Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.
Se promulgó legislación que anulaba sentencias judiciales relacionadas con los derechos humanos para permitir la devolución a Ruanda de solicitantes de asilo. Se mantuvieron las transferencias de armas a Israel durante gran parte del año, hasta que el nuevo gobierno las suspendió. Las autoridades públicas adoptaron diversas conductas que tenían un efecto intimidatorio en el ejercicio de la libertad de expresión y de protesta en favor de Gaza y Palestina. La participación en manifestaciones pacíficas por el medioambiente se castigaba a menudo con largas penas de prisión. Los altos niveles de pobreza infantil afectaban desproporcionadamente a los niños y niñas negros o pertenecientes a minorías étnicas.
Información general
En julio, tras la celebración de elecciones generales, el Partido Conservador, que llevaba 14 años en el poder, fue sustituido por un gobierno del Partido Laborista. A consecuencia de ello, se abandonaron o modificaron algunas políticas que constituían amenazas graves para los derechos humanos. En agosto tuvieron lugar actos de violencia racista en localidades de toda Inglaterra e Irlanda del Norte durante varios días. Se produjeron en un contexto de retórica constante contra las personas solicitantes de asilo por parte de figuras de la política y los medios de comunicación, así como de aplicación de políticas gubernamentales que colapsaban el sistema de tramitación de las solicitudes de asilo y dañaban la cohesión social. A raíz del homicidio de tres niñas en la localidad de Southport a manos de un agresor al que se había identificado falsamente como solicitante de asilo y musulmán, se incitó a la violencia mediante desinformación, discursos discriminatorios y apología del odio en las redes sociales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En abril se promulgó la Ley de Seguridad de Ruanda, que pretendía revocar un fallo de 2023 del Tribunal Supremo contrario a considerar Ruanda un país seguro al que enviar a solicitantes de asilo y suspendía o anulaba una amplia variedad de garantías de protección de derechos. Daba continuidad a la Ley de Migración Ilegal de 2023, al implementar una política más amplia aplicada en virtud de ella por la que no se tramitaban las solicitudes de asilo presentadas en Reino Unido. No obstante, a raíz del cambio de gobierno, el plan de permitir la devolución de solicitantes de asilo a Ruanda se canceló y se aprobaron normas que dejaban sin efecto la Ley de Migración Ilegal. El nuevo gobierno declaró que tenía intención de reducir el número de solicitudes de asilo pendientes que se habían acumulado con la política anterior y anunció también el desmantelamiento de un barco cárcel y una antigua base de las fuerzas aéreas que se habían preparado para alojar a solicitantes de asilo.
El nuevo gobierno se comprometió a derogar la Ley de Seguridad de Ruanda y anunció que se iba a presentar un proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración. Al terminar el año no se había publicado información detallada sobre el proyecto de ley, pero el gobierno señaló que su propósito coincidía con el del gobierno anterior: tratar de disuadir de solicitar asilo en Reino Unido y prevenirlo, aumentar el espacio de detención de inmigrantes y acelerar la expulsión de personas desde Reino Unido.
En septiembre se publicó un informe interno del Ministerio del Interior sobre las causas fundamentales de lo que se conocía como el escándalo Windrush. Se confirmaba en él que el racismo había ocupado un lugar central en las políticas gubernamentales y las leyes promulgadas por el Parlamento durante varios decenios “para reducir el número de personas de piel negra u oscura” a las que se permitía vivir en Reino Unido. Debido a ello se había privado de su ciudadanía británica a muchas personas negras y asiáticas, que habían quedado después expuestas a políticas migratorias, como la devolución, frente a las que deberían haber sido inmunes pero no pudieron protegerse.
En octubre se anunció que el nuevo gobierno continuaría con la política de su antecesor de eliminación gradual de los documentos físicos de situación migratoria para su sustitución por “visados electrónicos” totalmente digitales. Suscitaba honda preocupación que esa política fuera excluyente y transfiriera de la persona al Ministerio del Interior el control de la acreditación de su derecho legítimo a residencia y servicios.
Transferencias irresponsables de armas
Durante la primera mitad del año, el gobierno entonces en el poder se negó a suspender las licencias de exportación de armas y material militar a Israel, que incluían equipo que se estaba utilizando en el conflicto de Gaza. En junio, varios mecanismos expertos de la ONU pidieron a los Estados que pusieran fin a todas las transferencias de material militar a Israel para evitar el riesgo de incurrir en responsabilidad por violaciones de derechos humanos. En septiembre, el nuevo gobierno suspendió parcialmente las licencias de exportación alegando un “riesgo claro” de violaciones del derecho internacional humanitario por el ejército israelí. No obstante, la contribución de Reino Unido al avión de combate F-35, elemento crucial de la actividad militar de Israel, se excluyó de la suspensión. Al terminar el año estaba en curso una revisión judicial de la política de licencias de exportación de armas de Reino Unido.
Libertad de reunión pacífica
Se siguieron celebrando en la capital, Londres, grandes manifestaciones periódicas en demanda del alto el fuego tras los ataques encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel y la consiguiente respuesta militar israelí. Aunque con algunas restricciones, la policía las permitió, pese a la considerable presión política ejercida para que se prohibieran.
En mayo, el Tribunal Divisional (la sección de apelaciones de la sala correspondiente del Tribunal Superior) declaró ilegal una normativa del gobierno que otorgaba a la policía mayores facultades para restringir protestas por motivos de “alteración grave”. En diciembre se celebró la vista de un recurso presentado por el nuevo gobierno contra esta decisión.
Con frecuencia se castigaba con prisión la participación en manifestaciones pacíficas en favor del medioambiente por considerar que habían causado “alteración grave” o “perjuicio público”, actos que podían constituir “desacato” o protesta causante de “daños criminales”. En algunos casos, las penas de prisión impuestas eran muy largas, incluso de hasta cinco años.
Libertad de expresión
Durante el año continuaron las investigaciones sobre la naturaleza y el alcance de las actividades de vigilancia a periodistas efectuadas por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. En diciembre, el Tribunal sobre Competencias Indagatorias falló que el Servicio de Policía de Irlanda del Norte y la Policía Metropolitana de Londres habían vigilado ilegalmente a dos periodistas en 2012 y 2013. En junio se inició una revisión del asunto bajo dirección jurídica independiente.
Asimismo, durante el año, el gobierno y otras autoridades públicas adoptaron varias conductas que restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión y tenían un efecto intimidatorio en su ejercicio en favor de Gaza y Palestina. Entre ellas figuraban el uso del muy criticado programa antiterrorista Prevent, la cancelación de visados y la apertura de procedimientos disciplinarios, con un impacto particularmente perjudicial en escolares y jóvenes de comunidades musulmanas y racializadas.
En marzo, el gobierno publicó una definición revisada del concepto de “extremismo”, que debían emplear los organismos públicos para calificar de “extremistas” a personas y grupos a fin de excluirlos de los fondos, plataformas y demás formas públicas de “legitimidad”.
La disolución del Parlamento al convocarse elecciones generales impidió la aprobación en mayo de un proyecto de Ley de Actividad Económica de los Organismos Públicos (Asuntos Extranjeros). El texto, que hacía posible considerar ilegal que las instituciones públicas reflejaran consideraciones éticas y de derechos humanos en las decisiones sobre adquisiciones o inversión de fondos, habría silenciado las peticiones de boicot, desinversión y sanciones.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En enero, el gobierno irlandés presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda interestatal contra el gobierno de Reino Unido relativa a la Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación). El Tribunal Superior de Belfast y el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte determinaron en sendas sentencias dictadas en febrero y septiembre, respectivamente, que la Ley era incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y que vulneraba el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, el denominado “Marco de Windsor”. Una de las conclusiones de sus sentencias era que las disposiciones sobre inmunidad procesal incumplían los artículos 2 y 3 del CEDH y el artículo 2 del Marco de Windsor y, por lo tanto, no debían aplicarse. Se determinó que el órgano establecido por la Ley para abordar el legado del conflicto, la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información, era ilegítimo en relación con la participación y la revelación de pruebas. El gobierno de Reino Unido se comprometió a derogar algunos elementos de la Ley, aunque no todos, y señaló que tenía intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Persistió durante el año un clima mediático y político extremadamente hostil hacia las personas trans. Según informes, los delitos de odio contra personas LGBTI aumentaron. El gobierno dictó orientaciones a las escuelas para que no se hablara de “identidad de género” en la educación sobre sexo y relaciones. En noviembre, el Tribunal Supremo vio un recurso presentado por un grupo crítico en materia de género que pedía que las personas trans en posesión del certificado británico de reconocimiento legal de la identidad de género no pudieran acogerse en razón de su género legal a la protección contra la discriminación por motivos de género. Al terminar el año no se había dictado sentencia.
En septiembre se aplazó la decisión sobre una prohibición general de las prácticas de conversión propuesta por el gobierno escocés, que dijo preferir esperar a que el gobierno de Reino Unido presentara un proyecto de ley sobre la cuestión. El anterior gobierno británico no había dictado una prohibición de las terapias de conversión porque el proyecto de ley se había atascado en el debate sobre la inclusión de las personas trans. El nuevo gobierno se comprometió a presentar un anteproyecto de ley que incluyera la prohibición total de las terapias de conversión, pero únicamente para que sirviera de base a nuevas consultas.
Derecho a un medioambiente saludable
Durante la COP29, celebrada en noviembre, el nuevo gobierno se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 81% para 2035, lo que suponía un incremento con respecto al 78% prometido por el gobierno anterior. El nuevo gobierno mantuvo el compromiso de su antecesor de destinar 11.600 millones de libras esterlinas a la financiación climática hasta marzo de 2026, postura calificada de “muy insuficiente” por Climate Action Tracker.
Derechos económicos, sociales y culturales
En enero, la comisionada de la Infancia para Gales criticó el plan del gobierno galés para abordar la pobreza infantil, mientras que, en marzo, estadísticas del gobierno británico mostraron que en Reino Unido vivían en situación de pobreza 4,3 millones de niños y niñas. Las estadísticas demostraban un impacto desproporcionado en los niños y niñas negros y de minorías étnicas, pues vivían en la pobreza el 47%, mientras que entre los niños y niñas blancos el porcentaje era del 24%.
A esas estadísticas siguieron en octubre datos anuales del gobierno que mostraban que los niveles de sinhogarismo en Inglaterra habían aumentado un 12,3% en un año. El sinhogarismo en la vía pública, denominado “vagabundeo”, seguía sometido a la legislación penal.
En febrero, una coalición de grupos de la sociedad civil entre los que figuraba Amnistía Internacional puso de relieve la insuficiencia del importe de la prestación de seguridad social básica, que era menor que el coste de los artículos básicos necesarios comúnmente para una sola persona.
En marzo, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad informó de que Reino Unido no había cumplido con muchas de las obligaciones contraídas en virtud de la convención relativa a tales derechos.
En septiembre, el gobierno escocés retiró su plan de presentar un proyecto de Ley de Derechos Humanos que habría incorporado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros convenios internacionales de derechos humanos a la legislación escocesa.
Discriminación
En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó, entre otras cosas, reformar la legislación sobre inmigración, suspender la estrategia antiterrorista Prevent y poner fin a los registros corporales sin ropa a menores de edad.1
Derechos sexuales y reproductivos
Pese a la despenalización, seguía habiendo importantes obstáculos para acceder a servicios de aborto en Irlanda del Norte, entre ellos la falta de exámenes tempranos para detectar malformaciones del feto.
En Inglaterra y Gales se registró un aumento de las investigaciones y enjuiciamientos a mujeres acusadas de aborto ilegal. Había previstos varios juicios para 2025.
En septiembre, el gobierno escocés estableció “zonas de seguro” alrededor de los hospitales y clínicas que prestaban servicios de aborto. En octubre entró en vigor una legislación similar en Inglaterra y Gales.
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