Tayikistán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Continuó la persecución de toda disidencia: activistas, personas críticas con el gobierno y periodistas independientes, incluso en el exilio, fueron atacados mediante intimidaciones y procesamientos de motivación política. Se reprimió el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Persistía la discriminación contra las mujeres y la minoría pamiri. La violencia de género en el ámbito familiar seguía siendo generalizada, al igual que la tortura y otros malos tratos. La pobreza alimentaria afectaba a la mayoría de la población infantil. Se prohibió expresamente someter a niños y niñas a castigos corporales. El tránsito rodado, la combustión de carbón y la construcción causaron una elevada contaminación del aire.

Información general

Se incrementaron las dificultades económicas, agravadas por la campaña de las autoridades rusas de reducir el número de trabajadores y trabajadoras migrantes tayikos, fuente de importantes remesas.

Tras las tensiones fronterizas con Kirguistán en años anteriores, las relaciones bilaterales mejoraron notablemente, lo que posibilitó negociaciones fructíferas y la demarcación de fronteras.

La recopilación de información sobre derechos humanos, incluso por parte de organizaciones internacionales, continuó muy restringida.

Detención arbitraria y juicios injustos

Se recibieron informes sobre nuevas detenciones y juicios a puerta cerrada, incluso por cargos de terrorismo y extremismo formulados por motivos políticos contra del movimiento opositor Grupo 24, prohibido arbitrariamente. En febrero, Bilol Kurbonaliyev, expulsado de Alemania en 2023, fue condenado a 10 años de prisión por presunta pertenencia al Grupo 24. En agosto, Sulaimon Jobirov, que había sido devuelto desde Rusia en abril, fue declarado culpable y condenado a seis años de prisión por cargos similares.

En junio y julio fueron detenidas por presunta conspiración para “tomar el poder por medios violentos” varias exautoridades y figuras políticas destacadas. Entre ellas figuraban Saidjafar Usmonzoda, exlíder del Partido Democrático de Tayikistán, afín al gobierno; Khamrokhon Zarifi, exministro de Asuntos Exteriores; Akbarsho Iskandarov, expresidente del Consejo Supremo, así como el periodista y político Akhmadshokh Komilzoda y el político Shokirjon Khakimov. Al acabar el año, las autoridades no habían aportado prueba alguna de que se tratara de una conspiración, y menos aún del papel en ella de las personas detenidas.

Al informar sobre su visita en 2022, la relatora especial de la ONU sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos pidió a las autoridades que garantizaran la independencia y la imparcialidad del sistema judicial y protegieran a abogados y abogadas de represalias y hostigamientos.

Libertad de expresión

En su informe de enero, la relatora especial sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos pedía a las autoridades que se retiraran los cargos y se archivaran las actuaciones contra quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Sin embargo, activistas civiles y políticos, abogados y abogadas, personas críticas con el gobierno y periodistas independientes, incluidos los que estaban en el exilio, así como sus familiares cercanos, continuaron siendo víctimas de ataques en forma de intimidación y procesamientos infundados.

En enero, un tribunal condenó a Shakhboz Sharifbek a cinco años de cárcel por subir a Internet un vídeo denunciando a los militares que habían reclutado a su hermano y golpeado a sus familiares.

En agosto, las autoridades arrestaron a Akhmad Ibrohim, redactor jefe de la revista Paik, y lo acusaron de intentar sobornar a un funcionario para evitar el cierre de la publicación. El Comité para la Protección de los Periodistas, organismo de vigilancia de los medios de comunicación, pidió su puesta en libertad y que se retiraran los cargos formulados contra él.

Las autoridades continuaron represaliando a activistas de la oposición y otras personas críticas que se encontraban en el exilio, y lo hacían actuando contra sus familias. En febrero, citaron a declarar a la madre de la periodista pamiri exiliada Anora Sarkorova y le dijeron que su hija y su yerno, Rustam Joni, también periodista, estaban siendo investigados por delitos de extremismo pero podían ser amnistiados si regresaban y pedían perdón.

En marzo, la Alianza Nacional, oposición en el exilio, informó de que las autoridades estaban presionando a las familias para que dijeran a sus familiares exiliados que no participaran en protestas en el extranjero.

En junio se promulgó una ley que prohibía vestir y promocionar prendas “ajenas a la cultura nacional”, sin especificar más. La ley también prohibía la festividad infantil tradicional de Idgardak, considerada por las autoridades no compatible con el islam.

Libertad de asociación

En febrero, un grupo de mecanismos especiales de la ONU envió a las autoridades una comunicación expresando su preocupación por la disolución de 700 ONG en los anteriores años en el país. El gobierno no respondió públicamente y continuó cerrando ONG.

Discriminación

Continuó la persecución y discriminación sistémica de la minoría pamiri, cuyo lugar de origen, la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, se vio afectado por mayores medidas de seguridad y un declive económico y demográfico.¹

En febrero, al menos 222 pamiris habían sido declarados culpables en juicios sin garantías y a puerta cerrada en relación con la dispersión violenta de las protestas locales de 2021.

En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a Tayikistán la liberación inmediata de los defensores de los derechos humanos pamiris Faromuz Irgashev, Manuchehr Kholiknazarov y Khursand Mamadshoev al considerar que su detención era arbitraria.

Derechos de las mujeres

En enero, la lista oficial de ocupaciones prohibidas a las mujeres se redujo de 334 a 194, supuestamente debido a “la mejora de las condiciones de trabajo”. En febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reiteró su llamamiento a las autoridades para que suprimieran la lista.

Un informe conjunto publicado en marzo por la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y tres ONG tayikas concluyó que la violencia de género en el ámbito familiar continuaba muy extendida, y que la sociedad cada vez la toleraba más.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo prácticas generalizadas y persistía la impunidad.

En su informe anual, publicado en junio, el comisionado de Derechos Humanos de Tayikistán hizo hincapié en el hacinamiento persistente en las cárceles, en particular en que no se garantizaban cuatro metros cuadrados de suelo por persona como establecía la legislación nacional, y en la alta incidencia de VIH y tuberculosis.

Las denuncias oficiales de tortura seguían siendo poco habituales entre la población reclusa, debido a la desconfianza en el sistema y a las represalias bien documentadas.

En agosto, la policía afirmó que Damir Obidov se había suicidado dos días después de ser detenido por presunta conducta vandálica. Su familia no había podido verlo durante su detención y después no obtuvo permiso para examinar su cadáver durante el entierro organizado por las autoridades. Se abrió una investigación, pero al final del año no se habían publicado sus conclusiones.

Había informes de que la salud de Manuchehr Kholiqnazarov, defensor de los derechos humanos pamiri injustamente encarcelado que cumplía 16 años de cárcel, se había deteriorado gravemente. Aun así, las autoridades hicieron caso omiso de los llamamientos internacionales en favor de su liberación y de que recibiera tratamiento médico adecuado.

Derechos de la infancia

La nueva ley sobre educación infantil, promulgada en junio, prohibía expresamente el castigo corporal.

Según un informe de UNICEF publicado en junio, el 78% de los niños y niñas de Tayikistán vivían en la pobreza alimentaria entre 2016 y 2022, el 34% de ellos en pobreza alimentaria grave, y los avances desde 2012 habían sido muy escasos. La malnutrición ponía en peligro la vida y el desarrollo de los niños y las niñas.

Derecho a un medioambiente saludable

En mayo, Tayikistán firmó la Declaración de la ONU sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática. Aun así, las autoridades no fomentaban la participación pública en el proceso de abordar los problemas climáticos y otros relacionados con el medioambiente, por lo que las políticas sobre el clima no se ajustaban necesariamente a las necesidades de los sectores de población más vulnerables. La falta de participación pública también socavó las iniciativas de Tayikistán para adaptarse al cambio climático.

La contaminación del aire debida al tránsito rodado, la combustión de carbón y las actividades de construcción en la capital, Dushambé, excedió sistemática y peligrosamente el límite de seguridad recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la plataforma sobre calidad del aire IQAir.