Ruanda

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Hubo indicios de tortura y otros malos tratos bajo custodia, y el número reducido de enjuiciamientos que tuvieron lugar ofrecieron una rendición de cuentas de carácter limitado. Se recibieron informes de desapariciones forzadas. Se aplicaron nuevas restricciones a las ONG. Continuó el enjuiciamiento de de la oposición por participar en una actividad de formación sobre acción no violenta. Se actualizó el marco jurídico para las personas refugiadas. En Ruanda y en otros países se celebraron juicios contra presuntos autores de genocidio. Un comité de la ONU formuló recomendaciones para abordar las desigualdades que sufrían grupos desfavorecidos de mujeres.

Información general

En julio, después de las elecciones presidenciales y parlamentarias, Paul Kagame fue elegido presidente para un cuarto mandato con el 99,17% de los votos. Antes de las elecciones, el Tribunal Superior había denegado las peticiones de rehabilitación legal de Victoire Ingabire y Bernard Ntaganda, dirigentes de la oposición que habían cumplido previamente penas de prisión; de haberlas itido, se habrían restituido los derechos civiles de ambos y se les habría permitido presentarse a los comicios.

La Fuerza de Defensa de Ruanda participó en operaciones militares en la región oriental de República Democrática del Congo y prestó apoyo al grupo armado M23.

Las relaciones con Burundi seguían siendo tensas. Burundi cerró su frontera terrestre con Ruanda en enero, después de unos ataques cuya autoría había sido reivindicada por un grupo armado al que el Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo acusaba a Ruanda de apoyar (véase el apartado sobre Burundi).

Tortura y otros malos tratos

El periodista Dieudonné Niyonsenga, detenido en 2020 por informar sobre las restricciones asociadas a la COVID-19 y que cumplía una pena de siete años en la prisión de Mageragere por falsificación, suplantación y obstaculización de trabajos públicos, compareció en la vista de su recurso judicial en enero; presentaba señales visibles de malos tratos, y declaró ante el tribunal que lo golpeaban con frecuencia y lo recluían a oscuras en una celda que en muchas ocasiones estaba llena de agua y que, en consecuencia, su audición y su visión se habían deteriorado. En marzo se confirmó su sentencia condenatoria y no se llevó a cabo investigación alguna sobre las denuncias de tortura. El periodista había denunciado previamente ante el tribunal que había sido sometido a tortura y otros malos tratos bajo custodia en 2022.

Un total de 18 funcionarios de prisiones y reclusos fueron enjuiciados por cargos como agresión, asesinato y tortura perpetrados en la prisión de Rubavu. Uno de los encausados era el exdirector de la prisión Innocent Kayumba, que fue declarado culpable de la agresión y asesinato de un recluso en 2019 y condenado en abril a 15 años de prisión y al pago de una multa. Tres funcionarios fueron absueltos, entre ellos otro exdirector de la prisión. Otros dos funcionarios de prisiones y siete reclusos a quienes se había encomendado la seguridad fueron declarados culpables de golpear y matar a reclusos. Ninguno de los funcionarios acusados fue declarado culpable de tortura.

Desapariciones forzadas

Continuaron los informes de desapariciones forzadas. Algunos procedimientos especiales de la ONU pidieron públicamente a Ruanda que presentara información sobre la suerte y el paradero de tres personas sometidas a desaparición forzada. El defensor de los derechos humanos ruandés Yusuf Ahmed Gasana había sido secuestrado por personas no identificadas en su casa de Nairobi, Kenia, en 2023 y presuntamente trasladado a Ruanda; ni las autoridades kenianas ni las ruandesas respondieron a las peticiones de información de su familia, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y de la relatora especial de la ONU sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos. Tampoco había noticias sobre la suerte o el paradero de los hermanos Jean Nsengimana y Antoine Zihabamwe desde que la policía se los llevara de un autobús en la provincia Oriental en 2019.

Ruanda tampoco ratificó en 2024 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Libertad de expresión y de asociación

En julio, una nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales impuso restricciones a las decisiones sobre presupuestos y gestión de las ONG nacionales, entre ellas la prohibición de dedicar más del 20% de su presupuesto a gastos generales sin presentar una explicación por escrito a la Junta de Gobernanza de Ruanda. La ley permitía a ese organismo oficial suspender definitivamente a las ONG por una serie de actividades susceptibles de ser interpretadas de manera amplia.

En mayo, funcionarios de inmigración denegaron la entrada al país a Clémentine de Montjoye, investigadora de Human Rights Watch, en el aeropuerto de Kigali, la capital, aduciendo “motivos de inmigración”. Clémentine era la cuarta persona encargada de investigación de Human Rights Watch a la que se impedía la entrada en Ruanda desde 2008.

Continuó el enjuiciamiento de nueve de Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi), incluida una persona in absentia, y del periodista Theoneste Nsengimana, con una vista a puerta cerrada previa al juicio el 18 de octubre, seguida del proceso en sí que comenzó en diciembre. Estas personas habían sido detenidas en 2021 y se enfrentaban a cargos relacionados con su participación en una actividad de formación sobre acción no violenta, y por planear presuntamente movilizar a la población y alentar a la no cooperación.¹

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En abril se reformó el marco jurídico de Ruanda con objeto de establecer procedimientos detallados para las solicitudes de asilo y de instituir un tribunal de apelaciones en materia de asilo.

También en abril, el Parlamento de Reino Unido aprobó el Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración). Sin embargo, los planes para implementar un acuerdo destinado a enviar a solicitantes de asilo a Ruanda se pospusieron, y el gobierno entrante de Reino Unido descartó el acuerdo (véase el apartado sobre Reino Unido).

Ruanda seguía albergando a un gran número de personas refugiadas, sobre todo de los países vecinos República Democrática del Congo (60,8%) y Burundi (38,4%). A finales de octubre había registradas más de 135.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En abril, Ruanda conmemoró el 30 aniversario del genocidio de 1994 contra la población tutsi, en el que se calculaba que habían muerto unas 800.000 personas, incluidas personas hutus y otras que se oponían al genocidio y al gobierno extremista que lo había organizado.²

También en abril, el Tribunal Intermedio de Huye declaró a Béatrice Munyenyezi culpable de asesinato como crimen de genocidio, complicidad en genocidio, incitación a cometer genocidio y complicidad en violación, y la condenó a cadena perpetua. Béatrice fue absuelta del cargo de planificación de genocidio. Había sido deportada de Estados Unidos en 2021.

En mayo, la Fiscalía del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales anunció que los restantes fugitivos imputados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Charles Ryandikayo y Charles Sikubwabo, habían fallecido.

Un tribunal de Bélgica condenó a Emmanuel Nkunduwimye a 25 años de prisión en junio tras declararlo culpable de crímenes de guerra y genocidio por asesinato, violación y asesinato en grado de tentativa.

El 31 de julio, Wenceslas Twagirayezu fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal de Apelación en Kigali. En enero había sido absuelto por la Sala de Crímenes Internacionales del Tribunal Superior tras haber sido extraditado desde Dinamarca en 2018.

En septiembre, Venant Rutunga fue declarado culpable de complicidad en genocidio y de complicidad en exterminio como crimen de lesa humanidad. La Sala de Crímenes Internacionales del Tribunal Superior lo condenó a 20 años de prisión. Había sido extraditado desde Países Bajos en 2021.

El 30 de octubre, un tribunal de París declaró a Eugène Rwamucyo culpable de complicidad en genocidio, complicidad en crímenes de lesa humanidad y conspiración para preparar esos crímenes, pero lo absolvió de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Eugène Rwamucyo fue condenado a 27 años de prisión.

Derechos de las mujeres

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el décimo informe periódico de Ruanda en mayo. Si bien reconoció las iniciativas del gobierno para promover la igualdad de género, el Comité expresó preocupación por las desigualdades a las que se enfrentaban los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres y niñas con discapacidad y las mujeres rurales, twas y refugiadas. Además, señaló la persistencia de actitudes patriarcales y de estereotipos que eran una de las causas subyacentes de la violencia de género contra las mujeres, y recomendó que la pena inferior en grado prevista para la violación conyugal se armonizara con la pena prevista para el delito de violación. El Comité acogió con satisfacción las medidas para aumentar los conocimientos económicos de las mujeres y su a créditos financieros, pero mantuvo su preocupación por las considerables brechas de género en el a préstamos, las barreras para acceder a créditos —como la exigencia de garantías— y la limitada capacidad de acción de las mujeres en lo relativo a la gestión de los recursos terrestres que eran propiedad conjunta de ambos cónyuges.