Sudán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Todas las partes en el conflicto seguían cometiendo abusos y violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, que causaron víctimas civiles en gran escala. Algunos Estados suministraban armas a las partes beligerantes, también en Darfur, violando con ello el embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU. Se sometía a mujeres y niñas a violencia sexual generalizada relacionada con el conflicto. Los saqueos y la destrucción de bienes civiles vulneraban los derechos económicos, sociales y culturales. Un apagón casi total de las telecomunicaciones restringió el derecho a la libertad de expresión y la capacidad de las organizaciones humanitarias de prestar ayuda. Persistía la impunidad por abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto. Millones de personas estaban internamente desplazadas o se habían refugiado en países vecinos desde abril de 2023 y vivían en pésimas condiciones. Las autoridades de Egipto devolvieron a Sudán a cientos de personas refugiadas sudanesas.

Información general

El conflicto armado que había estallado en abril de 2023 en la capital, Jartum, entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido siguió extendiéndose a distintas partes del país, especialmente los estados de Gezira, Sennar y Darfur Septentrional. Durante este periodo, hubo grupos armados y otros actores que se unieron al conflicto, alineándose con las Fuerzas Armadas de Sudán o las Fuerzas de Apoyo Rápido.

A pesar de los múltiples procesos políticos emprendidos, los combates se intensificaron a lo largo del año. La comunidad internacional, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Africana (UA), no tomaron medidas adecuadas para proteger a la población civil, poner fin a las violaciones de derechos humanos ni interrumpir el suministro de armas y otras formas de apoyo a las partes beligerantes.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Un elevado número de civiles se vieron atrapados entre dos fuegos cuando las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, junto con otras milicias y grupos armados, lanzaron ataques en zonas pobladas por civiles o desde estas zonas, en muchos casos utilizando armas explosivas con efecto en amplias superficies. La ONU notificó que, entre abril de 2023 y diciembre de 2024, más de 27.000 personas habían muerto y más de 33.000 habían resultado heridas —la mayoría civiles— por ataques aéreos, bombardeos con artillería pesada y ataques terrestres contra sus hogares y poblaciones.

Tras la deserción el 20 de octubre a las Fuerzas Armadas de Sudán de Abu Aqla Keikel, exjefe en Gezira de las Fuerzas de Apoyo Rápido, este grupo lanzó ataques de represalia contra muchas ciudades y otras poblaciones de la parte oriental de ese estado, como Tamboul, Rufaa, Al Hilaliya, Al Seriha y Al Uzibah. Las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron a la gente en sus hogares, en mercados y en las calles. La ONU informó de que, entre el 20 y el 26 de octubre, al menos 124 personas civiles habían muerto, decenas más habían resultado heridas y unas 119.400 se vieron desplazadas de Gezira, y se tuvo noticia de al menos 25 casos de violencia sexual en varias localidades de la parte oriental del estado.

Transferencias irresponsables de armas

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año más el embargo de armas en vigor desde 2004 que se aplicaba únicamente a la región de Darfur, pero no lo amplió al resto de Sudán. El embargo de armas existente adolecía de una implementación deficiente, había sido violado con frecuencia y era totalmente inadecuado para satisfacer las necesidades de la crisis en curso.

El suministro prácticamente sin restricciones de armas y municiones a Sudán, incluido Darfur, por actores estatales y empresariales de todo el mundo seguía avivando el conflicto. Estados y diversos grupos armados de Sudán utilizaban países vecinos como vías de suministro para las transferencias de armas al interior del país y dentro de su territorio.¹

Se importaban a Sudán grandes cantidades de armas y material militar actualizado procedentes de China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Turquía, entre otros países, y luego se desviaban a Darfur —o se introducían ilegalmente por otros medios en esa región—, donde existía un riesgo considerable de que se utilizasen para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Algunas empresas de Rusia y Turquía exportaban variantes de armas pequeñas, que solían venderse al mercado civil, a comerciantes de armas que mantenían vínculos fuertes con las Fuerzas Armadas de Sudán. Además, empresas de Turquía exportaban a Sudán cientos de miles de armas de fogueo (armas menos letales) junto con millones de cartuchos de fogueo para su probable conversión en armas letales.

Violencia sexual y de género

Las mujeres y las niñas seguían siendo objeto de violencia sexual relacionada con el conflicto. La Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, de la ONU, constató que la violencia sexual y de género, en particular la violación y la violación en grupo, era generalizada en todo Sudán. Asimismo, puso de manifiesto que de las Fuerzas de Apoyo Rápido habían perpetrado violencia sexual en gran escala durante ataques cometidos contra ciudades en la región de Darfur y en el Gran Jartum.

En muchos casos, de las Fuerzas de Apoyo Rápido violaron, individualmente o en grupo, a mujeres y niñas en presencia de sus familiares, sobre todo en la región de Darfur y el estado de Gezira. En un caso, el 27 de mayo, tres soldados de ese mismo grupo armado violaron a una mujer en el barrio de Thoura Sur, en la ciudad de El Fasher, Darfur Septentrional, en presencia de su esposo y su hijo de cinco años.

Derechos de las personas internamente desplazadas

La escalada del conflicto resultaba cada vez más devastadora para la población civil.

Más de 11 millones de personas estaban en situación de desplazamiento interno, de las cuales 8,6 millones lo estaban desde abril de 2023, lo que convertía a Sudán en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo. El número de personas que se veían obligadas a huir de sus hogares aumentó durante el año, lo que agravó una situación humanitaria ya de por sí muy precaria.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Desde abril de 2023, más de 3,2 millones de personas habían huido a países vecinos como Chad, Egipto, Etiopía, Libia, República Centroafricana y Sudán del Sur, donde vivían en condiciones atroces.

Las Fuerzas de la Guardia de Fronteras y la policía de Egipto, dependientes de los ministerios de Defensa y del Interior, respectivamente, llevaron a cabo detenciones arbitrarias masivas y recluyeron a mujeres, hombres, niñas y niños en condiciones crueles e inhumanas en espera de su devolución a Sudán. Se calcula que, entre enero y marzo, las autoridades egipcias devolvieron a unas 800 personas de nacionalidad sudanesa en 12 episodios sin llevar a cabo evaluaciones individualizadas ni concederles su derecho a solicitar protección internacional o impugnar las decisiones relativas a la deportación (véase el apartado sobre Egipto). Estas devoluciones coincidieron con la propagación del conflicto a los estados de Gezira y Sennar y otras zonas, que obligó a muchas personas retornadas a huir de nuevo a Egipto y otros lugares.

Derechos económicos, sociales y culturales

La ONU informó de condiciones de hambruna en el campo para población internamente desplazada de Zamzam, en Darfur Septentrional, que acogía a más de 400.000 personas. La inseguridad alimentaria aguda alcanzó niveles sin precedentes en todo Sudán y afectaba a 25,6 millones de personas, más de la mitad de la población. Las subidas de los precios de los alimentos agravaron la situación, sobre todo en algunas zonas en las que se habían registrado condiciones de hambruna. En la localidad de El Fasher, los precios del sorgo y el mijo habían aumentado a más del triple desde 2023, mientras que los precios del trigo se habían duplicado con creces.

La Misión de Investigación de la ONU informó de que los saqueos y la destrucción de bienes, principalmente por las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados, afectaban a las comunidades no árabes, especialmente la etnia masalit. Los medios de vida de estas comunidades se vieron afectados negativamente, al igual que infraestructuras civiles tales como refugios, fuentes de alimentos y agua, sistemas médicos, puntos de abastecimiento de agua y oficinas y otras instalaciones públicas. La Misión de Investigación concluyó que estos actos violaban los derechos económicos, sociales y culturales de la población civil, en particular su derecho a la salud física y mental y a la alimentación, el agua y la vivienda.

Derecho a la información

Un apagón comunicativo casi total tras el corte de las telecomunicaciones que tuvo lugar a principios de febrero restringió el derecho a la libertad de expresión y planteó riesgos graves para la coordinación de los servicios humanitarios y de asistencia de emergencia a millones de personas atrapadas en el conflicto. Según la ONG Access Now, antes del cierre, las Fuerzas de Apoyo Rápido se habían hecho con el control de los centros de datos de los proveedores de servicios de Internet en Jartum.

El 7 de febrero, la ONG Netblocks informó de que Zain, principal operador de telefonía móvil, se había quedado “en gran medida sin servicio”. Las interrupciones de Internet continuaron durante todo el año en muchas regiones. Esta situación impidió a quienes realizaban labores de observación y de defensa de los derechos humanos documentar abusos y violaciones de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la población sudanesa en la diáspora y quienes coordinaban las respuestas de emergencia sobre el terreno no podían enviar ni transferir dinero a Sudán o dentro del país a través de aplicaciones de banca móvil, uno de los escasos medios de transferir fondos que quedaban. En ocasiones, cuando se transfería el dinero, las personas receptoras no podían acceder a los fondos.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Persistía la impunidad por abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto. Tres hombres acusados formalmente por la Corte Penal Internacional, entre ellos el expresidente Omar al Bashir, aún no habían sido entregados a la Corte para ser juzgados.

En agosto, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó una resolución para establecer una misión de investigación conjunta con el Departamento de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la UA sobre la situación de los derechos humanos en Sudán y para publicar sus conclusiones tres meses después. Al terminar el año no se habían hecho públicas conclusiones ni recomendaciones.

El primer informe de la Misión de Investigación de la ONU, publicado en septiembre, reveló que las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido habían cometido crímenes de guerra y que las Fuerzas de Apoyo Rápido también habían cometido crímenes de lesa humanidad. El informe proponía recomendaciones para la rendición de cuentas y el de las víctimas a la justicia, como, por ejemplo, ampliar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional más allá de Darfur a todo el país, establecer un mecanismo judicial internacional, aumentar el uso por los Estados de la jurisdicción universal, y establecer una comisión de la verdad y una oficina de apoyo y reparaciones a las víctimas. En octubre, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por un año más el mandato de la Misión de Investigación.