, la Fiscalía General de la Ciudad de México notificó a la defensora del territorio, la tierra y el medioambiente Hortensia Telésforo Jiménez la apertura de una investigación sobre su participación en la recuperación de una biblioteca comunitaria. El 5 de septiembre, las personas que protestaban por su criminalización fueron objeto de ataques verbales por parte de personal del gobierno de la delegación de Xochimilco (Ciudad de México) y del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; cinco de ellas fueron detenidas y procesadas. En febrero, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato notificó a siete estudiantes que estaban siendo investigados por haber causado daños a edificios públicos de la Universidad de Guanajuato durante unas protestas realizadas en 2023; el 13 de marzo, la universidad retiró los cargos.
Las autoridades continuaron empleando fuerza excesiva durante las protestas. El 20 de junio, la policía agredió a las personas que se manifestaban contra una granja porcina en el municipio de Perote (estado de Veracruz) y causó la muerte de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez. En marzo, activistas y medios de comunicación denunciaron que la policía había utilizado gas lacrimógeno en Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Zacatecas; había agredido a manifestantes feministas en el estado de Michoacán; había infligido malos tratos y detenido a cinco manifestantes en el estado de Nuevo León, y también había infligido malos tratos y detenido a al menos 12 mujeres que protestaban de forma pacífica y a dos mujeres periodistas en el estado de Zacatecas.
En agosto concluyó el proceso de reparación en favor de Libertad Reyes, África Torres, Sofía Ramírez, Enya Mota y Patricia Luna, que habían sido víctimas de uso excesivo de la fuerza y de detención arbitraria e ilegal por parte de la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) mientras protestaban contra la violencia de género el 22 de agosto de 2020.
Ejecuciones extrajudiciales
Las fuerzas militares seguían cometiendo presuntas violaciones de derechos humanos, que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, delitos estos que seguían quedando impunes.
Según los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos, el 26 de abril de la SEDENA agredieron a dos jóvenes que viajaban en automóvil en la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas) y causaron la muerte de uno de ellos. Los relatos de testigos y las cámaras de seguridad evidenciaron que, el 9 de junio, varios de la Guardia Nacional habían entrado en una vivienda en la que dos niños de corta edad y cuatro mujeres fueron asesinados en la ciudad de León (estado de Guanajuato), según los medios de comunicación.
El 13 de julio, dos de la Guardia Nacional agredieron a cuatro personas que viajaban en automóvil en Villa Hidalgo (estado de San Luis Potosí), causando la muerte a una niña y heridas a un adolescente. El 1 de octubre, seis personas migrantes murieron cuando unos militares dispararon contra el vehículo en el que viajaban por la carretera que unía los municipios de Comaltitlán y Huixtla, en el estado de Chiapas. La SEDENA emitió una declaración pública informando de que los dos de las fuerzas armadas que habían efectuado los disparos estaban siendo investigados.
El 7 de octubre, de la SEDENA agredieron a un hombre que conducía un vehículo y amenazaron con matarlo, según fuentes de los medios de comunicación.
El 11 de octubre, una mujer murió por los disparos efectuados por de la SEDENA contra unos vehículos sospechosos de pertenecer a cárteles en la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas), según declaraciones de defensores y defensoras de los derechos humanos. El 12 de octubre, de la Guardia Nacional mataron a una niña de ocho años y a una mujer en esa misma ciudad.
El 5 de diciembre, un tribunal confirmó la sentencia contra cinco de las fuerzas armadas implicados en la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
Desapariciones forzadas
El número de personas desaparecidas o en paradero desconocido seguía siendo motivo de honda preocupación. La Comisión Nacional de Búsqueda registró 13.588 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas en 2024, de las cuales 9.621 eran hombres, 3.960, mujeres, y siete permanecían sin identificar. Según cifras oficiales, el total de casos registrados entre 1962 y el final de 2024 ascendía a 120.740 personas.
Se siguió dando continuidad al “censo” de personas desaparecidas —estrategia que el gobierno empleaba supuestamente para verificar si una persona estaba realmente desaparecida o no localizada—, pese a que las organizaciones de la sociedad civil habían mostrado preocupación respecto a que el gobierno en realidad estuviera tratando de negar la crisis y minimizar la cifra oficial de personas desaparecidas o no localizadas. En marzo, la Secretaría de Gobernación informó de que aproximadamente 20.000 personas habían sido presuntamente localizadas y casi 100.000 seguían desaparecidas o no localizadas.
Quienes buscaban a familiares que habían desaparecido seguían corriendo grave peligro. Los riesgos afectaban de forma desproporcionada a las mujeres, que representaban la mayoría de las personas que efectuaban búsquedas. Durante el año, al menos una mujer buscadora fue asesinada y, otra, desaparecida; en enero, Lorenza Cano Flores fue víctima de desaparición en la ciudad de Salamanca (estado de Guanajuato) y, en febrero, Ángela Meraz León —conocida como Angelita— fue asesinada en la ciudad de Tecate (estado de Baja California). En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre la protección de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y señaló los graves peligros que enfrentaban, como la desaparición forzada, el homicidio, la represión y las amenazas.
El gobierno se negó a proporcionar 800 documentos militares relacionados con la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa (estado de Guerrero) a las familias de estos jóvenes. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a las ONG que trabajaban en el caso, como el Centro Prodh y Tlachinollan, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico presentó en agosto y octubre dos informes que abordaban las violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. En el primero se reconocía la responsabilidad del Estado en las violaciones sistemáticas de derechos humanos y se identificaban 8.594 víctimas de 11 tipos de violaciones graves de esos derechos. En el segundo se ponía el foco en las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra de la disidencia política y se identificaban 1.103 víctimas de desaparición forzada.
En septiembre, la Secretaría de Gobernación presentó un informe de la Comisión para el a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia en relación con las violaciones graves de los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 que no incluía a nueve grupos de víctimas, entre ellos las personas LGBTI, los y las trabajadoras sexuales, el gremio periodístico y quienes se oponían a los proyectos en gran escala.
Detención arbitraria y juicios injustos
En julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó preocupación por el uso sistemático de esta práctica en México, así como por el empleo de la figura del arraigo (prisión cautelar sin cargos) y la prisión preventiva oficiosa (automática), la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, entre otras cuestiones.
En diciembre se aprobó una reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva oficiosa a los delitos de extorsión, contrabando y a las actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos, así como a determinados delitos relacionados con las drogas.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Siguieron cometiéndose delitos de violencia sexual y feminicidio y faltaban investigaciones sobre ellos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aproximadamente 3.427 mujeres fueron asesinadas en 2024 y cerca de 829 de los casos se consideraron feminicidio.
Las autoridades publicaron decretos para promover los derechos de las mujeres y las niñas. El 18 de enero entró en vigor el decreto para modificar la Ley General de de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el que se pretendía prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.
El 15 de noviembre se publicó una reforma constitucional para promover la igualdad de género en la que, en concreto, se establecía la igualdad sustantiva en el a los derechos; se señalaba que el Estado tenía mayores deberes de protección para con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; se establecía la perspectiva de género en la seguridad pública y la justicia; se promovía la paridad de género en los gobiernos municipales, estatales y federal, y se exigía al Congreso que redujera la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Derechos sexuales y reproductivos
Los estados de Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas adoptaron legislación que despenalizaba el aborto. En los estados de Yucatán y Nayarit, dos resoluciones judiciales ordenaban a los congresos locales aprobar legislación que despenalizara el aborto, pero su aplicación seguía pendiente. Al concluir el año, el aborto era legal en 19 de los 32 estados y la despenalización seguía en curso en otros dos.
En agosto, el Congreso del estado de Aguascalientes redujo de 12 a seis el número de semanas de gestación a partir de las cuales no se podía acceder a servicios de aborto, en contra de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En abril se aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud que prohibían las denominadas “terapias de conversión”.
El año fue uno de los más peligrosos para las mujeres transgénero, ya que se registraron al menos 59 transfeminicidios, según los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Los datos publicados en 2024 por la organización Transgender Europe indicaban que México había sido en 2023 el segundo país más peligroso del mundo para las personas transgénero, después de Brasil.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 78.975 solicitudes de asilo durante el año. El país al que correspondían la mayoría de ellas era Honduras, seguido de Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela y Guatemala. La falta de alojamiento obligaba a muchas personas solicitantes de asilo a vivir en las calles cercanas a las oficinas de la COMAR en la Ciudad de México. A raíz de las protestas de la vecindad, las autoridades decidieron trasladar las oficinas, con lo que se suspendió la tramitación de peticiones de asilo durante aproximadamente dos meses y aumentó el volumen de solicitudes pendientes.
Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el hecho de que el Instituto Nacional de Migración no expidiera tarjetas de visitante por razones humanitarias a las personas solicitantes de asilo, lo que impedía a éstas acceder a su derecho a la salud, la educación y el trabajo.
Las autoridades siguieron colaborando con Estados Unidos en la aplicación de políticas que menoscababan el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement). La frontera norte de México era cada vez más peligrosa para las personas que esperaban una cita destinada a solicitar asilo en Estados Unidos; a menudo eran víctimas de extorsión o secuestro y sufrían discriminación y violencia sexual y de género por parte de actores estatales y no estatales.3
Derechos de los pueblos indígenas
El 30 de septiembre se promulgó una reforma constitucional que reconocía el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades afroamericanas a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el hecho de que la reforma omitiera determinados derechos, como el derecho al territorio, lo que acentuaba las desigualdades estructurales y podía dificultar su aplicación.
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron el desplazamiento interno de pueblos indígenas causado por la violencia en los estados de Michoacán (al menos 110 personas indígenas), Chihuahua (251 personas indígenas) y Chiapas (al menos 8.190 personas, la mayoría de las cuales eran indígenas). Unas 600 personas de Chiapas cruzaron la frontera a Guatemala en busca de seguridad.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno siguió fomentando la producción de combustibles fósiles para reducir las importaciones de gas, y en agosto informó de que el procesamiento de petróleo crudo alcanzaría los 340.000 barriles diarios en la refinería petrolera de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.
El Tren Maya —vía férrea interurbana de 1.525 km que atravesaba la península de Yucatán y había sido inaugurada en diciembre de 2023— seguía funcionando pese a la preocupación que suscitaban la contaminación del agua y el suelo, sus repercusiones en las rutas migratorias y los hábitats de los animales y sus efectos negativos en la biodiversidad de la región y en el de los pueblos indígenas a los alimentos. También continuaba operando el Aeropuerto Internacional de Tulum —inaugurado ese mismo mes y año— pese a que inquietaban los efectos de la contaminación y el ruido en los hábitats de la fauna silvestre y su repercusión en el derecho a un medioambiente saludable.
El 15 de febrero, el Congreso del estado de Tabasco aprobó reformar un decreto para reubicar a los de la comunidad El Bosque, que había sido evacuada en 2023 por el ascenso del nivel del mar atribuido al cambio climático. Al concluir el año, 51 familias habían recibido una vivienda nueva.
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