Paraguay

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

La financiación insuficiente del sistema público de salud generaba retrasos, carencias y gastos que afectaban a los y las pacientes y a sus familiares. Un nuevo proyecto de ley y una comisión parlamentaria de investigación amenazaban la libertad de asociación y de expresión de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Seguían pendientes las sentencias sobre 10 demandas relacionadas con el reconocimiento jurídico del nombre de las personas transgénero. La violencia de género era motivo de enorme preocupación. Los niños y niñas seguían sufriendo abuso sexual y maltrato, y el número de embarazos adolescentes seguía siendo preocupantemente alto. Las catástrofes ambientales y climáticas, así como los desalojos forzosos, afectaban de forma desproporcionada a los pueblos indígenas.

Información general

El auge del crimen organizado se convirtió en un motivo de preocupación acuciante a nivel nacional e internacional y dio lugar a la expansión de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interna en cuatro departamentos.

Persistía la desigualdad, y el Instituto Nacional de Estadística informó de que el 17,2% de la población sufría pobreza multidimensional, lo que repercutía en su derecho al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la salud, a un medioambiente saludable y a la educación. Además, el 22,7% vivía por debajo del umbral de la pobreza monetaria y el 4,9% se situaba por debajo del umbral de la pobreza extrema, con lo que sus derechos a la alimentación y a un nivel de vida adecuado se veían afectados. En 2024, el 10% más rico de la población ganaba aproximadamente 20 veces más que el 10% más pobre.

En febrero, el policía retirado Eusebio Torres Romero fue condenado a 30 años de prisión por actos de tortura cometidos en 1976, durante el régimen militar.

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la vulneración de las garantías procesales en la expulsión del Congreso Nacional de una senadora de la oposición.

Derechos económicos, sociales y culturales

El gobierno no asignaba recursos suficientes al sistema público de salud, lo que menoscababa el derecho a la salud, sobre todo de los grupos que sufrían discriminación, como los pueblos indígenas y las mujeres transgénero.¹ La inversión en salud pública se mantuvo en el 4% del producto interno bruto, cifra inferior al 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para lograr la cobertura universal.

El gobierno no incrementó la progresividad fiscal ni fortaleció la sanidad primaria, por lo que las familias tuvieron que pagar con sus propios recursos el 38,4% del importe total de la atención sanitaria, uno de los porcentajes de gasto de bolsillo en salud más elevados de los países con un nivel similar de desarrollo.

El órgano legislativo rechazó un proyecto de ley que elevaba un 6% los impuestos al tabaco a fin de financiar la atención médica de pacientes de cáncer, con lo que se perdió la oportunidad de hacer efectivo el derecho a la salud.

En abril, los estudiantes se manifestaron y ocuparon universidades en protesta por la decisión del gobierno de modificar la financiación de la enseñanza gratuita y de los programas de becas en las universidades públicas. Exigían que se les incluyera en las consultas sobre la cuestión y un nuevo acuerdo fiscal que financiara las políticas sociales, incluida la educación superior.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley redactado de forma imprecisa que amenazaba la libertad de asociación y podría incrementar el control sobre las organizaciones de la sociedad civil y dar lugar a restricciones arbitrarias, incluida la suspensión de sus actividades.²

El Sindicato de Periodistas del Paraguay denunció el hostigamiento y la difamación de periodistas y organizaciones que investigaban sobre el poder político, ya que del Senado habían difundido noticias falsas durante el debate en torno a dicho proyecto de ley.

En agosto se creó una comisión parlamentaria sobre el blanqueo de dinero con el mandato de investigar a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Las audiencias tenían carácter confidencial, lo que suscitó preocupación por la transparencia de este nuevo mecanismo de control.

Tres activistas acusados de incendio provocado y alteración del orden público en relación con unos actos de protesta ocurridos durante la pandemia de COVID-19 fueron absueltos tras un juicio que había durado ocho meses.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El sistema judicial aún no había dictado las sentencias definitivas sobre 10 demandas presentadas por personas transgénero que pedían el reconocimiento jurídico de su nombre conforme a su identidad de género. Dos de las partes demandantes —Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, mujeres transgénero que habían reclamado ese reconocimiento en tribunales civiles en 2016— estaban a la espera de una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Derechos de las mujeres

La violencia de género seguía estando muy extendida. El Ministerio de la Mujer notificó 31 feminicidios y 52 intentos de feminicidio durante el año, frente al promedio de 37 feminicidios anuales registrados en el periodo 2019-2023.

Alexa Torres, sobreviviente de acoso sexual cometido por un sacerdote católico, presentó una denuncia ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer después de que el sistema judicial anulara la declaración de culpabilidad de su presunto agresor basándose en la prescripción del delito.

Derechos de la infancia

Se seguían vulnerando los derechos de la infancia. En 2024, el Ministerio Público registró 3.524 denuncias de abuso sexual infantil y 1.679 denuncias de maltrato infantil, frente a las 3.543 y 1.559, respectivamente, recibidas el año anterior.

El número de embarazos adolescentes seguía siendo elevado, y las niñas sobrevivientes de violación seguían viéndose obligadas a llevar a término su embarazo debido a la prohibición casi total del aborto. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 8.578 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las que 602 eran indígenas, y 339 casos de alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las que 82 eran indígenas.

El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, pidió a Paraguay que incluyera la educación sobre género y salud sexual y reproductiva en el plan de estudios escolar. También solicitó que garantizara, entre otras cosas, que, en los casos de maltrato infantil —incluida la violencia sexual—, el sistema de justicia penal aplicaba un enfoque multisectorial y adaptado a la niñez para evitar la retraumatización.

Derechos de los pueblos indígenas

Las catástrofes ambientales y climáticas afectaban de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. En julio, la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco denunció que las comunidades locales habían agotado sus reservas de agua potable y no recibían ayuda humanitaria. En septiembre, un incendio forestal afectó al Monumento Nacional Cerro Chovoreca, territorio ancestral del pueblo indígena Ayoreo, que vivía en aislamiento voluntario.

Continuaron los desalojos forzosos de pueblos indígenas. La comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense seguía esperando que se le restituyera su territorio ancestral, del que la empresa de energía hidroeléctrica Itaipú Binacional se había apropiado vulnerando con ello sus derechos. Esta comunidad seguía enfrentada a una demanda por desalojo pendiente de resolución ante un tribunal de apelación.