Túnez

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las autoridades intensificaron la represión de la libertad de expresión y de todas las formas de disidencia, utilizando leyes opresivas y cargos infundados para procesar y recluir arbitrariamente a figuras de la oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y voces críticas. Antes de las elecciones presidenciales, celebradas en octubre, las autoridades reforzaron el hostigamiento a la oposición política; impusieron nuevas restricciones a la labor de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y ONG, y tomaron medidas para seguir socavando la independencia judicial y el Estado de derecho. Incrementaron las interceptaciones en el mar y efectuaron de manera masiva expulsiones colectivas ilícitas, en el marco de las cuales llevaron a miles de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes a las fronteras con Argelia y Libia. Las autoridades iniciaron investigaciones contra al menos 14 organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en favor de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuyo a los procedimientos de asilo y a servicios esenciales se vio, por ello, menoscabado. Las personas LGBTI estaban expuestas a sufrir detención arbitraria y enjuiciamiento.

Información general

Los días 28 y 29 de marzo se celebraron las primeras elecciones al Consejo Nacional de Regiones y Distritos, la cámara alta del Parlamento, en las que se eligió a sus 77 .

El presidente de Túnez, Kais Saied, fue reelegido para un segundo mandato el 6 de octubre, con el 90,69% de los votos y una participación del 28%. A la mayoría de los candidatos de auténtica oposición se les impidió presentarse a las elecciones presidenciales, mediante trabas burocráticas, hostigamiento judicial o detenciones arbitrarias. A pesar de que el tribunal istrativo adoptó una decisión por la que debía reitirse a tres de ellos, la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones se negó a aplicarla y sólo aprobó la candidatura del presidente Saied y dos más.

Represión de la disidencia

El 13 de julio fueron detenidos en un control policial rutinario el secretario general, Ajmi Lourimi, y otros dos del partido opositor Ennahda; al final del año continuaban sometidos a detención arbitraria sin cargos.

El 1 de agosto fue detenida Sihem Bensedrine, defensora de los derechos humanos y expresidenta de la Comisión de la Verdad y la Dignidad (IVD), acusada de “fraude” y “abuso de las funciones públicas” por haber falsificado presuntamente un informe en el que se denunciaba la corrupción en el sector bancario. Su procesamiento parecía ser una medida de represalia tomada contra ella por su papel en la denuncia de violaciones de derechos humanos al frente de la IVD.

Otras figuras destacadas de la oposición permanecían en detención en espera de juicio o cumplían penas de prisión por cargos de motivación política, como “terrorismo” y “conspiración contra la seguridad del Estado”. En el denominado “caso de la conspiración”, seis políticos de la oposición detenidos en febrero de 2023 continuaron recluidos arbitrariamente, acusados de “conspiración contra la seguridad del Estado”, después de que en abril expirara su periodo de detención previa al juicio, de acuerdo con la legislación nacional.

Abir Moussi, lideresa de un partido de la oposición, fue condenada el 5 de agosto a dos años de prisión en virtud del Decreto-Ley 54 sobre ciberdelitos, como consecuencia de una denuncia que la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones había presentado contra ella por haber criticado el proceso de las elecciones legislativas de 2023. Se encontraba recluida arbitrariamente desde el 3 de octubre de 2023 por una causa distinta, acusada de “difusión de noticias falsas” e “intento de cambiar la forma de gobierno”, en aplicación del Decreto-Ley 54 y del artículo 72 del Código Penal, en relación con el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.

El 18 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal de Primera Instancia de la capital, Túnez, condenó al líder de Ennahda y exministro de Justicia Noureddine Bhiri a 10 años de prisión por una publicación en las redes sociales que él negaba haber escrito. Había sido declarado culpable de “intentar cambiar la forma de gobierno e incitar a la gente a enfrentarse entre sí”, en virtud del artículo 72 del Código Penal. Llevaba recluido arbitrariamente desde febrero de 2023.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales, las autoridades intensificaron la represión contra grupos de la oposición y figuras políticas rivales. Al menos 97 personas pertenecientes a Ennahda fueron detenidas entre el 12 y el 13 de septiembre.

Libertad de expresión

En enero, el Tribunal de Apelación de Monsatir confirmó la condena de dos años de prisión impuesta al artista Rached Tamboura por pintar un grafiti en el que denunciaba los comentarios racistas del presidente Saied sobre las personas refugiadas y migrantes subsaharianas; había sido declarado culpable de “cometer un acto ofensivo contra el presidente” y de “producir y promover noticias falsas”, en aplicación del artículo 67 del Código Penal y el artículo 24 del Decreto-Ley 54 sobre ciberdelitos, respectivamente.

El 11 de mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a la abogada y figura mediática Sonia Dahmani, quien el 6 de julio fue condenada a un año de prisión en aplicación del artículo 24 del Decreto-Ley 54 por sus comentarios críticos sobre la situación de las personas migrantes en Túnez. El 10 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Túnez capital le redujo la condena a ocho meses de prisión. El 24 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital la declaró culpable y la condenó a dos años de prisión en otra causa en virtud del Decreto-Ley 54. Su procesamiento y condena se basaban en unas declaraciones que había hecho en televisión denunciando el racismo contra las personas negras en Túnez.

El 11 de mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron a los periodistas Mourad Zeghidi y Borhen Bsaies. El 22 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital condenó a ambos a un año de prisión simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, tras declararlos culpables, en virtud del artículo 24 del Decreto-Ley 54, de “utilizar intencionadamente los sistemas de comunicación para producir y promover noticias falsas con el fin de atentar contra la seguridad pública o la defensa nacional o de sembrar el terror”. En julio, el Tribunal de Apelación de Túnez capital les redujo la condena a ocho meses de prisión.

En junio, el Tribunal de Apelación de Túnez capital revocó la absolución inicial del abogado Abdelaziz Essid, lo declaró culpable y le impuso una pena condicional de nueve meses de prisión por “ofender a otras personas a través de las redes de telecomunicaciones” y por “acusar a funcionarios públicos de actos ilegales sin pruebas”, en aplicación del artículo 86 del Código de Telecomunicaciones y del artículo 128 del Código Penal, respectivamente. Los cargos se basaban en una denuncia que el ministro de Justicia había presentado contra él por haber afirmado que las autoridades habían manipulado el expediente de la causa de unos clientes suyos.

La Comisión Electoral presentó denuncias penales contra de la oposición política y personas críticas, en virtud del Decreto-Ley 54, por “difusión de información falsa”. Según el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, cuatro emisoras de radio privadas recibieron advertencias por escrito de la Comisión Electoral, entre julio y septiembre, en relación con reportajes y comentarios que habían emitido sobre el proceso electoral.

Las autoridades tunecinas prohibieron que se distribuyera en Túnez el número de septiembre de la revista Jeune Afrique, en el que aparecía un artículo con críticas al presidente Saied.

Libertad de asociación

El presidente Saied siguió acusando públicamente a organizaciones de la sociedad civil de corrupción y de injerencia en los asuntos internos de Túnez, aludiendo con frecuencia a que recibían financiación del extranjero.

En mayo, las autoridades intimidaron, detuvieron, citaron e investigaron a representantes, antiguo personal y de al menos 14 organizaciones que defendían los derechos de las personas refugiadas y migrantes y les prestaban servicios esenciales. Formularon acusaciones imprecisas en su contra, como cometer “delitos económicos” y “ayudar a personas migrantes indocumentadas”. Al final del año, al menos seis organizaciones estaban siendo objeto de investigación y siete personas se encontraban detenidas en espera de juicio.

El 14 de mayo, el primer ministro, Ahmed Hachani, anunció que se iba a presentar un nuevo anteproyecto de ley sobre asociaciones para su aprobación en el siguiente consejo ministerial, en un clima de preocupación por los planes de las autoridades de promulgar una legislación draconiana que asfixiaría aún más a la sociedad civil.

El 9 de septiembre, la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones rechazó sendas solicitudes de acreditación para la observación electoral presentadas por dos ONG tunecinas, IWatch y Mourakiboun, por considerar que recibían “fondos extranjeros sospechosos”.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades utilizaron reiteradamente cargos infundados de “obstrucción”, término carente de claridad jurídica, para detener arbitrariamente, procesar y declarar culpables a personas por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, incluido el derecho a fundar sindicatos o afiliarse a ellos y a organizar huelgas o participar en ellas.

El 20 de junio, la policía de la ciudad de Tabarka citó a la defensora ambiental y de los derechos humanos Rania Mechergui para interrogarla en relación con una protesta pacífica celebrada el 11 de junio en demanda de al agua. Entre el 12 y el 16 de agosto, en el barrio de L´Aouina de Túnez capital, la policía citó a 23 sindicalistas y trabajadores y trabajadoras para someterlos a interrogatorio en relación con una serie de manifestaciones pacíficas organizadas entre el 5 de junio y el 9 de agosto para exigir mejores condiciones laborales, salarios y a la seguridad social.

Derecho a un juicio justo

Según la Asociación de Magistrados Tunecinos, la ministra de Justicia ordenó el nombramiento, traslado o suspensión de al menos 105 de la judicatura y la fiscalía mediante memorandos ejecutivos y sin el debido proceso, entre agosto de 2023 y junio de 2024.

Se siguió negando reparación a de la judicatura y la fiscalía que habían sido objeto de destitución sumaria por decreto presidencial en junio de 2022 y continuaban sufriendo perjuicios en el plano profesional, económico o reputacional. El 23 de enero de 2023, 37 de los jueces y juezas destituidos habían presentado sendas demandas contra la ministra de Justicia por incumplir la orden judicial de reitir a 49 de las 57 personas afectadas, pero no se emprendió ninguna acción judicial al respecto.

Se abrieron investigaciones penales contra abogados y abogadas de de grupos políticos de la oposición por cargos falsos, como “perjudicar a otros” y “difundir información falsa”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Aumentaron la frecuencia y la gravedad de las violaciones de derechos humanos contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, sobre todo contra las que eran negras y del África subsahariana. La apología pública del odio xenófobo y racista, incluso por parte de las autoridades, seguía siendo generalizada.

Continuaban siendo habituales las expulsiones colectivas y sumarias de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a Argelia y Libia en contra del principio de no devolución (non-refoulement) y poniendo en peligro sus vidas, pues se las dejaba abandonadas en zonas desérticas, sin a alimentos o agua. Estas expulsiones se producían a menudo tras interceptaciones violentas o temerarias llevadas a cabo por las autoridades tunecinas en el mar o tras detenciones selectivas arbitrarias de motivación racial. Entre junio de 2023 y mayo de 2024, las autoridades expulsaron colectivamente a Argelia y Libia al menos a 10.000 personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, entre ellas niños y niñas y mujeres embarazadas.

Muchas personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas afirmaban haber sufrido tortura y otros malos tratos —como violaciones, registros corporales violentos o abusivos, palizas y reclusión en condiciones crueles, inhumanas y degradantes— a manos de las fuerzas de seguridad tunecinas.

Las autoridades también llevaron a cabo múltiples desalojos forzosos haciendo uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y practicaron detenciones e impusieron condenas por dar alojamiento a personas indocumentadas. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, las detenciones e investigaciones emprendidas a partir de mayo contra defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones que trabajaban con personas refugiadas y migrantes perturbaron gravemente el a los procedimientos de asilo y a servicios esenciales.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Grupos LGBTI denunciaron un aumento de los procesamientos por conductas sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo en aplicación del artículo 230 del Código Penal, así como de otros artículos relativos a las “buenas costumbres” o la “ofensa pública al pudor”. Las autoridades practicaron exploraciones anales a hombres acusados de mantener relaciones homosexuales, pese a ser una práctica constitutiva de tortura. Durante el año se iniciaron al menos 41 juicios contra gays y trans en todo Túnez. Entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre fueron detenidas al menos 27 personas LGBTI en Túnez capital, Susa y Hammamet.

Las autoridades hostigaron a activistas queer y a y personal de asociaciones de defensa de los derechos LGBTI. El 18 de septiembre, la activista trans Mira Ben Salah, coordinadora de la asociación DAMJ, recibió una citación para comparecer el 10 de octubre ante la brigada de la policía criminal de Sfax, sin que se le facilitara más información. Posteriormente se abrieron investigaciones policiales contra cuatro activistas de otras asociaciones pro derechos LGBTI, que también recibieron citaciones para su interrogatorio en distintas brigadas judiciales.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La participación política de las mujeres siguió disminuyendo y en marzo sólo 10 mujeres fueron elegidas para formar parte de la cámara alta del Parlamento, compuesta por 77 .

Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres siguieron denunciando la cultura de impunidad de la violencia contra las mujeres y la falta de aplicación efectiva de la Ley 58 de 2017 para proteger a las mujeres de la violencia de género. Las organizaciones de derechos de las mujeres denunciaron al menos 15 femicidios entre enero y agosto.

La Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas registró un aumento de las solicitudes de asistencia de mujeres que sufrían violencia en Internet. ONU Mujeres documentó que el 19% de las mujeres de Túnez habían sufrido violencia en la red.

Derecho a la alimentación

Según el Instituto Nacional de Estadística, el coste de los alimentos en Túnez aumentó un 9,2% entre enero y septiembre. Continuó la escasez de alimentos básicos, pero las autoridades no fueron transparentes al explicar las causas del problema y las políticas adoptadas para abordarlo.