Polonia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El nuevo gobierno aprobó legislación que ponía aún más en peligro los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la frontera con Bielorrusia. Los derechos reproductivos, en particular la mejora del al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, siguieron siendo objeto de debate público, pero no se reformó la legislación. Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Polonia había violado el derecho a la privacidad al usar el software espía Pegasus. El Tribunal Supremo confirmó la absolución de tres activistas acusadas de “ofender las creencias religiosas”. El Parlamento aprobó una definición de la violación basada en el consentimiento. Un porcentaje considerable de la población vivía en condiciones precarias o de hacinamiento. El gobierno no adoptó ninguna medida a corto plazo para reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.

Información general

Al final de 2024, después de un año en el poder, el nuevo gobierno no había hecho avances significativos en cuanto a las promesas electorales de mejorar el respeto de Polonia por el Estado de derecho, los derechos reproductivos y los derechos de las personas refugiadas, migrantes y LGBTI. Pese a los intentos de restablecer el Estado de derecho, seguían sin reformarse instituciones que estaban en entredicho, como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional del Poder Judicial y la Sala de Responsabilidad Profesional del Tribunal Supremo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Seguían suscitando preocupación las violaciones de los derechos de las personas refugiadas y migrantes cometidas en la frontera con Bielorrusia. En octubre, el gobierno anunció una nueva estrategia en materia de migración y presentó un proyecto de ley que permitía al Ministerio del Interior “suspender temporalmente” el reconocimiento de las solicitudes de asilo en una zona determinada si se consideraba necesario por motivos de seguridad. Tales propuestas podían poner en peligro los derechos de quienes buscaban seguridad.¹

En junio, el gobierno estableció una “zona de amortiguación” alrededor de la frontera con Bielorrusia. Además, restringió la capacidad de periodistas y activistas de la sociedad civil para realizar labores de observación e información de la situación allí, incluidas las violaciones de derechos humanos que pudieran cometer la guardia de fronteras y las autoridades polacas.

También en junio, organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, legalizaba el uso de armas de fuego en la frontera por agentes encargados de hacer cumplir la ley, en contra de la legislación vigente sobre el empleo de medios letales.² Su aplicación podría aumentar el riesgo de empleo de medios potencialmente letales por agentes encargados de hacer cumplir la ley contra personas refugiadas y migrantes y debilitar la obligación de policías y guardias de fronteras de rendir cuentas por sus acciones.

Varios defensores y defensoras de los derechos humanos fueron absueltos de cargos relacionados con prestar ayuda humanitaria, a menudo vital, a las personas refugiadas y migrantes, aunque las actuaciones judiciales continuaron en al menos un caso.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto seguía penalizado salvo si la vida o la salud de la persona embarazada corría peligro o si el embarazo era resultante de violación o incesto. Miles de personas que necesitaban abortar tenían que buscar asistencia en el extranjero, mientras que otras dependían de la ayuda de organizaciones de la sociedad civil. Se persiguió a defensoras de los derechos humanos por ayudar a mujeres que necesitaban servicios de aborto seguro y se incoaron varias causas penales contra familiares y activistas por prestar tal ayuda. Se presentaron al Parlamento cuatro anteproyectos de ley que ampliaban el al aborto o lo despenalizaban, pero al final del año no se había aprobado ninguno. También el Ministerio de Salud y la Fiscalía General emitieron directrices que en teoría facilitaban el al aborto legal, pero que no representaron ningún cambio importante. Las del Ministerio fueron muy criticadas por el Consejo Médico Supremo, porque hacían recaer la responsabilidad en el personal médico, que se arriesgaba por ello a tener que responder judicialmente de sus decisiones.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

De un total de 105 resoluciones homófobas adoptadas por gobiernos locales desde 2019 para declararse “zonas sin LGBTI”, sólo cinco continuaban en vigor al final del año. Sin embargo, las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación y violencia, al igual que quienes trabajaban en la defensa y promoción de sus derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU expresó su preocupación ante la ausencia de una ley integral contra la discriminación y el hecho de que la legislación sobre crímenes de odio e incitación al odio no mencionara expresamente la orientación sexual ni la identidad de género.

En 2023, en la causa Przybyszewska and others v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había ordenado a Polonia introducir alguna forma de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En octubre se presentó al Parlamento un proyecto de ley para reconocer la unión civil entre personas del mismo sexo, pero al final del año no se había aprobado.

Derecho a la privacidad

En mayo, en la causa Pietrzak and Bychawska-Siniarska and Others v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el gobierno había violado el derecho a la privacidad por medio de “vigilancia secreta”. La causa estaba relacionada con el uso del software espía Pegasus, principalmente contra figuras políticas de la oposición. El Tribunal criticó también la falta de mecanismos de supervisión de las operaciones de vigilancia, el ilimitado de las autoridades nacionales a datos de telecomunicaciones y la ausencia de salvaguardias.

Libertad de expresión

En marzo, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de un tribunal inferior que había absuelto a tres activistas acusadas en 2019 de “ofender las creencias religiosas” por posesión y distribución de carteles y adhesivos en los que se representaba a la virgen María con un halo con los colores del arco iris LGBTI. La fiscalía había intentado impugnar su absolución.

Violencia por motivos de género

En junio, el Parlamento aprobó una definición de la violación basada en el consentimiento —que entraría en vigor en febrero de 2025— para poner la legislación en consonancia con las normas de derechos humanos. Sin embargo, se temía que las nuevas disposiciones no ofrecieran protección adecuada a las personas con discapacidades, incluidas las discapacidades intelectuales.

Derechos económicos y sociales

Polonia no había aceptado aún ninguno de los mecanismos de la ONU para presentar denuncias internacionales por presuntas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.

Derecho a la vivienda

El CESCR expresó su preocupación ante la escasez de vivienda asequible, que era la causa de que un porcentaje significativo de la población viviera en condiciones precarias o de hacinamiento, y recomendó dar prioridad “a la financiación de la construcción de viviendas nuevas a precios asequibles, así como a la renovación y modernización de las infraviviendas”. Además, recomendó que Polonia reforzara “los mecanismos de supervisión y de aplicación de la ley para evitar que los propietarios de viviendas exploten a los inquilinos y reducir el riesgo de sinhogarismo”.

Libertad de reunión pacífica

En mayo, un tribunal absolvió a Joanna Wolska, activista de la organización Women’s Strike, de presuntas infracciones de las que había sido acusada por el modo en que se había realizado una protesta sobre el aborto.

En julio, activistas del grupo Last Generation se fijaron las manos al suelo con pegamento en una calle de la capital, Varsovia, para protestar por el cambio climático. Según su testimonio, la policía no intervino para brindarles protección contra los ataques de algunas personas que pasaron por allí en automóvil.

Derecho a un medioambiente saludable

Polonia obtuvo una calificación “baja” en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático por sus políticas climáticas, uso energético y emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno no adoptó ninguna medida a corto plazo para reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. En septiembre hubo graves inundaciones, especialmente en el suroeste del país, que causaron siete muertes. La iniciativa World Weather Attribution informó de que las inundaciones se habían vuelto cada vez más probables debido al cambio climático causado por la actividad humana.