Perú

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se seguían investigando las muertes que habían tenido lugar durante las protestas de 2022 y 2023. Se presentaron al Congreso varios proyectos de ley que podían suponer restricciones para la sociedad civil. Los incendios forestales afectaron amplias zonas y provocaron muertes y destrucción. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes tenían liderazgo indígena, seguían corriendo peligro, y faltaban mecanismos de protección. Los establecimientos públicos de salud eran insuficientes y la población recurría cada vez más a los servicios privados sufragando los gastos de su bolsillo. No se tenían en cuenta los derechos de las personas LGBTI, y el “transexualismo” se declaró “problema de salud mental”. El aborto terapéutico era el único legal y el a él era insuficiente. El órgano legislador propuso la eliminación de la educación sexual integral. La violencia sexual y de género seguía siendo generalizada. Los cambios en la legislación efectuados y propuestos podían suponer la impunidad de crímenes de lesa humanidad históricos. Las autoridades seguían expulsando a personas refugiadas y migrantes, y una resolución dificultó a la población venezolana y a otros grupos el a visados.

Información general

El Congreso de la República tomó decisiones políticas que debilitaban el mandato de varias instituciones públicas de protección de los derechos humanos.

El anuncio presidencial del cierre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables demostró la falta de compromiso del gobierno para combatir la violencia de género.

Libertad de expresión y de reunión

Estaban en curso las investigaciones penales sobre las 50 muertes y los centenares de lesiones registradas durante las protestas que habían tenido lugar entre diciembre de 2022 y febrero 2023.¹ En julio, el Ministerio Público entabló acciones penales contra varios altos mandos militares y policiales, y el fiscal de la Nación presentó una segunda denuncia constitucional contra la presidenta, Dina Boluarte, y cinco ministros de su gabinete anterior. Las investigaciones sobre los homicidios registrados durante las protestas de noviembre de 2020 no habían experimentado avances significativos.

Se presentaron al Congreso varios proyectos de ley que ampliaban la supervisión del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil, restringían el espacio de la sociedad civil y su financiación exterior y tipificaban infracciones istrativas para las acciones que alterasen el orden público.

Derecho a un medioambiente saludable

Hasta noviembre, el Instituto Nacional de Defensa Civil había identificado más de 241 incendios forestales en el país, que provocaron la muerte de 35 personas y lesiones a 285. Varias comunidades y áreas naturales protegidas se vieron seriamente afectadas.

Cuando habían transcurrido casi tres años del derrame de petróleo frente a la costa de Ventanilla, en las afueras de la capital, Lima, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental informó de que en 19 lugares afectados se observaban aún daños ambientales. Las autoridades seguían sin brindar apoyo suficiente a las comunidades afectadas por la contaminación ambiental en la provincia de Espinar (departamento de Cusco).

En diciembre, las autoridades declararon una emergencia ambiental por un periodo de 90 días a causa de un derrame de petróleo ocurrido en la playa de Lobitos, municipio de la provincia de Talara (departamento de Piura), que afectó más de 275 hectáreas, incluida la parte meridional de la Reserva Natural Mar Tropical de Grau.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Cuatro defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente murieron de forma violenta durante el año. Dos de ellos fueron asesinados en la zona de amortiguación que rodeaba la Reserva Comunal Amarakaeri y gozaban de medidas de protección del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El Ministerio del Interior seguía careciendo de un protocolo para coordinar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos con la policía.

En abril se dictó sentencia condenatoria para los autores del asesinato en 2014 de cuatro defensores ambientales del pueblo indígena Asháninka.

Derecho a la salud

Existían barreras estructurales de a una atención médica adecuada.² En consecuencia, los índices de automedicación seguían siendo elevados y se observaba un aumento de la demanda de atención médica en las farmacias y las clínicas y hospitales privados, que suponía una carga excesiva para las personas con ingresos bajos.

El Colegio Médico del Perú denunció la escasez de medicamentos en los establecimientos públicos de salud y la respuesta inadecuada de las autoridades a la hora de abordar la cuestión.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Seguían sin tenerse en cuenta los derechos de las personas LGBTI, y el Congreso no aprobó legislación sobre el reconocimiento legal de la identidad de género y el matrimonio igualitario.

Un decreto del Ministerio de Salud declaró el “transexualismo” “problema de salud mental”, en contra de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Tras las quejas recibidas, el Ministerio aclaró que, en la práctica, las personas transgénero no debían ser tratadas como si padecieran problemas de salud mental, pero el decreto se mantuvo.

Las organizaciones de la sociedad civil criticaron un proyecto de ley sobre la unión civil entre personas del mismo sexo que se había presentado en el Congreso, al considerar que era discriminatorio, se centraba en la protección del patrimonio y no incluía todos los derechos de las parejas del mismo sexo, como la obtención de la nacionalidad o la residencia.

Derechos sexuales y reproductivos

Cuando se cumplían 100 años de la despenalización del aborto terapéutico, persistían las barreras que limitaban el ejercicio de este derecho fundamental, y el a ese tipo de servicios era insuficiente. En 2024, 1.080 niñas menores de 15 años —una de ellas no superaba los 11— llevaron a término el embarazo.

El Estado no aplicó las recomendaciones sobre el aborto terapéutico para todas las menores de edad, formuladas por el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que en 2023 había fallado a favor del caso de Camila, una niña indígena de 13 años a la que se había negado el al aborto.

El a las guías de educación sexual integral del Ministerio de Educación se restringió temporalmente, pero se restableció tras las quejas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, varios congresistas presentaron en octubre el Proyecto de Ley 9174, que proponía la eliminación de la educación sexual integral.

Violencia sexual y de género

En 2024, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 168.492 casos de violencia contra las mujeres y otros grupos vulnerables. Un total de 32.388 eran casos de violencia sexual, de los que 22.797 (el 70%) afectaban a personas cuya edad no superaba los 17 años. El Ministerio registró 12.924 casos de violación de mujeres, de los que el 65% (8.416 casos) afectaban a niñas y adolescentes. Sin embargo, sólo se repartieron 2.768 kits para la atención de casos de violencia sexual, lo que planteaba interrogantes sobre si se habían aplicado todos los protocolos de protección de las víctimas de este tipo de violencia. También se registraron 162 femicidios. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se denunció la desaparición de 10.278 mujeres y niñas, que representaban el 58% del total de personas desaparecidas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En agosto entró en vigor la Ley 32107, que establecía la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002. Esa medida iba en contra de las obligaciones contraídas por Perú en virtud del derecho internacional, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968. No obstante, la judicatura se abstuvo de aplicar la nueva ley en al menos tres casos, incluido el de Huanta, en el que finalmente se dictó sentencia contra dos altos mandos retirados de la Marina del Perú por el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de más de 50 en la provincia de Huanta (departamento de Ayacucho) en 1984, así como por la desaparición forzada del periodista Jaime Alaya durante el conflicto armado interno. El Congreso siguió debatiendo el Proyecto de Ley 7549, que amnistiaba a los de las fuerzas armadas, la policía y el funcionariado del Estado contra los que no se hubiera dictado sentencia condenatoria firme en las causas relacionadas con la lucha contra los grupos armados de oposición que se había librado entre 1980 y 2000.

La judicatura impuso en junio una condena histórica a 13 exmilitares por la violación de 10 campesinas en los distritos de Manta y Vilca, en la provincia y departamento homónimos de Huancavelica, en la década de 1980, durante el conflicto armado interno.

Una resolución judicial dispuso el proceso de reparación integral de las víctimas de esterilización forzada durante la década de 1990.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades siguieron expulsando a personas migrantes con arreglo al marco jurídico del Procedimiento istrativo Sancionador Especial Excepcional, sin tener la garantía de que otro país las recibiera.

En julio entró en vigor una resolución que eliminaba la exención del requisito de presentar el pasaporte para la expedición de visados humanitarios destinados a poblaciones vulnerables, tales como los niños y niñas, las personas de edad avanzada y las que tenían enfermedades crónicas. Además, establecía la exigencia a las personas venezolanas de un pasaporte válido, lo que menoscababa los derechos de los miles de éstas que tenían limitado a la renovación de los documentos de identidad.

En octubre, el gobierno dictó un decreto que obligaba a los hoteles y otro tipo de alojamientos a pedir los documentos de viaje de las personas extranjeras y notificar los datos a las autoridades, y contemplaba multas para los establecimientos que no lo hicieran.