Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Nueva Zelanda

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se presentó y aprobó legislación que socavaba los derechos de la población maorí. Se efectuaron reformas legislativas que ponían en peligro las protecciones ambientales. Un nuevo informe de una Comisión Real de Investigación que abarcaba el periodo entre 1950 y 1999 documentó graves abusos y negligencias contra personas en el sistema de acogida. Seguía preocupando el bienestar de los niños y las niñas atendidos por dicho sistema.

Derechos de los pueblos indígenas

Pese a una oposición significativa, el gobierno aprobó o propuso legislación que menoscababa los derechos de la población maorí.

En marzo se promulgó una ley para abolir la Autoridad Sanitaria Maorí, organismo creado en 2022 para mejorar el estado de salud de la población maorí y abordar las desigualdades en la atención sanitaria. En julio se aprobó la Ley de Enmienda del Gobierno Local, que redujo la facultad de los ayuntamientos de establecer circunscripciones maoríes y de garantizar una representación maorí equitativa en el gobierno local.1

En mayo, el gobierno propuso legislación para derogar una disposición (el artículo 7AA) de la Ley Oranga Tamariki de 1989, cuyo objetivo era reducir la presencia excesiva de niños y niñas maoríes en los centros de acogida estatales.

En noviembre, el gobierno presentó el Proyecto de Ley sobre los Principios del Tratado de Waitangi, que reducía los derechos de la población maorí. El Tribunal de Waitangi, organismo que oía las demandas presentadas por la población maorí en relación con el Tratado de Waitangi (Te Tiriti o Waitangi), determinó que, de aprobarse el proyecto de ley, el texto constituiría “la peor y más extensa violación del Tratado/Te Tiriti en tiempos modernos”. Aunque la población maorí era parte en el Tratado, el gobierno no entabló un diálogo significativo con ella antes de presentar el proyecto de ley, lo que desencadenó protestas masivas: decenas de miles de personas participaron en una marcha nacional (hīkoi) de nueve días hasta el Parlamento.

La población maorí seguía estando sobrerrepresentada en el sistema de justicia penal. En un informe publicado en agosto por un grupo independiente, designado por el director general de la Policía, se reconocía que había pruebas de racismo estructural en muchos sectores, incluido el sistema judicial. Según sus conclusiones, ser maorí aumentaba la probabilidad de encausamiento en un 11% con respecto a la población neozelandesa de origen europeo.

Derecho a un medioambiente saludable

Nueva Zelanda cayó siete puestos, hasta el 41, en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático, cuyos especialistas pidieron al gobierno que estableciera objetivos más ambiciosos para reducir los gases de efecto invernadero.

Se introdujeron leyes que socavaban las protecciones ambientales. El Proyecto de Ley de Aprobaciones Rápidas, aprobado en diciembre, establecía un proceso acelerado de aprobación de determinados proyectos, incluidos los de minería, vivienda e infraestructuras, que podría eludir las protecciones ambientales existentes.2 El Proyecto de Ley de Enmienda de Minerales de la Corona, presentado en agosto, aspiraba a revocar una prohibición de 2018 a la concesión de nuevos permisos de exploración petrolífera en alta mar.

Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

El informe final de la Comisión Real de Investigación sobre los Abusos en el Sistema de Acogida, publicado en junio, recogía estimaciones que indicaban que hasta 256.000 niños, niñas, jóvenes y personas adultas acogidos en centros estatales o instituciones religiosas entre 1950 y 2019 habían sufrido abusos y abandono. Sin embargo, señalaba que la cifra verdadera no llegaría a conocerse nunca.

Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención encargado de supervisar los centros de detención en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura constató que la seguridad y el bienestar de los niños y las niñas en el sistema de acogida estatal seguía siendo motivo de grave preocupación.

  1. Aotearoa New Zealand: Submission on the Local Government (Electoral Legislation and Māori Wards and Māori Constituencies) Amendment Bill 2024, 29 de mayo
  2. Aotearoa New Zealand: Submission on the Fast-track Approval Bill, 19 de abril