Nicaragua

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se seguía expulsando, privando de la nacionalidad y sometiendo a detención arbitraria a disidentes y otras personas, que quedaban expuestas a un alto grado de vulnerabilidad y a violaciones de sus derechos. Las autoridades impusieron restricciones estrictas a los medios de comunicación, amenazando con ello la libertad de expresión. Quienes ejercían el periodismo corrían peligro de muerte y de desaparición forzada. Los pueblos indígenas seguían en riesgo de sufrir desplazamiento, desaparición forzada y ataques por parte de grupos armados progubernamentales.

Información general

La represión que había comenzado durante las protestas de 2018 continuaba, en particular mediante el desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil y la criminalización de la disidencia. Desde ese año hasta septiembre de 2024 se habían clausurado más de 5.000 organizaciones, incluidos grupos religiosos de diferentes confesiones.

En 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la ONU, publicó cuatro informes temáticos en los que se ponían de relieve los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; de la iglesia católica y otras confesiones cristianas; comunidades rurales, y estudiantes, docentes y personal de gestión, entre otros del mundo universitario. Pese a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que el gobierno investigara los abusos contra los derechos humanos y rindiera cuentas, imperaba la impunidad.

Derechos económicos, sociales y culturales

La situación de la vivienda seguía siendo crítica en las zonas del país afectadas por los huracanes, donde las promesas del gobierno sobre la reconstrucción no se habían cumplido. El sistema de atención médica estaba politizado, lo que afectaba de forma desproporcionada a integrantes de la oposición y presos y presas políticos, al tiempo que los servicios de salud materna y para adolescentes seguían siendo insuficientes. El cierre de 34 universidades interrumpió la formación de 37.000 estudiantes, y a gran parte de quienes huían del país se les negaba el a su expediente académico.

Privación arbitraria de la nacionalidad

En enero, 16 representantes de la iglesia católica, incluido Rolando Álvarez —que llevaba más de un año encarcelado—, fueron expulsados y despojados de la nacionalidad. En septiembre, las autoridades expulsaron a Guatemala a otras 135 personas que habían estado encarceladas por motivos políticos con anterioridad, algunas de ellas durante más de dos años. Desde el inicio de las expulsiones en 2023, más de 400 personas habían perdido el a sus bienes, veían restringidos sus derechos y libertades y tenían muchas dificultades para integrarse en los países de acogida.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la expulsión del país de personas nicaragüenses y extranjeras sin el debido proceso no sólo despojaba a las primeras de su nacionalidad, sino que dejaba a todas en situación de gran vulnerabilidad, y reforzaba el clima de terror existente para quienes pudiera considerarse que criticaban al gobierno.

Detención y reclusión arbitrarias

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua documentó al menos 151 casos de detención por motivos políticos en 2024. Al concluir el año, 45 de esas personas continuaban privadas de libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en favor de muchas de las personas detenidas por motivos políticos y ordenó a Nicaragua que adoptara las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, su integridad, su salud, su alimentación adecuada, su al agua potable y su libertad personal. Según la información recibida, la violencia y la tortura y otros malos tratos en las cárceles —incluidos los abusos físicos y psicológicos infligidos por las autoridades penitenciarias— eran habituales. La comunidad internacional, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó medidas cautelares para proteger a varias personas, pero las condiciones de los centros penitenciarios seguían siendo precarias.

Libertad de expresión

Las autoridades seguían aplicando medidas para silenciar a los medios de comunicación independientes, lo que creaba un vacío informativo y dificultaba a la población nicaragüense el a noticias e información independientes. Al menos 276 periodistas habían huido del país de manera forzosa entre 2018 y 2024, según un informe publicado en septiembre por la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. El gobierno confiscaba los activos de los medios de comunicación, lo que sofocaba aún más la disidencia; entre 2018 y junio de 2024, más de 50 medios habían visto sus bienes decomisados. El gobierno aplicaba también legislación orientada a controlar los contenidos en Internet, obligando a las empresas de telecomunicaciones a facilitar los datos de las personas usuarias y restringiendo los contenidos permitidos en los eventos artísticos.

En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Caso 14.746 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniendo de relieve la ejecución extrajudicial del periodista Ángel Eduardo Gahona López por agentes del Estado. La impunidad del caso persistía.

Las organizaciones locales informaron de la desaparición forzada de al menos una periodista; en su última comunicación pública, había denunciado que estaban allanando su domicilio.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas seguían sufriendo desplazamientos forzados y ataques a manos de grupos armados progubernamentales y de colonos. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Coalición Nicaragua Lucha, se registraron múltiples violaciones de derechos humanos contra personas indígenas defensoras, como detención arbitraria, desaparición forzada y desplazamiento de población en territorios tales como la Reserva de la Biosfera de Bosawás.

En marzo se celebraron elecciones regionales en la costa caribeña de Nicaragua. Por primera vez en mucho tiempo, no participaron en ellas partidos políticos indígenas. La exclusión del partido político Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA, Organización de los Pueblos de la Madre Tierra, en miskito) se produjo tras la cancelación de su personería jurídica en septiembre de 2023 y la detención de sus líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, quienes después fueron acusados formalmente de traición y conspiración. Al concluir el año, las autoridades no habían revelado el lugar de detención de Brooklyn Rivera. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en diciembre.¹

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo contra Nicaragua, que ponía de relieve violaciones de los derechos de los pueblos indígenas —como el desplazamiento forzado y la falta de consultas sobre proyectos tales como el canal interoceánico— y reafirmaba la necesidad de proteger sus territorios. Los guardabosques mayangnas que defendían la Reserva de la Biosfera de Bosawás seguían encarcelados por cargos dudosos, lo que reflejaba el aumento del riesgo al que se exponían los pueblos indígenas.