Sudáfrica

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Continuaban los altos niveles de violencia de género; las personas agresoras gozaban de impunidad y la Defensoría del Pueblo concluyó que el sistema de justicia penal desatendía a las víctimas. La tasa de asesinatos seguía siendo elevada, y la capacidad de la policía para investigar debidamente estos delitos disminuyó. La policía no brindaba protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos objeto de amenaza. El Departamento de Educación Básica incumplió su promesa de erradicar las letrinas de pozo de las escuelas. Se firmó la entrada en vigor de la Ley del Seguro Nacional de Salud, lo que dio lugar a impugnaciones jurídicas. Había escasez de agua en todo el país. El gabinete adoptó un libro blanco que amenazaba con erosionar los derechos de las personas refugiadas. La policía seguía utilizando fuerza excesiva. La Comisión Presidencial sobre el Clima constató que, pese al firme compromiso para hacer frente al cambio climático, los avances eran lentos.

Información general

El partido del Congreso Nacional Africano perdió la mayoría en las elecciones generales de mayo, en las que se cumplieron 30 años del fin del régimen del apartheid. Se constituyó un Gobierno de Unidad Nacional, compuesto por 11 partidos políticos, en el que algunos cargos del gabinete se asignaron a otros partidos.

Antes de las elecciones, el presidente Cyril Ramaphosa había firmado la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Lucha contra los Crímenes de Odio y la Apología del Odio.

En enero, el informe de investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica sobre los disturbios de julio de 2021 concluyó que dichos sucesos habían sido organizados, pero no identificó a las personas responsables ni las razones de los desórdenes.

En octubre, el gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia su memoria para la causa abierta contra Israel por genocidio; en ella, afirmaba haber aportado hechos y pruebas para demostrar que Israel estaba cometiendo un delito de genocidio en la Franja de Gaza ocupada.

Según las estadísticas oficiales de desempleo, el 32,1% de la población en edad laboral estaba desempleada y el 34,2% de las personas de entre 15 y 24 años no tenía empleo, educación ni formación.

En las provincias de KwaZulu-Natal, Cabo Occidental y Cabo Oriental, los fenómenos meteorológicos extremos —especialmente las inundaciones— afectaron de forma desproporcionada a las comunidades marginadas.

Violencia por motivos de género

Los niveles de violencia de género seguían siendo altos. Según las estadísticas trimestrales sobre delincuencia correspondientes al periodo de julio a septiembre, se denunciaron 12.765 casos de delitos sexuales, de los cuales 10.191 eran violaciones. En el mismo periodo fueron asesinadas 957 mujeres, lo que supuso un aumento del 8,6% respecto a 2023. En mayo se firmó la entrada en vigor del Proyecto de Ley del Consejo Nacional de Violencia de Género y Femicidio, cuyo objetivo era establecer un órgano para supervisar la aplicación del Plan Estratégico Nacional sobre Violencia de Género y Femicidio.¹

Continuaba la impunidad por la violencia de género. Seguía sin comenzar la indagatoria establecida en agosto de 2023 en el tribunal de primera instancia de Protea sobre los asesinatos de Popi Qwabe y Bongeka Phungula, en parte debido a la falta de información por parte de la autoridad responsable de la investigación inicial. Ambas mujeres habían sido asesinadas por arma de fuego en 2017 y sus cadáveres habían sido arrojados a una cuneta en Johannesburgo. El Ministerio Fiscal Nacional no había podido iniciar el procesamiento por falta de pruebas y el caso se había transferido al Departamento de Justicia, que había abierto la indagatoria.

En junio, la Defensoría del Pueblo hizo público un informe de investigación que concluía que el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Desarrollo Social habían incurrido en mala istración y conducta indebida en relación con la tramitación de asuntos relacionados con la violencia de género en el sistema de justicia penal.

El Tribunal Superior de Pretoria dictó en septiembre una sentencia en la que declaraba inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Reforma de la Legislación Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Conexos), dado que establecían una prueba subjetiva de intención delictiva según la cual la violencia sexual no se tipificaba como delito si el agresor creía de forma errónea e irrazonable que la denunciante había dado su consentimiento.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

La tasa de asesinatos seguía siendo alta. La policía registró 6.545 casos entre julio y septiembre. Siguió disminuyendo la eficacia de la policía y su capacidad para investigar adecuadamente los asesinatos, especialmente en la presentación de cargos contra las personas sospechosas. A lo largo de los anteriores 12 años se había observado un descenso de casi el 60% en el número de asesinatos resueltos.

Continuaron las amenazas y los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos de Abahlali baseMjondolo, movimiento de habitantes de asentamientos informales. El SAPS no brindó protección ni llevó a cabo investigaciones eficaces y exhaustivas sobre los asesinatos de de este movimiento.²

La investigación sobre quién había ordenado el asesinato de la denunciante de irregularidades Babita Deokaran seguía en curso tres años después de su muerte. Salvo una convocatoria para que se presentaran aportaciones sobre un documento de debate en 2023, el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional no había adoptado medidas para reforzar la legislación destinada a proteger a denunciantes de irregularidades.

Derecho a la educación

Según un informe del Sistema de Gestión de Instalaciones Educativas, 1.770 escuelas seguían utilizando letrinas de pozo y 287 escuelas tenían únicamente letrinas de este tipo, lo cual violaba el derecho a la educación, la salud, la dignidad, la seguridad y la vida e incumplía los reiterados compromisos del gobierno de sustituir todas las letrinas de pozo en las escuelas.³ En abril, un niño de tres años se ahogó en una letrina de pozo de una guardería en la provincia de Cabo Oriental.

Derecho a la salud

En mayo, el presidente Ramaphosa firmó la entrada en vigor del Proyecto de Ley del Seguro Nacional de Salud. En julio, el Tribunal Superior de Pretoria declaró no válidos ciertos artículos del texto que permitían al gobierno regular dónde podía ejercer el personal médico. Se esperaban más recursos de inconstitucionalidad. Aunque el Proyecto de Ley pretendía garantizar el universal a los servicios sanitarios, las organizaciones de la sociedad civil y los programas de asistencia médica expresaron su preocupación ante la posibilidad de que limitara aún más el a la atención sanitaria, debido al riesgo de corrupción generalizada. Otros motivos de preocupación eran la exclusión del programa de las personas migrantes indocumentadas y las solicitantes de asilo, y el hecho de que no se abordara el deterioro del sistema sanitario público.

En julio se hicieron públicas las conclusiones de la investigación de Life Esidimeni (filial de un proveedor privado de asistencia sanitaria) sobre la muerte de 144 pacientes de salud mental en la provincia de Gauteng. En ellas se determinaba que el exmiembro del Consejo Ejecutivo de Sanidad de Gauteng y el exdirector de la Dirección de Salud Mental de Gauteng habían causado la muerte por negligencia de nueve pacientes al rescindir el contrato de Life Esidimeni en 2016, lo que provocó el traslado de esos pacientes a ONG mal equipadas y, en algunos casos, sin licencia. Durante ese tiempo, 144 pacientes habían fallecido, más de 1.400 habían sido objeto de tortura y otros traumas, y 44 habían desaparecido. Estaba previsto que el Ministerio Fiscal Nacional decidiera si iniciaba acciones penales en relación con las nueve muertes.

Derechos de salud sexual y reproductiva

La elevada tasa de niñas y adolescentes que daban a luz seguía siendo motivo de preocupación. Según un informe presentado en septiembre por Statistics South Africa, 102.406 niñas de entre 10 y 19 años habían dado a luz en 2023,⁴ lo que suponía un ligero descenso respecto a los cerca de 105.000 casos de 2022.

Derecho al agua

Persistía la escasez de agua en todo el país. Los barrios periféricos de Phoenix y Verulam del municipio metropolitano de eThekwini, provincia de KwaZulu-Natal, habían sufrido cortes intermitentes de agua durante dos años y dependían de camiones cisterna. Algunas autoridades gubernamentales afirmaron que los factores causantes habían sido el presunto vandalismo, el rápido aumento de la población urbana y la falta de mantenimiento de unas infraestructuras envejecidas. Hubo zonas de Johannesburgo que también sufrieron cortes de agua, algunas de ellas durante más de dos semanas, debido a la falta de fondos para sustituir las infraestructuras deficientes. Los expertos advirtieron de que, para 2029, la provincia de Gauteng podría experimentar el “día cero”, es decir, la ausencia total de agua corriente. El presidente Ramaphosa estableció un equipo de trabajo sobre el agua, bajo la dirección del vicepresidente Paul Mashatile, para hacer frente al problema.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Numerosas organizaciones de la sociedad civil se oponían al libro blanco sobre “ciudadanía, inmigración y protección de las personas refugiadas, con vistas a una revisión completa del sistema de migración en Sudáfrica”, adoptado por el gabinete en abril. Entre las preocupaciones planteadas figuraban la descripción negativa de la migración expuesta en el texto, las investigaciones incorrectas utilizadas para justificar los límites a la migración y la propuesta de retirar a Sudáfrica de la Convención de la ONU sobre los Refugiados y volver a adherirse a ella con reservas que reducirían significativamente los derechos constitucionales de las personas refugiadas y, a la vez, violarían obligaciones establecidas por el derecho internacional.

Uso excesivo de la fuerza

Ocho de los agentes de protección personal del vicepresidente se enfrentaron a 12 cargos, entre ellos agresión con intención de causar lesiones graves, agresión por medio de amenazas y obstrucción a la justicia. Los cargos estaban relacionados con su presunta agresión a tres de la Fuerza de Defensa Nacional sudafricana en una carretera de la provincia de Gauteng en julio de 2023. El juicio continuó con la declaración de testigos adicionales.

Homicidios ilícitos

En marzo, la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía (IPID, por sus siglas en inglés) investigaba 1.337 casos de muertes provocadas por acciones policiales, incluidos sucesos de años anteriores.

Se acusó a la policía de agredir y causar la muerte a Thabelo Mbau, estudiante de la Universidad Tecnológica de Tshwane, provincia de Gauteng. La IPID finalizó la investigación para determinar si la policía era responsable de su muerte. Se acusó de asesinato a dos policías y el caso se aplazó hasta febrero de 2025, cuando se celebraría una vista previa al juicio.

Derecho a un medioambiente saludable

En febrero, el presidente Ramaphosa anunció la creación de un nuevo fondo de respuesta al cambio climático, iniciativa de colaboración entre el gobierno y el sector privado para responder a los impactos del cambio climático y desarrollar resiliencia. No estaba claro si el fondo iría acompañado de una transición justa.

En julio, el presidente Ramaphosa firmó la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, primer texto legislativo de Sudáfrica destinado específicamente a abordar los efectos del cambio climático.⁵

También en julio, la Comisión Presidencial sobre el Clima publicó su primera evaluación sobre la acción climática. En ella se constataba que, pese al firme compromiso de hacer frente al cambio climático y facilitar una transición justa, los avances, incluida la eliminación gradual de los combustibles fósiles, eran lentos como consecuencia, entre otras cosas, de una financiación insuficiente, unas políticas incoherentes y unas estructuras de gobernanza débiles.

1. South Africa: g of the National Council of Gender-Based Violence and Femicide Bill a positive step, but implementation is key, 24 de mayo ↑
2. “Our lives count for nothing”.Threats, attacks, and killings of of Abahlali baseMjondolo (Shack Dwellers) movement in South Africa’s KwaZulu-Natal province, 29 de julio ↑
3. South Africa: Government must be held able for eradicating school pit toilets by the end of 2024, 24 de junio ↑
4. South Africa: Continued increase in child and teenage pregnancy cannot be ignored, 1 de julio ↑
5. South Africa: Amnesty International’s submission on the Climate Change Bill [B98-2022], 29 de enero ↑