Sierra Leona

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Se seguían violando los derechos de las mujeres y las niñas, aunque se aprobó legislación que prohibía el matrimonio precoz e infantil. Hubo al menos una denuncia de brutalidad policial contra un periodista, y un miembro de la oposición política fue sometido a desaparición forzada. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica seguía estando amenazado. El uso creciente de drogas nocivas y la escasez de profesionales de la cirugía menoscababan el derecho a la salud. Continuó la deforestación como consecuencia de actividades mineras y madereras ilegales. El gobierno suscribió un acuerdo internacional para combatir la sobrepesca.

Información general

En enero, el expresidente Ernest Bai Koroma fue acusado de traición y otros delitos por su presunta implicación en un fallido golpe de Estado en noviembre de 2023. En agosto, un tribunal militar declaró culpables y condenó a 24 soldados a penas de entre 50 y 120 años de prisión en relación con el intento de golpe de Estado.

En julio, el Comité Tripartito, establecido después de las últimas elecciones presidenciales, presentó al presidente su informe final, con recomendaciones para la mejora del sistema electoral.

El presidente firmó la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Penal de 2024, que sustituyó a la de 1965. Las personas activistas criticaron la nueva ley por que eliminaba el requisito de que los juicios penales se celebrasen ante jurado.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La práctica de la mutilación genital femenina seguía siendo legal y generalizada: el 83% de las niñas y las mujeres de entre 15 y 49 años y al menos una de cada 10 niñas menores de 15 años habían sido sometidas a ese procedimiento, según la Encuesta Demográfica y de Salud, de ámbito nacional, realizada en 2019. En enero, tres niñas de 12, 13 y 17 años murieron tras serles practicada la mutilación genital femenina en ceremonias de iniciación en la provincia del Noroeste.

En marzo, el informe sobre incidencias de sobrevivientes de violencia de género, publicado por la ONG Rainbo Initiative, reveló que el 92,7% de los 2.763 incidentes de los que había tenido constancia en 2023 habían sido agresiones sexuales; además, se habían dictado 78 sentencias condenatorias por casos de agresión sexual.

En julio, el presidente refrendó con su firma la entrada en vigor de la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil, de 2024, que prohibía el matrimonio precoz e infantil de menores de 18 años, una práctica arraigada y generalizada. La Ley establecía para los infractores penas de hasta 15 años de prisión, multas de un mínimo de 50.000 leones (2.198 dólares estadounidenses, aproximadamente) o ambas sanciones; y consideraba que cometían delito los adultos casados con una menor o que cohabitaran con ella y quienes incurrieran en complicidad o connivencia en el matrimonio infantil. La Ley también disponía que las personas en edad infantil en el momento de contraer matrimonio podían solicitar su anulación y contemplaba su derecho a recibir una indemnización.

Discriminación

En noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental resolvió que las leyes de Sierra Leona sobre merodeo violaban los derechos a la igualdad, la no discriminación y la libertad de circulación. En virtud de la legislación existente, se podía detener a personas a partir de evaluaciones policiales subjetivas, lo que afectaba desproporcionadamente a las personas marginadas, incluidas las mujeres que realizaban trabajo sexual y las personas que vivían en la pobreza.¹

Desapariciones forzadas

El 23 de marzo, el político de oposición Abubakar Boxx Konteh estuvo sometido a desaparición forzada durante casi tres semanas. Había sido detenido en Guinea en una operación conjunta con las autoridades de Sierra Leona por su presunta implicación en el fallido golpe de Estado de 2023 y por narcotráfico. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.

Uso excesivo de la fuerza

En junio, la Asociación de Periodistas de Sierra Leona condenó la agresión sufrida por el periodista Munya Bawoh a manos de un agente de policía en la comisaría de Kenema. Unos agentes policiales habían acusado al periodista de intentar grabar un altercado entre ellos y un grupo de personas con discapacidad visual. Munya Bawoh afirmó que lo habían golpeado y lo habían tenido recluido durante unas dos horas.

Libertad de expresión y de reunión pacífica

En marzo, la ONG Campaña por los Derechos Humanos y el Desarrollo Internacional condenó públicamente las restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica. La denuncia se formuló tras denegar las autoridades el permiso para celebrar una protesta contra la decisión del Ministerio de Educación Técnica y Superior de disolver el Tribunal de la Universidad de Sierra Leona.

En septiembre, Reporteros sin Fronteras condenó la impunidad de que disfrutaban figuras políticas y otras personas presuntamente responsables del ciberacoso que sufría el activista contra la corrupción y periodista de investigación Chernoh Alpha M. Bah.

Derecho a la salud

Había escasez de profesionales de la medicina, con sólo 30 cirujanos cualificados, en parte debido a la falta de formación y de remuneración, según el subdirector médico del Ministerio de Salud Pública y Saneamiento.

El auge del consumo de kush, una droga sintética barata compuesta por sustancias psicoactivas adictivas, seguía teniendo efectos nocivos para la salud de un número considerable de jóvenes. Esto impulsó al presidente a declarar una emergencia nacional en abril y a anunciar el establecimiento de un grupo de trabajo nacional, en el que participarían varios sectores de la sociedad, para abordar la crisis.

En mayo, el gobierno puso en marcha un programa de inmunización contra la poliomielitis con el objetivo de istrar vacunas gratuitas a 1,5 millones de menores de cinco años. En diciembre puso en marcha un programa de vacunación contra el ébola, dirigido a 20.000 trabajadores y trabajadoras de primera línea.

Derecho a un medioambiente saludable

En mayo, la ONU publicó el informe del Análisis Común de País sobre Sierra Leona, que reveló que al menos el 43% de la población estaba expuesta a la degradación de la tierra en 2023, especialmente en las zonas rurales, donde más del 60% dependía de la agricultura para obtener sus ingresos. La deforestación, a la que contribuían las prácticas de agricultura de corta y quema, era la causa principal de este deterioro.

Continuó la deforestación de grandes extensiones a causa de actividades mineras y madereras ilegales. Sierra Leona presentaba una de las tasas de deforestación más altas del mundo, según el Índice de Desempeño Ambiental. Dos informaciones publicadas en julio y agosto pusieron de relieve las dificultades a las que se enfrentan los agentes forestales que vigilan el bosque de Kambui. Entre ellas figuraban la escasez de personal (62 agentes para aproximadamente 14.000 hectáreas) y la falta de protección que ese personal recibía teniendo en cuenta que, con frecuencia, quienes practicaban las actividades madereras y mineras ilegales iban armados. Una información también destacó la falta de cumplimiento de las leyes y de participación de la comunidad y la deficiente coordinación gubernamental como obstáculos para combatir la deforestación.

En julio, el gobierno aceptó formalmente el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Subvenciones a la Pesca, un acuerdo de numerosos gobiernos que trata de impedir la concesión de subvenciones perjudiciales que contribuyan a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como el agotamiento de las reservas pesqueras.

También en julio, un informe del Banco Mundial afirmaba que Sierra Leona era uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, como sequías, incendios forestales, calor extremo e inundaciones.