Singapur

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

El gobierno mantuvo un férreo control sobre la libertad de expresión y de reunión, reprimiendo la disidencia y las críticas. Se presentaron cargos contra activistas por protestar y continuaron las ejecuciones.

Información general

Lawrence Wong se convirtió en primer ministro tras dimitir del cargo Lee Hsien Loong, que lo había ocupado durante 20 años. El gobierno continuó con su arraigada política de silenciar a sus oponentes y restringir el espacio de la sociedad civil.

Libertad de expresión y de reunión pacífica

En abril, la policía investigó a tres activistas por protestar contra la venta de armas de Singapur a Israel mostrando una pancarta que rezaba “Fin al comercio de armas entre Singapur e Israel” en el popular destino turístico de Gardens by the Bay. Para la investigación se había invocado la Ley de Orden Público, que exigía autorización para llevar a cabo cualquier forma de manifestación pública.

En junio, estudiantes y exestudiantes de varias universidades enviaron cartas al Ministerio del Interior expresando su rechazo a un nuevo proyecto de ley de armonía racial, arguyendo que proporcionaba al gobierno más facultades para reprimir la disidencia. La policía investigó posteriormente a sus remitentes. Ese mismo mes, la policía acusó a tres activistas, Annamalai Kokila Parvathi, Siti Amirah Mohamed Asrori y Mossammad Sobikun Nahar, de organizar una protesta en una zona prohibida por la Ley de Orden Público. Habían encabezado una marcha hacia el Palacio Presidencial para entregar una carta expresando preocupación por el conflicto de Gaza. De ser declaradas culpables, podrían ser multadas con hasta 10.000 dólares de Singapur (7.360 dólares estadounidenses) o condenadas a seis meses de prisión.

En julio, Kenneth Jeyaretnam, líder del Partido Reformista, recibió su octava “orden de corrección” de las autoridades en virtud de la Ley de Protección Frente a las Falsedades y la Manipulación en Internet (POFMA, por sus siglas en inglés). La orden le exigía rectificar públicamente una supuesta falsedad en una publicación online del 15 de junio en la que se cuestionaba el precio del suelo fijado por el gobierno. Las autoridades también abrieron una investigación sobre Kenneth Jeyaretnam por desacato al tribunal en virtud de la Ley de (Protección de) la istración de Justicia, utilizada asimismo contra las voces críticas, y dictaron órdenes en virtud de la POFMA contra varios medios de comunicación independientes.

Durante el año, el gobierno dictó numerosas órdenes en virtud de la POFMA en respuesta a declaraciones críticas con la pena de muerte realizadas por el Colectivo de Justicia Transformativa (TJC, por sus siglas en inglés), grupo de activistas que hacía campaña por la justicia penal y otras reformas en materia de derechos humanos. En octubre se prohibió una exposición fotográfica organizada por el TJC con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte aduciendo que “socavaba el interés nacional”. En diciembre, invocando la POFMA el gobierno dictó una orden dirigida al TJC en virtud de la cual incorporaba el sitio web y las redes sociales del colectivo en el registro de “sitios online sujetos a declaración” y le exigía publicar en ellos el aviso de que había “comunicado numerosas falsedades” y tenía prohibido recibir contribuciones monetarias online. Annamalai Kokila Parvathi, activista contra la pena de muerte y miembro del Colectivo, recibió órdenes a su nombre en virtud de la POFMA y fue investigada tras ser la primera persona de Singapur en negarse a obedecer una orden de corrección.

Pena de muerte

Las autoridades continuaron ejecutando a personas condenadas por delitos de drogas, entre ellas dos hombres el 2 y el 7 de agosto, respectivamente,¹ y otro en octubre. En los tres casos había recursos pendientes, lo que planteaba motivos de preocupación respecto a que se hubiera respetado el derecho a un juicio justo.² En octubre, el gobierno introdujo modificaciones en la ya restrictiva Ley de (Protección de) la istración de Justicia que responsabilizaban de desacato al tribunal a quienes presentaran recursos “infundados”.

Derecho a un medioambiente saludable

En marzo, el gobierno presentó una declaración por escrito a la Corte Internacional de Justicia en la que mostraba su apoyo a la siguiente decisión consultiva sobre las obligaciones relacionadas con el clima que emitiera el organismo. Como Estado insular de baja altitud, Singapur era muy vulnerable al aumento del nivel del mar, lo que podía amenazar su infraestructura y medios de subsistencia.